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Opinión

El ingreso básico cada vez más lejos de las necesidades de los trabajadores

El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, opina sobre el Consejo de Salario.

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En los últimos diez años, el funcionamiento del Consejo de Salario ha contado con numerosos límites y falencias. Entre ellos pueden señalarse, la insuficiencia del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para garantizar el acceso de todos los trabajadores a una canasta mínima de bienes y servicios; la falta de contemplación de millones de trabajadores que se encuentran afuera de su aplicación; la ausencia de una pauta objetiva que sirva de referencia para su determinación; la ineficacia a la hora de fortalecer los ingresos básicos de otros convenios y el funcionamiento esporádico del referido Consejo, cuya convocatoria depende de la decisión política y arbitrariedad del Gobierno de turno.

Estas limitantes para esta herramienta, se agravan en el contexto político e ideológico actual, ya que se caracteriza, entre otras variables, por las siguientes:
-Impulso de un ajuste estructural del nuevo Gobierno Nacional.
-Persistencia de altos niveles de inflación.
-Promoción de despidos en el sector público y la desaparición de áreas y programas enteros.
-Incremento de los despidos y suspensiones en el sector privado (metalúrgicos, automotrices, construcción y petróleo).
-Avance de las acciones de represión y criminalización de la protesta.
-Conociendo el resultado del reciente encuentro del Consejo, es importante reafirmar la plena vigencia de las demandas que hemos sostenido durante los últimos años.

1) El monto del SMVM debe seguir incrementándose de manera sustancial y urgente. En la actualidad se encuentra, en términos reales, en los niveles más bajos de la última década. Si aumento en los últimos años, no alcanzó para equiparar el incremento de los precios y ha perdido poder adquisitivo constantemente.

En el último año el SMVM cayó un 4,4% en términos reales, consolidando una baja iniciada en el año 2012. Actualmente su poder adquisitivo es el menor desde el año 2006.

2) El SMVM debe cubrir la totalidad de las necesidades productivas y reproductivas de los trabajadores. Este salario constituye la suma mínima que permita satisfacer un conjunto de necesidades básicas, entre las que se encuentran según el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

El Salario Mínimo debería, entonces, estar relacionado con el costo de la Canasta Básica de bienes y servicios que necesitan un trabajador y su grupo familiar.

3) El SMVM debe incluir a la totalidad de la clase trabajadora. En mercado laboral en nuestro país coexisten trabajadores que cuentan con un marco de protección normativa de sus derechos, otros a quienes sus empleadores no garantizan los pisos legales mínimos, y otros que ni siquiera son reconocidos como tales. Encontramos trabajadores registrados y no registrados en el sector privado, cuentapropistas, desocupados y distintas formas de contratación en el Estado.

Esta fragmentación provoca que, a pesar de su insuficiencia, el salario mínimo no sea percibido por una gran cantidad de trabajadores. La última información oficial (INDEC) data del segundo trimestre del año 2015 y permite apreciar que el 35% de los ocupados tenía ingresos mensuales por debajo de SMVM (que en aquel momento era de $4.716).

4) El Consejo del SMVM tiene que contar con mecanismos institucionales de funcionamiento permanente y continuo. En la última década el Consejo del Salario se transformó en una herramienta para cerrar las negociaciones salariales, pero su funcionamiento estuvo ligado a la decisión política del Gobierno Nacional y no a mecanismos institucionales que garantizarán la participación de todos los actores sociales y posibilitarán su funcionamiento continuo.

De esta manera, el Consejo del Salario sólo se limitó a fijar arbitrariamente el monto del salario, sin avanzar en otras dimensiones que también forman parte de sus objetivos. Por ejemplo, uno de los aspectos más urgentes debería ser la determinación de la composición y el valor de la Canasta Básica, pauta objetiva ineludible para fijar el salario mínimo.

Para concluir, el ámbito del Consejo del Salario aún debe recorrer un largo camino para cumplir con el mandato constitucional de establecer un Salario Mínimo, Vital y Móvil que garantice las necesidades básicas de los trabajadores. El papel de este Consejo está debilitado significativamente en su papel de impulsor de los ingresos de los trabajadores.

Desafortunadamente, las primeras medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no están orientadas a vigorizar el rol institucional del Consejo del Salario, sino más bien en su utilización para precarizar aún más a los trabajadores, tanto en el plano individual, como en el colectivo.

Preocupan términos que se vuelven a utilizar en el Ministerio de Trabajo, como productividad, ausentismo y límites al ejercicio del derecho de huelga.

El principal desafío que enfrenta el movimiento obrero en la actualidad, es el de lograr el máximo grado de unidad posible para enfrentar y poner freno a quienes impulsaron un shock de despidos en el sector público, convalidaron numerosas medidas de ajuste y promovieron cambios económicos que afectaron los ingresos de los trabajadores, generando una masiva transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía.

 

Rodolfo Aguiar.
Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro.-

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Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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