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Judiciales

Otorgan la tutela de tres menores a su abuela: El padre había asesinado a su mamá

La madre de los niños fue asesinada por el padre de los tres menores que actualmente se encuentra detenido.

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La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Viedma, integrada por los Jueces Ariel Gallinger -en calidad de presidente-, María Luján Ignazi y Sandra Filipuzzi de Vazquez resolvió conceder la tutela de tres menores a su abuela. La madre de los niños ha sido asesinada por su pareja y padre de los tres menores. Actualmente se encuentra privado de su libertad y por ello no ejerce la responsabilidad parental.

A la abuela en principio se le otorgó la guarda de los niños, tramitada por la Defensora de Menores e Incapaces Nº 1, y luego se realizó el pedido para que sea designada tutora de sus nietos a los fines de su representación legal en todos los órdenes de la vida (económico y social).

El voto rector estuvo a cargo de Jueza Filipuzzi de Vázquez, y en los fundamentos del fallo explicó: “Se ha entendido que en el nuevo código civil y comercial la definición de la tutela se modifica enfatizando que se trata de una figura tendiente a otorgar cuidado, asistencia y participación, promoviendo la autonomía personal, a la persona y bienes de un niño/a o adolescente que no ha alcanzado la plena capacidad civil”.

En el fallo se agrega: “los niños ­sujetos de derecho y cuya tutela se pretende­ desde el lamentable episodio ocurrido en su entorno familiar y, sin dudas, difícil etapa de su vida que les toca vivir y donde más necesitan protección, vienen creciendo y desarrollando su personalidad bajo la custodia, el amparo, guía y resguardo de su abuela, quien se ocupa de la crianza, educación, salud y contención emocional, no pudiendo ser privados precoz y apresuradamente de la legitimación de esa situación”.

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Judiciales

Servían el desayuno cuando el colectivo bajó bruscamente a la banquina: Quemaron a la pasajera con el café

Deberán indemnizarla con más de 1 millón de pesos.

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Una pasajera que viajaba desde la provincia de Chubut a Cipolletti sufrió graves quemaduras en medio de un control de tránsito en la Ruta Nacional N° 22. Justo cuando el auxiliar servía el desayuno, el micro detuvo la marcha en Contralmirante Guerrico. El chofer bajó bruscamente a la banquina y el café se volcó sobre las piernas de la joven. Será indemnizada en más de 1 millón de pesos.

Una sentencia del fuero civil de Cipolletti condenó a la empresa de transporte por su responsabilidad en el incidente. El monto de la indemnización se fijó en $1.090.982,72 y la cifra incluye el tratamiento psicológico al que debe someterse la pasajera para superar el episodio, el daño moral y los gastos de farmacia y tratamiento médico. La compañía de seguros también fue incluida en la condena, salvo en la multa civil de $300.000 que se le impuso exclusivamente a Transportes Don Otto S.A.

En ese aspecto el fallo estimó que la empresa incurrió en incumplimientos tanto legales como contractuales. No solo por la maniobra brusca en la conducción del vehículo que provocó la caída del café servido por el auxiliar de la empresa, sino también por la falta de medidas de seguridad para evitar accidentes, y su conducta posterior con un total desprecio por la integridad humana.

Se mencionó que no se derivó a la pasajera a ningún centro de salud cercano al lugar del accidente, a pesar de que el chofer y el auxiliar sabían que la mujer estaba gravemente quemada y manifestaba extremos dolores. «Ello con el único y evidente fin de llegar al destino de Cipolletti, y aun al arribar a esta ciudad, una vez en la Terminal de Ómnibus la empresa demoró más de dos horas en trasladarla a un centro médico asistencial», dice el fallo que todavía no está firme porque puede ser apelado.

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Judiciales

Deberán indemnizarlo con más de 4 millones luego de que lo atacaron en la vereda de un conocido bar

La víctima estuvo 17 días internado con traumatismo de cráneo y rostro. La condenada es la sociedad que administró el pub.

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El cliente de un pub de Cipolletti que fue atacado en la vereda percibirá una indemnización mayor a la fijada inicialmente. Mientras el personal de seguridad estaba desalojando el local, el hombre recibió un golpe en el rostro que le causó múltiples fracturas. Con el reajuste, la indemnización supera los 4 millones y medio de pesos.

La sentencia de primera instancia sostuvo que el titular o concesionario de una discoteca debe velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. «Como derivación de la obligación legal de seguridad impuesta por el citado art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.440 el titular de la disco debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que ingresaron al local», se cita en el fallo.

También se consignó en esa resolución que la obligación del «deber de seguridad» incluye la zona de ingreso y egreso, como en este caso, puesto que el episodio ocurrió en la vereda.

El hombre que resultó herido había concurrido al local bailable que funcionó bajo el nombre de Única, ubicado en la intersección de las calles Fernández Oro y Miguel Muñoz de Cipolletti. Allí se generaron disturbios entre algunos de los clientes y, tras la expulsión de los involucrados por parte del personal de seguridad, el damnificado recibió de manera imprevista un golpe de puño en su rostro que le causó una caída al piso, con traumatismo de cráneo y rostro.

Estuvo 17 días internado y debieron colocarle una placa con tornillos. El perito dictaminó que el paciente presentó secuelas anatómicas y funcionales con una incapacidad laborativa parcial y permanente del 15%.

En la apelación, un segundo fallo reajustó el rubro de incapacidad y fijó una suma de dinero por los gastos médicos y de farmacia. El monto total se fijó en la suma de $4.537.616,14 y la condenada es la sociedad que administró el pub.

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Judiciales

Sufría violencia de género y la echaron de la Policía: Un fallo confirmó la indemnización

Además, la Justicia exige capacitación obligatoria para toda la institución policial.

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Una joven policía del Alto Valle fue desafectada de la fuerza porque la violencia doméstica y de género que padecía afectó su rendimiento. El día del ataque más grave, el agresor la golpeó, le quitó el arma reglamentaria y finalmente se suicidó. En respuesta, la institución le inició un sumario por negligencia en el cuidado de la pistola y finalmente la dio de baja, al dar por desaprobado su primer año de período de prueba en la fuerza de seguridad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó el fallo de la Cámara Laboral que declaró nula la resolución de la baja, ordenó su reincorporación y una nueva evaluación de su desempeño con perspectiva de género, dispuso una indemnización por daño moral para la mujer y condenó a la institución a dictar capacitaciones internas.

El caso se juzgó ante la Cámara Segunda del Trabajo de Roca que dictó la sentencia en mayo del año pasado. Luego, la provincia de Río Negro presentó un recurso ante el STJ. Discrepó con el monto de la indemnización que el Tribunal había fijado en $1.500.000 con intereses y en la obligación que le impuso a la fuerza de capacitarse en materia de género.

La provincia, en representación de la Jefatura de Policía, remarcó algunos cambios en la institución que fueron posteriores al despido de la mujer, ocurrido en 2015, y entre ellos mencionó la Resolución N° 8178-JEF-2021 que convocó a un curso abierto de la Ley Micaela.

El STJ, por unanimidad, confirmó la indemnización económica y, por mayoría, mantuvo la capacitación obligatoria para toda la institución.

Se destacó en el fallo que la condena impuesta tiene base normativa -la Ley Nacional N° 27.499, más conocida como Ley Micaela y promulgada en enero de 2019, y la Ley de adhesión provincial N° 5410- y se sustenta en los hechos que el Tribunal de juicio tuvo por acreditados en la causa. También se recalcó que es un tema de gran relevancia social, que debe merecer especial atención por parte de la Jefatura policial.

Se remarcó además que la sentencia de la Cámara Laboral no hace más que ordenar el cumplimiento de lo que la ley impone como obligación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. En ese aspecto se resolvió que en caso de que el personal policial ya haya recibido las capacitaciones en materia de violencia laboral y de género, tal como se argumentó en el recurso, esa circunstancia deberá ser acreditada en el expediente en la etapa de ejecución de la sentencia.

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