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Judiciales

Piden 16 años de prisión para acusado de abusar de una niña

El imputado tiene 31 años de edad y se le atribuye haber abusado en siete ocasiones de una menor de 9 años.

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El Fiscal de Cámara, Andres Nelli solicitó ayer, en concordancia con la parte querellante, la pena de 16 años de prisión efectiva para un hombre de 31 años de edad, a quien le atribuye haber abusado en siete ocasiones de una menor de 9 años, quién radicó la denuncia a los 16 años. El requerimiento fue efectuado en el marco de su alegato desarrollado en la audiencia que puso fin al juicio celebrado por la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca.

Nelli solicitó además al Tribunal, por cuanto el monto de la pena no admite excarcelación, que proceda a la inmediata detención del imputado determinando su prisión preventiva en razón del peligro de fuga. Al respecto, el Tribunal no hizo efectiva dicha solicitud en el momento del debate, pese a ver sido pedido por las partes acusadoras.

El representante del Ministerio Público Fiscal, consideró acreditados los hechos por los cuales venía requerida a juicio la causa, por los delitos de abuso sexual con penetración, abuso sexual simple, como así también la acreditación del delito de corrupción de menores, todos estos hechos agravados por el uso de arma blanca, ya que el encartado utilizó un cuchillo en varias de las ocasiones para someter sexualmente a la víctima menor de 9 años de edad. Además, el imputado sometió a la víctima «de manera sistemática y repetida en periodos diferentes, con el uso de la violencia y bajo amenaza de muerte». Consideró que el procesado se «aprovechó de su vulnerabilidad», que su intención fue «corromper a la víctima para servirse en el futuro de ella» y que su accionar tuvo «ribetes perversos, prematuros y excesivos».

Los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades entre los meses de agosto y septiembre de 2006 hasta el año 2009, cuando la víctima tenía entre 9 y 12 años de edad, habiéndose precisado siete hechos de abusos sexual con penetración con el agravante del uso de arma blanca.

El imputado llegó a juicio procesado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el uso de arma en forma reiterada en el tiempo, en concurso con promoción de corrupción de menores agravada por el uso de la violencia y por la edad de la víctima».

Durante los alegatos, el fiscal Nelli resaltó el informe de la Oficina de Atención a la víctima (OFAVI), en el que se reconoce que» la menor ha tenido un alto grado de afectación y angustia indicando como consecuencia directa la situación de abuso intra-familiar sufrido», la pericia psicológica realizada a la menor, en la que se dictamina que el testimonio de la víctima no se «observa tendencia a la fabulación» y que se evidencia indicadores de daño psicológico y alteraciones de la personalidad» como así también el informe del Cuerpo Médico Forense, el testimonio de la menor en Cámara Gesell y durante el desarrollo del debate y las declaraciones testimoniales.

Por su parte, el defensor particular, a cargo del Dr. Jorge Crespo solicitó la absolución «lisa y llana» de su defendido, atendiendo que no existe prueba contundente e independiente, que se aparte de las declaraciones de la víctima.

El Tribunal fue presidido por la Dra. Verónica Rodríguez e integrado por la Dra. Laura Perez y el Dr. Fernando Sanchez Freytes. La sentencia se dará a conocer el 4 de julio al mediodía.

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Gremios

ATE y la CTA Autónoma marchan al Lago Escondido

Exigen al Gobierno de la provincia y a Lewis cumplir con los fallos judiciales.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la CTA Autónoma y otras organizaciones marcharán este martes (31/01) por las calles principales de Bariloche hasta el Centro Cívico, y desde allí se movilizarán hasta el camino de Tacuifí sobre la Ruta Nacional N° 40 a la altura de El Foyel, donde intentarán llegar hasta Lago Escondido.

«De esta manera, buscamos visibilizar su reclamo para que el Gobierno de Río Negro cumpla con los fallos judiciales que lo ordenan acondicionar las vías de acceso al espejo de agua», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto Nacional de ATE.

ATE y la CTA Autónoma impulsan la actividad junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas FeNaT, Unidad Popular, FIPCA y CTA de los Trabajadores. «La marcha va a ser multitudinaria. Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a Nación que no se sigan haciéndose los distraídos», agregó Aguiar.

«La sociedad ilícita compuesta por jueces, fiscales y empresarios que se reúnen en la mansión Lago Escondido comienza a tener fisuras. El creciente consenso social debilita el apoderamiento ilegal de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos en la Patagonia», añadió el dirigente.

«Será la séptima vez que con ATE y la CTA Autónoma intentemos arribar a las costas apropiadas por Joe Lewis tras la compra irregular de 12.000 hectáreas de frontera a partir de 1996. Esa maniobra fue investigada en una causa cerrada por prescripción en octubre pasado con la firma de Carlos Mahíques, uno de los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de numerosas pruebas contra los imputados», detalló Aguiar.

«Hemos solicitado la intervención de las fuerzas federales de seguridad del gobierno nacional y pusieron en marcha su andamiaje legal para garantizar que ningún manifestante sea amenazado en el trayecto, como ocurrió el año pasado con 50 jinetes a punta de pistola», sostuvo.

Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche ordenó en octubre a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí, señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad. Este fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

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Judiciales

La Policía de Río Negro detuvo a Facundo Jones Huala en El Bolsón

Estaba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.

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En un operativo realizado este lunes a las 4 am, la Policía de Río Negro detuvo a Facundo Jones Huala en una vivienda de El Bolsón. La detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022, se produjo tras varios meses de investigaciones de la fuerza de seguridad rionegrina, que tuvieron su resultado en la madrugada de hoy.

En el procedimiento, los efectivos de la Policía rionegrina atraparon a Jones Huala mientras se encontraba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.

A partir de la determinación de la fuga de Jones Huala en Chile, y la posibilidad que se trasladara a la Patagonia para refugiarse, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaron a cabo distintos operativos, que incluyeron intensos trabajos de búsqueda a través de sus unidades especiales y de la Brigada de Investigaciones para poder dar con su paradero. En la jornada de hoy, dichos esfuerzos rindieron sus frutos.

Inmediatamente se produjo su detención al tiempo que se está trabajando de manera articulada con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir.

Actualmente Facundo Jones Huala presenta vigente una alerta azul de Interpol, destinada a conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

Actualmente el Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen Chile que emitió la alerta, para que en el término de 4 horas informe si transformará la misma en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición. No obstante a ello, en el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos.

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Judiciales

Vendió su auto y el nuevo dueño no pagó más la patente: La deuda se siguió acumulando a su nombre

El Superior Tribunal de Justicia se expidió al respecto.

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El Superior Tribunal de Justicia, en uno de los fallos del año pasado que marcó pautas de acción, definió los requisitos y el camino procesal que debe seguir una acción de hábeas data, conocida también como «amparo especial de protección de datos personales»

Entre las novedades de la sentencia –que es doctrina legal obligatoria para todos los Juzgados de la provincia- se determinó que las apelaciones en estos procesos no se realizarán ante las Cámaras Civiles, sino ante el propio STJ, que en adelante será el Tribunal de alzada. Esta decisión se fundamenta en que el hábeas data participa de la misma naturaleza que el amparo genérico. De esta forma, además, se garantiza la intervención del máximo Tribunal provincial, y se brinda la oportunidad de que las partes puedan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
El fallo fue refrendado por la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que compartieron los criterios establecidos.

El caso

El caso es el de una mujer del Alto Valle que vendió su auto y, a pesar de que hizo la denuncia de venta en el Registro Nacional del Automotor, no hizo lo propio ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que es el organismo que percibe el impuesto provincial de patente. La obligación de hacer esa segunda denuncia de venta surge de la Ley Provincial N° I 1284.

Como tampoco se hizo enseguida la trasferencia del auto en el Registro del Automotor y el nuevo dueño no pagó más la patente, la deuda impositiva se siguió acumulando a nombre de la señora.

En este punto, se dio otra definición del Superior Tribunal de Justicia: la acción de hábeas data no es la vía para resolver esta situación, que se repite con frecuencia.

En efecto, la información que registraba la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia tenía sustento en una Ley Provincial que establece quiénes son las personas obligadas al pago del impuesto. Por lo tanto, si se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial que da sustento a la información así registrada, la vía procesal adecuada para plantear el tema no es el hábeas data, sino precisamente la acción de inconstitucionalidad que prevé el Código Procesal Civil y Comercial.

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