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Opinión

Detenciones discriminatorias y arbitrarias de niños basadas en la condición social o color de piel

El legislador del FpV, Marcelo Mango, sobre el fallo que avala la detención de menores.

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En relación al reportaje que otorgó al diario Río Negro la Jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, sobre el fallo que avaló la detención de menores, los que sí leímos todo el expediente y no tergiversamos el fallo, le decimos que lo que ha hecho el máximo órgano de justicia de la provincia, fue respaldar judicialmente a la policía de Río Negro por las detenciones discriminatorias y arbitrarias basadas en la condición social, color de piel, vestimenta o aspecto físico de niños y jóvenes.

Esta grave situación no sólo lo denuncian permanentemente los padres, las organizaciones sociales, algunos funcionarios públicos, los organismos de derechos humanos y los mismos jóvenes de nuestra provincia, sino que lo planteó el Juez Jorge Bustamante de la Cámara Criminal de Viedma cuando hace lugar al Habeas Corpus, impulsado por la Defensora de Menores Patricia Arias.

El Juez en su fallo sostiene que de diversos oficios y actas policiales surge que varios jóvenes menores de 18 años de edad “han sido detenidos por la policía provincial en ocasión en que se encontraban transitando por las calles, siendo luego trasladados a dependencias policiales, oficina tutelar, ello bajo la facultad otorgada por el Art. 5 inc. a) de la Ley D Nro. 4.109”.

O sea, no hay un Juez que “está mandando a una institución a no cumplir con un artículo de la ley que está vigente” como usted dijo; sino que hay un Juez que intentó poner freno al accionar de la policía que encarcela a los menores sin intervención judicial, amparados, paradójicamente, en una ley que los protege y les otorga derechos.

Cuando el periodista le preguntó como hace la policía para determinar cuál es el menor que necesita protección y socorro usted dice que “es una cuestión de capacitación, actitudinal”. Esta afirmación es grave ya que como dijo también el Juez Bustamante “¿Quién indica que ese niño se encuentra en dicho estado?. ¿En qué se sustenta?. Debe tenerse en cuenta que para internar a una persona por encontrarse en un estado que necesita algún tipo de protección del Estado, el Juez debe ordenar medidas de prueba y contar con dictámenes técnicos ya que de otra forma dicha internación podría constituirse, si bien no en una privación ilegal de la libertad, sí en un acto abusivo del Magistrado. Sin embargo la simple observación de un empleado policial podría justificar una demora, que es igual a una detención en la práctica, y llevar al niño a la Comisaría”.

Esta decisión del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, nos retrotrae a épocas represivas, que creíamos ya superadas. Es anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos dejar que la policía patrulle las calles decidiendo a qué niño o joven detienen por más “capacitación o actitud” que pongan los agentes policiales.

Es muy clara la definición vertida en el dictamen emitido por la Procuradora General de la Provincia, Dra. Silvia Baquero Lazcano, con antelación al fallo del Superior Tribunal de Justicia: “En efecto, no se discute las facultades de la Policía en materia de prevención y seguridad ellas se encuentran dispuestas en la Ley Orgánica de la Policía S Nro. 1.965. Sin embargo, debe quedar en claro que tales preceptos que le permite al personal policial actuar en casos en que un menor sea sorprendido perpetrando un ilícito, no pueden llevar a una interpretación que derive en que el joven sea perseguido y hasta privado de su libertad en todo otro supuesto y, mucho menos, so pretexto que ello sea en aras de una hipotética ´protección´ del menor”.

Por último, en el reportaje usted también intenta desvincular el aval a la detención de menores con los apremios ilegales, golpizas y muertes que suceden cotidianamente en las comisarías de la provincia. El respaldo político y judicial que le dieron, primero el Poder Ejecutivo y luego el Superior Tribunal de Justicia, a la policía rionegrina no hace más que empoderar a sectores que creen que van a solucionar los problemas de seguridad con más mano dura, represión y atribuciones arbitrarias.

Teniendo en cuenta que el origen de esta controversia judicial se origina porque la Policía utiliza el inciso a) del artículo 5º de la ley 4109 para detener a niños y jóvenes con la excusa de “protegerlos”, es que considero necesario llevar nuevamente el debate al poder legislativo. Por esto, presenté un proyecto para incorporar en la ley la prohibición expresa de demorar o detener a los menores bajo ese pretexto o el de la averiguación de antecedentes.

El párrafo que propongo incorporar a la ley 4.109, es para dejar claro que la intención de los legisladores al estipular en la norma que los niños y jóvenes tienen “Prioridad para recibir protección y socorro en cualquier circunstancia”, no fue con el propósito que los menores sean detenidos, sino que contrariamente era para que tengan preferencia de la sociedad y de los organismos del Estado en el respeto a sus derechos.

Considero que si se aprueba esta propuesta se pondrá fin a esta polémica judicial y fundamentalmente se deberá frenar el accionar policial respecto a la práctica de encarcelar a los menores de edad sin intervención de la justicia».

 

Marcelo Mango
Legislador del Frente para la Victoria de Río Negro.-

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El nivel de inflación actual está terminando con la clase media y el único responsable es el Gobierno

Nota de opinión por Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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Este nivel de inflación (5,1% en mayo) está terminando con la clase media en el país. La responsabilidad es directamente del gobierno de Alberto Fernández.

Los asalariados formales pobres aumentan drásticamente y el nivel de endeudamiento de los trabajadores se torna insoportable. La suba de los precios de los alimentos por sobre el nivel general afecta significativamente más a los sectores populares. En promedio, la mayoría tiene comprometido más de la mitad de sus ingresos mensuales.

La inflación acumulada en los primeros cinco meses del año llegó a 29,3% y la interanual escaló a 60,7%.

Cabe destacar que uno de los grupos de productos que más aumentó es el de alimentos y bebidas, en un 33,7% en lo que va del año y 64,2% interanual, superando largamente la cifra general.

El único responsable es el Gobierno. No interviene decididamente en el mercado, ni se anima a ponerle un freno a los especuladores y formadores de precios. La suba constante de los precios es un problema al que el Ejecutivo no encuentra solución, ya que a principios de año estimaban que sería de 40%, proyección que difícilmente se cumpla.

Es inaceptable y hasta inmoral, que la economía argentina crezca y las condiciones de vida del pueblo se deterioren al mismo tiempo. Se desvanecen las esperanzas de que el Gobierno recupere el mandato que la ciudadanía le dio en el 2019 y comience a definir políticas en favor de los sectores populares.

Rodolfo Aguiar.
Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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Gremios

Rechazo al pedido del legislador Martin de prohibir el lenguaje inclusivo

Nota de opinión por Paolo Etchepareborda, profesor de Historia, ex candidato a Diputado Nacional por el Partido Socialista y militante de UnTER.

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Las sociedades atraviesan distintos momentos históricos que construyen en parte por tradiciones, pero fundamentalmente por construcciones culturales que hoy se generan desde los sectores que disputan el poder hegemónico y que forman parte del sistema capitalista, y que utilizan todos los medios a su alcance para disputar y construir su poder.

El lenguaje inclusivo, sin lugar a dudas, vino a cuestionar parte de esa hegemonía que se propone como única e irrefutable, la de una sociedad donde la meritocracia y fundamentalmente el patriarcado son condiciones fundantes para sostener ese poder.

Bajo esos preceptos se debe construir la sociedad pretendida y no aceptan por ello nada que cuestione esa lógica.

Por eso no es casual que personajes como la ministra de educación porteña, pero principalmente quien se postula como el representante de esos intereses disfrazado de progre, hayan lanzado una ofensiva contra una herramienta de reconocimiento de un “otre” que no solo “habla” diferente, además cuestiona lo establecido como norma.

En nuestra provincia, como no podía ser de otra manera, apareció en escena un oportunista de la política que, emulando la decisión del gobierno porteño, pretende indicarle al nuevo Ministro de Educación Pablo Núñez que debe hacer lo mismo y prohibir así el lenguaje inclusivo en las escuelas rionegrinas.

Ante este pedido formal, quiero expresar mi rechazo y la del Partido Socialista de Río Negro a la Solicitud del Legislador Rionegrino Juan Martín, de Juntos por el Cambio, quien pretende prohibir, e imagino castigar a quienes lo hagan, el uso del lenguaje inclusivo.

Paolo Etchepareborda.
Profesor de Historia, ex candidato a Diputado Nacional por el Partido Socialista y militante de UnTER.

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Gremios

Cambio en el Ministerio, demora en las respuestas a Educación

Nota de opinión por Sandra Schieroni y Silvana Inostroza, Secretaria General y Secretaria Adjunta de UnTER, respectivamente.

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El gobierno de la provincia definió cambiar de funcionaria a cargo del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Mientras eso sucede, no da respuestas a las demandas de los trabajadores de la educación.

Entre las temáticas urgentes se encuentra la puesta en marcha de las asambleas presenciales de interinatos y suplencias y la revisión del Manual de Títulos de Adultos y Especial que debería ser previo a la inscripción anual.Además, tal como lo venimos planteando, exigimos que todas las escuelas estén en condiciones y que se garantice el circuito acordado para la realización de los exámenes preocupacionales.

Se solicitó que reprogramen las reuniones suspendidas, no hemos tenido precisiones. Desde el Consejo Directivo Central de UnTER vemos con preocupación esta demora en las respuestas requeridas, el sistema educativo no puede parar y los acuerdos paritarios se deben cumplir, más allá de la transición o de quien conduzca la cartera ministerial.

Instamos a las autoridades a dar urgente respuesta a los compromisos asumidos con los trabajadores en el ámbito paritario, que es en definitiva atender las necesidades de la educación pública.

Sandra Schieroni y Silvana Inostroza
Secretaria General y Secretaria Adjunta de UnTER, respectivamente.

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