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Opinión

Detenciones discriminatorias y arbitrarias de niños basadas en la condición social o color de piel

El legislador del FpV, Marcelo Mango, sobre el fallo que avala la detención de menores.

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En relación al reportaje que otorgó al diario Río Negro la Jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, sobre el fallo que avaló la detención de menores, los que sí leímos todo el expediente y no tergiversamos el fallo, le decimos que lo que ha hecho el máximo órgano de justicia de la provincia, fue respaldar judicialmente a la policía de Río Negro por las detenciones discriminatorias y arbitrarias basadas en la condición social, color de piel, vestimenta o aspecto físico de niños y jóvenes.

Esta grave situación no sólo lo denuncian permanentemente los padres, las organizaciones sociales, algunos funcionarios públicos, los organismos de derechos humanos y los mismos jóvenes de nuestra provincia, sino que lo planteó el Juez Jorge Bustamante de la Cámara Criminal de Viedma cuando hace lugar al Habeas Corpus, impulsado por la Defensora de Menores Patricia Arias.

El Juez en su fallo sostiene que de diversos oficios y actas policiales surge que varios jóvenes menores de 18 años de edad “han sido detenidos por la policía provincial en ocasión en que se encontraban transitando por las calles, siendo luego trasladados a dependencias policiales, oficina tutelar, ello bajo la facultad otorgada por el Art. 5 inc. a) de la Ley D Nro. 4.109”.

O sea, no hay un Juez que “está mandando a una institución a no cumplir con un artículo de la ley que está vigente” como usted dijo; sino que hay un Juez que intentó poner freno al accionar de la policía que encarcela a los menores sin intervención judicial, amparados, paradójicamente, en una ley que los protege y les otorga derechos.

Cuando el periodista le preguntó como hace la policía para determinar cuál es el menor que necesita protección y socorro usted dice que “es una cuestión de capacitación, actitudinal”. Esta afirmación es grave ya que como dijo también el Juez Bustamante “¿Quién indica que ese niño se encuentra en dicho estado?. ¿En qué se sustenta?. Debe tenerse en cuenta que para internar a una persona por encontrarse en un estado que necesita algún tipo de protección del Estado, el Juez debe ordenar medidas de prueba y contar con dictámenes técnicos ya que de otra forma dicha internación podría constituirse, si bien no en una privación ilegal de la libertad, sí en un acto abusivo del Magistrado. Sin embargo la simple observación de un empleado policial podría justificar una demora, que es igual a una detención en la práctica, y llevar al niño a la Comisaría”.

Esta decisión del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, nos retrotrae a épocas represivas, que creíamos ya superadas. Es anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos dejar que la policía patrulle las calles decidiendo a qué niño o joven detienen por más “capacitación o actitud” que pongan los agentes policiales.

Es muy clara la definición vertida en el dictamen emitido por la Procuradora General de la Provincia, Dra. Silvia Baquero Lazcano, con antelación al fallo del Superior Tribunal de Justicia: “En efecto, no se discute las facultades de la Policía en materia de prevención y seguridad ellas se encuentran dispuestas en la Ley Orgánica de la Policía S Nro. 1.965. Sin embargo, debe quedar en claro que tales preceptos que le permite al personal policial actuar en casos en que un menor sea sorprendido perpetrando un ilícito, no pueden llevar a una interpretación que derive en que el joven sea perseguido y hasta privado de su libertad en todo otro supuesto y, mucho menos, so pretexto que ello sea en aras de una hipotética ´protección´ del menor”.

Por último, en el reportaje usted también intenta desvincular el aval a la detención de menores con los apremios ilegales, golpizas y muertes que suceden cotidianamente en las comisarías de la provincia. El respaldo político y judicial que le dieron, primero el Poder Ejecutivo y luego el Superior Tribunal de Justicia, a la policía rionegrina no hace más que empoderar a sectores que creen que van a solucionar los problemas de seguridad con más mano dura, represión y atribuciones arbitrarias.

Teniendo en cuenta que el origen de esta controversia judicial se origina porque la Policía utiliza el inciso a) del artículo 5º de la ley 4109 para detener a niños y jóvenes con la excusa de “protegerlos”, es que considero necesario llevar nuevamente el debate al poder legislativo. Por esto, presenté un proyecto para incorporar en la ley la prohibición expresa de demorar o detener a los menores bajo ese pretexto o el de la averiguación de antecedentes.

El párrafo que propongo incorporar a la ley 4.109, es para dejar claro que la intención de los legisladores al estipular en la norma que los niños y jóvenes tienen “Prioridad para recibir protección y socorro en cualquier circunstancia”, no fue con el propósito que los menores sean detenidos, sino que contrariamente era para que tengan preferencia de la sociedad y de los organismos del Estado en el respeto a sus derechos.

Considero que si se aprueba esta propuesta se pondrá fin a esta polémica judicial y fundamentalmente se deberá frenar el accionar policial respecto a la práctica de encarcelar a los menores de edad sin intervención de la justicia».

 

Marcelo Mango
Legislador del Frente para la Victoria de Río Negro.-

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Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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