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Dos amparos a favor de personas con hipoacusia en Roca

La Justicia ordenó al CPE reponer un audífono de un alumno de primaria y al Ministerio de Salud la entrega de dos dispositivos a una paciente.

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Dos acciones de amparo para la provisión de audífonos a personas con hipoacusia tuvieron curso favorable en los Juzgados Civiles de Primera Instancia de Roca. En un caso se ordenó al Consejo Provincial de Educación reponer el audífono de un alumno de primaria que resultó dañado dentro del establecimiento educativo y en el otro se ordenó al Ministerio de Salud la entrega de dos dispositivos a una paciente que lleva al menos un año esperando la provisión.

En el primer caso, la titular del Juzgado Civil Nº 9 de Roca, Verónica Hernández, hizo lugar al amparo promovida por la Sra. A. en representación de su hijo menor de edad contra el Consejo de Educación de Río Negro para que “proceda a hacer entrega del audífono requerido dentro del plazo de 10 días hábiles (…) bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de $ 1.000 por cada día de retardo”. Como requisito previo, la jueza dispuso que la amparista debe presentar toda la documentación necesaria ante el Escuela “a fin de culminar con el trámite administrativo” que había quedado trunco. Así, el plazo de cumplimiento definido en la sentencia comenzará a computarse desde que la madre del niño acredite haber presentado la documentación faltante.

El niño padece de hipoacusia neurosensorial bilateral, por lo que tuvo que ser operado para la colocación de un implante coclear en 2012. Asiste a una escuela primaria pública de Roca donde en septiembre de 2015, por descuido de un compañerito, se rompió su audífono. Si bien desde la escuela se hizo la denuncia ante la compañía aseguradora Horizonte Seguros, ésta indicó que la póliza contratada no amparaba ese tipo de situaciones, por lo que el reclamo se siguió a través de la Supervisión Zonal de Educación.

Surge de la sentencia que Educación inició las actuaciones para la compra del audífono pero que la mamá “no ha continuado con el procedimiento administrativo previsto en la materia”. En ese aspecto la jueza consideró que “merece un análisis especial la cuestión” porque más allá de no haberse agotado la vía administrativa, “los derechos afectados concretamente son derechos humanos con raigambre constitucional (…) y sobre todo teniendo en cuenta que el damnificado (…) es un niño, por lo que el juez de amparo debe ejercer plenamente su actividad protectora, cumpliendo con su deber de asegurarle un plus protectivo a sus derechos en forma rápida y eficaz”.

Así, la sentencia concluye que “en atención a los derechos afectados (…) estimo oportuno culminar el presente proceso otorgándole cobertura y protección plena e integral al niño, priorizando su salud, en virtud del expreso reconocimiento y solución proporcionada” por Educación, ante lo cual “corresponde encauzar de manera urgente y definitiva el presente reclamo, indicando a la amparista que deberá concurrir a la Escuela (…) munida de la documentación requerida por el Consejo de Educación, y una vez concluido dicho trámite, otorgar un plazo de 10 días para la entrega del material solicitado”.

Fin de una larga espera

El segundo amparo fue resuelto por la titular del Juzgado Civil Nº 3, Andrea de la Iglesia, a favor de una mujer de 48 años que reclamó la provisión de los dos audífonos que necesita al Hospital Área Programa General Roca y al Ministerio de Salud de Río Negro.

La paciente no tiene obra social, cuenta con certificado de discapacidad y se le prescribieron los audífonos a raíz de una perforación de tímpanos derivada de una infección mal curada. Según sostuvo en el amparo, comenzó los trámites en 2013 y a la fecha “prácticamente no escucha y ha aprendido a comunicarse mediante el lenguaje de señas”.

“Ante la naturaleza del planteo traído y de los derechos en juego, la vía excepcional del amparo se erige en el caso como la más idónea a los fines de garantizar los derechos que se sostienen conculcados, por cuanto comprometen la salud, integridad física y dignidad de la Sra. J”, sostuvo la jueza en su sentencia.

Las notas de la mujer a Salud Pública generaron un trámite para la compra de los audífonos pero sin respuesta concreta hasta la actualidad. “Se ha cursado el respectivo pedido del material con fecha 24 de julio de 2015; se ha reiterado idéntico pedido en el mes de marzo de este año y sin embargo y pese al tiempo transcurrido, no se ha acreditado en autos la efectiva entrega de tales elementos a favor de la actora, a través del PROFE, INCLUIR SALUD”, precisa la sentencia.

“La demora (…) se erige en el caso como una omisión antijurídica, manifiestamente ilegal, arbitraria y conculcatoria de los derechos a su salud, integridad física, de su dignidad, ante la incertidumbre, la falta de respuestas y la repercusión desfavorable de tal omisión en las limitaciones que padece en el sentido de audición, correspondiendo por ende declarar procedente esta acción de amparo”, concluyó la jueza. Así, ordenó al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, que “en el término de dos días de notificados arbitren en forma urgente y coordinada las medidas que correspondan y a su alcance a los fines de hacer la entrega efectiva de los audífonos (…), bajo apercibimiento de aplicársele una sanción conminatoria de 1.000 pesos por cada día de retardo y a favor de la actora, y de incurrir en su caso el responsable del organismo en desobediencia a una orden judicial (art. 239 Cód. Penal)”.

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Robó en una escuela y en menos de un mes fue condenado

El sujeto tenía antecedentes.

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Como tenía antecedentes, un hombre que en julio robó una bomba de agua en una escuela de Cipolletti fue condenado a tres años de prisión efectiva. El caso se resolvió en menos de un mes. En lo que va del año, hubo 852 legajos por delitos contra la propiedad en Río Negro.

Según la acusación, el 28 de julio a la madrugada el condenado saltó la reja del establecimiento educativo Nº 366 de Cipolletti e ingresó al depósito. La escuela funciona en Antártida Argentina 1632. En esas circunstancias, policías de la Subcomisaría 79 observaron al acusado y lo persiguieron. Finalmente fue detenido.

El 26 de agosto se hizo una audiencia de juicio abreviado. El imputado aceptó su participación en el episodio y una jueza de juicio lo condenó a tres años de prisión efectiva. El hombre tenía dos antecedentes con condenas en suspenso.

El hecho fue calificado bajo la figura penal de robo, que es considerado un delito contra la propiedad. En lo que va del año, el fuero Penal de Rio Negro registró 852 legajos por este tipo de delitos. También hubo 309 delitos contras las personas, 302 contra la integridad sexual y 288 contra la administración pública. En esta última categoría se incluyen, por ejemplo, las desobediencias a las prohibiciones de acercamiento en las causas de violencia de género.

Durante el primer semestre de 2022, ingresaron 2.363 legajos a los Foros de Jueces y Juezas de todo Río Negro y se dictaron 546 sentencias. Por su parte, el Tribunal de Impugnación dictó 73 sentencias.

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Causa IPROSS: juicio abreviado y condena firme para dos ex propietarias de una farmacia de Roca

La Justicia estipuló la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional más reglas de conducta.

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Dos ex propietarias de una farmacia de Roca fueron condenadas hoy como coautoras del delito de “estafa agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública, reiteradas (118 hechos)”. Las defraudaciones fueron cometidas entre diciembre de 2013 y abril de 2019 en perjuicio de la obra social IPROSS, mediante la facturación de recetas falsas.

Las dos mujeres aceptaron su responsabilidad penal en el hecho y prestaron su consentimiento en un juicio abreviado pleno, en el que la Fiscalía, la parte querellante (el Estado Provincial) y los abogados defensores se pusieron de acuerdo para imponerles una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional más reglas de conducta y las costas del proceso. Ante la coincidencia de todas las partes, la tarea del juez Maximiliano Camarda se limitó a realizar un control de legalidad de la propuesta y este jueves dictó la sentencia que homologó el acuerdo, quedando firme la condena de manera automática.

La condena se dictó en el marco de una investigación que tiene a un grupo mayor de personas imputadas por presuntas defraudaciones a la obra social estatal. El resto de las personas investigadas en el legajo no participó del juicio abreviado y su situación procesal dependerá del impulso que den las partes al proceso penal.

Pautas de conducta

Las dos imputadas deberán cumplir 3 años de reglas de conducta. El magistrado advirtió en la lectura de la sentencia que la violación de cualquiera de las pautas puede dar lugar a que la Fiscalía o la parte querellante soliciten la revocación de la condicionalidad de la pena y, en consecuencia, su cumplimiento en prisión se convierta en efectivo.

Las reglas de conducta genéricas establecidas en el acuerdo son fijar y mantener su domicilio, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y realizar presentaciones regulares ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.

Pero además se establecieron reglas de conducta específicas relacionadas con el tipo de delito cometido. Por esa razón, durante tres años las mujeres deberán “abstenerse de integrar cualquier razón social de cualquier tipo de comercio y/u organismo, y/o institución civil que guarde relación directa o indirecta con el rubro comercial, farmacéutico, droguerías o cualquier parte integrante de la cadena de comercialización o provisión de medicamentos y/o sustancias de similares características”.

También deberán “abstenerse de realizar contrataciones de cualquier tipo y/o participar en licitaciones de compra-venta de productos o provisión de servicios de cualquier rubro con el Estado nacional, provincial y/o municipal, como de formar parte de razones sociales que lo hicieren”.

Además, deberán “mantener la inhibición general de bienes” que pesa sobre ambas “hasta tanto queden firmes las cautelares similares que tramitan en el fuero contencioso administrativo”, en los Tribunales de Viedma.

Para garantizar el cumplimiento de las pautas específicas, el juez ordenó informar lo resuelto a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, al Registro de Proveedores del Estado Nacional, Provincial y Municipal y a la Secretaría de la Función Pública de Río Negro.

Los hechos

Se acreditó que mediante distintas maniobras “se generaban recetas ficticias de medicamentos” de los planes de cobertura al 100% de IPROSS “que no se correspondían con medicamentos efectivamente vendidos en el mostrador de la farmacia al afiliado”. Las supuestas ventas se cargaban a los sistemas de facturación y previa auditoría por parte de una persona en el Colegio de Farmacéuticos, se remitían liquidaciones con motos falsos a IPROSS para su correspondiente pago.

Según la descripción del hecho, las 118 “maniobras” detectadas en la farmacia que pertenecía a las dos mujeres condenadas “causaron un perjuicio económico estimado en su valor nominal histórico (…) por la suma de $2.983.801,94”.

Fundamentos

El juez Camarda sostuvo en su homologación que “el acuerdo verbalizado en la audiencia” entre todas las partes “encuentra respaldo probatorio en los numerosos elementos de convicción puestos de manifiesto por la fiscalía, sumado a la conformidad prestada por el letrado patrocinante de la parte querellante (la Administración Pública Provincial) para arribar a esta instancia procesal”.

Con esa información, “más la aceptación y confesión de las imputadas, es posible adquirir certeza respecto de la existencia de los hechos reprochados y la autoría de los mismos”.

“Entiendo que resulta admisible homologar el acuerdo de procedimiento abreviado pleno, tal el requerimiento fiscal que fuera aceptado por las respectivas defensas y las imputadas”, concluyó el juez en su resolución.

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Le dijo a su cocinera «Andate, no me servís más»: tendrá que pagar indemnización y multa

La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad.

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Una mujer que se desempeñaba en una confitería de Cipolletti promovió un juicio por todas las irregularidades del vínculo laboral. El día que la despidieron le dijeron: “Andate, no me servís más” y no le pagaron lo que correspondía. La sentencia no solo le dio la razón a la cocinera sino que notificó a los organismos de control al advertir trabajo no registrado.

El caso tramitó ante la Cámara Laboral de Cipolletti pero la parte demandada nunca se presentó al juicio ni a la instancia de conciliación. La mujer probó que trabajó en la confitería por más de tres años. Sus tareas eran la de cocinera y bachera. El local funciona en el centro de Cipolletti bajo la denominación de Galo Gastronomía S.R.L.

El día que la despidieron le pagaron una indemnización menor a la que le correspondía por ley y en tres cuotas. La cocinera y sus compañeros de tareas trabajaban en la informalidad, es decir que no estaban debidamente registrados.

La Cámara Laboral fijó una indemnización por la suma de $661.756,11 más intereses. La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad. Además le aplicaron a la empleadora tres multas por empleo no registrado y por no abonar la indemnización en tiempo y forma. Una de las multas dispone el incremento del cincuenta por ciento calculado sobre las indemnizaciones.

Durante el juicio, se presentaron a declarar dos compañeros de trabajo de la mujer. Ambos acreditaron las circunstancias del despido y afirmaron que ellos tampoco estaban debidamente registrados.

El fallo consideró que, como se advirtió empleo no registrado, la sentencia debía ser notificada a los organismos de control: AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria, Secretaría de Estado de Trabajo y Sindicato de Gastronómicos en su sede local “toda vez que dicho comercio continúa en funcionamiento, en el mismo rubro”.

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