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Judiciales

Ordenan a Ipross mantener cobertura de equinoterapia para joven con discapacidad

La paciente es una roquense de 31 años que padece “síndrome de lennoz gastout” e hidrocefalia, entre otras afecciones.

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A raíz de la acción de amparo presentada por un hombre de Roca, la obra social IPROSS autorizó por seis meses un tratamiento de “equinoterapia y actividades ecuestres adaptadas” para una paciente con discapacidad. Sin embargo en su sentencia, la jueza María del Carmen Villalba ordenó al organismo renovar anualmente esa cobertura. El amparo se planteó ante el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de Roca. Lo presentó un hombre en representación de su hija de 31 años, quien posee un certificado de discapacidad de carácter definitivo puesto que padece desde el nacimiento del “síndrome de lennoz gastout” e hidrocefalia, entre otras afecciones.

El amparista solicitó la continuación de la cobertura del tratamiento en la Asociación Civil Ancape Cahuel de Roca luego de ser informado que la misma “quedaría sin efecto” a partir de 2016 por disposición de la obra social. El hombre invocó que la pérdida de cobertura dejaría a su hija en “estado de indefensión” y provocaría perjuicios a su “integridad física y el derecho a la salud”. Sostuvo además que la equinoterapia fue ordenada por distintos especialistas médicos y que ha servido para “mejorar notablemente la calidad de vida” de su hija.

Según explicó el amparista, en septiembre de 2015 IPROSS le informó por escrito “que las prestaciones de rehabilitación que tengan que ver con tratamientos terapéuticos alternativos, como por ejemplo equinoterapia, hidroterapia, pilates (…) quedarán sin efecto a partir del año siguiente, dado que éste tipo de tratamientos no se encuentra incluido en la carta prestacional que ofrece la obra social”. En contraposición, el hombre argumentó que en junio de 2015 la Legislatura Rionegrina sancionó la ley que define la equinoterapia como disciplina integral complementaria de las médicas tradicionales para la habilitación y rehabilitación de discapacidades humanas.

Tras la interposición del amparo, a fines de mayo pasado, IPROSS aceptó prolongar la cobertura hasta julio de 2016, pero la familia demandó que se brinde una autorización definitiva o, al menos, de extensión anual, teniendo en cuenta que se trata de una discapacidad permanente.

Derechos fundamentales afectados

Al hacer lugar al amparo la jueza consideró que, en el caso, “nos encontramos con un gran catálogo de derechos fundamentales afectados, a saber; a la salud, a la integridad psicofísica, a la no discriminación y su correlato, es decir, la igualdad ante la ley y la dignidad de la persona humana”. Destacó que los derechos en juego “encuadran dentro de la categoría de derechos humanos constitucionales” resguardados también por los Tratados Internacionales incorporados a la Carta Magna, por la Ley Nacional N° 24.901, por la Constitución de Río Negro (art. 36) y por leyes provinciales específicas como las D Nº 2055 y 5051. A ese marco legal se suma, según destacó la sentencia, “que en el año 2014 ha adquirido jerarquía Constitucional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 27.044), lo que impone a nuestro país el deber de tomar todas las medidas para asegurar que las personas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el resto de las personas”.

Durante el trámite del amparo, al responder parcialmente un pedido de informes de la jueza, Ipross aceptó extender la cobertura por seis meses e impuso una serie de requisitos para su eventual renovación. Sobre el punto Villalba concluyó que “la exigencia de la obra social de que una persona con una ‘discapacidad permanente y definitiva’ tenga que solicitar la autorización del tratamiento de equinoterapia cada seis meses (sujeto a nuevo pedido médico, informe de evolución y presupuesto), se torna un tanto arbitraria”. Es por eso que ante la posición de la obra social, la jueza asumió un “rol protectorio” para evitar posibles trabas, demoras o incumplimientos futuros.

También se tuvo en cuenta el informe de la doctora que atiende a la joven desde 2005, quien avaló la necesidad de continuar la equinoterapia para “mejorar su salud física, mental, emocional y su adaptación social, lograr placer y estímulos de sus sentidos por el vínculo con el caballo”. La médica detalló los beneficios que dicha terapia produjo en la salud de su paciente y las consecuencias previsibles en caso que la misma sea interrumpida: “atrofia, atonía muscular con pérdida de fuerza muscular, pérdida de postura, aislamiento social, depresión, estrés”.

En el fallo, finalmente, la jueza ordenó al Ipross “que provea una cobertura integral y oportuna respecto al tratamiento de equinoterapia ordenado por la médica tratante, autorización que deberá otorgar -en caso que se cumplan con los requisitos administrativos que impone la reglamentación aplicable- al comienzo de cada año y por todo el año por el que se solicita”. Y previó que “todo ello deberá cumplirse en el término de 5 días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de 1.000 pesos por cada día de retardo, en caso de verificarse el incumplimiento”.

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Gremios

Sitrajur exige una convocatoria a paritarias

«El resto del sector público viene teniendo paritarias pero para el sector judicial no contamos con el espacio para ello», reclamó Sanhueza, titular del gremio.

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El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de Río Negro (Sitrajur), expresó su profunda preocupación ante la demora de la Secretaría de Trabajo que depende del Ejecutivo Provincial a poner fecha definitivamente para el desarrollo de la paritaria salarial en el Poder Judicial. «Como es sabido, el resto del sector público provincial viene teniendo reuniones paritarias que han llegado incluso a sus etapas definitorias con ofrecimiento de aumentos, pero para el sector Judicial aún no contamos con el espacio necesario para ello», reclamó Emiliano Sanhueza, secretario general del gremio.

Aclaró el dirigente sindical que «si bien tuvimos el pasado 17 de septiembre la primer paritaria desde el inicio de la pandemia, lo cierto es que se trató de la paritaria general en la que expusimos nuestra pretensión salarial, pero que al no constituirse la comisión específica salarial, no se pudo continuar con la negociación». Detalló Sanhueza que «el pasado 23 de septiembre, remitimos nota a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, y al secretario de Trabajo, Jorge Stopiello, de acuerdo con las exigencias de la Ley 5009 para que se convoque al resto de las comisiones paritarias, incluida la salarial, sin que a la fecha tengamos certeza sobre la realización de la misma».

«No fueron pocos los problemas y embates de la patronal para que durante toda la pandemia no tuviéramos ningún acercamiento en el ámbito paritario, incluida una denuncia efectuada al secretario de Trabajo como para que ahora, cuando ya se abrieron los procesos paritarios de todo el sector público, los únicos que no tengamos el espacio seamos los trabajadores judiciales. No queremos pensar en postergaciones vinculadas a especulaciones políticas o discriminatorias, pero lo concreto es que estando dadas todas las condiciones, al día de hoy no tenemos la convocatoria correspondiente», reclamó.

«Por ello es que exigimos a Stopiello que cumpla con la Ley 5009 y convoque a las comisiones paritarias que no se han reunido, y por supuesto en particular la comisión salarial», exigió finalmente Sanhueza.

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Judiciales

El papá murió y los hijos deberán pagar una millonaria condena

Se trata de casi 4 millones de pesos. La condena es por un accidente en donde un motociclista sufrió graves heridas en la Ruta 151.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

Los dos hijos de un hombre que estaba demandando en un proceso civil tendrán que pagar parte de una millonaria condena. Su padre murió antes del dictado de la sentencia y como ya estaba iniciada la sucesión debieron afrontar ese proceso que había comenzado a raíz de un incidente vial.

El resultado del juicio es una condena de $3.933.826,43 por los daños que sufrió un motociclista. El hecho ocurrió en la Ruta Nacional N° 151, justo en la intersección con un camino rural.

El auto, un Ford Mondeo, giró imprevistamente a la izquierda para ingresar a ese camino rural y en la maniobra embistió a un motociclista de 35 años que quedó gravemente herido. El titular registral de ese Mondeo era el hombre que murió antes de que concluyera el proceso. En consecuencia ingresaron como parte demandada los dos hijos, en su calidad de herederos.

Las pruebas aportadas al expediente, entre ellos una pericia accidentológica y algunos testimonios, permitieron arribar a la conclusión de que la mujer que conducía el Mondeo fue la responsable del hecho y de los daños ocasionados.

“En cuanto al factor subjetivo tengo por corroborada la exclusiva responsabilidad de la demandada A. en el acaecimiento del siniestro de autos, atento no haber extremado los recaudos necesarios a fin de realizar una maniobra peligrosa -como lo es el giro a la izquierda para transponer la ruta, invadiendo el carril contrario de circulación- siendo ésta la causa determinante del accidente”, dice la sentencia que es de primera instancia y aun no está firme porque puede ser apelada.

En este caso la mujer que conducía fue condenada a reparar los daños pero como no era ella la propietaria del vehículo el fallo también alcanzó a su titular registral. Según emerge de la ley el titular registral es civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa.

El damnificado sufrió politraumatismos, estuvo un tiempo internado y debió someterse a diversos tratamientos. El porcentaje de incapacidad computado en la sentencia comprende las lesiones físicas y psíquicas y alcanza el 44 %.

La demanda prosperó entonces por la incapacidad sobreviniente (daño físico, estético y psíquico), por el daño moral, los gastos de reparación de la motocicleta, los gastos de traslado, farmacéuticos y de asistencia médica.

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Judiciales

Estafas telefónicas: cuál es el argumento más utilizado y desde dónde provienen los llamados

Todas las comunicaciones se iniciaron con el argumento de que lo que se le ofrecía a las víctimas era una ayuda para poder tramitar el bono de 10.000 pesos que el Gobierno Nacional.

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Un análisis integral de más de 35 causas registradas en el Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial permitió detectar los modos y la proveniencia de la mayoría de las causas de estafas telefónicas que se produjeron durante este año. Las principales conclusiones, que permitirán una investigación más ágil de las causas, se obtuvieron a través de un exhaustivo trabajo realizado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General.

Toda esta prueba obtenida será derivada a la provincia de Córdoba, de donde provinieron la totalidad de dichas llamadas para que continúe allí la investigación de los casos avanzando hacia la imputación de sus autores.

Todas las comunicaciones se iniciaron con el argumento de que lo que se le ofrecía a las víctimas era una ayuda para poder tramitar el bono de 10.000 pesos que el Gobierno Nacional otorga a través del Anses. Dicha medida, si bien existe, requirió de una inscripción previa en la página del organismo y se encuentra dirigida a un sector de la sociedad explícitamente determinado.

La OITel detectó en su análisis que todos los números correspondían a diferentes titulares y tampoco coincidían las cuentas bancarias de destino, aunque todas estaban registradas en entidades bancarias de Córdoba.

A partir de esa primera identificación se requerían de forma inmediata medidas cautelares a la Magistratura logrando trabarse así más de 25 embargos. Además se realizaron intervenciones telefónicas y se logró la retrocesión de más de 320 mil pesos.

Otros de los datos obtenidos indica incluso, que la celda telefónica en la que impacta el 70 por ciento de esas llamadas está ubicada en el Km 14 de una ruta que vincula Córdoba capital con Alta Gracia; la única cobertura que tiene ese zona corresponde al Complejo Penal de la localidad de Bouwer. La extracción posterior del dinero y la transferencia a cuentas están inscriptas en bancos cordobeses.

El trabajo elaborado por el área permitió reforzar el compendio de prueba que será derivado al Ministerio Público Fiscal de la mencionada provincia para que se continúe allí con las investigaciones. Se cuenta entre dicho sustento, con la determinación de las líneas telefónicas y titularidad de las mismas, IMEI, historial de llamadas e impacto de tarjetas SIM, celdas y antenas.

Junto con la Fiscalía trabajó además el Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro que entrevistó a las víctimas en profundidad para conocer la forma de actuar de quienes llamaban. Este organismo realizó más de 100 horas de escuchas a líneas telefónicas intervenidas, incluso a partir del cotejo del contenido y entrecruzamiento de las mismas se logró identificar a tres presuntos auotres, todos privados de su libertad y cumpliendo tal restricción en el Complejo Penal de Bouwer.

El Ministerio Público Fiscal rionegrino ya adelantó a la Fiscalía de casos complejos de Córdoba, en la que se tramitan 150 causas similares, que se le enviará todo este compendio probatorio para continuar la tramitación de los casos allí donde se originaron, distante 1200 km de esta ciudad.

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