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Opinión

Bicentenario de la Independencia: Con Memoria, Verdad y Justicia

La Coordinadora del Plan de Gestión del Archivo Provincial de la Memoria, Liliana García, analiza los 200 años de la Independencia.

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El 9 de Julio evoca la jornada en que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español. El objetivo central era la «voluntad unánime e indudable de estas provincias, romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli».

La declaración de la independencia fue un acto soberano y colectivo; fue la búsqueda de una sociedad justa. Reivindicarla es comenzar a encontrar puntos de encuentros, basados primero en la persona como sujeto de derechos y en una justicia redistributiva que recree el sentido de equidad social como un desafío impostergable de éste momento histórico.

En una sociedad donde podemos ver un avance cíclico, donde diferentes protagonistas a lo largo de la historia, enmarcados en una misma búsqueda de justicia y equidad, han sido llamados subversivos, perturbadores, revolucionarios, rebeldes, guerrilleros, agitadores, revoltosos, golpistas, tumultuarios, conspiradores, inquietantes, peligrosos, o como el contexto lo requiera. Resulta inevitable el recuerdo de aquellos que quisieron un mundo donde la igualdad sea para todos, donde cada uno de nosotros tuviéramos el mismo acceso a cada uno de nuestros derechos, una sociedad más justa.

Son muchos los que a través de sus luchas han permitido la conquista de cada uno de nuestros derechos, esos con los que contamos hoy en día, esos que solo fueron conseguidos a través de luchas sociales y de resistencias. Los mismos que han dejado sus vidas por pensar diferente a la clase dominante.

Hoy, año 2016, a 40 años de la masacre de San Patricio, por qué no pensar y analizar, un crimen perpetrado por los militares argentinos con el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos el 4 de julio de 1976, durante la dictadura genocida cívico militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, ejecutado en la Iglesia de San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires donde fueron asesinados los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, los cuales pertenecían a la Sociedad del Apostolado Católico. Una sociedad de vida apostólica clerical católica, de derecho pontificio, fundada en 1835 por el sacerdote romano Vicente Pallotti.

«Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios». Esta frase fue publicada en el diario la Nación, a horas del brutal asesinato.

Resulta necesaria la reflexión que dejó Roberto Favre, en el sermón que parcialmente fue publicado al día siguiente por el Diario Clarín, donde decía: «No puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz. Hay que rogar a Dios no sólo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día. En este momento, debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado».

Inevitablemente los hechos se conectan claramente en el mismo impulso de la incansable lucha por la igualdad, una sociedad pluralista y democrática, un Estado de derecho que garantice una nación libre e independiente, tal como la proclamada en el acta del día de la independencia.

…»El ansia de liberación de un pueblo no es algo que los poderosos puedan llevarse en una bolsa»… Obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli.

 

Liliana García.
Coordinadora del Plan de Gestión del Archivo Provincial de la Memoria (APM) Río Negro.-

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Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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