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Judiciales

Elevan indemnización a joven que quedó incapacitado por una descarga eléctrica en Roca

La empresa Edersa deberá abonar más de 1 millón de pesos a un joven roquense.

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La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Roca elevó los montos de una condena a la empresa Edersa por la incapacidad sobreviniente y el daño moral sufridos por un joven que, en la zona rural de Roca, sufrió una descarga eléctrica en una columna del tendido de media tensión y resultó con gravísimas secuelas, algunas de ellas irreversibles. El damnificado tenía 17 años cuando ocurrió el siniestro, el 15 de noviembre de 2003, y se encontraba en un camino cercano a la chacra N° 130.

Según surge de la demanda, se encontraba cerca de una columna del tendido de media tensión, sobre la cual estaba montada una subestación transformadora MT/BT trifásica, “no existiendo ningún tipo de señalización de advertencia sobre eventuales riesgos, tampoco cercado el perímetro, ni vallas que impidieran circular”, estando además “la bajada a tierra defectuosa y con cables sueltos”. En esas circunstancias el adolescente “recibió una descarga eléctrica de más de 13.000 voltios que le produjo múltiples quemaduras y lesiones graves en las extremidades, cara, oídos, ojos y otros órganos”. Entre otras consecuencias, resultó con una ceguera de casi el 97 % y una incapacidad declarada del 84,6%.

Con voto rector de la jueza Adriana Mariani y adhesión de su par Gustavo Martínez, la Cámara elevó la condena de daños y perjuicios que se había dictado en primera instancia y reconoció al damnificado una indemnización de 570.000 pesos en concepto de incapacidad sobreviniente y 800.000 pesos por daño moral, totalizando la condena la suma de $ 1.408.000.

En su defensa, Edersa negó haber tenido responsabilidad en el hecho, rechazando la versión de la familia sobre que se electrocutó “al detenerse a orinar cerca de la columna”. Por el contrario, la empresa sostuvo que el joven recibió la descarga cuando “acometía contra las instalaciones de la empresa”, destacando que en ese sector es “frecuente el robo de cables”. También argumentó que en la instancia penal la causa fue archivada.

En sus considerandos, la Cámara Civil recordó que la causa penal previa fue archivada sin llegar a juicio por no haberse podido atribuir el delito de “lesiones” a los encargados del mantenimiento de la línea eléctrica. Sin embargo, el Tribunal advirtió que en aquel expediente se reconoció la existencia del hecho en sí.

Bajo ese criterio, la Cámara concluyó que a la empresa le corresponde cargar con la “responsabilidad objetiva” por “el riesgo o vicio de la cosa”, es decir, de la electricidad de la cual se sirve para prestar su servicio, sin que sea necesario atribuir la culpa a ninguna persona en particular como sí ocurriría en un casos de “responsabilidad subjetiva”.

Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, la Cámara recalcó que “la electricidad (…) presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales” de la responsabilidad objetiva. “Así, la responsabilidad de la empresa prestataria del servicio eléctrico no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de esa actividad”, se recalcó.

En respuesta a la apelación de Edersa, la Cámara señaló que la única manera de eximirse de su responsabilidad objetiva es demostrando la completa “culpa de la víctima”. Y en ese aspecto, el Tribunal coincidió con el fallo civil de primera instancia destacando que “no ha podido demostrarse que A.H.S. haya intentado el robo de cables”. “Ni del expediente penal ni de estas actuaciones surge con nitidez si se produjo el corte de cable por el actor o que otro lo hubiera dejado en ese estado”, se destacó.

Por otra parte, la Cámara señaló que en este caso Edersa no cuestionó “la responsabilidad atribuida por incumplimiento de la obligación de supervisión, propia de su actividad, que la obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta, a fin de evitar consecuencias dañosas”.

En otro tramo de la sentencia se valoró que un primer perito avaló como hipótesis que el joven debió haber trepado casi 9 metros, rozando el cableado, para sufrir la descarga. Pero un segundo experto concluyó que “hay posibilidad técnica de que una persona ubicada al pie de una columna que sostiene una subestación transformadora pueda recibir una descarga por arco eléctrico proveniente del cable de tierra”.

“Resaltando que no hubo testigos presenciales de cómo ocurrió el infortunio, ante la certeza de la existencia del daño y que fue causado por la cosa riesgosa o peligrosa, la ruptura del nexo causal (culpa de la víctima) no se encuentra probada. (…) Desde luego subsisten dudas respecto de cómo pudo ser alcanzado por la descarga el actor, mas la ley pone en cabeza del dueño o guardián (en este caso Edersa) la prueba de la fractura del nexo causal y tal carga no ha sido satisfecha”, concluyó Mariani en su voto rector.

Incapacidad permanente

El damnificado apeló el monto de la indemnización concedida por incapacidad en la primera instancia y argumentó que vio “truncadas todas sus expectativas y proyecto de vida”, debido a que “ya que no podrá lograr insertarse en el mercado laboral y posiblemente tampoco formar una familia y sustentarla”. Al analizar este punto, la Cámara aclaró que debió limitarse a los términos de la apelación del propio damnificado para no violentar el principio de congruencia, pues “le está vedado al tribunal tratar cualquier cuestión ajena a los agravios vertidos contra la sentencia recurrida”. En ese marco aceptó el valor del salario tomado como referencia por el afectado (de 900 pesos mensuales, a valores del año 2003) para calcular la indemnización por incapacidad laboral.

Así, “teniendo presente la edad del joven a la fecha del infortunio (17 años), la incapacidad determinada por el experto (84,66%) y un salario de $ 900”, la Cámara elevó la indemnización por incapacidad sobreviniente a la suma de $ 570.000, más los intereses declarados en la sentencia de primera instancia.

Daño moral

En cuanto a la indemnización por daño moral, la Cámara destacó que es “un ítem de muy difícil cuantificación” porque resulta “imposible medir el sufrimiento ajeno y ponerle números”. Así, para alcanzar una indemnización justa, el Tribunal utilizó como parámetro lo resuelto en sentencias anteriores similares y consideró “la edad del joven a la fecha del accidente, la minusvalía resultante, el tipo de infortunio sufrido, el tiempo de curación y sus secuelas”, así como los “indicadores de depresión e incertidumbre por el futuro, aislamiento emocional y sensaciones de angustia e inseguridad” detectados por la perito psicóloga.

“Cierto es que la suma que se mande pagar no compensará el sufrimiento padecido, mas es de esperar que sea un paliativo para mejorar su vida futura, máxime cuando se advierte que el joven no tiene una capacitación que lo ayude a encontrar fácilmente inserción laboral”, indicó la sentencia.

Bajo esos parámetros, el Tribunal elevó a 800.000 pesos la indemnización por daño moral, con los intereses correspondientes.

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Gremios

ATE y la CTA Autónoma marchan al Lago Escondido

Exigen al Gobierno de la provincia y a Lewis cumplir con los fallos judiciales.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la CTA Autónoma y otras organizaciones marcharán este martes (31/01) por las calles principales de Bariloche hasta el Centro Cívico, y desde allí se movilizarán hasta el camino de Tacuifí sobre la Ruta Nacional N° 40 a la altura de El Foyel, donde intentarán llegar hasta Lago Escondido.

«De esta manera, buscamos visibilizar su reclamo para que el Gobierno de Río Negro cumpla con los fallos judiciales que lo ordenan acondicionar las vías de acceso al espejo de agua», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto Nacional de ATE.

ATE y la CTA Autónoma impulsan la actividad junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas FeNaT, Unidad Popular, FIPCA y CTA de los Trabajadores. «La marcha va a ser multitudinaria. Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a Nación que no se sigan haciéndose los distraídos», agregó Aguiar.

«La sociedad ilícita compuesta por jueces, fiscales y empresarios que se reúnen en la mansión Lago Escondido comienza a tener fisuras. El creciente consenso social debilita el apoderamiento ilegal de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos en la Patagonia», añadió el dirigente.

«Será la séptima vez que con ATE y la CTA Autónoma intentemos arribar a las costas apropiadas por Joe Lewis tras la compra irregular de 12.000 hectáreas de frontera a partir de 1996. Esa maniobra fue investigada en una causa cerrada por prescripción en octubre pasado con la firma de Carlos Mahíques, uno de los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de numerosas pruebas contra los imputados», detalló Aguiar.

«Hemos solicitado la intervención de las fuerzas federales de seguridad del gobierno nacional y pusieron en marcha su andamiaje legal para garantizar que ningún manifestante sea amenazado en el trayecto, como ocurrió el año pasado con 50 jinetes a punta de pistola», sostuvo.

Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche ordenó en octubre a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí, señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad. Este fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

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Judiciales

La Policía de Río Negro detuvo a Facundo Jones Huala en El Bolsón

Estaba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.

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En un operativo realizado este lunes a las 4 am, la Policía de Río Negro detuvo a Facundo Jones Huala en una vivienda de El Bolsón. La detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022, se produjo tras varios meses de investigaciones de la fuerza de seguridad rionegrina, que tuvieron su resultado en la madrugada de hoy.

En el procedimiento, los efectivos de la Policía rionegrina atraparon a Jones Huala mientras se encontraba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.

A partir de la determinación de la fuga de Jones Huala en Chile, y la posibilidad que se trasladara a la Patagonia para refugiarse, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaron a cabo distintos operativos, que incluyeron intensos trabajos de búsqueda a través de sus unidades especiales y de la Brigada de Investigaciones para poder dar con su paradero. En la jornada de hoy, dichos esfuerzos rindieron sus frutos.

Inmediatamente se produjo su detención al tiempo que se está trabajando de manera articulada con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir.

Actualmente Facundo Jones Huala presenta vigente una alerta azul de Interpol, destinada a conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

Actualmente el Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen Chile que emitió la alerta, para que en el término de 4 horas informe si transformará la misma en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición. No obstante a ello, en el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos.

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Judiciales

Vendió su auto y el nuevo dueño no pagó más la patente: La deuda se siguió acumulando a su nombre

El Superior Tribunal de Justicia se expidió al respecto.

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El Superior Tribunal de Justicia, en uno de los fallos del año pasado que marcó pautas de acción, definió los requisitos y el camino procesal que debe seguir una acción de hábeas data, conocida también como «amparo especial de protección de datos personales»

Entre las novedades de la sentencia –que es doctrina legal obligatoria para todos los Juzgados de la provincia- se determinó que las apelaciones en estos procesos no se realizarán ante las Cámaras Civiles, sino ante el propio STJ, que en adelante será el Tribunal de alzada. Esta decisión se fundamenta en que el hábeas data participa de la misma naturaleza que el amparo genérico. De esta forma, además, se garantiza la intervención del máximo Tribunal provincial, y se brinda la oportunidad de que las partes puedan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
El fallo fue refrendado por la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que compartieron los criterios establecidos.

El caso

El caso es el de una mujer del Alto Valle que vendió su auto y, a pesar de que hizo la denuncia de venta en el Registro Nacional del Automotor, no hizo lo propio ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que es el organismo que percibe el impuesto provincial de patente. La obligación de hacer esa segunda denuncia de venta surge de la Ley Provincial N° I 1284.

Como tampoco se hizo enseguida la trasferencia del auto en el Registro del Automotor y el nuevo dueño no pagó más la patente, la deuda impositiva se siguió acumulando a nombre de la señora.

En este punto, se dio otra definición del Superior Tribunal de Justicia: la acción de hábeas data no es la vía para resolver esta situación, que se repite con frecuencia.

En efecto, la información que registraba la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia tenía sustento en una Ley Provincial que establece quiénes son las personas obligadas al pago del impuesto. Por lo tanto, si se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial que da sustento a la información así registrada, la vía procesal adecuada para plantear el tema no es el hábeas data, sino precisamente la acción de inconstitucionalidad que prevé el Código Procesal Civil y Comercial.

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