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Opinión

Realidad política nacional y provincial

La Junta Ejecutiva Provincial del Partido Socialista, emitió un documento político crítico sobre la realidad política nacional y provincial.

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No podemos analizar las medidas antipopulares tomadas por la gestión del gobierno de Mauricio Macri, sin detenernos brevemente a analizar lo que fue parte del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner. Durante más de diez años asistimos a políticas de gobierno, que si bien se construyeron con un gran acuerdo social, también encontraron una fuerte oposición, que nunca fue atacada en su raíz. Es decir, se fueron tomando medidas en beneficio de sectores populares y minorías excluidas hasta entonces –asignación universal, matrimonio igualitario, nueva ley de educación y financiamiento educativo-, sin resolver la cuestión de fondo vinculada a las formas de acumulación de capital y de organización del sistema productivo. En síntesis, nada se modificó en cuanto a la distribución real de recursos económicos y modos de acumular esos recursos. Los históricos dueños de la tierra asociados a los dueños de las nuevas tecnologías, se siguieron haciendo cada vez más ricos y la élite empresarial, cada vez más poderosa y millonaria; mientras, sólo se les retenía una pequeña parte en forma de impuestos o retenciones a la venta de sus productos, para ser distribuido a la gran mayoría de los argentinos. Solamente se tomaron medidas coyunturales para favorecer a una clase media castigada por la última gran crisis de 2001.

Además, no se avanzó en políticas ambientales que chocaran con el modelo extractivista, apoyado y defendido por los gobernadores amigos, ni se realizaron las reformas necesarias en el sistema tributario ni en la regulación de las entidades financieras.

Con Macri nuestro país y nuestro pueblo se encuentran nuevamente ante un gobierno que representa directamente los intereses de los más ricos. Por ello podemos afirmar claramente que Mauricio Macri representa al gobierno de la élite empresarial y de los dueños de la tierra.

Sus medidas lo demuestran: la eliminación del cepo cambiario, el arreglo con los llamados fondos buitres, la ley que crea el Ministerio de Comunicaciones en detrimento de la AFSCA, la eliminación de retenciones al sector agropecuario, el intento de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, la participación nuevamente en el foro económico de DAVOS, la implementación descarnada de los tarifazos, la modificación en Fútbol para Todos dando participación central en la transmisión de los partidos de mayor rating a las corporaciones mediáticas, el fin de las retenciones a la minería, el llamado “Proceso de Modernización del Estado” que dejó miles de desocupados en el sector público, una engañosa modificación en el impuesto a las ganancias, la modificación por decreto de la Ley de Tierras facilitando la compra a extranjeros de tierras rurales incluso con espejos de agua, el desmantelamiento de programas educativos como “Jóvenes y Memoria”, “Educación y Prevención de Adicciones”, “Comunidad y Convivencia Escolar”, “Educación Sexual Integral (ESI)”, “Educación en Contextos de Encierro” y “Conectar Igualdad”.

Párrafo aparte se merece una de las últimas medidas llamada “Ley Ómnibus” votada en el Senado a principios de julio. Presentada engañosamente como reparación histórica a los jubilados, esconde oscuras intenciones: blanquear dinero no declarado durante años pagando mínimos impuestos, denigrar a los adultos mayores que no cumplen con los requisitos mínimos para jubilarse dándoles una Pensión Universal a la Vejez del 80 % de la jubilación mínima y sin derecho a la obra social PAMI, liquidar las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que va preparando el camino para una nueva privatización de la administración de la plata de los jubilados y si bien establece el pago de sentencias y retroactivos a jubilados, se hará mediante acuerdos que implicarán recortes del 40 al 70 % del reclamo judicial.

Todas estas medidas nos colocan, como socialistas, ante una enorme responsabilidad, la de construir un Partido claramente ubicado en la realidad nacional como fuerza política que debe representar los intereses del pueblo argentino y sobre todo, a los sectores más postergados. Para ello, como Partido nacional no debemos caer en la mezquindad de pensar que se garantiza la representación de la idea socialista, si se salva un dirigente o se logra una representación más sin importar en profundidad el costo. Es nuestra obligación construir una organización fuerte y consolidada en todo el territorio nacional para que cuando nos toque llegar a un espacio de representación tengamos el acompañamiento de quienes se supone representamos. Todo esto sabiendo que no somos la única fuerza que representa estos intereses, y por ello la importancia de trabajar en el armado de un gran frente progresista en el país.

Río Negro

Nuestra provincia no escapa al contexto nacional y al alcance de las políticas llevadas adelante por el macrismo, sin embargo la gran duda está centrada en saber qué lugar va a ocupar el gobernador Weretilneck, a quien vemos con un alto grado de pragmatismo que en pos de su gobernabilidad, probablemente, no tardará mucho en resignificarse según su conveniencia.

Si bien podemos reconocer algunos cambios importantes que se produjeron en los primeros años de gestión de este gobierno, hoy vemos con preocupación cómo sectores de nuestra sociedad aún siguen postergados.

Nada se hizo para modificar la política de concentración de tierras y de producción en el Alto Valle, donde son cada vez menos los que controlan la producción, el traslado y la exportación de la fruta que se produce.

Un Valle medio que pasa por una situación no muy distinta -aunque en menor escala-, a la del Alto Valle. Alto Valle al que además hay que sumarle el conflicto que pone en contradicción dos productos comerciales muy distintos, por un lado la tradicional fruticultura que año a año da trabajo a miles de personas y por otro el del Fracking, cuyo avance es cada vez más feroz, al punto de verse inserto en medio de las chacras sus gigantescas estructuras de metal en medio de los frutales, contaminando el agua, la tierra y el aire.

Una Región Sur que todavía subsiste por los años de bonanza que pasaron, pero que aún no ha podido generar el suficiente valor agregado a su producción, permitiéndole crecer y ser autosuficiente, en donde la postergada ruta 23 aún no ha podido cumplir el rol de comunicación tan esperado por esa región.

Una Región Andina que cada vez concentra mayor cantidad de población, donde Bariloche y El Bolsón se han transformado en las ciudades de mayor crecimiento en la ocupación irregular de tierras para asentamiento de familias pobres. Todo esto por la falta de políticas de ocupación y distribución de tierras.

En Sierra Grande el problema del valor internacional del hierro, que bajó drásticamente en el último año, está poniendo nuevamente a la ciudad atlántica ante el fantasma de la desocupación, como ocurrió en la década de 1990.

A esta falta de políticas regionales le tenemos que sumar las cuestiones de matriz ideológica de este gobierno que en algunas áreas del ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, intenta avasallar derechos humanos fundamentales, habilitando a las fuerzas de seguridad a detener a niños, niñas o adolescentes menores de edad que consideren están en situación de abandono o vulnerabilidad.

En el área de Desarrollo Social se eliminaron programas y se sigue sosteniendo la precarización laboral tan denunciada de las gestiones anteriores.

En cuestión de género, el Consejo Provincial de la Mujer está lejos de generar políticas públicas serias y sostenidas en el tiempo, con profesionales formados en el tema. A pesar de la situación compleja que se vive en la provincia, dicho Consejo subejecutó su presupuesto en el año 2015 y lo que va de 2016. Son contadas las localidades que cuentan con casas de refugio para atender a las mujeres que sufren violencia de género. Además, las mujeres no tienen acompañamiento psicológico, legal ni económico y si lo tienen es a fuerza de pelear para conseguirlo. Las familias que han sufrido los femicidios tristemente emblemáticos de la provincia no han tenido acompañamiento por parte del Estado provincial. Se inauguran Instituciones con bombos y platillos para la foto, a la vez que se desmantelan dispositivos con inserción real y respuesta concreta a la problemática.

En Educación es alarmante la falta de mantenimiento de los edificios escolares y ya se vislumbra el conflicto gremial si el gobierno decide ajustar con los trabajadores.

En Salud Pública, aún sigue sin reconocerse la labor de los trabajadores y si bien fue mejorado, aún es un problema en muchos Centros de Atención Primaria de la Salud la falta de insumos, de profesionales de distintas disciplinas, de cantidad de días y horas de atención, dejando a barrios enteros sin la posibilidad de atenderse.

Por todo esto los y las socialistas creemos que se hace imperioso trabajar en un proyecto construido a partir de una fuerte organización popular que empiece a dar un debate serio y profundo desde la provincia para modificar la matriz económica del país, donde el interior, generador principal de la riqueza de la Argentina pueda administrar la parte principal de los recursos económicos. Evitando de esta manera, que los gobiernos provinciales tengan que arrodillarse ante el Poder Ejecutivo Nacional de turno para poder gobernar sus distritos. Es decir, nuestra propuesta es un país realmente federal, tal cual lo determina nuestra constitución.

Para lograr lo antes mencionado, entendemos que es fundamental construir espacios programáticos con otras organizaciones populares.

De esta manera invitamos a los trabajadores y trabajadoras, a los y las estudiantes y a todos y todas quienes compartan estas necesidades, a sumarse a nuestro espacio político.

 

Paolo Etchepareborda y María Luz Riera.
Presidente y Secretaria General y de Organización del Partido Socialista de Río Negro respectivamente.-

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Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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