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Sociedad

SITRAJUR exige reincorporación de trabajadores despedidos de la Justicia

Solicitan al STJ de la provincia de pedir informes y dar explicaciones sobre casos de judiciales cesanteados «injustamente».

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El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) exigió en un comunicado de prensa la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos en el Poder Judicial, «denunciando por enésima vez como se muestra la impunidad en este Poder del Estado, que a las claras se constituye como punta de lanza del ajuste en nuestra provincia», indicaron.

«Hemos recurrido a los tres Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) durante el último mes y medio intentando por todos los medios posibles la reincorporación de los trabajadores con medidas de acción directa (paros, movilizaciones y retenciones de servicios), con presentaciones a la misma justicia con medidas cautelares, en la paritaria en el marco de la N° 5009, a la Secretaria de Trabajo en el marco de la Ley N° 3803, a la Legislatura rionegrina y a todos los bloques partidarios, sin que hasta el momento tengamos respuesta alguna», añadieron desde SITRAJUR.

«Es en ese marco, que hacemos responsable absoluto y exclusivo de la integridad física del compañero Santiago Villegas al Superior Tribunal de Justicia, que ha llegado al extremo de poner en riesgo su salud con una huelga de hambre y es por ello que acompañaremos con los profesionales médicos y las acciones que definieran el conjunto de las asambleas».

Desde el gremio de los trabajadores judiciales recordaron que «al compañero Santiago Villegas se lo cesantea por manifestarse y denunciar a funcionarios públicos que ejercieron represión y abusos contra manifestantes en el marco de caso Pablo Vera por gatillo fácil. Así las cosas concluimos que es el mismo Superior Tribunal de Justicia quien a las claras castiga la participación, cercenando el derecho a la manifestación y criminalizando la protesta. Este STJ motoriza un sumario arbitrario y defectuoso, vulnerando las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y el decoro, y en el cual los hechos que se le imputan no están probados», agregaron.

Agregaron que «al compañero Facundo García, quien pertenece al sector mantenimiento de San Carlos de Bariloche, se lo despide por activismo gremial luego de 7 años, de precarización laboral mediante contratos basura. El STJ no le renueva el contrato por exigir que se cumplan las condiciones de seguridad mínimas e indispensables para realizar sus tareas, como castigo por defender sus derechos. Sumado a los despidos de los compañeros Maximiliano Boi y Martin Allione», especificaron.

«Interpelamos una vez mas, al poder político que fue quien definió la integración de este Superior Tribunal de Justicia y quien debe auditar su funcionamiento, sea el encargado de pedir los informes y explicaciones sobre estos casos y exhorte a la reincorporación inmediata de los compañeros injustamente despedidos», concluyeron.

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Roca

Alerta amarillo por tormentas para este domingo

Alcanza a gran parte de Río Negro y Neuquén.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Informó de un alerta amarillo por tormentas para este domingo en Neuquén y Río Negro.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, comunicaron desde el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias.

Desde el SMN detallaron que la advertencia en la provincia de Río Negro regirá para esta tarde y noche, en la Meseta de Pilcaniyeu,  Meseta de Ñorquincó,  Nueve de Julio , oeste de El Cuy y en Veinticinco de Mayo. Para la  noche, en el este de El Cuy, en General Roca, Conesa, meseta de Adolfo Alsina, meseta de San Antonio y Valcheta.

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Roca

Continúa el plan de bacheo en la ciudad

Conocé en que sectores está trabajando el Municipio.

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El Municipio continúa llevando a cabo la tarea de mejorar la transitabilidad de las calles, a través de un programa de bacheo y reparación de pavimento roto de flexible y hormigón, que inició en los sectores más críticos y avanza en distintas zonas de la ciudad.

Los trabajos con personal municipal y material flexible se realizaron en las calles Tucumán del 0 a 700, Mendoza del 1400 al 1600, Villegas del 0 a 700, San Juan al 2200, 2700 y 2900, San Juan y Gelonch, San Juan y Evita, Palacios y Mendoza, Palacios y Buenos Aires, O’Higgins y San Juan, Misiones al 900, San Juan y Ruta Nº 22, San Juan y Perón, 9 de Julio al 700, Mendoza desde Del Libertador hasta Gelonch, Gelonch y Fleming, Gelonch al 100, 300, 600, 1200, 1600, 1700, 1800 y 1900, Rosario de Santa Fe y Rivadavia, Villegas y calle 99 bis, Villegas al 3500, 4200, 4300, 4500, 4600, 4700, , 4000, 3800, 3900, 3400, 2900, 2800, Villegas y Félix Heredia, Villegas y Damas Patricias, Damas Patricias y Gelonch, Evita al 1200, Evita y Santa Cruz, Rosario de Santa Fe desde la altura 2300 hasta 2600, Rosario de Santa Fe y Las Heras, Rosario de Santa Fe y General Paz, 9 de julio y Sarmiento, Rodhe y Sarmiento, Alsina e Italia y España al 100 y 1100.

Las calles donde se trabajó con material de hormigón fueron Artigas al 1100, Misiones y Alsina, Tucumán 2600, Perito Moreno y Villegas, Avenida Roca e Yrigoyen, La Pampa y Chula Vista, y Brown 2600.

Se habilitaron al tránsito los baches de las calles Sarmiento 1500 y 1800, 9 de Julio al 1100 y La Pampa al 1300.

Desde el Municipio solicitan a vecinos y vecinas, precaución al momento de circular por los sectores que quedaron señalizados hasta que fragüe el material de hormigón.

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Río Negro

La Provincia quiere regular el uso de cámaras de vigilancia

El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

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El Ejecutivo Provincial busca regular la instalación y utilización de las cámaras de vigilancia instaladas en lugares públicos o privados de acceso público, con fines exclusivos de seguridad pública. El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

A través de un proyecto de ley, presentado por la gobernadora Arabela Carreras con Acuerdo de Ministros, se propone regular la utilización de los sistemas de videovigilancia en 18 localidades (serán 21 con las obras que se encuentran en ejecución) con 15 centros de monitoreo locales, bajo la coordinación del Centro de Monitoreo General de Viedma.

A través de esta iniciativa, se busca conformar un marco adecuado para regular el sistema a partir de la propia experiencia y de los conocimientos generados en otras provincias y países.

En la elaboración del proyecto de ley, los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia tuvieron en consideración la existencia de numerosas cámaras privadas que, atendiendo a propósitos de seguridad personal o comercial, captan imágenes de ámbitos públicos y privados. Es preciso que estas cámaras también queden sujetas a cierta regulación en cuanto a la captación y grabación de imágenes de la vía pública.

Por otro lado, el proyecto también busca regular cualquier sistema de captación de imágenes que porten las fuerzas de seguridad de la provincia, tales como las cámaras corporales y los drones.

Los principales puntos del proyecto

Busca regular la utilización de las cámaras de vigilancia que se utilizan con fines exclusivos de seguridad pública. Se establece que las videocámaras solo podrán utilizarse para la preservación de la seguridad pública y la atención de emergencias, respetando el procedimiento indicado para su autorización y colocación, como también que la existencia de videocámaras debe comunicarse a la ciudadanía mediante cartelería adecuada.

Los principios que regirán la utilización de esta tecnología son los de proporcionalidad y razonabilidad, y los de intimidad y privacidad, y se establecen, además, límites en los lugares de colocación de las cámaras y en la captación de sonidos.

Con respecto a las grabaciones obtenidas, se establece la absoluta confidencialidad de las imágenes, y las sanciones que acarrea el incumplimiento de tal confidencialidad por parte de las personas con acceso a las grabaciones, como también los supuestos especiales que exigen la destrucción de las grabaciones.

Se regulan también cuestiones que hacen a un mejor funcionamiento del sistema de video vigilancia. Se indica que el Ministerio de Seguridad y Justicia, como autoridad de aplicación, establecerá el procedimiento de tramitación de autorización para la colocación de cámaras, indicando los criterios de colocación, pudiendo asimismo dictar las normas complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la ley.

Para decidir la instalación de nuevas videocámaras, el Ministerio deberá observar cuestiones como la participación ciudadana (requerimientos de la ciudadanía); datos estadísticos (índices delictuales y densidad poblacional) y necesidades especiales con respecto a la seguridad (como las de ciertos grupos poblacionales o lugares estratégicos).

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