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Judiciales

Elevan a juicio causa contra Limardo

Se le atribuye al ex Director de Recursos Humanos haber defraudado los intereses confiados por la Administración Pública Provincial, violando sus deberes.

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El Juez Carlos Mussi, titular del Juzgado de Instrucción N° 4 de Viedma, resolvió elevar a juicio la causa que se sigue contra Gabriel Esteban Limardo, Silvana Ayelen Traipe, Myrian Noemi Mamani y Olga Amalia Asaroff por defraudación, luego de declarar clausurada la etapa de instrucción y habiendo transcurrido el término previsto sin que la defensa deduzca excepciones u oposición. Se le atribuye a Gabriel Esteban Limardo, como Director de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro haber sido quién habría defraudado los intereses confiados por la Administración Pública Provincial, violando sus deberes y la confianza en él depositada, abusando de su autoridad y adulterando documentos públicos, habría sido responsable de varios hechos en perjuicio del Estado.

En primer lugar aproximadamente en el mes de abril del año 2013, Limardo habría confeccionado documentos falsos que en fotocopia simulaban representar decretos en los que se designaba respectivamente a Myrian Noemí Mamani como Directora de Despacho del Ministerio de Gobierno, a Olga Amalia Asaroff como Directora de Control de Gestión del Ministerio de Gobierno y a Silvina Ayelen Traipe como Directora de Control Territorial de la entonces Secretaría de Seguridad y Justicia dependiente del Ministerio de Gobierno. En los decretos originales, en cambio, se resolvían otras cuestiones no relacionadas ni con designación de persona alguna ni con las nombradas. Limardo habría confeccionado tres documentos falsos, imitando el formato real de los decretos y con esas fotocopias falsas habría engañado al personal de la dirección a su cargo, haciendo registrar el empleo de dichas personas, en cargos inexistentes y sin la existencia de contraprestación alguna, comenzando a percibir haberes desde el 15 de abril de 2013 al 31 de enero de 2014 causando un perjuicio al Estado calculado en la suma de 751660 pesos. Se investiga si para todo ello, Limardo habría contado con el aporte de las nombradas Olga Amalia Asaroff, Myrian Noemí Mamani y Silvana Ayelen Traipe, toda vez que ellas habrían suscripto los formularios de apertura de las cuentas sueldo del Banco Patagonia y habrían recibido las tarjetas de débito respectivas, percibiendo los haberes ilegítimamente depositados, ya sea por extracción por caja, por cajero o por compras con las tarjetas.

Otro de los hechos que se le atribuye a Limardo es que en el transcurso del trámite del expediente administrativo de la entonces Secretaría de Seguridad y Justicia dependiente del Ministerio de Gobierno, habría insertado falsamente en el anexo del decreto a varias personas haciéndolos figurar como estudiantes graduados aptos para su ingreso, siendo designados en dicho decreto como empleados públicos del Servicio Penitenciario provincial a partir del 1 de abril del 2013. Para ello, dolosamente habría sustituido el anexo del pase verdadero, del 23 de agosto de 2013 y habría agregado el listado con esas personas sabiendo que no prestaban servicios ni cumplían los requisitos para hacerlo.

En segundo lugar, habría falsificado o insertado los certificados (apócrifos) de aprobación del “Curso de Escopetero Penitenciario” respecto de las once personas. En tercer lugar, en fecha aproximada entre el 17 de marzo del 2014 y el 20 de marzo del 2014, el imputado, quien tenía a su disposición la totalidad del expediente de mención de vuelta en su despacho, después de efectuados los controles administrativos previos, habría desglosado el original listado y colocado en su lugar el apócrifo, conteniendo las once personas referidas.

Las once personas añadidas no prestaban servicio y surge que las personas no habrían realizado tal curso, menos aprobado, ni desempeñado labor alguna en el Servicio Penitenciario de la manera detallada. Limardo habría logrado que en fecha de 30 de abril de 2014 se dictara un decreto en cuyo anexo se incluyó a varias personas con el objeto de que percibieran haberes sin contraprestación alguna, causando un perjuicio al Esado por la suma de 502.123 pesos.

Para todo ello, se investiga si habría contado con el aporte de Ángel Luis Avaca, Felisa Yolanda Hernández, Tiago Gregorio Hernández, Elisa Ester Quiñenao, Viviana Beatriz Quiñenao, Guillermo Claudio Rezzonico, Florencia Noemí Traipe; porque ellos habrían suscripto los formularios de apertura de las cuentas sueldo del Banco Patagonia y habrían recibido las tarjetas de débito respectivas, con el fin de percibir los haberes que ilegítimamente se depositarían.

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Judiciales

Desesperada búsqueda de una adolescente de 14 años

Fue vista por última vez ayer miércoles al mediodía.

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Desde el Ministerio Público Fiscal iniciaron el protocolo de búsqueda ante la desaparición de Selva Araceli Aguirre, de 14 años. La joven es de contextura física robusta, de un metro treinta de altura aproximada, tez clara, media pálida; pelo largo hasta debajo de los hombros, ondulado, color negro; ojos color marrón.

Asimismo, se informó que usa aros chiquitos en ambas orejas, posee una cicatriz en espalda del lado derecho. Al momento de retirarse vestía zapatillas gris o negras tipo deportivas, calza de diferentes colores predomina el verde, remera color blanca con dibujo de una rosa en el pecho.

La niña fue vista por última vez ayer miércoles (30/11) a las 12.00 horas.

Ante cualquier información comunicarse al 911 o acercarse a la Unidad Policial más cercana.

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Gatti: «La verdad que es una pesadilla la cantidad de mentiras que se están diciendo»

El conductor televisivo, acusado de tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, volvió a sostener su inocencia.

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Emiliano Gatti se presentó hoy (30/11) en la Ciudad Judicial de Roca para presenciar la audiencia en la que su defensa, Marcelo Hertzriken Velasco, solicitó fijar domicilio en otra localidad, la cual fue aceptada y autorizada por el juez Julio Martinez Vivot.

Gatti habló con los medios y ante la pregunta sobre el peritaje de sus equipos tecnológicos manifestó que es «inocente» y que la utilización de su IP para traficar imágenes «es una posibilidad», aunque no esté en conocimiento de eso.

En cuanto a la decisión que aplicó Canal 10, que implicó la separación de que su cargo dijo que «es la correcta, es difícil ponerme en el lugar de la empresa. Entiendo las consecuencias que generó todo esto, para mi persona sobre todo y para la empresa», dijo el conductor.

Por otro lado lamentó que «es increíble la cantidad de falsas noticias que están circulando. Me llegaron comentarios de que había ido a La Anónima, y el que había ido era mi hermano».

Finalmente Gatti manifestó que «yo estoy preso en mi casa desde que sucedió todo esto. Tengo miedo de salir a la calle, estoy cumpliendo la ley, vengo, me presento y se están diciendo una sarta de cosas tremendas. La verdad que es una pesadilla la cantidad de mentiras que se están diciendo».

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Caso Gatti: Para el fiscal Nelli, el apartamiento de Calarco «no es ninguna decisión extraña»

Además argumentó porque no se opuso al pedido de que Gatti fije domicilio en Bahía Blanca.

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Finalizada la audiencia de hoy (30/11), en la Ciudad Judicial de General Roca, el fiscal Jefe, Andrés Nelli, brindó una improvisada conferencia de prensa. Allí esgrimió sus argumentos de porque no se opuso a que Emiliano Gatti fije domicilio en otra localidad, en el marco de la causa que investiga la presunta tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil por parte del conductor televisivo. También habló sobre el apartamiento de la fiscal Belén Calarco del caso.

«Siempre estuvo a derecho por lo tanto no tenemos alguna percepción de que se daría a la fuga», dijo sobre Gatti. «Es una persona conocida y brindó un domicilio de un familiar», agregó.

Por otro lado, consultado sobre el apartamiento de la causa de la fiscal Belén Calarco, Nelli indicó que «no es ninguna decisión extraña, estoy desde el primer día, soy el fiscal Jefe de la causa».

«Calarco cumplió una etapa del proceso y ahora continuo yo», concluyó.

El resto de las medidas cautelares definidas en la primera audiencia, como la prohibición de salida del país y la entrega del título de un automotor del imputado como caución, se mantienen plenamente vigentes. Todas las cautelares fueron impuestas por el plazo de seis meses y pueden ser modificadas en cualquier momento del proceso.

El juez Julio Martínez Vivot también analizó los argumentos de la defensa, y la Fiscalía explicó que si no se exponían datos de menores estaba de acuerdo con el pedido del defensor. De esta manera, el magistrado autorizó la publicidad de la audiencia realizada esta mañana. Al respecto sostuvo que el fundamento central de la reserva que había ordenado en la primera audiencia es la preservación de la identidad e intimidad de los y las menores de edad que son presuntas víctimas del delito que se investiga. Es por eso que el juez comprometió a la Fiscalía a informar, previo a cada una de las futuras audiencias, si expondrá o identificará de cualquier modo a menores de edad, a los efectos de poder prever, litigar y resolver sobre la privacidad o publicidad de cada instancia procesal.

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