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El STJ confirmó la prisión preventiva del policía Jorge Villegas

Rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado. Villegas seguirá detenido acusado de la muerte de Pablo Vera.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el policía Jorge Villegas, condenado sin sentencia firme a la pena de prisión perpetua por el homicidio del joven Pablo Vera, ocurrido en Roca el 25 de septiembre de 2014.

La resolución del STJ, con acuerdo de los jueces Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, y abstención del juez subrogante Ariel Gallinger, se dio a conocer hoy y resolvió «rechazar el recurso de casación interpuesto» por la defensa del imputado. En consecuencia, se confirmó el punto II (imposición de la prisión preventiva) de la sentencia dictada el 10 de marzo pasado por la Cámara Criminal Tercera de Roca. El punto I de aquel fallo declaró a Villegas «autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por la calidad del autor y por la utilización de arma de fuego» y le impuso la pena de prisión perpetua.

La defensa de Villegas presentó por separado recursos de casación contra los puntos I y II. En la presente resolución el Superior Tribunal se pronunció sobre el segundo, mientras que está pendiente de resolución el referido al punto I.

Argumentos contrapuestos

El abogado del policía Villegas, Juan Luis Vincenty, sostuvo en su casación que la prisión preventiva se dictó en «flagrante inobservancia de las garantías constitucionales de presunción de inocencia, proporcionalidad, defensa en juicio y debido proceso legal», argumentando que «a pesar de la pena impuesta, la actitud procesal del señor Villegas impide suponer el riesgo procesal de fuga».

En contraposición, el Fiscal General solicitó, como primera opción, que se confirme la detención y, de modo subsidiario, «que se morigere la cautelar ordenando la detención domiciliaria con control por monitoreo electrónico e imposición de una caución real de $ 300.000». Evaluó para ello la «gravedad del delito» y «la consecuente extensión de la pena en concreto por una sentencia de condena». También sostuvo que la defensa «no ha realizado una crítica fundada» a los fundamentos que sustentaron la preventiva en el voto mayoritario de la Cámara roquense.

Resolución del STJ

Al resolver la casación, el Superior Tribunal de Justicia recordó que «por expreso mandato constitucional, toda persona sometida a proceso debe ser tenida por inocente hasta que se demuestre lo contrario, en cuyo marco la peligrosidad procesal constituye la razón fundamental por la que puede ordenarse su prisión preventiva». En este caso, los jueces explicaron que la contradicción entre las partes se refiere a la existencia o no de los peligros procesales que permiten la detención cautelar.

Así, valoraron que ya existe una sentencia condenatoria que dio por acreditado «un delito con la pena de prisión más grave del ordenamiento jurídico», afirmando que esos extremos «por sí mismos no justifican la medida cautelar por no encontrarse firme la condena, pero (…) tampoco pueden ser soslayados para el análisis».

El máximo Tribunal provincial concluyó que no existió «arbitrariedad» en la decisión de la Cámara de Roca, que por mayoría dispuso la preventiva de Villegas basándose en tres argumentos centrales:
– «La severidad de la pena» impuesta, que resulta «un parámetro razonable para presumir que el imputado podrá intentar eludir la acción de la justicia”.
– El hecho de que el imputado «integra el personal de fuerzas de seguridad con 26 años de servicio y cuenta con la posibilidad de apoyo y asistencia de camaradas, tanto desde la información hasta medios materiales». En ese punto, la Cámara advirtió la existencia «lealtades que en gran medida se percibieron durante las audiencias del juicio” y el STJ destacó que esa valoración es «una ‘percepción’ que con toda claridad no es revisable, pues surge ‘directa y únicamente de la inmediación'» de los jueces que integraron el Tribunal de Juicio.
– Que «por su trabajo constante (Villegas) posee una capacidad económica para eludir la acción de la justicia».

«En síntesis -concluyó el STJ-, la medida cautelar tiene como fundamentos válidos el avance procesal, la sentencia condenatoria que impone una pena perpetua ya en concreto y la posible connivencia de quienes junto al imputado integran la fuerza policial. Este es el razonamiento del juzgador que resulta cognoscible y, por tanto, la sentencia no es arbitraria».

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Caso Videla: Comenzó el juicio de imposición de pena a Colicheo

El mínimo de pena, según la calificación legal por la que fue declarado culpable, es de 10 años y 8 meses de prisión.

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Con la primera ronda de declaraciones, esta mañana (24/06) comenzó la etapa de cesura en la cual se determinará la pena a imponer a Antonio Colicheo, acusado del homicidio del trabajador judicial Javier Videla. El hombre fue declarado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en un procedimiento abreviado parcial.

Está previsto que se realicen dos audiencias con más declaraciones testimoniales los días lunes y martes. En esta última jornada se prevé además que la acusación y la defensa que asiste al acusado expongan sus alegatos de clausura y sustancien los pedidos de pena cuyo mínimo -de acuerdo a la calificación legal por la cual fuera declarado culpable- es de 10 años y 8 meses de prisión.

En primer turno y por los acusadores, declararon el hombre que encontró el cuerpo sin vida de la víctima fatal, el director general de la división de investigaciones judiciales de la Policía de Río Negro y el titular de la Unidad Operativa para la Investigación Fiscal del Ministerio Público. En la continuidad del debate y también por la fiscalía y la querella prestaron su testimonio una compañera de trabajo del fallecido y una compañera de la cooperativa de vivienda de la que Videla formaba parte.

Por la defensa pública que asiste al acusado, declaró la responsable del área de Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Cipolletti.

En un procedimiento abreviado parcial, el acusado aceptó ser el autor de una serie de delitos que comenzaron el 4 de marzo de 2021 alrededor de la 1.20 de la madrugada. En esas circunstancias se hizo presente en la vivienda de la víctima e intentó hacer que la pareja de Videla ingresara al vehículo en el cual se movilizaba pero el hombre finalmente no ingresó porque fue advertido por Videla quien se encontraba dentro del vehículo y le gritó que corra.

En esos momentos el imputado disparó contra la pareja de Videla con un arma de fuego calibre 9 mm. para luego escapar a bordo de un Chevrolet Vectra. La mencionada agresión que no le provocó heridas a la pareja de Videla.

Tras lo anterior, el acusado agredió con el arma de fuego al trabajador judicial impactando al menos un proyectil en la zona del hemitórax izquierdo, herida que le provocó la muerte. Finalmente, el imputado ocultó el cuerpo en un puesto rural ubicado a la altura del kilómetro 62 de la Ruta Provincial N° 6.

La calificación legal por estos delitos es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y abuso de armas.

Intervienen por la Fiscalía el fiscal jefe Andrés Nelli y la fiscal del caso Verónica Villaruel, mientras que la querella que representa a la familia del fallecido está a cargo del abogado Marcial Peralta. El defensor público Juan Pablo Piombo es quien representa técnicamente al acusado. El Tribunal que preside el juicio está compuesto por los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizón y Fernando Sánchez Freytes.

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Lo chocaron cuando todavía estaba detenido en un semáforo de Cipolletti

Será indemnizado por los daños materiales en su coche.

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El conductor de un Volkswagen Gol fue embestido por una camioneta mientras permanecía detenido en el semáforo de la Circunvalación y La Esmeralda de Cipolletti. El hombre probó que la señal lumínica todavía no habilitaba la circulación y que en ese contexto sintió una fuerte frenada y el posterior golpe. Será indemnizado por los daños materiales en su coche.

Un fallo del fuero Civil fijó la suma de $69.010 más intereses en concepto de mano de obra de reparación, repuestos y el tiempo durante el cual el propietario no pudo disponer del auto. La condena alcanza a la dueña de la camioneta Volkswagen Transporter, al conductor y a la compañía de seguros.

La sentencia es de primera instancia y fue apelada, en consecuencia todavía no está firme. Según las pericias, la camioneta Transporter chocó al Gol en la intersección de la Circunvalación y la calle La Esmeralda de Cipolletti.

El dueño del Gol sostuvo que estaba detenido por el semáforo en rojo, sobre la Circunvalación. Y que en esas circunstancias, sobre la misma vía, apareció la Volkswagen Transporter y lo embistió.

La perito describió la mecánica del siniestro calificando la colisión como de «alcance». Concluyó que «en una colisión por alcance, como es la analizada en este caso, la responsabilidad accidentológica recae sobre el agente embistente, dado que las prescripciones legales obligan a mantener una distancia prudente de seguimiento del vehículo que lo antecede y circular a una velocidad tal que le permita detenerse ante cualquier eventualidad que se presente en la vía».

La resolución del caso admitió el dictamen de la perito y consideró las pruebas del expediente. Entre ellas la calidad de embistente del rodado de la demandada, el mismo sentido de circulación con el rodado que lo precedía y las áreas deterioradas de ambos rodados. Dice el fallo: “tales indicios probatorios señalan que es presumible una conducta previa de enlace con el resultado dañoso probado, relativo a un accionar que no conservó una distancia prudencial, la falta de atención a las contingencias del tránsito, que en forma genérica es referido como falta del dominio pleno del vehículo en todo momento de la circulación”.

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Construyó y habitó la casa por más de 30 años: inició el trámite y en poco tiempo pudo escriturar

Después enviudó y se quedó solo con un boleto de compraventa.

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Una mujer de Cipolletti consiguió regularizar la situación de su vivienda mediante un juicio que tramitó prácticamente durante la pandemia. Junto con su marido compró el terreno en el año 1990, allí levantaron el hogar familiar y vivieron por más de 30 años. Después enviudó y se quedó solo con un boleto de compraventa.

Un fallo reciente del juzgado Civil N°9 de Cipolletti ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro registrar el dominio individualizado bajo la titularidad de la mujer que inició el juicio de prescripción adquisitiva.

El Código Civil y Comercial de la Nación define a la prescripción adquisitiva como “el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley”, que para el caso es de 20 años según el artículo 1899.

La mujer inició el trámite en 2019 y, poco tiempo después, se adoptaron las medidas a raíz de la pandemia de Covid-19.

Entonces el expediente mutó al formato electrónico y las presentaciones comenzaron a realizarse a través de la mesa de entradas de escritos digitales.

Las pruebas se produjeron durante el periodo de cuarentena. La mujer aportó el boleto de compraventa firmado en 1990, el informe de dominio, el plano de mensura y los impuestos, tasas y contribuciones. También declararon algunos vecinos, quienes afirmaron que el matrimonio adquirió el lote con algunas bases. Sostuvieron que construyeron y permanecieron allí durante más de tres décadas.

La sentencia que ordenó la nueva inscripción sostiene que luego del minucioso análisis de las constancias se tiene acreditada la posesión que da causa a la acción “en lo que respecta a la invocada posesión del inmueble que se atribuye la actora con ánimo de dueño, al tiempo de acreditar su relación con la cosa es producto de la transmisión de derechos y acciones del poseedor inmediato anterior”.

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