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Opinión

En nombre de la gobernabilidad, todos se arrodillan

Etchepareborda, Presidente del Partido Socialista de Río Negro, analiza el rol de los sindicatos y los gobernadores en el actual contexto socio-político.

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Más allá de expresiones aisladas –en el contexto del peso político que puede tener-, el gobierno del PRO transita sus primeros meses de gestión sin demasiados sobresaltos.

Las organizaciones sindicales -en su mayoría-, poco hicieron hasta ahora para incomodar las decisiones que vienen tomándose desde la casa rosada. Expresiones de deseo, alguna que otra movilización en contra de los despidos, pero nada más. Sólo venimos escuchando; “hay que esperar”, “tratar de coordinar acciones en función de lograr reorganizar un frente gremial que confronte las políticas de la derecha”, “ser pacientes para no equivocarnos”… pero mientras estamos esperando, el macrismo avanza sin piedad, avalado por un sistema judicial que le es funcional, construyendo una cortina de humo alrededor de las causas de corrupción del Kirchnerismo que muy bien transmiten todo el día los canales de televisión y las radios que responden a estos mismos intereses, siendo muy difícil hoy, encontrar medios que hablen de la corrupción del macrismo, que existe y en montones. Está claro que quienes robaron y roban deben ir a prisión, sin importar su grado de popularidad que supieron tener o tengan.

El 4 de agosto, el Presidente, en el marco del Plan Universal de Salud anuncio la devolución de 29000 millones de pesos a las obras sociales de los sindicatos hasta el año 2020. Algunos analizan esto como un gesto de acercamiento, otros lo vemos como una acción extorsiva a la que históricamente se vienen sometiendo los sindicatos conducidos por la burocracia sindical a la que, casualmente, le interesa más manejar esta enorme caja que defender a sus afiliados. Ojalá me equivoque y el próximo 22 de agosto, momento que se anuncia como una jornada singular por prometer la reunificación de la CGT, se encamine a una jornada donde se anuncie también la necesidad de reorganizar al movimiento obrero en el marco de la necesidad de confrontar las políticas económicas y sociales que van en contra de los trabajadores y trabajadoras.

Por otro lado, hace unos días, todos los gobernadores/as o sus representantes –a excepción de La Pampa-, firmaron un acuerdo con el gobierno nacional por el cual este último se compromete a devolver, en cuotas, el 15 % de los fondos coparticipables que Nación adeuda a las provincias desde hace años, a cambio de que estas se comprometan a realizar los ajustes fiscales necesarios con el fin de reducir los déficit provinciales. En otras palabras la Nación devuelve plata que es de las provincias y estas firman que van a llevar adelante un plan de ajuste.

Con otras palabras lo decíamos en un documento de la mesa ejecutiva del PS, que nuestro país descansa sobre un sistema de organización que poco tiene de federal, seguimos todos los ciudadanos aportando a una gran cabeza que se encuentra en la capital federal, dejando un cuerpo en el interior, genuflexo.

Nuestro gobernador no escapa a estas apreciaciones. Pragmático y poco decidido a confrontar con el gobierno de Cambiemos, prefiere salir a decir –pretendiendo mostrarse como un hombre fuerte-, que no piensa discutir aumentos para los trabajadores y trabajadoras en este segundo semestre, convirtiéndose en abanderado del acuerdo firmado con Nación, acuerdo que en la práctica significa un ajuste social como los ya conocidos de otros años. Un ajuste que si se lleva adelante dejará costos sociales durísimos para los sectores pobres y medios.

Desde el Partido Socialista de Río Negro, sostenemos una idea que repetía sin cansancio el compañero Guillermo Estévez Boero: “La torta es una sola y la pelea es entonces por quién y cómo se reparten las porciones”. Las retenciones a los productos agropecuarios fue un intento de distribución de recursos con lo que se pudieron sostener políticas de subsidios al consumo y la generación de políticas sociales inclusivas, claro está y como lo decíamos en otro documento, nunca se tomaron hasta ahora medidas de fondo para lograr la grabación permanente de la riqueza. El debate que plantea el economista francés Thomas Piketty, sobre el derecho de las personas a ser retribuidas conforme a sus méritos o la grabación profunda y permanente de la riqueza desalojando la posibilidad de la herencia como elemento fundacional de la desigualdad, es una discusión que hasta ahora ningún gobierno se animó a plantear, claro está que del macrismo nadie lo espera y que muchos hubieran querido escucharlo del kirchnerismo.

Finalmente, nos queda claro que el sistema político tradicional se vuelve a repetir en nuestro país y asistimos así nuevamente a gobiernos provinciales que se arrodillan o que empiezan a hacerlo, a la pretensión del gobierno nacional, creyendo estos que defienden los intereses del pueblo, pero que en definitiva contribuyen a alimentar los deseos del centralismo porteño.

 

Paolo Etchepareborda.
Presidente Partido Socialista de Río Negro.-

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Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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