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Nueva audiencia por la situación de menores de edad que visitan el Penal 2

Establecieron el próximo 22 de agosto como fecha para la presentación de un reglamento de visitas que resguarde la integridad física y psíquica de los chicos.

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Se realizó esta mañana ante el juez de Ejecución Penal de Roca, Juan Pablo Chirinos, la segunda audiencia por el amparo que presentó la Defensoría de Menores en resguardo de los niños que visitan a familiares detenidos en el Establecimiento Penal 2 de esta ciudad.

Tras la primera audiencia, realizada el pasado 6 de julio, el juez había dispuesto «hacer lugar» al amparo, circunscribiéndolo a tres problemáticas: el ingreso de menores de edad a las celdas, las requisas a niños, niñas y adolescentes que ingresan como visita y la no discriminación entre las visitas de «reunión conyugal», más conocidas como visitas íntimas, y las visitas de «consolidación familiar». También había dispuesto que, previo a la audiencia de ayer, las partes debían reunirse para intentar elaborar en conjunto un protocolo de actuación que contemple los puntos en conflicto. Sin embargo, desde la Defensoría de Menores se informó en la audiencia que ese consenso no fue posible hasta el momento, de modo que se estableció el próximo 22 de agosto como fecha para la presentación de un reglamento de visitas y de requisas que resguarde la integridad física y psíquica de los menores de edad.

El juez explicó que se está brindando a las partes la oportunidad de elaborar un protocolo conjunto que contemple las «múltiples y delicadas aristas» que engloba el planteo del amparo, teniendo en cuenta que la ley prohíbe el ingreso de menores de edad al interior de las celdas pero que al mismo tiempo la unidad penitenciaria emplazada en esta ciudad no cuenta con sectores de visita en todos sus pabellones.

Por la Defensoría de Menores asistieron las amparistas, Estela Aroca y Alicia Terraza, mientras que por la Defensoría de Ejecución participó de la audiencia su titular, Eduardo Luis Carrera, y por la Fiscalía de Ejecución intervino como subrogante Graciela Echegaray. También participaron el secretario de Seguridad y Justicia de la provincia, Marcelo Estéves; el titular del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Ceccini; el abogado por la Fiscalía de Estado, Enrique Llanos, y el subjefe del Penal 2, oficial principal Diego Ramos.

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Judiciales

Por trágico incendio en una celda deberán indemnizar a un sobreviviente y a la familia de un hombre fallecido

Todo comenzó porque un interno prendió fuego un colchón. La familia del preso fallecido cobrará más de 6 millones de pesos de indemnización, mientras que la del sobreviviente casi 3 millones.

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Tres hombres estaban detenidos en un lugar que, según la sentencia de una jueza Civil de Roca, “no era humanamente apto” en el Penal 2 de Roca. “A modo de reclamo”, según admitieron las autoridades penitenciarias, uno de ellos prendió fuego un colchón y murió por la inhalación del humo y las tardías maniobras para apagar el incendio. Otro sobrevivió a quemaduras en el 90% de su cuerpo: pasó dos semanas en terapia intensiva, se sometió a 43 operaciones de reconstrucción de piel y vías respiratorias y quedó con un 85% de incapacidad irreversible y con graves secuelas psicológicas. El tercero sufrió importantes lesiones.

El primero de los hombres tenía 32 años, estaba casado y tenía cinco hijos. Cumplía una pena por un delito contra la integridad sexual. Su viuda dijo en la demanda que había sido trasladado al “locutorio” del Pabellón 11 “a modo de castigo”, por “tener mala relación con sus celadores”. El Estado provincial, al contestar la demanda, dijo que los tres hombres estaban allí porque “registraban problemas de convivencia con otros internos”.

Un fallo del Juzgado Civil N° 3 de Roca definió que la muerte del primero y las gravísimas secuelas del segundo fueron responsabilidad del Estado Provincial, por haber incumplido “uno de sus deberes primarios” previstos en la Constitución: “que las cárceles y/o lugares de detención tienen el propósito fundamental de seguridad de los detenidos”. La sentencia no está firme, porque las partes aún pueden apelar.

La jueza tuvo por acreditado que “el incendio se produjo en un locutorio de visitas dentro del cual estaban alojados” que “siguiera era una celda”; que los colchones no eran ignífugos; que adentro había un encendedor, por lo que también se “incumplió su obligación de requisar el lugar” y que “el comienzo del fuego no fue apagado con la premura que exigía el contexto”. También se probó que “desde días previos sucedían hechos de violencia” en el Penal y que “la situación era de sumo riesgo para las personas detenidas”, según se había reflejado en varios informes y denuncias presentados entre febrero y marzo de 2013. De hecho, el último pedido de la Oficina de Asistencia al Detenido y Condenado, que solicitaba la reubicación de los tres hombres “con carácter urgente” se presentó a las 11.40. El incendio fue alrededor de las 18.30.

La jueza destacó una “grave naturalización de la violencia por parte del propio Estado y dentro del Establecimiento, por cuanto los incendios provocados por los internos son considerados como medio de reclamo”.

Citando precedentes de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza destacó la “posición especial de garante” tiene el Estado por la seguridad de las personas por él mismo detenidas, “toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia”.

Señaló el fallo que el Estado tiene “por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”. “La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de las personas frente a la delincuencia sino también (…) de las propias penadas, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario”, afirmó.

La sentencia distribuyó indemnizaciones por daño material y daño moral a la viuda, los cinco hijos, la madre y el padre del hombre fallecido por un total superior a los 6 millones de pesos, a los que deben sumarse los intereses acumulados desde 2013.

En tanto que al sobreviviente, que tenía 30 años al momento del incendio, le asignó una indemnización de 2,7 millones de pesos por la incapacidad física irreversible y el daño moral, a los que deben sumarse los intereses desde el día del incendio.

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Sustrajo combustible de la empresa para la que trabajaba, lo vendió y fue despedido con causa

Los jueces consideraron que había suficientes causas como para confirmar la extinción del vínculo laboral.

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El chofer de una empresa de servicios de la zona del Alto Valle fue despedido por vender combustible sin autorización. En el juicio laboral, dos compañeros de trabajo confesaron la maniobra y, enseguida, el Tribunal se comunicó con el fiscal de turno para denunciar el ilícito. Le achacaron además conflictos con sus superiores, exceso de velocidad y descuidos en el mantenimiento de los vehículos.

El trabajador inició un juicio laboral para reclamar lo que él consideró un despido “poco serio” e injustificado. Se desempeñó para la empresa de servicios durante un año y cinco meses. Y cuando el supervisor descubrió que faltaba combustible le enviaron una carta documento para notificarlo del despido con causa.

Entre las razones, además de la sustracción de gasoil y posterior venta sin autorización, le recriminaron malos tratos con sus compañeros de trabajo, con sus superiores y hasta con el dueño de la empresa. También incumplimiento de horarios, falta de conocimientos conductivos y descuido de los vehículos a su cargo (además de un choque, los rompía con frecuencia).

El día que la Cámara Laboral de Cipolletti realizó la audiencia de vista de causa para escuchar los testimonios, dos compañeros de trabajo admitieron su participación en la sustracción y venta ilegal de gasoil. Afirmaron que el hombre despedido era el que conseguía los clientes. Ante esa situación, el Tribunal se comunicó con la Fiscalía de turno y denunció el ilícito. Con todas esas pruebas, los jueces consideraron que había suficientes causas como para confirmar la extinción del vínculo laboral.

La empresa solo deberá entregar al ex empleado su Certificado de Trabajo y el Certificado de Servicios y Remuneraciones. La firma también tendrá que abonar el 5% de los gastos del juicio. El restante 95% de las costas corren por cuenta del hombre despedido.

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SITRAJUR alerta por «intentos de modificar» el horario laboral de los judiciales

Por acuerdo paritario la jornada es de 7.30 a 13.30. «Los turnos son garantizados por trabajadores judiciales en vez de funcionarios que son quienes no tienen limite de jornada», indicaron desde el sindicato.

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El gremio SITRAJUR emitió un comunicado de prensa donde advierte que rechaza «los intentos de justificación de modificación de una jornada laboral que, por acuerdo paritario, es de 7.30 a 13.30 horas.

«La jornada laboral es el gran tema que no permite contar con el definitivo convenio colectivo por los insistentes intentos de desbaratar la misma, y eso es lo que se verificó en estos días en el marco del funcionamiento del Consejo de la Magistratura en la ciudad de Cipolletti. Reiteramos desde el SITRAJUR que no existe justificación alguna para establecer turnos vespertinos de trabajo administrativo por diversas razones, siendo la principal que el resto de la administración pública y con la que se interactúa permanentemente no lo tiene», indicaron.

El sindicato que conduce Emiliano Sanhueza -que fue ratificado al frente del mismo en las últimas elecciones-, denunció que «se intenta argumentar que la ‘Justicia’ debe estar disponible las 24 horas por la ocurrencia permanente de hechos que merecen la intervención del Poder Judicial, pero lo que no se dice es que eso existe desde siempre y que se ha ampliado través de los turnos en los distintos fueros. Lo que sí sucede es que muchas veces quienes garantizan los turnos son trabajadores y trabajadoras judiciales en vez de los funcionarios que son quienes tienen la obligación de estar y quienes no tienen limite de jornada».

«Es por ello que desde el SITRAJUR repudiamos los intentos de justificación de modificación de una jornada que por acuerdo paritario del 17 de octubre de 2016 se estableció que es de 7.30 a 13.30 hs. Instamos a las máximas autoridades del Poder Judicial a aportar claridad en este punto y que no se desbarate ni la jornada ni los acuerdos celebrados en el marco de la Ley 5.009», exigieron.

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