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Judiciales

El STJ ratificó condena contra coautor del homicidio de Santibañes

Milton Adán Verdugo deberá cumplir 14 años y 6 meses de prisión.

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El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa del coautor de un homicidio ocurrido en la zona norte de Roca en 2013, del cual resultó víctima José Miguel Santibáñez. En diciembre de 2014, la Cámara Criminal Primera de esta ciudad condenó a Oscar Rubén Nicolás «Nicotina» Hernández como «coautor de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y autor de portación de arma de fuego (de guerra) sin la debida autorización legal» a la pena de 15 años y 6 meses de prisión, al tiempo que condenó a Milton Adán Verdugo como «coautor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego» a la pena de 14 años y 6 meses de prisión. Contra aquella decisión los respectivos defensores plantearon recursos de casación, que fueron rechazados por el STJ en noviembre de 2015. En esta nueva instancia, la defensa de Verdugo interpuso un recurso extraordinario federal que también fue denegado por el máximo tribunal provincial.

El homicidio ocurrió el 1 de octubre de 2013, a las 13:45 aproximadamente, en la calle Misiones al 2800 de Roca cuando «C.G.E. y José Miguel Santibáñez se encontraban dialogando en la vereda del domicilio del primero de los nombrados». Según se tuvo por acreditado tras el juicio oral y público, en esas circunstancias «arribaron al lugar a bordo de una motocicleta 110 cc Verdugo -quien conducía el birrodado- y Hernández -quien iba de acompañante-, y al pasar frente a ambos, Hernández efectuó aproximadamente siete disparos con un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, que portaba sin la debida autorización legal, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de Santibáñez y le ocasionaron lesiones que posteriormente le provocaron la muerte». La investigación constató que los disparos en realidad iban dirigidos a C.G.E., quien había tenido un enfrentamiento previo con uno de los imputados.

La defensa de Verdugo alegó que el fallo fue «arbitrario por ausencia de motivación suficiente», afirmando -entre otros argumentos- que las «contradicciones» del principal testigo de cargo, C.G.E., «nunca pudieron ser disipadas por cuanto éste falleció antes de la audiencia de debate».

Al dictaminar en el caso el Fiscal General advirtió que el recurso «no reúne los extremos requeridos en las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal (Acordada Nº 4/2007 CSJN)» y sostuvo que la sentencia impugnada «cumple con los estándares internacionales y constitucionales impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación». «De ninguna forma lo resuelto puede interpretarse como una violación al derecho de defensa, puesto que el condenado ha sido oído a través del recurso de casación, el que no resultó suficiente para demostrar la conculcación de las garantías constitucionales en que se motivaron sus agravios, lo que le ha impedido quebrar la argumentación lógica y razonada expuesta en el fallo condenatorio», sostuvo el Fiscal General.

En su sentencia, el STJ concluyó que el nuevo recurso no puede prosperar porque «no satisface los recaudos exigidos en la Acordada N° 4/2007 de la Corte» por insuficiencia de «argumentación», considerando que el planteo «se limita a reeditar los motivos fáctico-jurídicos del recurso casatorio» que ya había sido desestimado previa «revisión integral de lo decidido por la Cámara».

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Gremios

«El Poder Judicial al servicio del poder real»

Sitrajur, la CTA y el bloque de legisladores de Unidad Ciudadana, rechazaron el fallo que condena a la vicepresidenta a 6 años de prisión.

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«Lawfare. O más claro, el poder judicial al servicio del poder real muy bien representado en lo símbolico en la reunión de Lago Escondido. Se juntan en la casa del que nos robó un lago para planificar la persecución política de todo lo popular», lamentó Emiliano Sanhueza, secretario general de Sitrajur, una vez conocido el fallo que condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión.

Por su parte, desde la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina expresaron su más enérgico repudio al fallo emitido en la causa Vialidad del Tribunal Federal N° 2 contra Cristina Fernández. «La Fiscalía, encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola, en un capítulo más de la persecución judicial que la mandataria sufre desde que finalizó su gestión en 2015, había acusado a la vicepresidenta de haber sido la jefa de una asociación ilícita durante su gestión al frente del Ejecutivo Nacional. Se trata de los mismos agentes judiciales que demuestran tener una connivencia escandalosa con sectores políticos y económicos interesados en proscribir a Cristina porque no se inclina ante su poder», explicaron.

«Es muy claro que hay una parte del aparato de justicia que quiere eliminar la figura de la vicepresidenta de la política, pero el pueblo argentino no va a agachar la cabeza, vamos a seguir bancando a Cristina. Los trabajadores y las trabajadoras no vamos a permitir un Lula en nuestro país», agregaron desde la CTA.

Asimismo, desde el bloque de legisladores Unidad Ciudadana, respaldaron a la vicepresidenta y repudiaron a «la Justicia corrupta». Consideraron que es «un fallo mafioso y un ataque directo a la Democracia».

«Es un absoluto despropósito el fallo conocido hoy, expresamos nuestro más enérgico repudio. Un atentado contra la Democracia y contra el pueblo, que ve claramente cómo, con algunos jueces, no hay garantía de obtener justicia», indicaron.

Los parlamentarios Alejandra Mas, Gabriela Abraham y Daniel Belloso emitieron su opinión después de conocer la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

«Es muy claro que hay una parte del aparato de justicia que pretende proscribir a la Vicepresidenta de la política, pero tenemos claro que el pueblo y la historia harán justicia, esa que en nuestro país hoy está en manos de jueces y fiscales mafiosos, la que es imprescindible modificar. Basta de mafia judicial», añadieron.

Para finalizar, expresaron que «hoy más que nunca estamos con Cristina, nuestra conductora, la política más importante de los últimos tiempos en Argentina».

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Judiciales

Condenaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión

El fallo agrega la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

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El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes (06/12) a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

El Tribunal también absolvió por mayoría a la ex presidenta y al resto de los acusados por el delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fundamentos del veredicto emitido por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.

La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.

El Tribunal también condenó al empresario Báez a 6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas, José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti les dictó la misma pena como coautores del delito, por lo que también dispuso en relación a ellos su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro.

En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

Agencia Télam.

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Judiciales

Amparo por cuotas de las 62 Viviendas: cuarto intermedio para analizar posibles vías de conciliación

El Ejecutivo roquense se comprometió a mantener las cuotas en curso a los valores de la primera liquidación mientras avancen las negociaciones en el marco del amparo.

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Se realizó esta mañana (05/12) en Roca una audiencia ante el juez Contencioso Administrativo en el marco de un amparo iniciado por 52 familias adjudicatarias de viviendas del Programa nacional Reconstruir en la ciudad. Mediante la acción judicial, interpuesta contra el Municipio de Roca, el grupo solicitó que se revise el modo de calcular las cuotas mensuales que debe abonar cada familia para la compra de las viviendas, que están ubicadas en el cuadrante formado por las calles Avenida Roca, Maipú, Evita y El Chingolo.

El plan habitacional es parte de un programa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación; mientras que el Municipio interviene como ente ejecutor y autoridad de recupero de cuotas para su reinversión en más unidades habitacionales. El pasado 30 de septiembre se entregaron en Roca las primeras 62 unidades del plan de 258 Viviendas.

La audiencia fue convocada por el juez del amparo, Matías Lafuente, «a los fines de abordar en forma conjunta y coordinada la problemática objeto del proceso», según se detalló en la citación. Además el juez solicitó a ambas partes que se presenten a la audiencia con «alternativas de soluciones».

Alrededor de 30 amparistas participaron de la audiencia, con la representación del abogado particular Diego Broggini. La Municipalidad estuvo representada por el abogado Juan Pablo Urquiaga.

Al inicio del acto procesal el juez dio la palabra a una de las amparistas, quien habló en nombre del grupo. La mujer hizo un resumen de la problemática y expuso que la pretensión central es que el valor de la cuota se fije en función del llamado Coeficiente Casa Propia (reconocido por el gobierno Nacional y que tiene en cuenta la variación salarial y la inflación del último año) y no en función del llamado índice UVI (que está atado al índice del costo de la construcción).

Luego, el abogado de los y las amparistas mencionó la normativa que reglamenta el plan Reconstruir y alegó que debe aplicarse un tope legal para las cuotas, las cuales no deberían en ningún caso superar el 30% del ingreso familiar.

A su turno, el abogado que representó a la Municipalidad de General Roca sostuvo que el amparo «no es la vía judicial adecuada» para abordar la problemática y propuso como alternativa la posibilidad de considerar individualmente cada caso particular en el ámbito administrativo local.

Esa propuesta no fue aceptada en forma unánime por los y las amparistas, quienes insistieron en alcanzar una solución para el conjunto, que brinde previsibilidad al valor de las 240 cuotas que tienen por delante.

Tras un cuarto intermedio, el representante del Municipio transmitió en la audiencia el compromiso del Ejecutivo local de mantener las cuotas en curso a los valores de la primera liquidación mientras avancen las negociaciones en el marco del amparo. Con ese compromiso, tanto el Municipio como la totalidad de los y las amparistas aceptaron tomarse un plazo de aproximadamente dos semanas para avanzar en posibles vías consensuadas de solución y volver a encontrarse en una próxima audiencia ante el juez Contencioso Administrativo, que se realizará el 22 de diciembre.

A lo largo de toda la audiencia el juez destacó la importancia de que las partes intenten arribar a un justo acuerdo que permita a las familias cumplir con el compromiso de pago y a su vez permita al municipio sostener en plan de recupero y reinversión de las cuotas.

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