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Amparo obliga a prepaga a cubrir intervención en la Fundación Favaloro

Ordenaron «dar cobertura total» a un vecino de Roca ante una compleja práctica cardiológica.

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La titular del Juzgado Civil N° 1 de Roca, María del Carmen Villalba, hizo lugar a la acción de amparo que presentó un vecino de esta ciudad contra la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, ordenándole «dar cobertura total» a una compleja práctica cardiológica a realizarse en la Fundación Favaloro. El fallo, que aún no está firme porque al ser de primera instancia puede ser apelado, ordena autorizar la cobertura en un plazo de cinco días y prevé una intimación de multa de 5000 pesos diarios en caso de incumplimiento.

El amparista, médico de profesión, relató que comenzó a sufrir problemas cardíacos y que su médico tratante, luego de realizarle estudios específicos, le diagnosticó «fibrilación auricular paroxística de grado 2». Debido a los efectos colaterales que le produjo la medicación suministrada, el especialista le sugirió un procedimiento quirúrgico de carácter definitivo denominado «Críoablación de Fibrilación Auricular», que se realiza en la mencionada Fundación en Buenos Aires. Sin embargo, la empresa sólo autorizó una intervención distinta, de menor complejidad.
Según planteó el amparista, la crioablación solicitada «es una técnica relativamente nueva con 80% de curación, lo que implica la no utilización de drogas con posterioridad, lo que evita efectos colaterales». Señaló que la práctica «es muy costosa y no puede afrontarla económicamente» pero justificó la urgencia en que su estado de salud está dificultando «su actividad profesional, familiar, social y su calidad de vida».

Por su parte la prepaga sostuvo que el tratamiento no está incluido en el Plan Médico Obligatorio ni en el plan médico del convenio del paciente; también puso en duda la conveniencia de la intervención requerida y reclamó una interconsulta. Por otra parte, alegó sobre «el sistema de Salud de nuestro país» y concluyó que «el único y primigenio obligado a proteger la salud en su más amplia acepción es el Estado Argentino», limitando su obligación al «objeto de la medicina prepaga» y del contrato que la vincula con el paciente.

Tras analizar cada planteo, la jueza consideró procedente el amparo por estar en juego «el derecho a la salud, incluso la vida del amparista», a la luz de los certificados médicos incorporados. «Los derechos del paciente que se encuentran vulnerados ostentan protección en la normativa internacional de Derechos Humanos, en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial», agregó.

Consta en los informes que el tratamiento farmacológico no pudo ser tolerado por el paciente, quien sufrió los efectos adversos de la medicación, y por ello se indicó la crioablación. Según informó el especialista tratante, la patología «no solo condiciona la capacidad física diaria del paciente sino que también genera un riesgo elevadísimo de accidente cerebrovascular».

Con respecto a la pretensión de la prepaga de limitar su cobertura al PMO, la jueza invocó el criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia provincial en amparos similares -en los que incluso ha sido demandada la misma empresa-, recordando que aquellos argumentos han sido rechazados por ser el Plan Médico Obligatorio sólo un marco de referencia mínimo, es decir, un «piso» de cobertura. «El PMO no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales», sostuvo la jueza citando también precedentes de Tribunales nacionales.

«Ya la jurisprudencia, tanto local como nacional, se han expedido respecto de la cobertura integral a los afiliados o asociados al sistema de salud de las empresas prepagas, sin perjuicio del proceso posterior con debate y prueba respecto de quién debe responder por los costos, ordenándose que en lo inmediato se cumpla con la práctica requerida por los médicos tratantes por parte de (…) Swiss Medical S.A.», destacó la jueza.
Villalba invocó además un artículo expreso de la Ley 26682, que define el marco regulatorio de medicina prepaga, que dispone el derecho de los usuarios a las prestaciones de emergencia, citando que «los usuarios tiene derecho, en caso de duda, a recibir las prestaciones de emergencia, correspondiendo en forma posterior resolver si se encuentran cubiertas por el plan contratado».

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Judiciales

La Justicia investiga el incendio intencional de una cucha que mató a 9 cachorritos

Se apela a la información que puedan brindar testigos.

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El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de General Roca inició una investigación por un hecho de crueldad animal ocurrido el pasado sábado (19/09) último, a las 10.30 de la mañana en la calle Fitz Roy y Carlos Pellegrini.

En este sentido, solicitan la colaboración de la comunidad para aportar datos tendientes a identificar a las personas que perpetraron el ataque enmarcado en la Ley N° 14346, Artículo 3 de crueldad animal. En el mismo perdieron la vida 9 perros tras un incendio provocado de manera intencional, en una casa de madera en la que vivían.

Por lo anterior, se solicita especialmente y a cualquier persona que pueda aportar datos respecto de actitudes sospechosas o situaciones que podrían tener vinculación con el hecho que se investiga, comunicarse por correo electrónico a: [email protected] y/o al teléfono de turno (0298) 154231271.

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La Justicia impuso 30 días para que ocupantes de las tierras del Polígono dejen el lugar

De no ser así, podrían desalojar a las familias con la fuerza pública.

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Esta mañana (23/09) tras concretarse la última audiencia de formulación de cargos a quienes ocupan tierras del Polígono de Tiro de General Roca, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se disponga el desalojo forzoso del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal.

Entre los motivos expuestos por la Fiscalía, se alegó que los imputados usurparon el predio mediante despojo por clandestinidad, «es decir ingresaron mediante ese modo al lugar, y se mantienen allí, privando a sus dueños de la posesión del inmueble. Dicha situación generó la denuncia penal por parte del presidente de la Asociación damnificada».

Asimismo el equipo fiscal agregó que los imputados hicieron caso omiso a los pedidos de la Fiscalía para la restitución del inmueble, como también fracasaron los intentos de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC) y que se llevaron adelante distintas reuniones a fin de lograr una solución al conflicto, sin ningún resultado.

«La ocupación se produjo desde 15 de junio de 2020 y es necesario adoptar medidas inmediatas a fin de lograr el cese de la comisión del delito y de impedir que el ilícito cometido sea llevado a consecuencias ulteriores», explicó el equipo fiscal integrado por la fiscal jefe Graciela Echegaray, el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual.

Finalmente el Ministerio Público Fiscal mencionó jurisprudencia del Tribunal de Impugnación que abonan su postura, solicitó que se haga lugar a su petición y se intime a los ocupantes al desalojo voluntario en término de 10 días, caso contrario se ordene el desalojo forzoso.

Por su parte la defensa particular solicitó no se haga lugar a la medida cautelar y expresó su negativa.

El juez de Garantías consideró, acogiendo la postura de la Fiscalía, que el Artículo 118 del Código Procesal Penal exige para acceder a la petición fiscal de desalojo forzoso, que se reúnan los requisitos típicos, que el derecho invocado por los damnificados sea verosímil, y existe peligro en la demora.

Marcó la necesidad de que finalice los efectos del delito, dado que hoy continúa usurpado, y se evite la construcción de viviendas en el inmueble. Situación esta última que el propio defensor reconoce, detallaron los fiscales.

El juez tuvo, en su momento, por formulados los cargos contra los imputados por el delito de usurpación, por violación al Artículo 205 del Código Penal y desobediencia a la autoridad pública.

Consideró que la formulación de cargos cumple con el requisito del Artículo 118 en cuanto a que se ha formalizado la investigación de un hecho típico, se acreditó la verosimilitud y la existencia del peligro de demora, entendiendo que la explicación efectuada por la Fiscalía no deja dudas de tal peligro, se trata de un hecho donde la demora natural del proceso y la no concesión de la medida cautelar pueden tornar inviable en el futuro la satisfacción de la pretensión del denunciante.

Agregó que se verificó la investigación de un hecho presuntamente delictuoso cuyos efectos se prolongan en el tiempo y que la permanencia de esa situación puede generar un serio perjuicio al damnificado, que será, cada vez mayor, a medida que transcurra el tiempo. Quedando claro que no puede esperarse a la eventualidad de una sentencia condenatoria.

Por todo lo anterior, el juez de Garantías hizo lugar a la medida cautelar de desalojo forzoso de todos los imputados ocupantes del predio propiedad de la Asociación Patriótica Tiro Federal conforme lo prevé el Art. 118 del Código Procesal Penal. A los fines de hacer efectivo el desalojo se dio un plazo de 30 días a partir de hoy para que los ocupantes imputados en el legajo se retiren voluntariamente.

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Judiciales

No se aplicarán beneficios procesales a quienes cometan actos de crueldad animal

Se trata de los delitos enmarcados en la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346.

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Una nueva Instrucción de la Procuración General determinó que los fiscales de la provincia no podrán aplicar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba a aquellas personas imputadas en casos de crueldad animal. Los delitos enmarcados en esta categoría son aquellos que resultan de la infracción a la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346, entre otras de protección de la fauna.

El instrumento jurídico, que servirá de eje para las investigaciones de los fiscales de toda la provincia de Río Negro, fue suscripto en la jornada de ayer (21/09) por el Procurador General, Jorge Crespo.

El mismo destaca que deben calificarse como graves los actos de crueldad animal “atento al carácter que revisten, en tanto la violencia que se despliega para causar sufrimiento, de manera innecesaria por el modo excesivo, perverso o violento de la conducta denota una intencionalidad marcada en infligir sufrimiento”.

El seguimiento de las causas de maltrato animal de cuenta de la clara voluntad de la Procuración General dirigida a la persecución de este tipo de delitos.

Cabe destacar que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales sostiene que no sólo tienen derecho a la existencia sino también a atención, cuidados y protección de la humanidad. Al mismo tiempo se considera como otro bien jurídico, la preservación de la diversidad biológica.

La Instrucción General expresa además que “el nuevo paradigma de la justicia penal fomenta la participación ciudadana, procurando la paz social y la armonía”.

“Una política de Persecución Penal que incida en la vida ciudadana debe ser transparente, de público conocimiento y encontrarse en una constante revisión en virtud de su aplicación en la realidad, dispuesta a integrar las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del sector de justicia y del Estado en general. Por ello, la opinión de la comunidad será tenida en cuenta al momento de establecer políticas de persecución penal, para que la misma resulte socialmente legitimada por sus destinatarios”.

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