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Amparo obliga a prepaga a cubrir intervención en la Fundación Favaloro

Ordenaron «dar cobertura total» a un vecino de Roca ante una compleja práctica cardiológica.

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La titular del Juzgado Civil N° 1 de Roca, María del Carmen Villalba, hizo lugar a la acción de amparo que presentó un vecino de esta ciudad contra la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, ordenándole «dar cobertura total» a una compleja práctica cardiológica a realizarse en la Fundación Favaloro. El fallo, que aún no está firme porque al ser de primera instancia puede ser apelado, ordena autorizar la cobertura en un plazo de cinco días y prevé una intimación de multa de 5000 pesos diarios en caso de incumplimiento.

El amparista, médico de profesión, relató que comenzó a sufrir problemas cardíacos y que su médico tratante, luego de realizarle estudios específicos, le diagnosticó «fibrilación auricular paroxística de grado 2». Debido a los efectos colaterales que le produjo la medicación suministrada, el especialista le sugirió un procedimiento quirúrgico de carácter definitivo denominado «Críoablación de Fibrilación Auricular», que se realiza en la mencionada Fundación en Buenos Aires. Sin embargo, la empresa sólo autorizó una intervención distinta, de menor complejidad.
Según planteó el amparista, la crioablación solicitada «es una técnica relativamente nueva con 80% de curación, lo que implica la no utilización de drogas con posterioridad, lo que evita efectos colaterales». Señaló que la práctica «es muy costosa y no puede afrontarla económicamente» pero justificó la urgencia en que su estado de salud está dificultando «su actividad profesional, familiar, social y su calidad de vida».

Por su parte la prepaga sostuvo que el tratamiento no está incluido en el Plan Médico Obligatorio ni en el plan médico del convenio del paciente; también puso en duda la conveniencia de la intervención requerida y reclamó una interconsulta. Por otra parte, alegó sobre «el sistema de Salud de nuestro país» y concluyó que «el único y primigenio obligado a proteger la salud en su más amplia acepción es el Estado Argentino», limitando su obligación al «objeto de la medicina prepaga» y del contrato que la vincula con el paciente.

Tras analizar cada planteo, la jueza consideró procedente el amparo por estar en juego «el derecho a la salud, incluso la vida del amparista», a la luz de los certificados médicos incorporados. «Los derechos del paciente que se encuentran vulnerados ostentan protección en la normativa internacional de Derechos Humanos, en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial», agregó.

Consta en los informes que el tratamiento farmacológico no pudo ser tolerado por el paciente, quien sufrió los efectos adversos de la medicación, y por ello se indicó la crioablación. Según informó el especialista tratante, la patología «no solo condiciona la capacidad física diaria del paciente sino que también genera un riesgo elevadísimo de accidente cerebrovascular».

Con respecto a la pretensión de la prepaga de limitar su cobertura al PMO, la jueza invocó el criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia provincial en amparos similares -en los que incluso ha sido demandada la misma empresa-, recordando que aquellos argumentos han sido rechazados por ser el Plan Médico Obligatorio sólo un marco de referencia mínimo, es decir, un «piso» de cobertura. «El PMO no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales», sostuvo la jueza citando también precedentes de Tribunales nacionales.

«Ya la jurisprudencia, tanto local como nacional, se han expedido respecto de la cobertura integral a los afiliados o asociados al sistema de salud de las empresas prepagas, sin perjuicio del proceso posterior con debate y prueba respecto de quién debe responder por los costos, ordenándose que en lo inmediato se cumpla con la práctica requerida por los médicos tratantes por parte de (…) Swiss Medical S.A.», destacó la jueza.
Villalba invocó además un artículo expreso de la Ley 26682, que define el marco regulatorio de medicina prepaga, que dispone el derecho de los usuarios a las prestaciones de emergencia, citando que «los usuarios tiene derecho, en caso de duda, a recibir las prestaciones de emergencia, correspondiendo en forma posterior resolver si se encuentran cubiertas por el plan contratado».

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Caso Videla: Comenzó el juicio de imposición de pena a Colicheo

El mínimo de pena, según la calificación legal por la que fue declarado culpable, es de 10 años y 8 meses de prisión.

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Con la primera ronda de declaraciones, esta mañana (24/06) comenzó la etapa de cesura en la cual se determinará la pena a imponer a Antonio Colicheo, acusado del homicidio del trabajador judicial Javier Videla. El hombre fue declarado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en un procedimiento abreviado parcial.

Está previsto que se realicen dos audiencias con más declaraciones testimoniales los días lunes y martes. En esta última jornada se prevé además que la acusación y la defensa que asiste al acusado expongan sus alegatos de clausura y sustancien los pedidos de pena cuyo mínimo -de acuerdo a la calificación legal por la cual fuera declarado culpable- es de 10 años y 8 meses de prisión.

En primer turno y por los acusadores, declararon el hombre que encontró el cuerpo sin vida de la víctima fatal, el director general de la división de investigaciones judiciales de la Policía de Río Negro y el titular de la Unidad Operativa para la Investigación Fiscal del Ministerio Público. En la continuidad del debate y también por la fiscalía y la querella prestaron su testimonio una compañera de trabajo del fallecido y una compañera de la cooperativa de vivienda de la que Videla formaba parte.

Por la defensa pública que asiste al acusado, declaró la responsable del área de Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Cipolletti.

En un procedimiento abreviado parcial, el acusado aceptó ser el autor de una serie de delitos que comenzaron el 4 de marzo de 2021 alrededor de la 1.20 de la madrugada. En esas circunstancias se hizo presente en la vivienda de la víctima e intentó hacer que la pareja de Videla ingresara al vehículo en el cual se movilizaba pero el hombre finalmente no ingresó porque fue advertido por Videla quien se encontraba dentro del vehículo y le gritó que corra.

En esos momentos el imputado disparó contra la pareja de Videla con un arma de fuego calibre 9 mm. para luego escapar a bordo de un Chevrolet Vectra. La mencionada agresión que no le provocó heridas a la pareja de Videla.

Tras lo anterior, el acusado agredió con el arma de fuego al trabajador judicial impactando al menos un proyectil en la zona del hemitórax izquierdo, herida que le provocó la muerte. Finalmente, el imputado ocultó el cuerpo en un puesto rural ubicado a la altura del kilómetro 62 de la Ruta Provincial N° 6.

La calificación legal por estos delitos es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y abuso de armas.

Intervienen por la Fiscalía el fiscal jefe Andrés Nelli y la fiscal del caso Verónica Villaruel, mientras que la querella que representa a la familia del fallecido está a cargo del abogado Marcial Peralta. El defensor público Juan Pablo Piombo es quien representa técnicamente al acusado. El Tribunal que preside el juicio está compuesto por los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizón y Fernando Sánchez Freytes.

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Lo chocaron cuando todavía estaba detenido en un semáforo de Cipolletti

Será indemnizado por los daños materiales en su coche.

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El conductor de un Volkswagen Gol fue embestido por una camioneta mientras permanecía detenido en el semáforo de la Circunvalación y La Esmeralda de Cipolletti. El hombre probó que la señal lumínica todavía no habilitaba la circulación y que en ese contexto sintió una fuerte frenada y el posterior golpe. Será indemnizado por los daños materiales en su coche.

Un fallo del fuero Civil fijó la suma de $69.010 más intereses en concepto de mano de obra de reparación, repuestos y el tiempo durante el cual el propietario no pudo disponer del auto. La condena alcanza a la dueña de la camioneta Volkswagen Transporter, al conductor y a la compañía de seguros.

La sentencia es de primera instancia y fue apelada, en consecuencia todavía no está firme. Según las pericias, la camioneta Transporter chocó al Gol en la intersección de la Circunvalación y la calle La Esmeralda de Cipolletti.

El dueño del Gol sostuvo que estaba detenido por el semáforo en rojo, sobre la Circunvalación. Y que en esas circunstancias, sobre la misma vía, apareció la Volkswagen Transporter y lo embistió.

La perito describió la mecánica del siniestro calificando la colisión como de «alcance». Concluyó que «en una colisión por alcance, como es la analizada en este caso, la responsabilidad accidentológica recae sobre el agente embistente, dado que las prescripciones legales obligan a mantener una distancia prudente de seguimiento del vehículo que lo antecede y circular a una velocidad tal que le permita detenerse ante cualquier eventualidad que se presente en la vía».

La resolución del caso admitió el dictamen de la perito y consideró las pruebas del expediente. Entre ellas la calidad de embistente del rodado de la demandada, el mismo sentido de circulación con el rodado que lo precedía y las áreas deterioradas de ambos rodados. Dice el fallo: “tales indicios probatorios señalan que es presumible una conducta previa de enlace con el resultado dañoso probado, relativo a un accionar que no conservó una distancia prudencial, la falta de atención a las contingencias del tránsito, que en forma genérica es referido como falta del dominio pleno del vehículo en todo momento de la circulación”.

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Construyó y habitó la casa por más de 30 años: inició el trámite y en poco tiempo pudo escriturar

Después enviudó y se quedó solo con un boleto de compraventa.

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Una mujer de Cipolletti consiguió regularizar la situación de su vivienda mediante un juicio que tramitó prácticamente durante la pandemia. Junto con su marido compró el terreno en el año 1990, allí levantaron el hogar familiar y vivieron por más de 30 años. Después enviudó y se quedó solo con un boleto de compraventa.

Un fallo reciente del juzgado Civil N°9 de Cipolletti ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro registrar el dominio individualizado bajo la titularidad de la mujer que inició el juicio de prescripción adquisitiva.

El Código Civil y Comercial de la Nación define a la prescripción adquisitiva como “el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley”, que para el caso es de 20 años según el artículo 1899.

La mujer inició el trámite en 2019 y, poco tiempo después, se adoptaron las medidas a raíz de la pandemia de Covid-19.

Entonces el expediente mutó al formato electrónico y las presentaciones comenzaron a realizarse a través de la mesa de entradas de escritos digitales.

Las pruebas se produjeron durante el periodo de cuarentena. La mujer aportó el boleto de compraventa firmado en 1990, el informe de dominio, el plano de mensura y los impuestos, tasas y contribuciones. También declararon algunos vecinos, quienes afirmaron que el matrimonio adquirió el lote con algunas bases. Sostuvieron que construyeron y permanecieron allí durante más de tres décadas.

La sentencia que ordenó la nueva inscripción sostiene que luego del minucioso análisis de las constancias se tiene acreditada la posesión que da causa a la acción “en lo que respecta a la invocada posesión del inmueble que se atribuye la actora con ánimo de dueño, al tiempo de acreditar su relación con la cosa es producto de la transmisión de derechos y acciones del poseedor inmediato anterior”.

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