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Opinión

Resabios de la Dictadura

Mario Álvarez, concejal roquense, analiza las declaraciones del legislador Vallaza sobre el operativo montado para detener a Hebe de Bonafini y hace una analogía con la reacción del Municipio ante protestas.

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Según Jorge Vallazza (legislador provincial -FpV-), el operativo montado para lograr la comparencia de Hebe de Bonafini ante el Juez Martínez De Giorgi “…representa un claro mensaje mafioso para un sector de nuestra sociedad, para todas y todos los luchadores sociales”. Coincido en lo que respecta a la inutilidad de semejante movimiento de tropas, armado más para la tribuna que para obtener la finalidad procesal perseguida. A mí tampoco me gustan esas cosas, y preferiría verlas desterrarlas definitivamente de nuestra vida cotidiana, después de haber pasado lo que pasamos.

Pero está claro que no es así, y que más allá de los infaustos registros que nos dejó la última dictadura, la cabeza de la gente funciona conforme su propio ADN. A ese componente no hay almanaque que lo modifique ni dictador que lo suprima. Cada uno es como es, y así anda por la vida.

Lo dicho, a cuento de poder sugerirle respetuosamente a Jorge Vallazza que si mira por el orificio umbilical de su propio espacio político podrá detectar movimientos políticos que ciertamente nos remiten a aquellos años olvidables.
Hace menos de un mes, en oportunidad de celebrarse en el Municipio de General Roca las paritarias tendientes a definir los incrementos salariales de los trabajadores municipales, el intendente Martín Soria (a la sazón también integrante del FpV y Presidente del PJ rionegrino) tomó una serie de decisiones que lo alejan (y bastante) del ideal exigible a un funcionario de la democracia.

No solo ofreció inicialmente un magrísimo incremento salarial (menor al 10%) muy por debajo de cualquier índice inflacionario actual, sino que además, sabiendo que de los cuatro gremios intervinientes en la paritaria sólo la mitad era proclive a aceptar “sumas en negro” más otras cuestiones conexas, decidió interrumpirla abruptamente (buscando la rápida complicidad del Concejo Deliberante) dejando afuera a los remisos y ninguneando las mejoras salariales de los trabajadores, las que deberían estar “…al servicio de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, defendiendo a los que tienen sus derechos vulnerados…” (Vallazza dixit).

Pero además, coartó el derecho asambleario de los municipales, reconocido por la Constitución, cerrando las puertas del Palacio Municipal; colocó policía dentro y fuera del edificio; dispuso custodios estratégicos y hasta permitió que algunos “espías” tomaran fotos intimidatorias a los empleados municipales que permanecían en sus lugares de trabajo. Todas medidas claramente violatorias de derechos humanos básicos, irrenunciables, fundamentales, que ameritaban una toma de posición más dura y terminante de parte de los gremios locales.

Los 70 fueron años extremos, y los que nos tocan vivir también tienen lo suyo. Desde el operativo montado alrededor de Bonafini hasta las decisiones autoritarias del Intendente roquense. Gestos similares, intimidatorios, con sello indeleble de sus mentores.

Abortarlos de cuajo, y para siempre, emerge como una imposición ineludible, si es cierto que de verdad queremos “…la construcción de una sociedad más igualitaria”.

En ese deseo final coincidimos con el legislador.

 

Mario Alvarez
Concejal de General Roca por Juntos Somos Río Negro.-

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Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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