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Opinión

Las Pymes, comercios y hoteles deben ser incluidos en la eliminación del tarifazo

Por Magdanela Odarda, Senadora Nacional por Río Negro.

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El reciente fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determina finalmente la eliminación de los aumentos que ordenó el gobierno nacional para los usuarios residenciales del servicio de gas, pero nada dice acerca de las pequeñas y medianas empresas.

El tarifazo fue resistido con fuerza debido a la forma compulsiva en la que se planteó sin que mediaran audiencias públicas que legitimen, con la participación social, tal decisión.

Vale aclarar que las audiencias públicas tienen raigambre constitucional y son reconocidas como un derecho ciudadano en el artículo 42 de la Constitución Nacional, pues constituyen un mecanismo válido – aunque perfectible- de la democracia participativa y republicana. Deben realizarse previamente a la toma de decisiones en materia de tarifas, y proveyendo a los usuarios de toda la información adecuada y veraz para el debate, algo que en ningún caso se hizo.

El fallo retrotrae el aumento de tarifas para los usuarios residenciales, pero lamentablemente, no incluye en la misma medida a los clubes, escuelas, hospitales, las pymes, industrias, hoteles y comercios que sí deberán pagar el aumento de tarifas de gas natural con retroactividad. El sector de las pymes, industrias y comercios, que constituirían el 74% del consumo de gas natural, deberán pagar el aumento fijado desde el pasado 1° de abril pasado, siendo factible que estos aumentos se transfieran a los consumidores inmediatamente. Algunos sectores comerciales y empresas podrán afrontar el aumento y otros no podrán hacerlo debido a la crisis que están atravesando.

Las pymes hoteleras en Bariloche, que meses atrás recibieron boletas con aumentos del 2000 por ciento, quedaron fuera de la medida judicial con lo cual deberán afrontar el aumento del 500 por ciento acordado con el gobierno.

El próximo 12 de septiembre, estaremos presentes en la audiencia pública que se llevara a cabo en Buenos Aires con el fin de acompañar al sector empresario hotelero y gastronómico, teniendo en cuenta que estas actividades económicas deben protegerse sobre todo en la Patagonia, donde la actividad turística es un medio de desarrollo muy importante, para lo cual solicitaremos una tarifa especial para la patagonia.

Igual crisis afecta a las cooperativas frutícolas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Una cooperativa de Río Negro que produce jugos mayormente de manzana y pera, tuvo que hacer frente a un aumento de electricidad del 179% para el periodo enero/mayo 2016 respecto al mismo periodo del año anterior, quiere decir que el importe pagado por este insumo es muy superior al doble de lo pagado en la temporada anterior en relación a la cantidad de producto industrializado, es 2,79 veces mayor. Y en el caso del gas el aumento fue del 69% respecto al mismo periodo. Es solo un ejemplo que representa la realidad que alcanza a otras empresas frigoríficas y de empaque.

Es necesario que las empresas pequeñas y medianas sean incluidas en la eliminación del tarifazo del gas en alguna medida o escala, pues este sector es considerado la base del entramado productivo de nuestro país y genera un impacto positivo y distributivo en toda la sociedad.

Según algunos informes del 2015, en los últimos años las pymes vieron la caída de sus ganancias. Según una encuesta realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre una muestra de 770 empresas, el 70% de estas firmas operó con rentabilidad negativa o nula. Y el restante 30% de las PyMEs tuvo un leve nivel positivo en sus márgenes.

Ahora bien, si coincidimos que las empresas pymes son el motor de la economía con estadísticas que indican que representan el 99,6% del total de unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, me pregunto cuando se tomaran medidas realmente estructurales desde el gobierno para su beneficio.

 

Magdalena Odarda.
Senadora Nacional del Frente Progresista CC-ARI por Río Negro.-

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Gremios

El nivel de inflación actual está terminando con la clase media y el único responsable es el Gobierno

Nota de opinión por Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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Este nivel de inflación (5,1% en mayo) está terminando con la clase media en el país. La responsabilidad es directamente del gobierno de Alberto Fernández.

Los asalariados formales pobres aumentan drásticamente y el nivel de endeudamiento de los trabajadores se torna insoportable. La suba de los precios de los alimentos por sobre el nivel general afecta significativamente más a los sectores populares. En promedio, la mayoría tiene comprometido más de la mitad de sus ingresos mensuales.

La inflación acumulada en los primeros cinco meses del año llegó a 29,3% y la interanual escaló a 60,7%.

Cabe destacar que uno de los grupos de productos que más aumentó es el de alimentos y bebidas, en un 33,7% en lo que va del año y 64,2% interanual, superando largamente la cifra general.

El único responsable es el Gobierno. No interviene decididamente en el mercado, ni se anima a ponerle un freno a los especuladores y formadores de precios. La suba constante de los precios es un problema al que el Ejecutivo no encuentra solución, ya que a principios de año estimaban que sería de 40%, proyección que difícilmente se cumpla.

Es inaceptable y hasta inmoral, que la economía argentina crezca y las condiciones de vida del pueblo se deterioren al mismo tiempo. Se desvanecen las esperanzas de que el Gobierno recupere el mandato que la ciudadanía le dio en el 2019 y comience a definir políticas en favor de los sectores populares.

Rodolfo Aguiar.
Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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Gremios

Rechazo al pedido del legislador Martin de prohibir el lenguaje inclusivo

Nota de opinión por Paolo Etchepareborda, profesor de Historia, ex candidato a Diputado Nacional por el Partido Socialista y militante de UnTER.

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Las sociedades atraviesan distintos momentos históricos que construyen en parte por tradiciones, pero fundamentalmente por construcciones culturales que hoy se generan desde los sectores que disputan el poder hegemónico y que forman parte del sistema capitalista, y que utilizan todos los medios a su alcance para disputar y construir su poder.

El lenguaje inclusivo, sin lugar a dudas, vino a cuestionar parte de esa hegemonía que se propone como única e irrefutable, la de una sociedad donde la meritocracia y fundamentalmente el patriarcado son condiciones fundantes para sostener ese poder.

Bajo esos preceptos se debe construir la sociedad pretendida y no aceptan por ello nada que cuestione esa lógica.

Por eso no es casual que personajes como la ministra de educación porteña, pero principalmente quien se postula como el representante de esos intereses disfrazado de progre, hayan lanzado una ofensiva contra una herramienta de reconocimiento de un “otre” que no solo “habla” diferente, además cuestiona lo establecido como norma.

En nuestra provincia, como no podía ser de otra manera, apareció en escena un oportunista de la política que, emulando la decisión del gobierno porteño, pretende indicarle al nuevo Ministro de Educación Pablo Núñez que debe hacer lo mismo y prohibir así el lenguaje inclusivo en las escuelas rionegrinas.

Ante este pedido formal, quiero expresar mi rechazo y la del Partido Socialista de Río Negro a la Solicitud del Legislador Rionegrino Juan Martín, de Juntos por el Cambio, quien pretende prohibir, e imagino castigar a quienes lo hagan, el uso del lenguaje inclusivo.

Paolo Etchepareborda.
Profesor de Historia, ex candidato a Diputado Nacional por el Partido Socialista y militante de UnTER.

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Gremios

Cambio en el Ministerio, demora en las respuestas a Educación

Nota de opinión por Sandra Schieroni y Silvana Inostroza, Secretaria General y Secretaria Adjunta de UnTER, respectivamente.

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El gobierno de la provincia definió cambiar de funcionaria a cargo del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Mientras eso sucede, no da respuestas a las demandas de los trabajadores de la educación.

Entre las temáticas urgentes se encuentra la puesta en marcha de las asambleas presenciales de interinatos y suplencias y la revisión del Manual de Títulos de Adultos y Especial que debería ser previo a la inscripción anual.Además, tal como lo venimos planteando, exigimos que todas las escuelas estén en condiciones y que se garantice el circuito acordado para la realización de los exámenes preocupacionales.

Se solicitó que reprogramen las reuniones suspendidas, no hemos tenido precisiones. Desde el Consejo Directivo Central de UnTER vemos con preocupación esta demora en las respuestas requeridas, el sistema educativo no puede parar y los acuerdos paritarios se deben cumplir, más allá de la transición o de quien conduzca la cartera ministerial.

Instamos a las autoridades a dar urgente respuesta a los compromisos asumidos con los trabajadores en el ámbito paritario, que es en definitiva atender las necesidades de la educación pública.

Sandra Schieroni y Silvana Inostroza
Secretaria General y Secretaria Adjunta de UnTER, respectivamente.

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