Este mediodía (08/05), tras la solicitud fiscal, un hombre de 22 años quedó imputado como presunto co-autor del homicidio agravado de Luciano Emanuel García Genissans, hecho ocurrido el pasado lunes (06/05) a la noche en General Roca. Asimismo, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva y quedó detenido.

Según la acusación fiscal, «el 6 de mayo, alrededor de las 22.10, el imputado junto a un menor no-punible, a bordo de una moto Honda, habrían perseguido a alta velocidad a la víctima fatal que se movilizaba con otro sujeto, también en moto», comenzó la descripción la fiscal del caso.

«Los primeros, con un plan común, uno conduciendo y otro de acompañante, portando sin la debida autorización legal, un arma de fuego de grueso calibre. Al arribar a la rotonda de Evita y Maipú, con la intención de dar muerte a García Genissans, efectuaron disparos. Uno de ellos impactó, tal como expresa la autopsia, en la cabeza y el otro en la región lumbar», continuó la fiscalía.

«Las dos personas habrían continuado su persecución detrás del otro hombre, efectuando disparos contra él sin lograr herirlo. Luego se dieron a la fuga», concluyó la representante del Ministerio Público Fiscal.

El equipo fiscal hizo referencia a la profusa evidencia que durante las primeras 38 horas de ocurrido el hecho se ha logrado producir. Esto es la inmediata intervención del personal policial de la Comisaría 21°, como los llamados y la llegada al lugar del servicio SIARME de salud, las variadas entrevistas realizadas en el lugar del hecho y entre el martes y parte de este miércoles. Se incluyó un croquis de la persecución, el pedido de realización de pericia de barrido electrónico sobre restos de pólvora en ropa secuestrada tanto al menor como al imputado, los variados informes del Área de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro, el registro de las cámaras de 911 y particulares, las actas de los dos allanamientos realizados horas después de la muerte de la víctima, las listas sábanas del 911 sobre llamados informando acerca de una persona herida en la vía pública, las denuncias existentes por parte de la víctima hacia los autores del hecho, entre más evidencia.

La calificación legal por la Fiscalía solicitó que se tengan por formulados los cargos es la de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, en concurso real con abuso de armas agravado por la intervención de un menor de 18 años», según los Artículos 45, 55, 79, 41 bis, 41 quarter, 104 del Código Penal.

Oportunamente, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva teniendo presente el peligro procesal de fuga y el posible entorpecimiento al accionar de la justicia.

«Intentó fugarse frente a los funcionarios judiciales, al COER, corrió hacia otro lugar y fue escondido en una vivienda. Tenemos que tener presente la conducta posterior del imputado cuando intentó evadirse en el momento en llegamos a su casa. También consideramos prudente mencionar que muchas personas expresaron sentir temor para prestar su testimonio sobre lo ocurrido, no nos llamaría la atención que el imputado en libertad intente acercarse a ellos para que no declaren», explicaron las fiscales.

El imputado prestó declaración asistido por su defensor de confianza, que además planteó tener otra teoría del caso, y argumentó en torno a ello. Asimismo, pidieron medidas menos gravosas para su representado, como presentaciones y tobillera electrónica.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos, considerando que las evidencias e indicios presentados por la Fiscalía resultan suficientes para tener al imputado como presunto co-autor del hecho y determinó la prisión preventiva por el plazo de 4 meses.

Dos mujeres de 23 y 37 años fueron detenidas por personal de la Comisaría 3º de General Roca momentos después de haber ingresado a un local comercial de calle Mitre y llevarse el teléfono celular del propietario del lugar.

El hombre dio aviso a la Policía que actuó de inmediato logrando dar con las delincuentes cuando se subían a un taxi en calles San Martín y España.

Tras ser identificadas, los efectivos constataron que dentro del taxi se encontraba el celular denunciado como hurtado y además en dos riñoneras que llevaban, se hallaron 11 pares de aros que fueron también reconocidos por el dueño del comercio.

Ante tal situación, el fiscal en turno, dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes.

A raíz de un choque en cadena, dos personas y una aseguradora fueron condenadas a indemnizar al conductor que quedó en medio de la colisión. La sentencia del Juzgado Civil N° 5 de Roca fue contra el dueño del auto que chocó la fila desde atrás -quien ya no tenía el coche pero nunca hizo la transferencia ni la denuncia de venta-, contra la mujer que lo conducía al momento del siniestro y contra la aseguradora contratada por la señora.

El damnificado fue un restaurador de muebles que usaba su camioneta Strada para trasladar su mercadería. El hombre circulaba por la Ruta Nacional N° 22. Ingresaba a Roca desde el este y se detuvo en el semáforo de calle Mendoza, atrás de una camioneta Amarok. Detrás de la Strada venía la demandada en una VW Surán. Como no frenó a tiempo, impactó contra el vehículo del restaurador y éste, a su vez, chocó contra la Amarok. Los daños en la parte trasera y delantera de la Strada la dejaron inutilizable por cuatro meses.

El afectado reclamó el arreglo a la aseguradora de la mujer, pero la empresa negó la cobertura. Se basó en la declaración de su clienta, quien dio una explicación totalmente distinta sobre el accidente. Dijo que el conductor de la Strada frenó de golpe, que ella logró esquivarlo porque se desvió levemente hacia la izquierda y que el restaurador, después de chocar contra la Amarok, hizo marcha atrás y le chocó la Surán con el paragolpes trasero. En el juicio civil la mujer y la aseguradora mantuvieron esa hipótesis.

En paralelo, se hicieron gestiones para dar con el titular de la Surán, quien no pudo ser ubicado ni con cédulas de notificación ni por edictos. El hombre fue defendido «en ausencia» por la Defensa Pública y fue igualmente alcanzado por la sentencia. «Debe responder en calidad de dueño del rodado, lo que surge del informe de dominio (instrumento publico) que adjunta la actora, que da cuenta de su titularidad registral a la fecha del hecho y de la ausencia de denuncia de venta», explicó el juez.

La clave para resolver el caso fue una pericia mecánica que confirmó la versión del dueño de la Strada. El juez explicó que el titular registral debe responder como «dueño» y la conductora debe responder por ser la «guardiana» del vehículo: era quien conducía al momento del hecho y quien contrató el seguro de responsabilidad civil a su nombre.

Según la «teoría del riesgo creado» que define el Código Civil y Comercial de la Nación, «el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado» por su vehículo. Esa responsabilidad es objetiva, por lo que no importa si actuaron con culpa o negligencia al momento de producirse el daño. El único camino que tienen los dueños y guardianes para evitar su responsabilidad objetiva es demostrar que la cosa (en este caso el auto) fue usado en contra de su voluntad o que la causa del accidente fue totalmente ajena a ellos. Ninguna de esas opciones se demostró en este caso.

La indemnización total, calculados los intereses, superará los 3 millones de pesos. Según la sentencia, las dos personas y la aseguradora deberán responder por el valor de la reparación de la Strada, más el dinero que el restaurador dejó de ganar en su trabajo mientras la camioneta estuvo parada (lucro cesante), más la pérdida de valor de mercado del vehículo, más el dinero que debió destinar a transportes alternativos durante los meses que demandó el arreglo.