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Culminó juicio por tentativa de homicidio en Roca

Solicitaron la pena única de 21 años y 6 meses de prisión efectiva, ya que el procesado tiene otra condena de 15 años y 6 meses de prisión desde el 2014.

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Con la declaración de uno de los últimos testigos, culminó hoy la etapa probatoria del juicio oral y público contra Oscar Rubén Nicolás Hernández, quién se encuentra procesado como autor de los delitos de «homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de armas, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego (de guerra), sin la debida autorización legal«.

La Fiscal Teresa Giuffrida, quién llevó adelante la acusación, solicitó la pena de 6 años de prisión. Asimismo, requirió unificar este pedido, con la sentencia firme recaída contra el imputado. En tal sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena única de 21 años y 6 meses de prisión efectiva, más accesorias legales y costas.

Cabe destacar, que el imputado fue condenado por la Cámara Primera en lo Criminal de Roca en diciembre de 2014 a la pena de 15 años y 6 meses de prisión, cuya condena luego fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, por considerarlo «coautor del de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y autor de portación de arma de fuego (de guerra) sin la debida autorización legal».

Durante su alegato, la fiscal ratificó la acusación, quedando acreditado la autoría y responsabilidad penal del imputado. Sostuvo que «el accionar del imputado fue darle muerte a la víctima, mediante disparos mediante un arma de fuego, sin poder consumar el hecho, por cuestiones ajenas a su voluntad», agravado el mismo por la violencia e intimidación hacia la víctima (con un arma de fuego) y por la portación de un arma de guerra, sin la debida autorización legal”.

Según la requisitoria de elevación a juicio el hecho ocurrió «en General Roca el 10 de febrero de 2013, a las 13 horas aproximadamente, en calle Cipolletti llegando a la calle Montevideo de esa localidad, cuando el imputado, quién conducía un vehículo Peugeot 504 color blanco, le tiro el auto encima a la víctima, quién conducía a bordo de una motocicleta, provocando que se cayera de la misma. Transcurridos 20 minutos aproximadamente, el imputado fue hasta al frente del domicilio de la víctima, sito en la calle Cipoletti al 2800, portando un arma de fuego calibre 9 milímetros sin la debida autorización legal, a bordo de una moto color negra acompañado de otra persona, no identificada hasta la fecha. En esa circunstancia, el imputado llamó a la víctima y al no tener respuesta, lo apuntó con el arma y le efectuó varios disparos, al menos 5, sin lograr darle la muerte ni herirlo, debido a que la víctima se tiró al suelo, atento al aviso del hermano de que le estaban apuntando».

Por su parte, la defensa a cargo del defensor oficial Miguel Salomón, solicitó la «absolución de su defendido», y «subsidiariamente requirió que se reduzca la calificación legal a las figuras de abuso de armas y portación».

Cabe recordar, que en la primera audiencia, declaró la víctima, quién reconoció al imputado como el autor de los disparos, como así también, el imputado, quién negó cualquier tipo de participación en el hecho. También declararon el hermano de la víctima y efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría 21° de Roca, quiénes intervinieron en el procedimiento.

El juicio se reanudará con la lectura de la sentencia que está prevista para el 20 de septiembre al mediodía ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Roca.

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Un policía escuchó ruidos sospechosos, corrió, se lesionó y la ART deberá resarcirlo con más de 1 millón y medio de pesos

El uniformado cumplía tareas de vigilancia, saltó, cayó mal y sufrió el desgarro del menisco interno de la rodilla.

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Un policía cumplía tareas de vigilancia en el ingreso al barrio Lavalle de Viedma cuando escuchó ruidos extraños. Inmediatamente saltó, cayó mal y apoyó de manera defectuosa el pie, lo que provocó que sufriera una lesión en la rodilla derecha.

Se hizo la denuncia a la ART, que lo derivó para su atención a la Clínica Viedma. Allí se le realizó una resonancia magnética nuclear con diagnóstico de desgarro de menisco interno de rodilla derecha. Posteriormente se le realizó una videoartroscopía y luego recibió sesiones de kinesiología hasta que se le otorgó el alta médica. Sin embargo, el policía inició la demanda por estar disconforme con la incapacidad otorgada por la Comisión Médica. Esta cifra guarda relación con la indemnización.

Por su parte, el apoderado de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. se presentó y negó parcialmente los hechos relatados en la demanda.

En el expediente el perito médico explicó las lesiones: “La rodilla derecha se constata fría, tumefacta y anatómicamente engrosada con respecto a la contra lateral, dolor a la movilidad de la misma, marcha sobre talones y en punta de pie con dificultad, y puede realizar cuclillas en forma parcial. Presenta hipotrofia muscular con hipotonía, y secuela de desgarro con área de hundimiento muscular en zona del desgarro”.

Tras analizar la prueba, la Cámara Laboral de Viedma condenó a la ART a abonarle al policía en concepto de indemnización por la incapacidad laboral reconocida e intereses la suma de $1.701.319,33.

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Derecho a la identidad: llevará el apellido de su padre, desaparecido en la dictadura

La madre estaba embarazada de cuatro meses cuando, en 1976, agentes del Ejército secuestraron a su pareja en el Alto Valle.

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Un hombre consiguió ser inscripto como hijo biológico de su padre, desaparecido durante la última dictadura. La madre estaba embarazada de cuatro meses cuando, en 1976, agentes del Ejército secuestraron a su pareja en el Alto Valle. Ella se exilió en Paraguay y formó familia con otra persona. El caso tuvo muchísimas dificultades por la falta de un ADN certero.

El fallo judicial ponderó el derecho a la identidad y buscó poner fin a la incertidumbre respecto a la filiación paterna del hombre que impulsó la demanda. La sentencia es del juzgado Civil 3 de Cipolletti.

En el expediente quedó reconstruida parte de la historia que se inició el 12 de junio de 1976. Ese día las fuerzas militares rodearon el domicilio de la familia y secuestraron al hombre, quien hasta la fecha sigue desaparecido. Su caso se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en uno de los juicios de lesa humanidad.

Tiempo después, la mujer consiguió llegar a Buenos Aires y luego cruzó a Paraguay. Su bebé nació y fue inscripto únicamente con su apellido.

Cuando el hombre que interpuso la demanda tenía ocho años le planteó a la madre el hecho de que solo llevaba el apellido materno y no el de sus hermanos, que tenían otro padre. En ese momento, por cuestiones de seguridad y para evitar represalias, la mujer optó por inscribir al niño con el apellido del padre del resto de sus hijos.

El joven tenía 25 años el día que conoció su verdadera historia y decidió empezar a reconstruir sus vínculos. Por entonces encontró a un hermano de su padre desaparecido. Pero el ADN no fue concluyente para determinar su filiación.

El Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial recomendó un cotejo con los progenitores de su padre, previa exhumación de los cuerpos. Luego de efectuar averiguaciones supo que 2010 los cadáveres habían sido trasladados a un osario común. En esa instancia no contaba ni con el cuerpo de su padre, ni con el de su abuelo y abuela. La prueba de ADN practicada con el tío solo configuraba un indicio. No era concluyente.

La jueza, para resolver, consideró que “el accionante se encuentra en una situación ciertamente delicada, pues en lo que atañe a su identidad; se le ha suprimido el dato de su ascendiente en el documento respectivo”. Por ello tomó como pruebas el informe de la Conadi respecto al caso, el testimonio de la madre y del hombre que le dió el apellido (en ese aspecto hubo un juicio de impugnación de paternidad en Buenos Aires). También la corroboración de la historia que provino por parte de otra mujer que estaba casada legalmente con el desaparecido, el expediente del juicio de lesa humanidad que se hizo en Neuquén y las fotografías obrantes en el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos, que demuestran similitud de algunos rasgos faciales entre el hombre y su presunto tío.

La jueza reconoció que la Ley N° 23.511 le otorgó a la prueba biológica (ADN) el carácter de ineludible, a la par de crearse el Banco Nacional de Datos Genéticos aunque admitió que insistir en la prueba del ADN en relación a los abuelos demostraría un excesivo rigorismo en desatención a otras mandas legislativas.

Ponderó además que en el caso se presentan otros elementos que permiten un abordaje integral de la prueba, sopesando también los bienes y principios comprometidos en el proceso. “Esta postura considero además que es la que mejor se compadece con la justicia como valor y fin, y se traduce en la labor propia y esencial del ejercicio de la función judicial”, escribió en la sentencia.

En función del análisis hizo lugar a la acción de filiación y ordenó al Registro Civil y Capacidad de las Personas que inscribiera al hombre como hijo biológico de su padre desaparecido.

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Judiciales

Trabajadores de la ex empresa 18 de Mayo reclaman el pago de la indemnización

Son 10 empleados que decidieron no sumarse a la Cooperativa y hoy mantienen un juicio con la firma que prestaba el servicio de transporte urbano en Roca.

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Tras el cierre definitivo de la empresa 18 de Mayo, quien históricamente prestó el servicio de transporte urbano de pasajeros en General Roca, la mayoría de la planta de trabajadores se unió y conformaron la Cooperativa 1° de Septiembre, justamente quien hoy está a cargo del recorrido de los colectivos en la ciudad. No obstante, 10 empleados decidieron no sumarme a la cooperativa e iniciar una demanda laboral en reclamo de la correspondiente indemnización laboral.

En este sentido, a más de dos años de la quiebra de 18 de Mayo, los 10 trabajadores aún no tienen novedades sobre una resolución judicial y piden que se aceleren los trámites. «Son más de 20 millones de pesos que nos deben al conjunto de empleados», indicó en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) Rodrigo Navarro, ex chofer.

«Somos 10 demandantes, entre choferes, mecánicos e inspectores. Decidimos no sumarnos a la cooperativa porque sabíamos que iba a demorar mucho tiempo y la incertidumbre de que iba a pasar en el medio nos llevó a tomar esta decisión», agregó.

Sostuvo Navarro que «la empresa empezó a andar mal incluso mucho antes del cierre en 2020. A veces no cobrábamos todo completo, íbamos cobrando de a poco».

Finalmente detalló que trabajó «desde el 2008 hasta el 2020. En los últimos años me tocó el recorrido con mayor demanda, el de Barrio Nuevo. Hoy tengo trabajo en otro tipo de transporte», concluyó.

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