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Judiciales

Culminó juicio por tentativa de homicidio en Roca

Solicitaron la pena única de 21 años y 6 meses de prisión efectiva, ya que el procesado tiene otra condena de 15 años y 6 meses de prisión desde el 2014.

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Con la declaración de uno de los últimos testigos, culminó hoy la etapa probatoria del juicio oral y público contra Oscar Rubén Nicolás Hernández, quién se encuentra procesado como autor de los delitos de «homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de armas, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego (de guerra), sin la debida autorización legal«.

La Fiscal Teresa Giuffrida, quién llevó adelante la acusación, solicitó la pena de 6 años de prisión. Asimismo, requirió unificar este pedido, con la sentencia firme recaída contra el imputado. En tal sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena única de 21 años y 6 meses de prisión efectiva, más accesorias legales y costas.

Cabe destacar, que el imputado fue condenado por la Cámara Primera en lo Criminal de Roca en diciembre de 2014 a la pena de 15 años y 6 meses de prisión, cuya condena luego fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, por considerarlo «coautor del de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y autor de portación de arma de fuego (de guerra) sin la debida autorización legal».

Durante su alegato, la fiscal ratificó la acusación, quedando acreditado la autoría y responsabilidad penal del imputado. Sostuvo que «el accionar del imputado fue darle muerte a la víctima, mediante disparos mediante un arma de fuego, sin poder consumar el hecho, por cuestiones ajenas a su voluntad», agravado el mismo por la violencia e intimidación hacia la víctima (con un arma de fuego) y por la portación de un arma de guerra, sin la debida autorización legal”.

Según la requisitoria de elevación a juicio el hecho ocurrió «en General Roca el 10 de febrero de 2013, a las 13 horas aproximadamente, en calle Cipolletti llegando a la calle Montevideo de esa localidad, cuando el imputado, quién conducía un vehículo Peugeot 504 color blanco, le tiro el auto encima a la víctima, quién conducía a bordo de una motocicleta, provocando que se cayera de la misma. Transcurridos 20 minutos aproximadamente, el imputado fue hasta al frente del domicilio de la víctima, sito en la calle Cipoletti al 2800, portando un arma de fuego calibre 9 milímetros sin la debida autorización legal, a bordo de una moto color negra acompañado de otra persona, no identificada hasta la fecha. En esa circunstancia, el imputado llamó a la víctima y al no tener respuesta, lo apuntó con el arma y le efectuó varios disparos, al menos 5, sin lograr darle la muerte ni herirlo, debido a que la víctima se tiró al suelo, atento al aviso del hermano de que le estaban apuntando».

Por su parte, la defensa a cargo del defensor oficial Miguel Salomón, solicitó la «absolución de su defendido», y «subsidiariamente requirió que se reduzca la calificación legal a las figuras de abuso de armas y portación».

Cabe recordar, que en la primera audiencia, declaró la víctima, quién reconoció al imputado como el autor de los disparos, como así también, el imputado, quién negó cualquier tipo de participación en el hecho. También declararon el hermano de la víctima y efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría 21° de Roca, quiénes intervinieron en el procedimiento.

El juicio se reanudará con la lectura de la sentencia que está prevista para el 20 de septiembre al mediodía ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Roca.

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Judiciales

Vendió su auto y el nuevo dueño no pagó más la patente: La deuda se siguió acumulando a su nombre

El Superior Tribunal de Justicia se expidió al respecto.

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El Superior Tribunal de Justicia, en uno de los fallos del año pasado que marcó pautas de acción, definió los requisitos y el camino procesal que debe seguir una acción de hábeas data, conocida también como «amparo especial de protección de datos personales»

Entre las novedades de la sentencia –que es doctrina legal obligatoria para todos los Juzgados de la provincia- se determinó que las apelaciones en estos procesos no se realizarán ante las Cámaras Civiles, sino ante el propio STJ, que en adelante será el Tribunal de alzada. Esta decisión se fundamenta en que el hábeas data participa de la misma naturaleza que el amparo genérico. De esta forma, además, se garantiza la intervención del máximo Tribunal provincial, y se brinda la oportunidad de que las partes puedan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
El fallo fue refrendado por la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que compartieron los criterios establecidos.

El caso

El caso es el de una mujer del Alto Valle que vendió su auto y, a pesar de que hizo la denuncia de venta en el Registro Nacional del Automotor, no hizo lo propio ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que es el organismo que percibe el impuesto provincial de patente. La obligación de hacer esa segunda denuncia de venta surge de la Ley Provincial N° I 1284.

Como tampoco se hizo enseguida la trasferencia del auto en el Registro del Automotor y el nuevo dueño no pagó más la patente, la deuda impositiva se siguió acumulando a nombre de la señora.

En este punto, se dio otra definición del Superior Tribunal de Justicia: la acción de hábeas data no es la vía para resolver esta situación, que se repite con frecuencia.

En efecto, la información que registraba la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia tenía sustento en una Ley Provincial que establece quiénes son las personas obligadas al pago del impuesto. Por lo tanto, si se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial que da sustento a la información así registrada, la vía procesal adecuada para plantear el tema no es el hábeas data, sino precisamente la acción de inconstitucionalidad que prevé el Código Procesal Civil y Comercial.

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Judiciales

Sumarán salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Roca es uno de los lugares donde se llevará adelante la iniciativa que ya funciona en Viedma.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados «al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad».

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y «el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo».

«Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal», dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad Judicial de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Judiciales

Por las dos muertes en el siniestro de Ruta 2, la justicia investiga a una mujer

Fausto Gil de 12 años, oriundo de Roca, murió en el choque, al igual que su tío abuelo-

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La Fiscal Analía Álvarez caratuló como «doble homicidio culposo» la causa por el deceso del menor de 12 años oriundo de Roca, Fausto Gil, y su tío abuelo de 61, Manuel Gil, en un siniestro ocurrido el 31 de diciembre de 2022 en la Ruta provincial 2, a la altura de El Solito.

En la causa la fiscal investiga a una mujer, que sería la conductora de la camioneta Chery Tiggo que el día del siniestro en una maniobra de sobrepaso invadió el carril contrario, provocando, en teoría, choque frontal con el Gol Trend en que viajaban las víctimas fatales.

El Gol Trend era conducido por Manuel Gil, venía con Fausto hacia Roca, donde vivía el menor.

La muerte de hombre mayor ocurrió en el acto. El menor fue asistido por las personas que se acercaron hasta el lugar y trasladado al hospital de Pomona, donde falleció. 

La conductora que viajaba en el Chery Tiggo iba acompañada de su marido y sus hijos adolescentes, quienes sufrieron algunas heridas y fueron atendidos en el hospital de San Antonio Oeste.

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