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Judiciales

Reforma Procesal Penal: Más de 650 personas capacitadas en lo que va del año

Todavía se prevén actividades hasta diciembre, incrementando así el número de funcionarios judiciales que se capacitarán.

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Más de 650 personas ya se capacitaron en lo que va del año en distintos aspectos de la Reforma Procesal Penal. La cifra se duplica si se toma en cuenta la cantidad de asistentes a los más de 40 talleres y charlas, ya que en muchos casos los agentes, funcionarios y magistrados participaron en más de una capacitación. Los datos se consignan en un informe de la Escuela de Capacitación Judicial y recopila la participación de personal del Poder Judicial y también externos relacionados, como abogados y periodistas. El período compilado se extiende desde febrero a la fecha en las cuatro circunscripciones judiciales.

El nutrido plan de capacitación formulado por la Escuela prevé actividades hasta diciembre, por lo que la cantidad de funcionarios, magistrados, empleados, fiscales, defensores, abogados y periodistas que se interiorizarán sobre los aspectos del cambio de paradigma se incrementará.

De los jueces ligados al fuero penal, 41 asistieron al menos a una capacitación, lo que cual representa el 92 por ciento de los magistrados. La primera circunscripción cuenta con 7 jueces, la segunda con 18, y la tercera y cuarta con una decena cada una.

El cronograma anual de capacitación incluyó para los magistrados una amplia oferta de capacitación en el marco de la Reforma Procesal Penal. Comenzó el 29 de febrero y 1 de marzo en Viedma, con el curso “La lógica y valoración de la prueba en un proceso penal acusatorio”. Siguió con el curso intensivo de “Litigación Oral”, que se dio en marzo en Bariloche, en abril en Roca, durante mayo en Cipolletti y se completó en el mes de junio en Viedma. Luego se llevó a cabo en la capital provincial el curso introductorio a la “Litigación oral en los sistemas acusatorios”, el 11 y 12 de abril.

Por otro lado, ya se iniciaron en diferentes circunscripciones y continuarán hasta fin de año las capacitaciones sobre “Conducciones de audiencias preliminares”, “Manejo de audiencias y toma de decisiones” y de “Medidas cautelares en el nuevo Código Procesal Penal de Río Negro”. Asimismo, entre octubre y diciembre, en Viedma, Bariloche y Roca se brindará el curso “Sistemas de recursos en el nuevo Código Procesal Penal”, también dirigido a jueces.

La Escuela de Capacitación, en su planificación anual, también previó la realización de jornadas de observación de audiencias en el nuevo sistema acusatorio en las Jurisdicciones que ya funcionan bajo el nuevo sistema penal: provincias de Neuquén, Chubut y La Pampa, con el objetivo de presenciar distintos tipos de audiencias orales de modo directo para interiorizarse sobre la metodología organizacional, su desarrollo y forma de resolución, en el marco de los roles que habrán de ser desempeñados en el nuevo proceso penal previsto por Ley N° 5020.

También se organizarán en cada una de las cabeceras circunscripcionales talleres a fin de reproducir en términos lo más cercanos a la realidad, la dinámica de una audiencia, con el objetivo que cada uno de los participantes en la capacitación (Jueces, Fiscales y Defensores) tenga la oportunidad de realizar un alto número de actuaciones simuladas para entrenar las destrezas básicas para su desempeño en el proceso

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Gremios

ATE y la CTA Autónoma marchan al Lago Escondido

Exigen al Gobierno de la provincia y a Lewis cumplir con los fallos judiciales.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la CTA Autónoma y otras organizaciones marcharán este martes (31/01) por las calles principales de Bariloche hasta el Centro Cívico, y desde allí se movilizarán hasta el camino de Tacuifí sobre la Ruta Nacional N° 40 a la altura de El Foyel, donde intentarán llegar hasta Lago Escondido.

«De esta manera, buscamos visibilizar su reclamo para que el Gobierno de Río Negro cumpla con los fallos judiciales que lo ordenan acondicionar las vías de acceso al espejo de agua», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto Nacional de ATE.

ATE y la CTA Autónoma impulsan la actividad junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas FeNaT, Unidad Popular, FIPCA y CTA de los Trabajadores. «La marcha va a ser multitudinaria. Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a Nación que no se sigan haciéndose los distraídos», agregó Aguiar.

«La sociedad ilícita compuesta por jueces, fiscales y empresarios que se reúnen en la mansión Lago Escondido comienza a tener fisuras. El creciente consenso social debilita el apoderamiento ilegal de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos en la Patagonia», añadió el dirigente.

«Será la séptima vez que con ATE y la CTA Autónoma intentemos arribar a las costas apropiadas por Joe Lewis tras la compra irregular de 12.000 hectáreas de frontera a partir de 1996. Esa maniobra fue investigada en una causa cerrada por prescripción en octubre pasado con la firma de Carlos Mahíques, uno de los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de numerosas pruebas contra los imputados», detalló Aguiar.

«Hemos solicitado la intervención de las fuerzas federales de seguridad del gobierno nacional y pusieron en marcha su andamiaje legal para garantizar que ningún manifestante sea amenazado en el trayecto, como ocurrió el año pasado con 50 jinetes a punta de pistola», sostuvo.

Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche ordenó en octubre a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí, señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad. Este fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

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Judiciales

La Policía de Río Negro detuvo a Facundo Jones Huala en El Bolsón

Estaba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.

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En un operativo realizado este lunes a las 4 am, la Policía de Río Negro detuvo a Facundo Jones Huala en una vivienda de El Bolsón. La detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022, se produjo tras varios meses de investigaciones de la fuerza de seguridad rionegrina, que tuvieron su resultado en la madrugada de hoy.

En el procedimiento, los efectivos de la Policía rionegrina atraparon a Jones Huala mientras se encontraba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.

A partir de la determinación de la fuga de Jones Huala en Chile, y la posibilidad que se trasladara a la Patagonia para refugiarse, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaron a cabo distintos operativos, que incluyeron intensos trabajos de búsqueda a través de sus unidades especiales y de la Brigada de Investigaciones para poder dar con su paradero. En la jornada de hoy, dichos esfuerzos rindieron sus frutos.

Inmediatamente se produjo su detención al tiempo que se está trabajando de manera articulada con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir.

Actualmente Facundo Jones Huala presenta vigente una alerta azul de Interpol, destinada a conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

Actualmente el Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen Chile que emitió la alerta, para que en el término de 4 horas informe si transformará la misma en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición. No obstante a ello, en el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos.

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Judiciales

Vendió su auto y el nuevo dueño no pagó más la patente: La deuda se siguió acumulando a su nombre

El Superior Tribunal de Justicia se expidió al respecto.

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El Superior Tribunal de Justicia, en uno de los fallos del año pasado que marcó pautas de acción, definió los requisitos y el camino procesal que debe seguir una acción de hábeas data, conocida también como «amparo especial de protección de datos personales»

Entre las novedades de la sentencia –que es doctrina legal obligatoria para todos los Juzgados de la provincia- se determinó que las apelaciones en estos procesos no se realizarán ante las Cámaras Civiles, sino ante el propio STJ, que en adelante será el Tribunal de alzada. Esta decisión se fundamenta en que el hábeas data participa de la misma naturaleza que el amparo genérico. De esta forma, además, se garantiza la intervención del máximo Tribunal provincial, y se brinda la oportunidad de que las partes puedan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
El fallo fue refrendado por la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que compartieron los criterios establecidos.

El caso

El caso es el de una mujer del Alto Valle que vendió su auto y, a pesar de que hizo la denuncia de venta en el Registro Nacional del Automotor, no hizo lo propio ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que es el organismo que percibe el impuesto provincial de patente. La obligación de hacer esa segunda denuncia de venta surge de la Ley Provincial N° I 1284.

Como tampoco se hizo enseguida la trasferencia del auto en el Registro del Automotor y el nuevo dueño no pagó más la patente, la deuda impositiva se siguió acumulando a nombre de la señora.

En este punto, se dio otra definición del Superior Tribunal de Justicia: la acción de hábeas data no es la vía para resolver esta situación, que se repite con frecuencia.

En efecto, la información que registraba la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia tenía sustento en una Ley Provincial que establece quiénes son las personas obligadas al pago del impuesto. Por lo tanto, si se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial que da sustento a la información así registrada, la vía procesal adecuada para plantear el tema no es el hábeas data, sino precisamente la acción de inconstitucionalidad que prevé el Código Procesal Civil y Comercial.

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