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Río Negro

Aprobaron iniciativa para regular la psicomotricidad

Milesi, autora del proyecto, destacó que con la nueva ley “quedan especificadas las incumbencias, las prohibiciones, las obligaciones, los derechos, las inhabilidades y el ámbito y desempeño de estas profesiones”.

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La Legislatura provincial aprobó ayer por la mañana el proyecto de ley que busca regular el ejercicio de la psicomotricidad en la provincia de Río Negro, e incorporarla a las actividades que se rigen por la Ley Provincial N° 3338, que define y regula las profesiones y actividades relacionadas con la salud.

La autora del proyecto, Marta Milesi (JSRN), explicó a la Cámara que la N° 3338 fue modificada en numerosas oportunidades “a raíz del crecimiento acelerado de las nuevas tecnologías, y no sólo de los métodos de diagnóstico y tratamiento, sino de la formación de nuevos profesionales y técnicos en nuevas disciplinas”.

Expresó que la psicomotricidad es una disciplina que tiene como objeto de estudio el cuerpo del sujeto, entendido como una construcción en y para la relación con el otro, y ubicado en el entrecruzamiento de la estructura neurobiológica y la estructura psíquica. A su vez, señaló que psicomotricista acompaña al sujeto a conocer y valorar el cuerpo y sus manifestaciones como forma de ser y estar en el mundo, necesario para la relación con los demás y como recurso para exteriorizar el mundo interno del sujeto en desarrollo.

Afirmó también que la intervención profesional se centra en la promoción de formas operativas de aprendizaje significativo en todas las instancias del desarrollo de las personas, desde la niñez hasta la tercera edad. Trabaja interdisciplinariamente en prevención, diagnóstico y tratamiento, en instituciones públicas y privadas del ámbito de la salud, social y comunitario, educacional, laboral y forense.

Milesi indicó que en Río Negro, el Consejo Provincial de Educación aprobó por resolución, el año pasado, la “Tecnicatura Superior de Psicomotricidad”, con una duración de cuatro años.

La legisladora señaló que en el proyecto “quedan especificadas las incumbencias, las prohibiciones, las obligaciones, los derechos, las inhabilidades y el ámbito y desempeño de estas profesiones”. La autoridad de aplicación propuesta es el Ministerio de Salud, el que también estará a cargo de otorgar la matrícula.

De acuerdo al articulado, el ejercicio de la profesión podrá ser ejercida por quienes acrediten título de Licenciado/a en psicomotricidad expedido por Universidad Nacional o Provincial Pública o Privada; título de Psicomotricista expedido por Universidad Nacional o Provincial Pública o Privada; título de Psicomotricista expedido por Institutos de Educación Superior, no Universitario; o título de Licenciado en Psicomotricidad o Psicomotricista expedido por Universidad extranjera, revalidado en la República Argentina.

Por su parte, el legislador Jorge Vallaza adelantó el voto favorable del Frente para la Victoria, porque “está demostrado que prácticamente todos los aprendizajes que vamos haciendo tienen que ver con la construcción del cuerpo y la imagen corporal, no solamente a nivel psicomotor sino también emocional y cognitivo”.

Capital de la Pesca Deportiva

La Cámara aprobó también un proyecto para declarar al Municipio de Dina Huapi como “Capital Provincial de la Pesca Deportiva en su modalidad Mosca”, por su ubicación geográfica, características distintivas y de especial calidad ambiental para el desarrollo de este deporte. Según sus autores, Facundo López y Leandro Lescano (JSRN) esta declaración conlleva un alto compromiso con la conservación del ambiente y de las especies naturales que lo conforman.

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Río Negro

La Provincia quiere regular el uso de cámaras de vigilancia

El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

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El Ejecutivo Provincial busca regular la instalación y utilización de las cámaras de vigilancia instaladas en lugares públicos o privados de acceso público, con fines exclusivos de seguridad pública. El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

A través de un proyecto de ley, presentado por la gobernadora Arabela Carreras con Acuerdo de Ministros, se propone regular la utilización de los sistemas de videovigilancia en 18 localidades (serán 21 con las obras que se encuentran en ejecución) con 15 centros de monitoreo locales, bajo la coordinación del Centro de Monitoreo General de Viedma.

A través de esta iniciativa, se busca conformar un marco adecuado para regular el sistema a partir de la propia experiencia y de los conocimientos generados en otras provincias y países.

En la elaboración del proyecto de ley, los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia tuvieron en consideración la existencia de numerosas cámaras privadas que, atendiendo a propósitos de seguridad personal o comercial, captan imágenes de ámbitos públicos y privados. Es preciso que estas cámaras también queden sujetas a cierta regulación en cuanto a la captación y grabación de imágenes de la vía pública.

Por otro lado, el proyecto también busca regular cualquier sistema de captación de imágenes que porten las fuerzas de seguridad de la provincia, tales como las cámaras corporales y los drones.

Los principales puntos del proyecto

Busca regular la utilización de las cámaras de vigilancia que se utilizan con fines exclusivos de seguridad pública. Se establece que las videocámaras solo podrán utilizarse para la preservación de la seguridad pública y la atención de emergencias, respetando el procedimiento indicado para su autorización y colocación, como también que la existencia de videocámaras debe comunicarse a la ciudadanía mediante cartelería adecuada.

Los principios que regirán la utilización de esta tecnología son los de proporcionalidad y razonabilidad, y los de intimidad y privacidad, y se establecen, además, límites en los lugares de colocación de las cámaras y en la captación de sonidos.

Con respecto a las grabaciones obtenidas, se establece la absoluta confidencialidad de las imágenes, y las sanciones que acarrea el incumplimiento de tal confidencialidad por parte de las personas con acceso a las grabaciones, como también los supuestos especiales que exigen la destrucción de las grabaciones.

Se regulan también cuestiones que hacen a un mejor funcionamiento del sistema de video vigilancia. Se indica que el Ministerio de Seguridad y Justicia, como autoridad de aplicación, establecerá el procedimiento de tramitación de autorización para la colocación de cámaras, indicando los criterios de colocación, pudiendo asimismo dictar las normas complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la ley.

Para decidir la instalación de nuevas videocámaras, el Ministerio deberá observar cuestiones como la participación ciudadana (requerimientos de la ciudadanía); datos estadísticos (índices delictuales y densidad poblacional) y necesidades especiales con respecto a la seguridad (como las de ciertos grupos poblacionales o lugares estratégicos).

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Policiales

Tenencia ilegal: Recuperaron 34 aves de distintas especies

Entre ellas, tenían un Cardenal amarillo, una especie en peligro de extinción debido a la captura ilegal como mascota.

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Efectivos de la Policía de Río Negro, pertenecientes a la Comisaría 40° de Chichinales, junto a Guardafaunas de la Dirección de Fauna Silvestre, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, llevaron adelante un allanamiento en esa localidad, por tenencia ilegal de aves silvestres, que para la Ley Nacional N° 22.421 representa un delito.

Los Guardafaunas provinciales recuperaron unas 34 aves de distintas especies, entre ellas un Cardenal amarillo -especie en peligro de extinción debido a la captura ilegal como mascota-, Cardenales de copete rojo, Pepiteros de collar, Corbatitas, Monteritas, Jilgueros y Mistos entre otras especies.

Las aves quedaron a resguardo en el Centro de Cuarentena y Rehabilitación de los Guardafaunas Honorarios de Rio Negro, donde luego de recuperar su musculatura de vuelo, serán liberadas en el ambiente natural.

El operativo se activó luego de que el juez interviniente ordenara un allanamiento debido a una presentación penal realizada en el Ministerio Publico Fiscal de Villa Regina por parte de personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, previo realizar una investigación originada a partir de una denuncia anónima.

“Cabe aclarar que existe un importante riesgo sanitario asociado a las aves silvestres en cautiverio, ya que estas se estresan y liberan una bacteria causante de la enfermedad conocida como Psitacosis, que puede ser mortal para las personas” indicó Fabian Llanos, Subsecretario de Biodiversidad y Cambio Climático.

Por otra parte, autoridades de la Dirección de Fauna Silvestre recordaron que la tenencia de animales silvestres en cautiverio es una infracción a la ley provincial de fauna N° 2.056 y un delito para la Ley Nacional N° 22.421.

Cualquier ciudadano puede realizar una denuncia anónima al teléfono 2920612000 o en privado en las redes sociales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

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Judiciales

Resarcimiento para mamá que pagó 20 cuotas del viaje de egresados de su hija y lo suspendieron

La empresa no la atendió más. Fue durante la pandemia por el COVID.

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Una mamá sanantoniense celebró un contrato con una empresa para la realización del viaje de egresados de su hija, con destino a Uruguay y Brasil. Abonó la seña y comenzó a pagar las cuotas. A los pocos meses se desató la pandemia de COVID.

Sin embargo, continuó pagando mensualmente hasta completar 20 cuotas. En septiembre de 2021, con las restricciones sanitarias flexibilizadas, fue a consultar por la fecha del salida. Luego de reiterados llamados consiguió contactarse y le informaron que habían cancelado el viaje. Posteriormente, no hubo más comunicación con la empresa.

Oportunamente inició el reclamo de carácter administrativo en el Departamento de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Allí la empresa reconoció la suscripción del contrato de prestación de servicios turísticos y ofreció devolver un poco más de 50 mil pesos en dos cuotas. Pero la mamá aseguró que era menor al que correspondía.

Como no se arribó a ningún tipo de acuerdo la mujer decidió iniciar la demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste. Se convocó a la audiencia, pero sólo asistió la parte demandante y la empresa no justificó su ausencia.

En el fallo, la jueza de paz suplente dijo que se trataba de una “contratación comercial” que ubica la relación en el marco del derecho del consumidor.

Explicó que “el perjuicio sufrido por la actora no solo fue el hecho en sí de la cancelación del viaje, y la falta del reintegro de las sumas ofrecidas en tiempo y forma”. También “la conducta desplegada por la demandada en la falta de respuestas adecuadas, efectivas y concretas, no hacen más que comprobar la situación de padecimiento y aflicción por parte de quien demanda. Obligando al derrotero de reclamos por las diversas vías que debió concurrir”.

Recordó que la Ley 24.240 que establece: «el daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios”.

Tuvo en cuenta que “de la prueba documental aportada por la mujer se vislumbra que la empresa demandada ha desplegado una conducta desaprensiva para con la mamá en los reiterados reclamos efectuados”. En este contexto, “este tipo de practicas empresariales y abusivas son pasibles de la implementación de la sanción normada en el articulo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, en concepto de daño punitivo”.

Finalmente el Juzgado de Paz condenó a la empresa Bienes G y G S.A , cuyo nombre de fantasía es London Travel, a abonar a la mujer la suma de $100.000 en concepto de daño directo, más $80.000 en concepto de daño punitivo, más intereses.

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