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Más de 120 personas participaron del simulacro de juicio por jurados en Roca

Con la participación de más de 120 personas, se realizó en Roca este lunes un simulacro de juicio por jurados, abierto a todo público, en el salón Auditorio de la Ciudad Judicial.

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Estudiantes de la Cátedra Seminario de Derecho Penal, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, estuvieron a cargo de la presentación de un caso ficticio de homicidio, divididos en equipos de fiscalía y defensa. Expusieron sus alegatos y evidencias ante un jurado popular integrado por 12 vecinos de Roca. El jurado siguió atentamente las declaraciones de los testigos y la exhibición de la prueba y finalmente pasó a deliberar en sesión secreta durante casi una hora. El veredicto fue de inocencia, debido a un empate de seis a seis respecto de la culpabilidad de la mujer imputada.

El simulacro representó el trabajo de evaluación final de los estudiantes y se enmarcó a su vez en la política del Poder Judicial de difusión de la Reforma Procesal Penal, la cual entrará en vigencia en la provincia de Río Negro el año próximo. El objetivo fue, además, compartir y replicar con la ciudadanía los alcances y principios del nuevo modelo penal acusatorio, en su misión de transparentar, democratizar y abrir a la comunidad la toma de decisiones en el proceso punitivo de los delitos más graves.

El jurado popular estuvo integrado por Mónica Dailoff, enfermera del hospital de Roca; Mario Zurbriggen, médico generalista y a cargo del centro de salud del barrio Villa Obrera; Azucena Maulén, agente sanitaria del barrio Chacra Monte; Carlos Pablo, empresario y referente de instituciones locales; Juan Durán, delegado para el Alto Valle de la Subsecretaría de Participación Comunitaria y Seguridad Ciudadana; Isabel Nahuelñir, presidenta de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Quintún; Gabriela Molina, ama de casa, comerciante y estudiante; Andrés Díaz, empleado de seguridad y estudiante; Gissel Matus, empleada doméstica y estudiante; Felipe Gerbán, presidente de la Cooperativa de Trabajo J.J. Gómez (ex Fricader); Andrea Rapimán, psicóloga social y acompañante terapéutica, y Damián Berrios, empleado de comercio.

Como testigos participaron de manera voluntaria y con destacable compromiso el médico forense Ismael Hamdan; la psicóloga forense Mónica Lorena García, la estudiante Nara Marquioli, el empleado policial Juan Tardugno, el empleado judicial Sergio Llanquinao y la agente policial Viviana Farnochi, quien interpretó a la imputada.

Algunas conclusiones

Al finalizar el simulacro, el juez Tobares agradeció «a toda la gente que prestó su colaboración para que esto se lleve adelante, y especialmente a los miembros del jurado, que dejaron de lado sus actividades laborales para estar acá». También agradeció el acompañamiento de los abogados invitados Alejandro Moldes y Juan Carlos Fernández, quienes integraron el Tribunal de juicio, y destacó especialmente «a los estudiantes, que hicieron un trabajo espectacular y mantuvieron la atención del público en todo momento».

«Esto es una demostración de que estas nuevas técnicas que incorpora el nuevo Código Procesal Penal, como la oralidad, la inmediación, la contradicción, van a tener éxito y nos van a permitir agilizar las causas penales y brindar otro tipo de respuesta a la sociedad», concluyó Tobares.

El estudiante Matías Rubio, capitán del equipo de la fiscalía, expresó: «Nos enorgullece participar en este tipo de actividades y acercar a la comunidad lo que va a ser este nuevo sistema. Nos llevamos la atención de la gente y el interés por conocer estas nuevas prácticas, que vienen a favorecer la participación ciudadana y el acercamiento del pueblo a la justicia, que es sin dudas algo que necesitamos como sociedad».

El capitán del equipo de la defensa, José Francesena, agregó: «La experiencia ha sido positiva, creo que es un modo mejor, a nivel jurídico, de democratizar la institución del Poder Judicial, y es un modo de responsabilizar a los ciudadanos sobre el funcionamiento del Poder Judicial. No es lo mismo quejarse de la calidad y la cantidad de las penas mirándolo desde afuera que cuando se tiene la responsabilidad de asistir a un juicio, ver cómo funciona el procedimiento penal y tomar una decisión». También agradeció al profesor Tobares por la organización del simulacro y a los docentes del seminario de Litigación Juan Pablo Chirinos y Melina Pozzer por el entrenamiento específico que les brindaron durante el año.

La experiencia del jurado

Carlos Pablo, integrante del jurado, agradeció la invitación y sostuvo que «es muy bueno que como ciudadanos podamos participar y aportar nuestro granito de arena en lo que creo que es una tendencia mundial en el camino al juicio por jurados». Sobre el proceso de deliberación del jurado, sostuvo que fue bueno «porque vimos distintas opiniones desde distintos lugares y fue muy respetuoso». Agregó que «en lo personal tengo ciertas dudas, porque creo que el Poder Judicial todavía tiene otras prioridades», y en cuanto a la agilización de los procesos con el nuevo sistema valoró que «la víctima de un hecho, cuando más tarda en recibir respuesta, más concentra odio, porque transforma su dolor en odio, y eso no contribuye en nada para el resto de la sociedad».

Por su parte Mónica Dailoff sostuvo que «fue una experiencia maravillosa, que nos permitió ver las cosas desde otro punto de vista». Señaló que más allá del «sabor amargo de no haber podido arribar a una decisión unánime, lo destacable es que pudimos respetarnos cada uno de nosotros en nuestras opiniones».

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Judiciales

El STJ confirmó sentencia para que obra social brinde cobertura total a paciente oncológica

El máximo órgano judicial de la Provincia ratificó un fallo de un Juzgado de Roca y condenó a Unión Personal.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de amparo dictada por un juzgado Civil de Roca y condenó a la obra social Unión Personal a brindar la cobertura total del tratamiento de radioterapia a una paciente oncológica.

El caso llegó al STJ a raíz de la apelación de la obra social contra una sentencia civil de Roca, que había hecho lugar al amparo de la afiliada. Tras analizar los argumentos de la parte, el máximo tribunal ratificó la orden de brindar “cobertura y provisión integral (100%) del tratamiento indicado por su médica tratante para la realización de radioterapia de intensidad modulada de dosis (IMRT) dentro de los cinco días de notificado”.

El STJ coincidió con la jueza de Roca en que “no existe otro medio para tutelar en forma más rápida y efectiva la salud de la amparista”.

El fallo valoró que, según su médica tratante, la paciente “tiene alto riesgo de recaída tumoral, que fue operada hace un mes y que posponer el inicio del tratamiento implica mayor riesgo de recidiva local”. Se consideró que el tratamiento señalado por la médica “fue suficientemente justificado y evaluado”, a diferencia del tratamiento alternativo sugerido por la obra social.

“La amparista presenta un cuadro de salud que exige una tuición especial para lograr un completo bienestar psico-físico, social y laboral, por tratarse de una paciente oncológica donde la cobertura debe ser integral”, señaló la sentencia.

“Ha quedado acreditada la necesidad de la amparista (…) de contar con el tratamiento de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) prescripto por su médica especialista”, concluyó el STJ. Destacó además que la obra social no contradijo las indicaciones de la oncóloga ni “tampoco expuso argumentos científicos que demuestren que en el caso concreto tal indicación resulta errónea o injustificada”.

Finalmente el STJ consideró que el fallo de primera instancia “además, ha sido motivado en los máximos postulados constitucionales que hacen al derecho de la salud”, respetando los precedentes del máximo tribunal. «El artículo 59 de la Constitución Provincial establece que la salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación”, recordó el STJ.

«En casos como el de autos resulta necesario tener como principio rector la calidad de vida del paciente. Las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, garantía que se obtura al negarle al actor el acceso al tratamiento aconsejado por su médico tratante”, agregó el STJ, ratificando su jurisprudencia.

“El médico tratante es el especialista en quien el enfermo ha confiado ese control de calidad, es el llamado a determinar si su paciente realmente necesita un medicamento o un tratamiento determinado, con qué grado de urgencia y en qué estadio de la enfermedad”, indicó. “En conflictos de esta naturaleza -entre el médico tratante y la entidad prestadora de salud-, corresponde priorizar lo que el médico tratante evalúa con relación a la confiabilidad de lo que indica, a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza”, finalizó el STJ.

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Judiciales

No le permitía trabajar a su pareja y ejerció violencia de género: lo excluyeron de su casa

Desde que llegó a Roca la mujer no pudo generar lazos sociales de ningún tipo con el agravante de que la pareja le negó la posibilidad de buscar trabajo.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

Una mujer que se encuentra en una “clara situación de vulnerabilidad” estaba siendo víctima no sólo de violencia física sino psicológica y económica por parte de su pareja. En ese contexto y luego de denunciar el caso en la Comisaría de la Familia, un fallo judicial ordenó la exclusión del hogar y varias medidas de protección.

La casa le pertenece al hombre excluido, pero la resolución del Juzgado de Paz de Roca consideró las circunstancias que rodean el caso. Desde que llegó a la ciudad la mujer no pudo generar lazos sociales de ningún tipo con el agravante de que la pareja le negó la posibilidad de buscar trabajo. “Eso le hubiese permitido gozar de independencia económica para poder alquilar otra vivienda y retirarse de la actual”, se afirma en el texto que ordenó las medidas de protección.

En la casa viven, además de la mujer, su hija embarazada de tres meses, la pareja de ella y un niño. “Las demás personas son víctimas indirectas de los actos de violencia”, se consideró.

Las medidas se adoptaron utilizando todos los mecanismos incorporados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para garantizar el servicio en el contexto de la pandemia. La realización de audiencias virtuales, notificación por mensajería electrónica, habilitación de teléfonos de urgencia y el uso de la plataforma MEED (Mesa de Entradas de Escritos Digitales) fueron algunas de las soluciones que permitieron la continuidad de más de 27.000 procesos judiciales y el inicio de nuevas causas.

Sobre esos fundamentos, se dictó la exclusión del hogar del hombre y una serie de medidas de protección para la víctima. Una prohibición de acercamiento hacia la mujer de 200 metros y la advertencia de no realizar actos de hostigamiento, reclamos personales de cualquier índole, agravios, entre otros. Ello bajo la posibilidad, en caso de incumplimiento, de dictar nuevas medidas como arresto, multa económica o trabajo comunitario.

El caso fue derivado a uno de los Juzgado de Familia de Roca para que las partes puedan ejercer sus derechos con asistencia letrada de un abogado o abogada particular o de la Defensa Pública.

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Gremios

La Justicia suspendió el receso de mediados de año

El gremio Sitrajur manifestó su preocupación e insiste por una convocatoria para definir acciones en conjunto.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

El Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General dispusieron suspender el receso ordinario de dos semanas previsto para mediados de año. De esta manera, se estableció la continuidad de “la prestación del servicio en todos los organismos del Poder Judicial”, según se consigna en la Acordada.

La prestación del servicio se enmarcará en las Acordadas 17 y 20 “en orden a la situación epidemiológica existente en cada una de las localidades de la provincia”. Esto implica que sigue el trabajo presencial de jueces, juezas, funcionarias, funcionarios y equipos mínimos en toda la geografía provincial, y que correrán los plazos y habrá atención presencial con turnos en aquellos lugares con estatus sanitario de distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO).

El receso ordinario establecido para mediados del año judicial está establecido por el artículo 18 de la Ley Orgánica.

La Acordada también establece que sin perjuicio de la suspensión del receso, los días “podrán ser usufructuados en el lapso que media entre el 13 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021”, de acuerdo a lo que autoricen las autoridades respectivas, procurando que se efectúe “de modo gradual y coordinado para no afectar la normal prestación del servicio”.

En los considerandos de la Acordada se recuerda que “ el inicial receso, con la flexibilización paulatina y prudente de las restricciones en lo atinente a asuntos que no estuvieren taxativamente dispuestos en el art. 19 de la Ley Orgánica, así como el levantamiento de suspensión de plazos para el dictado de sentencias definitivas y autos interlocutorios, como también de los restantes plazos legales en la localizaciones que se encuentran con Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (Acordada Nº 20/2020), han servido para continuar prestando el servicio teniendo siempre presente su esencialidad”.

La continuidad de la pandemia “con los efectos propios de las circunstancias atípicas, fortuitas e inesperadas, es por demás demostrativo de la excepcionalidad por la que atraviesa la organización de este Poder Judicial e impone dar continuidad al servicio sin fijar el segundo período de receso establecido para mediados del año judicial”.

Al conocerse esta determinación, desde la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) expresaron su «profunda preocupación por la persistencia del STJ en desconocer el ámbito paritario e incumplir con la Ley N° 5009 de Convenio Colectivo, al disponer la suspensión de la feria judicial. Entendiendo que es claro que no implica la supresión del período vacacional, y que como es de publico conocimiento, gran parte de los planteles de trabajadores y trabajadoras están concurriendo a sus lugares de trabajo (incluso muchos nunca dejaron de ir a pesar de la cuarentena), creemos que es institucionalmente grave que se resuelva sobre nuestras condiciones de trabajo en forma unilateral, en contra de la Ley», manifestaron.

Asimismo reclamaron que «la Secretaría de Trabajo continúa sin intervenir ni convocar a la negociación colectiva cuando es su deber legal, y que además se lo venimos requiriendo desde el mes de marzo, ni bien se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio».

«Se ha dado lugar a muchos actores para que opinen sobre este punto, e incluso se lo ha hecho públicamente, pero los que nunca fuimos consultados ni aún cuando los obliga la ley es a los trabajadores y su legítima representación que es el Sitrajur», dijo el secretario general del gremio de los judiciales en Río Negro, Emiliano Sanhueza.

«Se deben detener ya estas prácticas unilaterales y autoritarias que en nada favorece a la convivencia democrática y la paz social que tanto se pregona y de la que se hace muy poco para su preservación en un delicado momento para la sociedad en su conjunto. Por la seguridad laboral de nuestros compañeros y compañeras, por condiciones dignas y seguras de trabajo, exigimos una convocatoria urgente a paritarias», reclamó finalmente Sanhueza.

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