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Movistar deberá pagar $60.000 por el reclamo de un damnificado

Debido a una irregular alta de 4 líneas telefónicas supuestamente a nombre del damnificado, por las cuales le llegaban facturas a su nombre, ahora la empresa deberá abonarle una indemnización a un vecino de Cipolletti.

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La Cámara Civil de Cipolletti admitió el reclamo de un ciudadano en contra de la compañía telefónica Movistar. En su análisis, los camaristas no solo convalidaron los 30.000 de indemnización por “daño moral” que había fijado una jueza de primera instancia, sino que sumaron una multa civil de otros 30.000 pesos por “daño punitivo” con el objetivo de que tal situación “no vuelva a ocurrir”.

En este caso, el damnificado hizo la denuncia al advertir “sobre una irregular dada de alta de 4 líneas telefónicas supuestamente a su nombre, por las cuales le llegaban facturas a su nombre y en su anterior domicilio, y pese a desconocer esa contratación en reiteradas oportunidades la empresa no le daba de baja ni le otorgaba el libre deuda”.

En la sentencia de primera instancia se tuvieron en cuenta los resúmenes de cuenta emitidos dirigidos a nombre del denunciante, mediante los que se informaba al actor de sus “estados de cuenta” por distintos períodos mensuales del año 2014, reclamándole el abono por las cuatro líneas de Movistar adjudicándoselas a su parte merced a los formularios correspondientes en los que aparece consignado su nombre y DNI, con una firma en cada formulario cuya autoría fue demostrada que no le correspondía en ninguno de los supuestos, según la conclusión pericial caligráfica.

La jueza de primera instancia Soledad Peruzzi hizo lugar al reclamo por “daño moral” y condenó a la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar) a que le otorgue al damnificado un certificado “libre deuda” en el que conste la baja de las cuatro líneas. Además condenó a la compañía a abonarle al denunciante la suma de 30.000 pesos en concepto de indemnización.

Respecto del “daño moral” consideró la magistrada:

“Es evidente e indudable, y puede presumirse prácticamente sin titubeos, que la dilatada ausencia de solución por parte de la empresa, al planteo que moviera al denunciante, en procura de obtener el reconocimiento de lo que postulaba como irregular, e insistir no obstante la empresa durante meses en la emisión y remisión de facturas por esas 4 líneas, que su parte negaba haber activado; han incidido negativamente en su tranquilidad espiritual, sin haber dado motivo alguno para tener que soportarlo. No sólo esa incertidumbre lo ha mortificado, sino también el tránsito de la necesaria burocracia a la que debió recurrir, simplemente para obtener lo que postulaba desde un principio: que se habían activado 4 líneas erróneamente a su nombre”. El denunciante hizo el reclamo telefónicamente, luego se presentó en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Posteriormente inició una mediación prejudicial y, sin lograr solución al problema, se presentó ante el Juzgado Civil N°3.

El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Cuarta Circunscripción lleva la firma de los jueces Marcelo Gutiérrez, María Alicia Favot y Emilce Álvarez, con fecha 1 de noviembre de 2016.

Consideró el camarista Marcelo Gutiérrez:

“Propondré al acuerdo el acogimiento de la apelación interpuesta por el actor a fin de remontar el rechazo que la sentencia recurrida dictaminó para el rubro correspondiente a los “daños punitivos”, pues coincido con la apreciación del impugnante en cuanto a que lo decidido se basa en una interpretación errada de las circunstancias de hecho y las pruebas, que ha llevado a prescindir inadecuadamente de la sanción prevista por el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, para casos como el de autos (…) Respecto de su télesis se ha dicho que “…la principal función de la figura es la de prevención. Se busca que en el futuro ni el autor del daño ni el resto de la sociedad cometa este tipo de hechos graves, en este sentido tiene fuerte sentido docente y ejemplificador. La otra finalidad es represiva, busca castigar la comisión de este tipo de hechos. (…) Sentado ello y ponderando la naturaleza y gravedad objetiva de la situación, así como el reproche subjetivo por culpa grave que claramente debe reposar en cabeza de la empresa demandada (…) es que propondré fijar el importe de la “multa civil” en favor del actor en la suma reclamada de $ 30.000, que se corresponden a una tarifación al tiempo del dictado del pronunciamiento de primera instancia. Ello implica que, al igual que el resarcimiento por el “daño moral”, no devengará intereses anteriores a esa fecha”.

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Un bombero deberá ser indemnizado porque se lesionó combatiendo un incendio

La ART deberá abonarle más de $750.000, en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral e intereses.

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Un hombre que se desempeñaba como bombero sufrió un accidente de trabajo al estar extinguiendo un incendio en un campo cercano a Viedma. Al doblar su cuerpo para clavar una pala, con el fin de construir un corta-fuego, sintió un fuerte dolor en su región lumbar que se irradió hacia la cara posterior del muslo izquierdo.

Luego del incidente al no disponer de un medio de transporte, permaneció en el área de trabajo varias horas hasta que fue trasladado a Viedma.

El hecho fue denunciado ante la ART y la demandada reconoció la contingencia como accidente de trabajo y le indicó que iniciara su tratamiento en la Clínica Viedma, donde recibió atención médica y farmacológica, con antiinflamatorios, y allí le ordenaron reposo. Luego recibió tratamiento de kinesiología de más de 100 sesiones hasta el alta médica definitiva, pero continuó con dolores intensos en la zona afectada.

Por su parte, la Comisión Médica concluyó que no presentaba secuelas generadoras de incapacidad laboral pero para el trabajador si y por ello inició la demanda.

La demandada no contestó la acción en su contra, en consecuencia no pudo controvertir ninguno de los hechos expuestos.

Oportunamente, el perito médico explicó que el trabajador padece “Lumbalgia predominio izquierdo, síntomas y signos de lumbalgia post traumática. Dolor en región lumbar con contractura muscular paravertebral. Marcha punta-talón con dificultad”.

Finalmente la Cámara Laboral de Viedma condenó a Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a abonarle la suma de $773.397,02, en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral e intereses.

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Más de cuatro décadas de matrimonio, pero sin verse: ella no podrá heredar

La Justicia determinó que la herencia solo le corresponde a la única hija del matrimonio.

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No tuvo contacto con su marido por más de 40 años y cuando él falleció quedó excluida de la sucesión por falta de “vocación hereditaria”. La mujer vive en otra provincia y, al ser citada al proceso sucesorio que tramita en Cipolletti, se presentó en carácter de cónyuge. Sin embargo, luego quedó establecido que no tiene derecho sobre los bienes. En este contexto, la herencia solo le corresponde a la única hija del matrimonio.

El proceso sucesorio está contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 2277 establece que la muerte de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. La “vocación hereditaria” es el llamado a concurrir como heredero a la sucesión de la persona fallecida.

Pero el artículo 2437 determina que el divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

Justamente fue el caso de Cipolletti. Aunque la mujer no se había divorciado admitió –audiencias mediante- su separación de hecho de más de 45 años “sin voluntad de unirse”. En consecuencia, con la resolución del fuero Civil que puso fin al conflicto quedó determinado que carecía de vocación hereditaria y que la herencia corresponde en su totalidad a la hija (única y universal heredera).

Durante el último año, el fuero Civil de Río Negro le dio trámite a 9.745 nuevas causas y las sucesiones representan el 25,54 de este total. Hubo 2.489 sucesiones en 2021, entre las que se encuentra el caso de Cipolletti.

Cuando el matrimonio se vuelve un obstáculo

No es la primera vez que en la jurisdicción se tramita una causa con un matrimonio sin contacto. El año pasado, el fuero de Familia advirtió que un hombre quería divorciarse de su esposa pero no podía encontrarla para notificarla. Se recurrió al mecanismo de edictos de citación de personas.

En esos casos lo primero que se realiza es “practicar información sumaria”. Ello significa que cuando alguien pierde el contacto con una persona, se envían oficios a distintos organismos públicos: secretaría electoral, Anses, Afip.

Con la respuesta se obtienen algunos datos, por ejemplo, de domicilios o bienes registrados. Luego se envía una cédula y si el documento regresa “sin diligenciar”, es decir que no se encontró a nadie o esa persona no vive en el domicilio consignado, se publica un edicto de citación.

Después de la publicación de edictos, se notifica al Centro de Atención de la Defensa Pública (Cadep) para la designación en el expediente de un defensor o defensora de ausentes que actúa como parte, en representación de la persona que no fue hallada por ningún medio.

En el fuero de Familia la citación de personas no solo se utiliza para los divorcios, sino en demandas de alimentos, cambios de nombre y adopciones. En el caso de los divorcios en general se trata de parejas sin hijos, que han dejado de convivir y han perdido el contacto.

“A veces la gente pasa mucho tiempo casada y al no tener hijos en común se dejan de ver y después alguno de los cónyuges necesita realizar un trámite y el matrimonio se vuelve un obstáculo. Entonces necesita divorciarse y se recurre al sistema de edictos”, se explicó desde el fuero de Familia. También en las sucesiones, que tramitan en el fuero Civil, se publican edictos para hallar a posibles herederos de la persona fallecida.

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Investigación por femicidio de Casmuz: Se realizó el sorteo del que saldrán los 12 integrantes del jurado popular

Tendrán que determinar la responsabilidad de Gregorio Antonio Colicheo, actualmente detenido por otro crimen, el de Javier Videla.

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La Oficina Judicial Penal de Roca sorteó esta mañana (08/08) a las 90 personas que serán convocadas como potenciales integrantes del jurado popular que intervendrá en el juicio caratulado como femicidio de Claudia Alejandra Casmuz, cuyo cadáver fue encontrado el 4 de marzo de 2021 en el campo “La Perseverancia”, en cercanías de Casa de Piedra.

Las 45 mujeres y los 45 hombres sorteados hoy están radicados en localidades de la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende General Roca, Villa Regina, Choele Choel, Río Colorado, Allen, Cervantes, Chichinales, Chimpay, Pomona, Belisle, Luis Beltrán, Darwin, El Cuy, Gral. E. Godoy, Mainqué, Ingeniero Huergo, Lamarque, Los Menucos, Cerro Policía, Maquinchao y Sierra Colorada.

De esas 90 personas saldrá el jurado imparcial de 12 integrantes que tendrá a su cargo el veredicto. De acuerdo con la programación definida por la Oficina Judicial, las audiencias del juicio se desarrollarán desde el 13 hasta el 20 de septiembre, incluyendo el fin de semana de los días 17 y 18 de ese mes, en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca.

En tanto que el 12 de septiembre, las 90 personas sorteadas hoy serán llamadas a la audiencia de selección de jurados, de la que surgirán las 12 personas que integrarán el tribunal popular en carácter de titulares y las cuatro personas que serán suplentes.

El juez profesional que tendrá la responsabilidad de dirigir el juicio por jurados será Emilio Stadler. La defensa del imputado, Gregorio Antonio Colicheo -actualmente detenido-, será ejercida por un equipo de la Defensa Pública a cargo de Juan Pablo Piombo, en tanto que la acusación será sostenida por un equipo del Ministerio Público Fiscal encabezado por el fiscal jefe Andrés Nelli. En representación de la familia de la víctima, constituida en parte querellante, intervendrán los abogados Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena.

Notificaciones seguras

A partir de hoy la Oficina Judicial Penal comenzará a notificar personalmente a las 90 personas sorteadas. El organismo estableció un sistema de comunicaciones seguras, con personal debidamente identificado, y cuenta con un equipo de trabajo especializado para evacuar todo tipo de consultas que puedan tener las personas convocadas.

Las personas recibirán una comunicación telefónica y/o por correo electrónico, en la que recibirán toda la información pertinente.

La Oficina Judicial enfatizó, además, que de ninguna manera se les solicitará información relacionada con números de cuentas bancarias, CBU, alias o claves electrónicas de servicios bancarios.

Cualquier consulta puede realizarse al mail [email protected] o al teléfono (0298) 4292050 internos 583 o 561 (Oficina de Juicio por Jurados de Roca) y 550 o 535 (Mesa de Entradas de la Oficina Judicial Penal de Roca).

Padrón electoral

En abril de 2021 el Tribunal Electoral de Río Negro realizó el sorteo inicial de ciudadanas y ciudadanos que podrían ser convocados a integrar los Jurados Populares de los juicios que se realicen con esa modalidad en 2022 y 2023. En aquella ocasión fueron sorteadas del padrón electoral un total de 2.300 personas de toda la provincia.

Para la Segunda Circunscripción se sortearon 400 mujeres y 400 hombres. Esos listados fueron luego depurados por la Oficina Judicial de Roca, que eliminó de las listas a todas las personas que presentan incompatibilidades legales para integrar un jurado. El listado depurado dejó 202 mujeres y 175 hombres con domicilio en la Circunscripción en condiciones de ser llamados a integrar un jurado. De esas dos nóminas salieron hoy las 45 personas del padrón masculino y las 45 del padrón femenino que serán llamadas a la audiencia de selección del 12 de septiembre.

El sorteo se realizó mediante una aplicación informática, bajo el control de la Fiscalía, la Defensa y la parte querellante, y que quedó videograbado en el legajo. Estuvo a cargo del Director y la Subdirectora de la Oficina Judicial Penal de Roca, Juan Manuel Tartaglia y Claudia Lemunao.

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