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Opinión

Trabajadores de la fruta en la calle; el efecto cascada de la crisis que el gobierno no atiende

Por Magdalena Odarda, Senadora Nacional del Frente Progresista-CC ARI.

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Defender la fruticultura significa defender la actividad en su conjunto. Es la defensa del interés social que va más allá de los intereses individuales de los productores. La desaparición de los fruticultores como consecuencia de las sucesivas crisis en la actividad, tiene otra consecuencia más directa e inmediata que es la merma en la contratación de mano de obra, la disminución de los trabajadores requeridos para las labores culturales, como la poda y la cosecha, por ejemplo. Cuándo estas labores no se hacen, por efecto cascada son muchos los trabajadores que quedan en la calle.

Y además aparece el problema de la informalidad laboral. No solo por la imposibilidad de los chacareros de hacer frente a costos laborales elevados, sino también por empleados que no encuentran incentivo en estar registrados afrontando descuentos que bajan su salario neto en un contexto inflacionario que eleva mes a mes los precios de una canasta básica que a veces se torna inalcanzable.

La situación se da en un contexto de avance de la industria petrolera sobre las chacras, con impactos ambientales visibles, casi cotidianos y sin estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas. 240 mil litros de agua salada de un pozo secaron recientemente plantas y frutales en Allen.

Pero volviendo al tema central, estamos hablando que la actividad frutícola en Rio Negro en lo que va del año expulsó a 3.380 trabajadores, según el estudio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), sobre todo en la cosecha y la poda.

Los productores perciben desde hace varios años valores que rondan el 60% del costo de producción de sus peras y manzanas, es decir, todos los años tienen rentabilidad negativa. A esto se suma que bajó el volumen de la fruta comercializada este año y que se perdieron miles de kilos en las chacras, debido a que resultaba más costoso cosecharla que dejarla. De esta problemática resulta una situación que afecta a una larga cadena de intereses y de sectores. Un análisis minucioso de este efecto sería excesivo aquí, pero lo que sí quiero resaltar es que es necesario pensar y concretar las soluciones de fondo para la fruticultura.

Las políticas adoptadas desde nación y la creciente concentración de la tierra, van camino a un oligopolio. La falta de rentabilidad para los productores que no pueden ser sujetos de crédito aun con tasas subsidiadas, es parte de un proceso continuo que los fue descapitalizando.

Como hemos dicho varias veces, el gobierno nacional debe cumplir su rol con políticas activas que defiendan al eslabón más débil de la cadena. Si dejamos a los productores primarios desprotegidos frente a las leyes del mercado, el precio de equilibrio no será el “precio justo”. Si eliminamos impuestos y otorgamos beneficios al negocio frutícola sin la implementación de una transparencia comercial, esos beneficios nunca van a llegar al productor. Si dejamos a las cooperativas y agrupaciones de productores competir contra multinacionales, van a desparecer a corto o mediano plazo.

No inventemos nada, copiemos acciones de países que sí han reconocido la importancia de los productores primario en la sociedad. Por la riquezas que generan, por la entrada de divisas al país, por la importancia del arraigo rural, y en este caso al ser una actividad mano de obra intensiva, por la distribución de la riqueza más equitativa y eficiente que existe que es a través del salario. Por esto, vuelvo a proponer la implementación del Instituto de la Pera y la Manzana, similar al de la yerba mate. Discutámoslo, modifiquémoslo de acuerdo a la actividad, pero avancemos rápido para que en la próxima temporada tengamos un precio por encima del costo de producción.

 

Magdalena Odarda.
Senadora Nacional del Frente Progresista-CC ARI.-

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Opinión

La crisis es nuestra, las vaquitas son ajenas

Nota de opinión de Paolo Etchepareborda, Secretario Gremial del Comité Nacional del Partido Socialista.

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La crisis es nuestra, la vaquitas son ajenas; esta frase que parece una metáfora es quizás la que mas clarifica la actual situación que atraviesa nuestro país y la gran mayoría de las provincias; salvo excepciones, producto de las enormes regalías generadas por políticas extractivistas -que no dejan de ser pan para hoy y hambre para mañana-; la mayoría de las provincias de nuestro país sufren en forma directa la falta de decisiones que acompañen los discursos populares de nuestro gobierno nacional. Desde aquel anuncio de la expropiación de Vicentin, frustrado por la debilidad ideológica y los compromisos con algunos socios; hasta el pasado acuerdo con el FMI, este gobierno no deja de dar señales que demuestran que en los grandes temas aún siguen cogobernando los CEOS empresarios y el sistema financiero internacional.

Los cambios en el Ministerio de Economía y los recientes anuncios, de la nueva ministra, son la señal mas clara que la solución que propone el gobierno es para los mercados y no parecen indicar que el aumento de los precios o la relación desigual que existe entre estos y los salarios vaya a tener un cambio a favor de los/as trabajadores/as.

Por eso creo que trabajadores/as y fuerzas progresistas de nuestra sociedad debemos seguir insistiendo en que no hay solución posible ni receta aplicable que vengan del FMI, y mucho menos de un programa de gobierno ortodoxo y temeroso de correrse del camino que ofrece esta etapa del sistema capitalista.

Como gobierno se sigue esperando la solución en el marco de un modelo agroexportador con apenas un desarrollo industrial en áreas que no molestan a los intereses de los países desarrollados.

Creo que trabajadores/as, así como las grandes mayorías nacionales, necesitamos que se tomen medidas urgentes en favor de un crecimiento que incluya producción y trabajo, industrialización, control de precios y programas que generen la inclusión genuina de los sectores que hoy están fuera del sistema.

Todas estas medidas no pueden ser reales si se dan en el marco del campo de las estadísticas, es decir que no sirven si solo sirven para que el gobierno anuncie que bajo la desocupación a un 7% cuando la gran mayoría de esos trabajadores y esas trabajadoras cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza; la mesa del salario en argentina debe necesariamente discutir un Salario Mínimo Vital y Móvil cuyo piso este por encima de la línea de pobreza que el INDEC señala para una familia tipo, todo lo demás es acompañar una lógica distributiva que solo puede generar mas pobreza estructural -la pobreza estructural en parte se genera por eso- y está claro que solo el gobierno puede modificar esta lógica ya que el mercado no lo tiene en sus planes.

En nuestra provincia el gobierno de Juntos Somos Rio Negro, no parece tener otro proyecto, mas que el de seguir haciendo uso y abuso de nuestros bienes naturales; en la gestión de Alberto Weretilneck profundizando la transformación del sistema productivo tradicional del Alto Valle rionegrino, arrasando la producción de frutas en importantes áreas, para extraer petróleo a través del fracking; en la actual gestión de Arabella Carreras, avanzando sobre las áreas naturales protegidas, para habilitar la instalación de la infraestructura necesaria para la producción del “hidrógeno verde”, proyecto que genera muchas dudas en gran parte del mundo científico y ambientalista.

Pero mas allá de sentirme lejos de cualquier proyecto económico-productivo que tenga como eje políticas extractivistas de desarrollo y generación de empleo -el ejemplo mas claro de esto es vaca muerta-, no veo que exista un proyecto económico que justifique el interés por esto; es decir que están destruyendo el ambiente solo para abastecer a las potencias del llamado mundo desarrollado, no para generar un desarrollo local que nos permita pensar en un futuro de país independiente.

Como podría el gobierno avanzar para resolver problemas actuales en nuestro país; uno de los ejes debería ser aplicar en su totalidad la Ley de Abastecimiento, esto le permitiría al Gobierno, intervenir una firma, obligarla a producir una cantidad determinada de productos, fijar precios y establecer márgenes de ganancias a las empresas, entre otras cuestiones; porque no se aplica? tiene dos respuestas posibles a mi entender, la primera es que no hay interés porque el gobierno responde a los intereses de los que mas tienen -respuesta que podría dar algún sector político con argumentos compartidos parcialmente-; otros señalan que no hay fortaleza política para aplicar leyes que van en contra de quienes concentran el poder económico que para algunos es el poder real; sin embargo por un motivo u otro no se esta haciendo y para que esto ocurra quedan dos caminos -para mí- uno sería trabajar para construir un alternativa política que supere a esta que no da las respuestas que prometió al electorado, por supuesto que esta alternativa debe ser por izquierda, las alternativas por derecha ya las conocemos y solo van a profundizar las desigualdades que hoy existen y que generaron gran parte de los problemas que hoy tiene este gobierno.

La otra alternativa, esta claro, pasa porque el actual gobierno asuma la difícil, pero posible, tarea de construir poder popular y comience a tomar las decisiones necesarias para cambiar el rumbo que hoy va camino a profundizar el cris que actualmente sufrimos las grandes mayorías nacionales; como se resuelve la crisis, metafóricamente, repartiendo las vaquitas.

Paolo Etchepareborda
Secretario Gremial del Comité Nacional del Partido Socialista.

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Opinión

La renuncia de Guzmán genera la oportunidad de encauzar el rumbo económico del país

Nota de opinión por Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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Tras la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, considero que esta decisión genera la oportunidad de encauzar el rumbo económico del país.

Es llamativo que no se haya ido antes. Esto muestra que quiso dejar terminado el principal trabajo que tenía por encargo, que es acordar con el FMI aún en contra de los intereses del pueblo. La salida de Guzmán se da en un contexto de 60,7% de inflación interanual. Además, durante los primeros dos años de gestión, la suba de precios fue de 123%, el porcentaje más alto desde 1991.

Quien lo reemplace debe ser capaz de priorizar las necesidades de la gente y tiene que ponerle fin al mayor flagelo que sufren los argentinos, que es la inflación. No sirve de nada que crezca la economía si no mejoran las condiciones de vida de todos. Hasta ahora sólo se han engrosado las ganancias de los dueños de grandes grupos económicos. Cabe destacar que según el último informe del Indec, una familia tipo necesita $99.677 al mes para no ser pobre.

Quien lo suceda debe mejorar salarios y jubilaciones, además de avanzar a un ingreso básico universal. Se necesita fortalecer la intervención del Estado en el mercado y ponerle límites a los formadores de precios.

Rodolfo Aguiar
Secretario Adjunto de ATE Nacional

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Gremios

El nivel de inflación actual está terminando con la clase media y el único responsable es el Gobierno

Nota de opinión por Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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Este nivel de inflación (5,1% en mayo) está terminando con la clase media en el país. La responsabilidad es directamente del gobierno de Alberto Fernández.

Los asalariados formales pobres aumentan drásticamente y el nivel de endeudamiento de los trabajadores se torna insoportable. La suba de los precios de los alimentos por sobre el nivel general afecta significativamente más a los sectores populares. En promedio, la mayoría tiene comprometido más de la mitad de sus ingresos mensuales.

La inflación acumulada en los primeros cinco meses del año llegó a 29,3% y la interanual escaló a 60,7%.

Cabe destacar que uno de los grupos de productos que más aumentó es el de alimentos y bebidas, en un 33,7% en lo que va del año y 64,2% interanual, superando largamente la cifra general.

El único responsable es el Gobierno. No interviene decididamente en el mercado, ni se anima a ponerle un freno a los especuladores y formadores de precios. La suba constante de los precios es un problema al que el Ejecutivo no encuentra solución, ya que a principios de año estimaban que sería de 40%, proyección que difícilmente se cumpla.

Es inaceptable y hasta inmoral, que la economía argentina crezca y las condiciones de vida del pueblo se deterioren al mismo tiempo. Se desvanecen las esperanzas de que el Gobierno recupere el mandato que la ciudadanía le dio en el 2019 y comience a definir políticas en favor de los sectores populares.

Rodolfo Aguiar.
Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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