Judiciales
Piden 10 años de prisión para acusado de abuso sexual y corrupción de menores en Roca
Acusan al padrino de una menor de 16 años, de haber abusado de ella en reiteradas ocasiones cuando tenía entre 12 y 14 años.
El Fiscal de Cámara, Andrés José Nelli solicitó ayer la pena de diez años de prisión para un hombre, por considerarlo autor responsable de los delitos de «promoción de la corrupción de menores agravada por haber mediado amenaza, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal reiterados en un número indeterminado de veces”.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditado el hecho y la participación en él del imputado. Tuvo en cuenta para la imputación la gravedad del hecho cometido, su naturaleza, el daño material y moral ocasionado, y como agravante su «condición de padrino de la niña».
Para el Fiscal Nelli, el delito de corrupción de menores agravado se encuentra configurado en la imputación y remarcó que «el abuso sexual cometido fue mediante el uso de la violencia». Al respecto señaló que «el dolo existió por parte del autor del hecho» quien, tal como agregó, «utilizaba a la damnificada para servirse de ella, logrando así satisfacer sus impulsos sexuales y poder seguir usando a su ahijada en el futuro, sometiéndola bajo amenazas a actos perversos y gravemente ultrajantes.
Durante los alegatos, el fiscal valoró y destacó el testimonio de la menor en la Cámara Gesell, los informes psicológicos, el testimonio de la madre de la víctima, el informe del Cuerpo Médico Forense y el de la Oficina de Atención a la víctima (OFAVI).
En tanto, la defensora de Menores Alicia Terraza, compartió la calificación legal y la pena solicitada por el fiscal destacando en su alegato la fuerte imputación realizada por la víctima y la testimonial de su madre , testigo visual del abuso sexual perpetuado sobre su hija.
Por su parte, la defensa ejercida por los Dres. Jorge Crespo y Guillermo Leskovar Garrigós solicitó la absolución de su defendido, remarcando en primer lugar, las contradicciones que existirían en la declaración de la menor y en segundo lugar, alegando la falta de prueba material que demuestre que su asistido haya cometido los delitos que se les imputa. El hombre, en tanto, se abstuvo de declarar al igual que el inicio del juicio, remitiéndose a lo dicho en la etapa de instrucción.
El hecho llevado a juicio habría ocurrido en General Roca en un período ubicable entre febrero de 2013 y el 22 de septiembre de 2014, en los domicilios del imputado y de la víctima y en un número indeterminado de veces, cuando la menor tenía entre los 12 y 14 años de edad. El imputado, quién tendría una relación familiar con la víctima (padrino), habría abusado sexualmente de la misma bajo amenazas, ejerciendo violencia sobre la niña, actos que evidencia la deliberada intención del imputado de querer corromper a la menor».
Cabe recordar, que durante el desarrollo del juicio prestó declaración testimonial la madre de la víctima, quien inculpó al imputado de los abusos perpetrados sobre su hija y manifestó que «sorprendió en una oportunidad al imputando cometiendo abuso sexual sobre su hija en su domicilio».
El imputado se encuentra procesado por los delitos de «corrupción de menores con abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal reiterados». Asimismo, pesan sobre él diversas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima.»
El juicio se desarrolla ante los jueces de la Cámara Tercera en lo Criminal. La lectura de la sentencia está prevista oviembre al mediodía.
Judiciales
Condenaron al ginecólogo que abusó sexualmente a una joven en un sanatorio privado de Roca
En los próximos días se conocerá el monto de la pena.
Un ginecólogo de Roca fue encontrado culpable de abuso sexual simple, en el término de los Artículos 45 y 119, primer párrafo del Código Penal. El hecho ocurrió en el marco de una consulta ginecológica en noviembre de 2021, en el sanatorio Juan XXIII. Cabe aclarar que el profesional ya no se encontraba en la ciudad y está trabajando en un Hospital de la provincia de Buenos Aires.
La Fiscalía, querella y defensa particular a medida que iban sucediendo las declaraciones realizaron sus interrogatorios. De esta manera, en primera instancia fue la mujer víctima quien prestó su testimonio acerca de los hechos, otros testigos, las especialistas en salud mental que la atendieron inmediatamente sucedido el episodio y quienes la acompañaron posteriormente.
También, de manera remota, expuso la pericia realizada el titular de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones y Coordinador de Políticas Informáticas del Ministerio Público de Río Negro.
Luego prestaron testimonio de su intervención las técnicas del Cuerpo de Investigación Forense, la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), los testigos propuestos por la defensa.
El Dr. Ulises Terbay, a cargo de la querella, se mostró conforme con la sentencia. «Es un gran paso para que las víctimas de estos abusos que ocurren a puertas cerradas, sin testigos y bajo una relación de poder, se animen a denunciar. El Poder Judicial de Río Negro tiene buenos equipos de contención psicológica que han acompañado a la víctima en todas las instancias», destacó.
«Espero que esto sirva para que cada vez más hombres y mujeres se animen a denunciar un delito tan común como el abuso sexual», agregó Terbay.
El juez Gastón Martín lo declaró culpable y en los próximos días se conocerá el monto de la pena. La decisión judicial no está firme y puede ser apelada.
Judiciales
Recién a los 17 años logró que se inscriba su nacimiento y a los 30, que su mamá la reconozca
De esta manera, tras tres décadas, la mujer pudo completar su identidad.
En su adolescencia, una joven solicitó judicialmente que el Registro Civil inscriba su nacimiento «fuera de término». Lo logró, pero en ese momento no pudo determinarse la filiación materna ni paterna.
Más de una década después, se presentó nuevamente en sede judicial porque tenía nuevos datos. Una señora la había reconocido públicamente como su hija biológica, «sin perjuicio de que la presentó en algunas oportunidades como hija de una amiga fallecida».
Según expresó, «esta situación le provocaba una negación a su identidad, truncaba sus posibilidades de estudio, controles de salud y la posibilidad de que su propia descendencia conociera su origen por la rama materna».
Ya en el expediente ante una jueza de Familia de Viedma, la mujer reconoció que quien inició la demanda es su hija biológica. Había nacido en un hospital de una provincia vecina «en una etapa difícil de su vida».
La mamá luego tuvo dos hijos más. En total, seis. De esta manera, brindó su consentimiento para llevar adelante la prueba genética.
Así, el Cuerpo de Investigación Forense de la Primera Circunscripción Judicial realizó la extracción de sangre «mediante la punción de un pulpejo de dedo de la mano izquierda» en ambas mujeres.
Finalmente se produjo el Informe Pericial del Laboratorio Regional de Genética Forense. Efectivamente, eran madre e hija con una certeza superior al 99,99999998%.
La jueza recordó que «pasados más de treinta años del nacimiento y por la inacción de la demandada con respecto a la identidad» de su hija, esta «se vio en la necesidad de instar la acción de filiación para corroborar su realidad biológica, a pesar del reconocimiento público, y dejar asentada la maternidad en su partida de nacimiento».
Explicó que «la acción se encuentra encuadrada en el actual art. 582 del CCyC que permite al hijo/a reclamar su filiación extramatrimonial contra quienes considere sus progenitores, sin hacer distinción si se trata de un reclamo de emplazamiento de la maternidad o de la paternidad».
Tuvo en cuenta que «la jurisprudencia ha erigido a la prueba genética de la filiación como la prueba por excelencia». De esta manera, hizo lugar a la demanda de la mujer, que pudo completar su identidad.
Judiciales
La mediación posibilitó dividir el lote en común de una pareja que se separó: Ahora serán vecinos
Las partes consensuaron que «cada uno tendrá entrada y salida independiente» y que se colocará «un cerco divisorio» que demarque el límite entre ambos terrenos.
Tras decidir su separación, una pareja debió resolver la división del terreno que tenían en conjunto. Para ello se reunieron en una mediación y logran recomponer el conflicto. En el lote habían dos viviendas. Una de material, donde residían ambos cuando estaban juntos. Otra, de madera, que requiere refacciones.
A través del proceso de diálogo en un Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc), de común acuerdo resolvieron qué parte le queda a cada uno.
Tras la fructífera mediación, las partes consensuaron que «cada uno tendrá entrada y salida independiente» y que se colocará «un cerco divisorio» que demarque el límite entre ambos terrenos. De esa manera, se garantizó el resguardo de los patrimonios de ambas partes y se acordaron los puntos centrales de las pretensiones de cada uno.
La mediación es parte de la esencia de una política judicial definida por el Superior Tribunal de Justicia, orientada a la resolución pacífica y anticipada de los conflictos. Es una senda que conduce a soluciones que encajen para todas las personas involucradas. Es gratuita, es obligatoria en ciertos asuntos y resulta un mecanismo mucho más ágil que el sistema litigioso tradicional, en el que un juez o una jueza define sobre las pretensiones de cada parte.
De acuerdo con las estadísticas del Centro de Planificación Estratégica, durante 2023 se firmaron 4.867 acuerdos de mediación en la provincia. Eso se traduce en que todos esos conflictos pudieron solucionarse antes de llegar a un juicio del fuero Civil o del fuero de Familia.
En materia de mediaciones por conflictos de Familia, la gran mayoría respondió a requerimientos por cuotas alimentarias y por derechos y obligaciones vinculados con la responsabilidad parental. En tercer lugar estuvieron los conflictos por distribución de bienes ante separaciones o divorcios, seguido por otras temáticas derivadas del divorcio, por atribución de la vivienda familiar y por compensaciones económicas entre cónyuges o personas convivientes.
El Poder Judicial, con sus Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, ofrece el servicio en las cabeceras de las ciudades y en otras localidades donde existen delegaciones descentralizadas. En el último tiempo se ha fortalecido el trabajo de la defensa pública para el área de mediación con un equipo de defensores y defensoras titulares y adjuntos, especialmente capacitados para representar a las personas en las mediaciones.
Para conocer más sobre el proceso de mediación y la distribución de los organismos: https://www.jusrionegro.gov.ar/web/acceso-a-justicia/pagina-dinamica.php?id=375.
