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Judiciales

Piden 4 años de prisión para un hombre que habría colaborado en un intento de fuga en el Penal de Roca

Está acusado habría ocurrido el 6 de septiembre de 2013 alrededor de las 21.40 horas, frente al Establecimiento de Ejecución Penal N° 2.

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El Fiscal de Cámara Subrogante, Miguel Ángel Fernández Jahde solicitó la pena de 4 años de prisión efectiva y ocho de inhabilitación especial para ser usuario y portar armas de fuego de todo tipo, a un hombre acusado de facilitar la evasión de internos del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditada la existencia material del hecho descripto en la requisitoria fiscal y la participación atribuida al imputado, conforme a la prueba documental. Con respecto a la pena solicitada, el fiscal remarcó que si bien el imputado no cuenta con antecedentes penales computables, la misma debe ser efectiva al momento de dictarse la sentencia.

Respecto al delito de «favorecimiento de evasión», aclaró que «el mismo se consuma por el solo hecho de intentar la ayuda más allá de los resultados de que se haya sido juzgado o no al detenido, y que la ruptura del traslado se encuentra acreditada de acuerdo a los testimonios brindados».

Durante la audiencia de alegatos, el fiscal destacó las pericias balísticas y los levantamientos de rastros realizados por el Gabinete de Criminalística. Según el informe pericial se determinó que el arma secuestrada del vehículo es apta para el disparo, se encontraron rastros nitrados y se confirmó que las nueve vainas fueron percutidas por el arma, que podría pertenecer a la Policía de Neuquén. De acuerdo al informe papiloscopico se encontró una huella del dígito anular de mano izquierda perteneciente al imputado, obtenida cerca de la manija de la puerta del automóvil.

También el fiscal Jahde valoró el acta de procedimiento que acredita el «intento de fuga de los internos», además de las diversas pruebas objetivas e independientes que se fueron incorporando por lectura. Por último, el fiscal remarcó el informe proveniente del Registro de Armas, que señala que el imputado «no se encuentra registrado como legítimo usuario de arma de fuego en ninguna de sus categorías ni tiene autorización para portarla».

El hecho por lo que se lo juzga habría ocurrido el 6 de septiembre de 2013 alrededor de las 21.40 horas, frente al Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca, en la oportunidad en que el imputado se movilizaba en un vehículo Fiat Siena, color blanco, junto a otros individuos no identificados, portando una arma de fuego de guerra, en forma ilegal. Con el objeto de favorecer la evasión de internos del pabellón 1, que en ese mismo momento se estaba realizando, el hombre realizó disparos desde el interior del vehículo y cinco de ellos impactaron en el portón y garita del establecimiento, generando confusión y la tensión de la guardia.

Participó del hecho además otro rodado con ocupantes no identificados a la fecha, que también efectuaron disparos contra el edificio y la guardia. El vehículo que conducía el imputado fue abandonado a unas cuadras del lugar, luego de haber colisionado con otro auto en el momento de la fuga. Allí mismo fue incautada el arma de fuego utilizada.

El juicio se desarrolla ante los jueces de la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca. La lectura de la sentencia está prevista para el 23 de noviembre a las 12.00 horas.

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Judiciales

Fue hallada la adolescente de 14 años que era buscada en todo Roca

Fue encontrada en buen estado de salud.

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Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que fue hallada la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en toda la ciudad de General Roca.

La joven había sido vista por última vez el miércoles (30/11) a las 12.00 horas.

La adolescente fue encontrada en buen estado de salud y ya está con su familia.

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Judiciales

Le formularon cargos a la mujer que ingresó a la ESRN N° 1 y atacó a golpes a compañeros de su hijo

Además no podrá acercarse al domicilio de una de las víctimas por un radio de 200 metros.

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El Ministerio Público Fiscal imputó esta mañana (01/12) a una mujer de 43 años el delito de lesiones leves y solicitó medidas cautelares por un violento hecho ocurrido el 2 de noviembre pasado en la Escuela Secundaria Río Negro N° 1 de General Roca.

Según la acusación fiscal «la señora, madre de un menor alumno de la ESRN N° 1, ingresó a un curso cuando se encontraban estudiantes en clase junto a dos profesores y comenzó a increpar a los jóvenes. La mujer se abalanzó hacia uno de los adolescentes y comenzó a agredirlo con golpes de puño. Las lesiones fueron certificadas como de carácter leve».

En ese momento, describió la fiscal del caso, «algunos intentaron que la mujer cesara en su accionar, siendo agredidos sin ocasionarles lesiones. Finalmente, tras la intervención de uno de los preceptores, la señora se retiró del lugar».

La calificación legal esgrimida por la Fiscalía para esta etapa del proceso es la de lesiones leves según los Artículos 89 y 45 del Código Penal.

Entre el sustento probatorio mencionado se encuentran las denuncias penales realizadas por los y las progenitoras de algunos estudiantes, de personal del establecimiento escolar, certificado del menor que resultó lesionado, una filmación extraída de redes sociales de la situación, entre otra evidencia.

La defensora pública penal que asistió a la imputada durante la audiencia, no se opuso al hecho ni a la calificación legal esgrimida el día de hoy, y agregó que tras el asesoramiento recibido la señora había decidido no prestar declaración por ahora.

Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que no tuvieron oposición de la defensa, fueron prohibición de acercamiento al domicilio del menor por un radio de 200 metros, y no hostigarlo, ni ella ni a través de terceros, por ninguna vía, inclusive las digitales.

De esta manera, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos, otorgar un plazo de 4 meses para las medidas cautelares y el mismo tiempo para la investigación penal preparatoria.

La defensa penal pública se opuso a la publicidad de la audiencia por existir dos menores de edad involucrados, el hijo de la mujer imputada y el adolescente damnificado, cuya imagen e intimidad podría verse perjudicada. La Fiscalía, por su parte, se manifestó a favor de la publicidad de la audiencia con restricciones específicas.

En su resolución fundada el juez de Garantías interviniente declaró la reserva de la audiencia. Argumentó que existen precedentes del Tribunal de Impugnación que ordenan preservar al máximo toda referencia a menores de edad afectados por procesos penales (Fallo «Fau»). «Hay un plus protectorio para la tutela judicial efectiva respecto de los menores de edad», expresó el juez, quien fundó la decisión en normas internacionales, nacionales y provinciales.

Citó el art. 1 de la Ley N° 20.056, que expresamente prohíbe «en todo el territorio de la República la difusión o publicidad por cualquier medio de sucesos referentes a menores de 18 años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos».

También invocó la Ley Nacional y la Ley Provincial de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras normas.

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Judiciales

Despojó a su pareja de un bien ganancial: Impulsan reclamo judicial

Además se reclaman los daños psicológicos y morales que el engaño le generó a la mujer y a los hijos de ambos.

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La Defensa Pública rionegrina impulsó una demanda en busca de anular un convenio de rescisión y nueva preadjudicación de un terreno, hecho por un hombre en perjuicio de los derechos de su ex pareja. Además se reclaman los daños psicológicos y morales que el engaño le generó a la mujer y a los hijos de ambos.

La situación conflictiva familiar había comenzado hace varios años durante los cuales la mujer estuvo inmersa en un círculo de violencia psicológica, física y, también, económica. Recién hace pocos meses logró fortalecerse para reclamar sus derechos.

La demandante contrajo matrimonio con él en 2002. En 2003 a su pareja se le preadjudicó un lote municipal en el que ambos construyeron una vivienda que estaba terminada dos años antes de separarse. Luego de la separación y posterior divorcio, el hombre se presentó ante la Municipalidad y, declaró como estado civil ser soltero.

De esta forma, logró renunciar los derechos del terreno -a título gratuito- a favor del organismo del Poder Ejecutivo local. En ese mismo acto, el lote fue adjudicado a la actual cuñada del hombre, quien lo inscribió a su nombre y quedando así como titular registral del propiedad.

En la demanda impulsada por la Defensa de pobres y ausentes, se peticionó la declaración judicial de nulidad de dichos actos administrativos por haber sido la Municipalidad inducida a error respecto de la realidad, convirtiéndose así en copartícipe de un proceder contrario al sistema jurídico. Por ello el proceso se enmarca, en el fuero contencioso administrativo.

«Este proceso pone de relevancia que es posible cuestionar documentos públicos cuando existen pruebas fácticas que así lo permiten y avizora que la perspectiva de género debe atravesar cada una de las instancias del proceso judicial en cualquiera de los fueros que lo componen», destacaron desde la Defensoría a cargo de la demanda que se encuentra en instancia de apelación ante la Cámara civil.

¿Qué es un bien ganancial?

El Código Civil vigente prevé como regla que cuando dos personas se unen en matrimonio (salvo que se opte por otro sistema) los bienes que se adquieren durante la sociedad conyugal (desde el matrimonio hasta la separación de hecho o el divorcio), como regla general, son gananciales. Esto quiere decir que la titularidad de los mismo corresponden en mitades iguales a cada uno delos integrantes del matrimonio, independiente de quien haya aportado el dinero que se utilizó para comprarlos y de cómo figuren sido inscriptos.

¿Cuándo y dónde consultar?

Ante cualquier duda es importante consultar a un abogado para evitar que la falta de asesoramiento adecuado y en tiempo perjudique la realización de sus derechos. Si es posible debe contarse con de la documentación en mano.

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