En el inicio de una semana que será clave para definir las modificaciones que se producirán sobre el Impuesto a las Ganancias, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro asegura que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Nacional «empeora el escenario actual y que una gran cantidad de trabajadores, que hasta ahora no lo hacían, pasarán a pagar este injusto tributo».

La Central Obrera consideró, a través de su Secretario General, Rodolfo Aguiar, que «elevar el minino no imponible solamente entre 15% y 25% es absolutamente insuficiente y, apenas producidos los primeros aumentos salariales del 2017, más empleados serán alcanzados por el referido impuesto».

«Es burdo el incumplimiento del presidente Mauricio Macri sobre varias de las promesas realizadas en época electoral ya que, en este punto, se pasó al olvido el compromiso de eliminar definitivamente este gravamen de los ingresos de los asalariados y jubilados», dijo Aguiar.

«Nos toman por boludos a los trabajadores. Resulta que, no sólo el Gobierno no cumple con la promesa de eliminar este impuesto realizada en campaña, sino que, por el contrario, propone una modificación que nos perjudicará más aun», destacó el Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro. «El aumento del piso no imponible es irrisorio. Se quitan deducciones, se limitan otras y se sigue sin cobrar a los que verdaderamente obtienen ganancias en nuestro país», agregó.

«Hoy hay trabajadores que por el solo hecho de hacer horas extras pagan este impuesto. Apenas se otorguen los próximos incrementos salariales, pagarán este injusto tributo una mayor cantidad de trabajadores que en la actualidad. Esto es una joda», resaltó Aguiar.

La Central Sindical afirma que «es grave la intención del Poder Ejecutivo Nacional de quitar importantes deducciones que podían realizar los trabajadores como, por ejemplo de cónyuge, y restringir otras, contemplando los hijos sólo hasta los 18 años».

Por otro lado, «resulta irrisorio llevar el mínimo a $21.712 para los solteros y $25.230 en el caso de los casados», indicaron desde la CTA.

La CTA Autónoma señala, como otro de los aspectos negativos de la propuesta de modificación, el hecho que «no contemple un ajuste automático de acuerdo a los índices inflacionarios, generando una importante falta de seguridad jurídica».

Teniendo en cuenta estudios comparativos con otros países de la región, la Central concluye que si se toma el dólar de acuerdo a la paridad de compra, en Argentina, un trabajador en relación de dependencia, comienza a pagar el impuesto a partir de los U$S 2.750, mientras que en Perú recién lo hace desde los U$S 6.100, en Chile a los U$S 11.500 y en Uruguay a los U$S 14.000.

Por último, la Central Gremial cuestionó que «el proyecto oficial profundiza la regresividad del impuesto en dos aspectos. Primero, considerando que los aportes de los trabajadores igualan a los recursos pagados por la totalidad de las empresas alcanzadas por este tipo de gravámenes, calculando que de un total de $450.000 millones cobrados por la AFIP anualmente, $220.000 son aportados por los empleados y jubilados. Y, en segundo término, la intención del Gobierno es seguir sin afectar impositivamente a los sectores económicos de mayor rentabilidad y que continúan acumulando fabulosas ganancias, como la renta minera, el gas, petróleo, casinos, salas de juego, bancos y entidades financieras».