Nunca nadie que haya llegado al cargo de Presidente había confesado abiertamente, que a su entender, el Estado Nación es «el problema». Porque destruir el Estado no nos hará libres, simplemente nos expondrá ante el mundo casi como bienes fungibles, una nueva especie de res nullius en un planeta organizado en torno a países soberanos.

Marchamos porque no se trata de estar «en contra», sino de advertir las consecuencias de decisiones nefastas y evitar pérdidas que serán irreparables.

Porque gobernar es asignar prioridades y no puede estar antes la ganancia de un banquero que la comida de la gente.

Porque la inflación no puede detenerse a fuerza de pulverizar el salario.

Porque la Cultura, la Ciencia, el Deporte o el Arte, nunca (jamás) son un gasto, sino la inversión a través de la que un pueblo se expresa, se identifica, se distingue y crece.

En poco más de un mes, el gobierno de Javier Milei devaluó en más del 100% la moneda, quitó subsidios, subió tarifas, frenó la obra pública, desfinanció al Estado (tanto Nacional como a las provincias) y desprotegió a todo inquilino, consumidor o usuario. El precio de los alimentos se dispara día a día, pero aún más se le adelantan los medicamentos. Hay una confesa pretensión de asignarle a la recesión la estrategia para frenar los precios (macabra convicción, la de pensar que «no hay inflación en los cementerios»).

En nuestra historia democrática jamás tuvimos un gobierno tan disociado de la realidad, tan ajeno al padecimiento, tan insensible y brutal.

Ganar el balotaje le otorgó la legitimidad para el ejercicio del Poder Ejecutivo, no la adquisición llave en mano de un país (que le avisamos: no está en venta). Ser el Presidente le da facultades para administrar los recursos del Estado, no la Suma del Poder Público, ni el cúmulo de facultades con que los constituyentes contaron en la conformación de la república. También por esto marchamos, para recordarle conceptos tan básicos que parecen habérsele olvidado; premisas tan antiguas como sus recetas económicas del siglo XIX.

Buena parte de la sociedad argentina lo votó en la esperanza de un cambio. Pero ese cambio debe serlo en la mejora del conjunto, no en la aniquilación de todo lo que a su criterio configura “un gasto”. Cuando hablamos de Patria, País o Estado, no nos referimos a cifras, variables o estadística, sino a personas, individuos, ciudadanos. Existencias reales que comen, sufren y sienten; no son likes, ni visualizaciones; son angustias de padres, pies descalzos y pancitas que chiflan si no hay pan sobre la mesa.

Marchamos por la responsabilidad histórica que importa proteger la soberanía y por la sensibilidad social de cuidar a los que menos tienen. Marchamos para advertir sobre las consecuencias que pueden ser aún más gravosas y para intentar corregir desequilibrios que se profundizarán de seguir el curso de las cosas. Marchamos porque es nuestro país el que están rifando, en un experimento en el que (como diría Serrat) «juegan con cosas que no tienen repuesto”. Por todo esto, y tantas otras cosas, el 24 de enero marchamos!

Nicolás Rochas
Apoderado Frente Renovador – Distrito Río Negro.

En estos 40 años de la recuperación de la democracia hemos tenido 11 presidentes constitucionales en Argentina. Dos de ellos (Carlos Saúl Menem y Cristina Fernández de Kirchner) repitieron su mandato, encontrando otros casos en que han abandonado el gobierno, han asumido con anticipación, por la asamblea legislativa y/o por la ley de acefalía.

Han gobernado partidos únicos, en coaliciones y frentes electorales, todo ellos implementaron los planes que en el momento y bajo las condiciones propias, consideraron oportunos.

Sin pretender ser taxativo, ni ahondar en grandes debates, traigo a continuación algunos puntos para la reflexión. No se presentan ordenados, pero en su desarrollo deberían trabajarse unos y otros a la vez para surtir algún efecto. Se ofrecen, en tanto deudas pendientes de y en una democracia joven, latinoamericana y de “baja intensidad”, en palabras de O´Donnel.

 1. Necesidad de fortalecer, repensar y participar el Estado

No pareciera importar qué espacio político fuera a asumir, ya que siempre el tamaño, el funcionamiento, la composición y la eficiencia y eficacia del estado, se encuentran bajo la lupa.

Pareciera haber dos estrategias para abordar el asunto, una que pregona abiertamente la incapacidad de un estado gigante, bobo, estático y costoso para dar respuestas a las demandas de la ciudadanía; frente a otra que pretende repensar los espacios y reconfigurar su funcionamiento en relación directa y estrecha con las funciones que deba desarrollar para atender las demandas de una sociedad cada vez más compleja y atomizada.

En cualquiera de los casos, las vinculaciones con la academia, los centros de investigación, las asociaciones profesionales que investigan sobre el estado, parecieran insuficientes o incapaces de generar una agenda que posibilite una reflexión profunda sobre el deber ser de un estado existente y muchas veces único garante y sostén de los derechos y situaciones en los bordes, de gran parte de la sociedad.

Esperamos que, en esta nueva etapa, la convocatoria a repensar el estado sea amplia, y que haya participación de quienes pretenden dar sus mejores años y esfuerzo en servicio de las/os otras/os; en este espacio sindicatos, centrales obreras, profesionales de distintos campos (incluidas/os las/os mismos empleados públicos) tendrán mucho que aportar. Esperemos que la clase de estado que se diseñe sea con todas/os y que las propuestas de su mejora, fortalecimiento y nuevas funciones sean participativas, con una ciudadanía activa que se involucre, ya que al final de cuentas también es parte.

2. Políticas Públicas Participativas, con indicadores e información pública

Otro de los puntos débiles que hemos evidenciado a lo largo de estos años es la falta de claridad sobre el diseño, evaluación y/o funcionamiento del estado a través de sus políticas públicas.

Cualquier decisión político-institucional, para dejar de ser intuitiva, deberá contar con dos componentes claves: la disposición, utilización y apertura de información pública y el diseño, implementación y socialización de indicadores de gestión.

Es muy complicado suponer un escenario de acompañamiento y apoyo de las acciones, actividades, políticas y programas estatales sin poder conocer qué implica cada medida, cómo se pensaron, construyeron, quiénes ganan y quiénes pierden, con qué objetivo, con qué plazo y acaso cuál es el sentido de las decisiones.

Si en el horizonte hubiera una convocatoria amplia a discutir desde las bases y en la consideración de fortalecer un entramado que legitime políticas, es de esperar que la participación sea nutrida.

3. Nuevos vínculos y/o aprendizajes con y desde el sistema educativo

Es común oír críticas cruzadas sobre el sistema educativo en general y sus distintas partes en especial. Tanto desde afuera de él, como desde dentro, entre sus integrantes y entre sus niveles.

Cada nuevo gobierno que comienza diseña y trae consigo medidas, ideas y conceptos sobre el rol, pero sobre todo sobre el estado de situación y funcionamiento de la educación.

Algunas de las situaciones más notorias, pensadas por nivel, dan cuenta de:

• – Un nivel inicial obligatorio desde los 4 años, pero que no es suficiente en su cobertura federal territorial y que ha dejado espacio al avance del sector privado
• – Un nivel primario que aún con sus cosas funciona pero que, a no ser por contados casos, sigue siendo de escolaridad simple. Más allá de las decisiones familiares, una oferta más amplia de doble escolaridad y/o jornada extendida permitiría a una mayor cantidad de padres y madres disponer de ese tiempo laboral en la tranquilidad de que sus hijas/os se encuentran escolarizadas/os.
• – Un nivel medio fuerte y ampliamente criticado con resultados de pruebas, sistemas de presentismo y no repitencias. Contenidos, muchas veces atemporales y la idea rectora de que no está a la altura de lo que se necesita para ingresar a la universidad y que la base que ofrece es muy baja, ineficiente, cuando no inexistente en áreas claves como matemática y lengua
• – Un nivel superior que recibe, lo que llega, lo que alcanza a llegar del nivel anterior. Que se ha ido federalizando en las últimas dos décadas, con la aparición de Universidades Nacionales con correlato provincial. Oferta a la que se le suma las Universidades Provinciales, los Institutos Universitarios y todo el sector privado. Algunos datos son alarmantes referidos a la duplicación del promedio de los años de cursado de las carreras de grado, el desgranamiento de los estudiantes llegando a recibirse un 30% de los que ingresan y en general las condiciones y cuestiones socio-económicas que arrastran desde las familias, impactan en las aulas. Esta realidad de alguna manera fue leída por los últimos gobiernos, quienes (a veces directamente otras a través de las Universidades), han desembarcado un sistema de becas y apoyo al estudio, inclusive para carreras y áreas estratégicas.

El desafío es grande, ya que no podemos dejar de lado que existe un Consejo Federal de Educación que nuclea a las diferentes jurisdicciones en términos federales, pero que cada una de ellas es autónoma en las decisiones que puede y acaso toma. Entonces buscar nuevos espacios, nuevos modos y nuevas voces quizá en la especial coordinación de los niveles, posibilite el comenzar a desandar un camino de desconfianzas mutuas, de resquemores y construir puentes hacia lo que el sector público – privado demanda en la actualidad, y hará en el futuro.

4. Renovar, reconocer y revitalizar instancias de vinculación institucional e interinstitucional

Uno de los problemas más comunes que presentan quienes investigan, pero más aún quienes integran y gestionan el estado, es creer que todo lo que no sucede dentro de éste, no existe.

A la vista están algunas decisiones políticas que parten de la consideración de la capacidad instalada de las administraciones públicas: ofertas de servicios diseñadas en torno a la maquinaria disponible, gobiernos locales golpeando puertas y “bajando” obras públicas enlatadas, decisiones tomadas desde el escritorio valoradas en torno a cuánto cuestan económicamente.

Si bien existen diseños institucionales del estilo consejos locales o consejos asesores, son pocas las instancias ciertas de vinculación de los gobiernos locales con sus vecinas/os y de los gobiernos provinciales en línea de general.

Quizá el desafío sea pensar en nuevas mesas de vinculación y trabajo temáticas como espacios amplios. Buscando cómo y dónde se organiza la ciudadanía, pretendiendo acompañar esas expresiones y reclamos sin la intención de coartarlas sino de garantizarles una institucionalización plena, bajo el funcionamiento y modalidad a la que hayan llegado en acuerdo de partes.

5. Nuevos frenos y contrapresos de los poderes del estado

Es un debate histórico como la Argentina y ha tenido sus avances con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, pero que aún se debe rediscutir y repensar.

Es que vemos cotidianamente ataques cruzados entre poderes, mejor dicho, entre personajes de los poderes públicos, los que dan cuenta de que conociendo la ley estiran al máximo sus atribuciones.

No son novedades los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), salvando provincias y/o municipios, o los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que muchas veces avanzan sobre atribuciones del legislativo. Fallos del Poder Judicial que se “entrometen” en tiempos electorales en internas partidarias e inclusive de clubes de fútbol y cómo olvidarnos de esa dimensión de lo intocable de los magistrados que les garantiza estar exentos de algunos impuestos y deber validar su cargo de manera pública. Del otro lado un poder legislativo que posibilita bancas vitalicias y no de la misma forma abona a los debates de fondos que la sociedad reclama.

Cualquier intensión de mejora del estado y del funcionamiento de los poderes de éste, deberá versar sobre quién hace, quién controla y para qué, eso sí, con debates públicos, abiertos y con participación de la ciudadanía; ya que la misma que elige a por lo menos dos poderes del estado, debe ser la misma que comprenda y diseñe este nuevo sistema.

6. Transparencia y oxígeno en los partidos políticos

El sistema argentino establece que los candidatos surjan de los partidos políticos, los cuales han ido mudando de la idea de “partidos de masas” a la de “frentes electorales”. Esta mutación implicó algunos inconvenientes en términos de cohesión ideológica, impactando de lleno en las propias bases del electorado que no termina de reconocerse en tal o cual espacio.

Algo de avance implicó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que posibilita que los partidos diriman su interna de forma pública, aunque a la vez recibieron críticas de no ser necesarias, de implicar un gasto superfluo para el estado y que al hacer públicas las internas, los mismos partidos no sabrían y/o conocerían cómo dirimir sus conflictos internos.

Quizá sea tiempo de comenzar en buscar nuevos mecanismos que oxigenen los partidos políticos, no perdamos de foco que estas super estructuras (que en tiempos de “normalidad” se encuentran distantes), evidencian su capacidad de organización y cohesión en tiempos electorales, donde surgen candidatos, aparecen nombres y rápidamente se cierran filas y todo se presenta como lógico.

Si el tiempo que se viene demanda de algo, es que los partidos puedan territorializar de forma permanente su participación en la sociedad, que aporten en formación políticas, que participen activamente en los debates públicos locales, regionales y nacionales, que generen agenda pública y que formen nuevos cuadros políticos, institucionales, pero sobre todo ideológicos.

7. Establecer prioridades y un núcleo rígido sobre temas estratégicos nacionales

No son pocas las veces en que nos encontramos con cambios de gobiernos que no cambian únicamente de modelos de gestión (más cerca o más distantes de la ciudadanía), sino de norte institucional, por comprender que algunos temas que se venían abordando ya no son prioritarios.

Esto nos deposita frente a un mosaico de políticas públicas que van quedando de forma residual en un estado poco diseñado para hacer frente, cada 2 o 4 años a diferentes iniciativas.

Nuestra Constitución Nacional, cuya última reforma fue en 1994, estableció una suerte de “núcleo rígido” o núcleo de coincidencias básicas al que arribaron y acordaron los dos partidos mayoritarios de la época. Esto permitió un punto de encuentro y un horizonte de construcción común.

Si pudiéramos como país establecer algo similar, es decir abrir tema por tema, con ganas de debatir y avanzar hacia la generación de una agenda estratégica para los próximos 20 o 30 años, estaría organizando nuestro núcleo rígido sobre, quizá: matriz energética, sistema productivo, relaciones internacionales regionales y globales, modelo de acumulación y reparto, capacidad y rol de estado, entre otros.

Esta propuesta, “derramada” hacia gobiernos provinciales y locales, en este concierto federal, permitiría aunar esfuerzos de gestión en una misma dirección, dar sentido y valor a los planes de desarrollo y contener esas iniciativas que emanen, a pesar de las condiciones.

8. Federalizar lo federalizable, contagiando modelos de gestión y construyendo comunidad

Son muchos los esfuerzos y puntos comunes entre gobiernos subnacionales y gobierno nacional, rápidamente podemos mencionar los Consejos Federales en tanto espacio de vinculación y/o negociación, el Senado como nuevo lugar de equilibrio de representación de las provincias ante el sistema todo y el modelo de coparticipación federal (aunque debería ser rediscutido).

No se trata de inmiscuirse en asuntos ajenos. Cada nivel y cada poder tiene establecido normativamente su alcance e injerencia; aunque sigue siendo inminente y cada vez más urgente la necesidad de acordar.

Si pensáramos en términos asociativos desde lo local, municipios trabajando en bancos de experiencias exitosas, con sus Intendentas/es y Concejalas/es en red. Gobernadoras/es encontrándose con intenciones de mutua colaboración y entre todas/os discutiendo, debatiendo y proponiendo en un esquema federal, no caben dudas que se construirían nuevos y más legítimos (por su uso activo y actual), mecanismos de decisión y coordinación de políticas públicas temáticas, pero sobre todo de formación política.

Este tipo de esquemas asociativos, colaborativos son tema de estudio de la academia, quizá nuevas y más fuertes vinculaciones con ese sector puedan dar pistas e indicios de su potencia y quizá permitan trazar una hoja de ruta de cómo comenzar a diseñarlos, en consideración de los nuevos desafíos de un país tan extenso y complejo en su heterogeneidad.

9. Regionalizar efectivamente el poder en América Latina y el Caribe

Hemos, a lo largo de estos más de 200 años de historia en Argentina, evidenciado acuerdos y rupturas globales, cambios en la geopolítica, caída de naciones, aparición y desaparición de regiones enteras como tales, unificación y división de países, acuerdos y desacuerdos comerciales; dos y quizá estemos en camino a una tercera guerra mundial.

Si bien estamos tentados a mirar y tamizar todo desde la óptica europea, es cierto y tangible el riesgo de ello. Desde la academia ha habido avances y notorios aportes para pensar a y desde América Latina y el Caribe. Es que comprender la matriz de dominación (ahora económica), los planes provenientes desde la parte norte del hemisferio para apoderarse de los recursos naturales, en la región y comprender y tener presente que 200 años de “liberación” no terminan de cortar las amarras con Europa, es la clave para comprender con acierto lo hondo del problema.

Esta nueva óptica nos permite mirar y construir un pensamiento latinoamericano (no es que no haya pensadores), sino que revisar las políticas públicas en clave latinoamericana nos daría la ventaja de poder determinar de antemano su capacidad de funcionamiento, de impacto, quizá hasta de recepción local.

Mientras que grandes potencias mundiales, buscan formas distintas de asociarse entre sí, por mencionar rápidamente a algunas (la Unión Europea, la Euro Zona, los Brics, el grupo de los 8), en Argentina no terminamos de admitir que somos Latinoamericanos y que amén de alguna que otra relación comercial global, los aliados estratégicos deberían ser en primera medida nuestros vecinos con quienes compartimos historia cultural y de dominación histórica.

Este pasado común y horizonte en miras de una Patria Grande, debería motivarnos a rediscutir instrumentos de política regional como el Mercosur o el Parlasur, no para su desaparición, sino para valorarlos, rediseñarlos, oxigenarlos y nutrirlos de contenido político.

10. Comprender la influencia de los medios de comunicación en la vida de las personas

Es extensa la discusión sobre el rol de los medios de comunicación, su objetividad o militancia ideológica y partidaria y al fin y al cabo la necesidad de su existencia para garantizar estar informado.

En los últimos años, con la aparición de las nuevas tecnologías de la información, internet y los celulares, más en el último tiempo las nuevas formas de comunicación, como las redes sociales, las plataformas de streaming, los canales de youtube, inclusive los podcast de Spotify, han cambiado los hábitos de consumo y el modo de informarse.

Es un fenómeno global en esta nueva etapa del capitalismo que demanda de más y más rápido consumo, entre esos productos, se encuentran los contenidos digitales, y por ende la posibilidad de consumir noticias, medios y opiniones.

Una rápida pregunta es ¿cuál es la relación de los medios (todos ellos, en todos sus formatos) con los integrantes de las familias, y cómo repercute en distintos niveles de consumo y/o conocimiento adquirido, en tiempos de hiperconectividad?

Es decir, ¿todos los integrantes de un núcleo familiar, con sus distintas edades, consumen la misma información en diferentes formatos, o quizá los formatos clásicos son para cierta franja etaria que encima los considera como los únicos y los válidos?

Si encima uno quisiera cruzar esta posibilidad casi infinita de consumo de información, no siempre chequeada, con algo tan complejo como es la política, podríamos saber ¿cuánto influyen en los hábitos cotidianos y acaso en demonizar y/o santificar a algún candidato o política? ¿Qué queda detrás de todo eso?

No pretendiendo ahondar en un tema tan complejo, entiendo que el tiempo que se viene demanda de comenzar a pensar ¿dónde queda el estado y las personas, en este esquema?, y en esta misma dirección, ¿quién decide por quién?

Quizá el mayor desafío que tengamos por delante sea encontrar los espacios para comenzar a desenmarañar esta carrera a la que nos subimos sin las medidas de seguridad, o sin las instrucciones de uso, porque por más que no terminemos de comprender cómo y/o por qué se dan las cosas, éstas nos afectan de igual manera y directamente.

El poder construir espacios de reflexión, para aproximarnos al fenómeno, lugares de encuentro interdisciplinarios, pero sobre todo intergeneracionales, nos posibilitará comenzar a discutir y pensar en ello.

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

El trabajo para todas las personas lo dignifica, y es un derecho fundamental en la sociedad moderna en donde la interacción social necesita siempre de la mano de obra o conocimientos en labores diversas. Para las personas con discapacidad este derecho es una necesidad acuciante en el cual el Estado Nacional no ha logrado abrevar, en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad sancionada en el año 2006, pero que en nuestro país entró en vigor en el año 2008, mediante la ley 26.378, y en el año 2014, mediante la ley 27.044 se le otorgo jerarquía constitucional, afirma en su artículo 27 el derecho y el acceso al trabajo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, este derecho involucra a los estados partes de la presente convención, además pregona que dichos ambientes laborales, sean abiertos, integrales, y accesibles para la población con discapacidad, en Argentina este derecho está legislado por la ley 22.431 del año 1981 en el cual en su octavo articulo afirma el derecho al trabajo, y establece además que los estados y sus tres poderes independientes, los organismos y empresas públicas y privadas tienen la obligación de tener en su planta de trabajadores un total de 4% de personas con discapacidad, esto fue reafirmado por el decreto 312 del año 2010.

Si bien estos derechos no han sido cumplidos en su totalidad, aquí vemos que la tasa de desempleo en personas con discapacidad es superior al 10% de la población, según datos obtenidos por el indec en el año 2018, esto es superior a la tasa de desempleo general que es del más del 6%, además la tasa de inactividad de este sector social es del 64,1% esto incluye que solo dos de cada tres personas no poseen ni buscan trabajo, ya que una de las barreras a las cuales deben enfrentarse es la económica, debido que si realizan aportes a la caja previsional, corren el riesgo de perder su beneficio no contributivo. Lo cual produciría un daño social, sino también económico a la persona con discapacidad y se lo excluiría socialmente, y se lo impediría de acceder a los servicios básicos.

En Argentina la convención no se cumple, sin embargo, el día 29 de Noviembre de este año, entro en vigencia el decreto N° 526/2023 publicado en el boletín oficial, y rubricado por el ejecutivo nacional.  Que establece que toda persona con discapacidad pueda acceder a un empleo sin perder su pensión no contributiva que era una de las barreras en las cuales debían interactuar las personas con discapacidad. Esto sin duda genera un cambio positivo en ámbitos de inclusión, no solo social, sino también laboral y cultural, pero siembra dudas ya que a partir del 10 de diciembre asume el nuevo presidente electo, cuya política estará signada por el ajuste fiscal.

Este decreto es un gran paso para generar accesibilidad laboral, social y cultural, solo falta saber cómo el nuevo gobierno lo instrumentara y que políticas sociales implementara para contener a este sector social, y no generar más exclusión, y promover la integración de las personas en situación de discapacidad.

Nota de opinión por Emilio Epulef
Licenciado en Comunicación Social.