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Opinión

Por una Argentina sin persecución a la infancia

Por el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.

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El Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro manifiesta que está en contra de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes y contra la intención anunciada “bajar la edad de imputabilidad”.

Esta propuesta se justifica en supuestos hechos delictivos que excepcionalmente se han dado en nuestra provincia y en la nación. Las estadísticas de organismos judiciales desmienten que haya una alta incidencia de crímenes realizados por niñxs.

Pero sin dudas, este discurso favorecerá un clima de violencia, que solo refuerza la vulnerabilidad de los sectores más humildes de nuestra sociedad. Esta política de violencia no alcanza para ocultar el abandono de las políticas sociales y educativas. Solo podrá complacer a los promotores de odio contra los adolescentes, dispuestos a creer que con tal medida tendrá un mayor nivel de seguridad.

La causa de violencia en los barrios, no son los niños. Son las escasas oportunidades laborales, la explotación laboral y sexual, el hambre, el acoso de las fuerzas policiales, las dificultades económicas y sociales para que lxs niñxs y adolescentes puedan estudiar.

Los problemas más graves son causados por adultos y no por niños.

Si hay un caso de que un niño esté obligado a cometer un delito, el delito es del adulto y el niño es la víctima.   Y no es verdad que en caso de la comisión de un delito por un adolescente “no le pasa nada”. Pues hemos visto aquí en la provincia de que aún cuando no haya cometido delito, la policía ha sido facultada por el Superior Tribunal de Justicia en un cuestionado fallo para detener niñxs.

Sabemos además que el régimen penal actual (ley 22.278) es tan arbitrario que permite que estén presxs por motivos por los que un adulto no lo estaría. Por esto mismo, es que acordamos en la necesidad de modificar el régimen penal juvenil pero no acordamos en modificar la edad mínima de punibilidad.

UNICEF y los organismos de derechos humanos internacionales han pedido nuestro país que no adopte una política regresiva y demagógica.

Como han sostenido en la red nacional Argentina No Baja: “Lo que debe garantizar la ley es que lxs pibxs de menos de 16 años directamente no tomen contacto con el sistema penal; mientras que entre los 16 y 18 se reduzca su ingreso en el marco de un sistema en el que primen las garantías y las sanciones no privativas de la libertad y con contenido socioeducativo”.

Junto con todos los organismos nacionales, este 23 de febrero pedimos:

– Aumentar los recursos y presupuestos de las políticas de protección de derechos de la infancia, en particular, educativas y culturales, de salud y de seguridad social.
– Que se ponga fin a las políticas de ajuste que dejan sin trabajo a las familias.
– Que se desbaraten, investiguen y sancionen, a las redes delictivas y particularmente la responsabilidad que les cabe a funcionarios estatales y de las fuerzas de seguridad que se valen de niñxs para sus fines.
– Que se dé instrucciones precisas a las fuerzas de seguridad y custodia, prohibiendo el uso de armas de fuego contras los niños, niñas y adolescentes, como lo prevén las normas internacionales de Derechos Humanos y se sancionen con severidad las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los más jóvenes

Finalmente reafirmamos que un país que condena a sus niñxs a las mínimas posibilidades de desarrollo, es un país que se condena a sí mismo. Un país sin un proyecto específico para la infancia es en sentido estricto, un país sin proyecto.

 

Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.

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Gremios

El nivel de inflación actual está terminando con la clase media y el único responsable es el Gobierno

Nota de opinión por Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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Este nivel de inflación (5,1% en mayo) está terminando con la clase media en el país. La responsabilidad es directamente del gobierno de Alberto Fernández.

Los asalariados formales pobres aumentan drásticamente y el nivel de endeudamiento de los trabajadores se torna insoportable. La suba de los precios de los alimentos por sobre el nivel general afecta significativamente más a los sectores populares. En promedio, la mayoría tiene comprometido más de la mitad de sus ingresos mensuales.

La inflación acumulada en los primeros cinco meses del año llegó a 29,3% y la interanual escaló a 60,7%.

Cabe destacar que uno de los grupos de productos que más aumentó es el de alimentos y bebidas, en un 33,7% en lo que va del año y 64,2% interanual, superando largamente la cifra general.

El único responsable es el Gobierno. No interviene decididamente en el mercado, ni se anima a ponerle un freno a los especuladores y formadores de precios. La suba constante de los precios es un problema al que el Ejecutivo no encuentra solución, ya que a principios de año estimaban que sería de 40%, proyección que difícilmente se cumpla.

Es inaceptable y hasta inmoral, que la economía argentina crezca y las condiciones de vida del pueblo se deterioren al mismo tiempo. Se desvanecen las esperanzas de que el Gobierno recupere el mandato que la ciudadanía le dio en el 2019 y comience a definir políticas en favor de los sectores populares.

Rodolfo Aguiar.
Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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Gremios

Rechazo al pedido del legislador Martin de prohibir el lenguaje inclusivo

Nota de opinión por Paolo Etchepareborda, profesor de Historia, ex candidato a Diputado Nacional por el Partido Socialista y militante de UnTER.

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Las sociedades atraviesan distintos momentos históricos que construyen en parte por tradiciones, pero fundamentalmente por construcciones culturales que hoy se generan desde los sectores que disputan el poder hegemónico y que forman parte del sistema capitalista, y que utilizan todos los medios a su alcance para disputar y construir su poder.

El lenguaje inclusivo, sin lugar a dudas, vino a cuestionar parte de esa hegemonía que se propone como única e irrefutable, la de una sociedad donde la meritocracia y fundamentalmente el patriarcado son condiciones fundantes para sostener ese poder.

Bajo esos preceptos se debe construir la sociedad pretendida y no aceptan por ello nada que cuestione esa lógica.

Por eso no es casual que personajes como la ministra de educación porteña, pero principalmente quien se postula como el representante de esos intereses disfrazado de progre, hayan lanzado una ofensiva contra una herramienta de reconocimiento de un “otre” que no solo “habla” diferente, además cuestiona lo establecido como norma.

En nuestra provincia, como no podía ser de otra manera, apareció en escena un oportunista de la política que, emulando la decisión del gobierno porteño, pretende indicarle al nuevo Ministro de Educación Pablo Núñez que debe hacer lo mismo y prohibir así el lenguaje inclusivo en las escuelas rionegrinas.

Ante este pedido formal, quiero expresar mi rechazo y la del Partido Socialista de Río Negro a la Solicitud del Legislador Rionegrino Juan Martín, de Juntos por el Cambio, quien pretende prohibir, e imagino castigar a quienes lo hagan, el uso del lenguaje inclusivo.

Paolo Etchepareborda.
Profesor de Historia, ex candidato a Diputado Nacional por el Partido Socialista y militante de UnTER.

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Gremios

Cambio en el Ministerio, demora en las respuestas a Educación

Nota de opinión por Sandra Schieroni y Silvana Inostroza, Secretaria General y Secretaria Adjunta de UnTER, respectivamente.

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El gobierno de la provincia definió cambiar de funcionaria a cargo del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Mientras eso sucede, no da respuestas a las demandas de los trabajadores de la educación.

Entre las temáticas urgentes se encuentra la puesta en marcha de las asambleas presenciales de interinatos y suplencias y la revisión del Manual de Títulos de Adultos y Especial que debería ser previo a la inscripción anual.Además, tal como lo venimos planteando, exigimos que todas las escuelas estén en condiciones y que se garantice el circuito acordado para la realización de los exámenes preocupacionales.

Se solicitó que reprogramen las reuniones suspendidas, no hemos tenido precisiones. Desde el Consejo Directivo Central de UnTER vemos con preocupación esta demora en las respuestas requeridas, el sistema educativo no puede parar y los acuerdos paritarios se deben cumplir, más allá de la transición o de quien conduzca la cartera ministerial.

Instamos a las autoridades a dar urgente respuesta a los compromisos asumidos con los trabajadores en el ámbito paritario, que es en definitiva atender las necesidades de la educación pública.

Sandra Schieroni y Silvana Inostroza
Secretaria General y Secretaria Adjunta de UnTER, respectivamente.

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