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Ejecuciones de créditos personales deben respetar el régimen de Defensa del Consumidor

Fallo de la Cámara Civil de Roca llama a «asumir un rol más proactivo en defensa del sujeto débil» en las relaciones de consumo.

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La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Roca dictó una sentencia con fuerte respaldo a los derechos del Consumidor, en la que encomendó a los juzgados de primera instancia que están bajo su órbita no sólo aplicar de oficio la normativa vigente a favor del más débil de la relación contractual sino también verificar el estricto cumplimiento de los requisitos legales por parte de las compañías financieras que pretenden ejecutar títulos de crédito contra particulares.

En «las acciones que pudieren iniciar las empresas, derivadas de una relación de consumo o que deben presumirse como tales, el juez está llamado a asumir un rol más proactivo en defensa del sujeto débil de la relación, de acuerdo a los principios del régimen consumeril estructurado en base al artículo 42 de la Constitución Nacional y leyes reglamentarias que resultan de orden público», recalcó el Tribunal en una sentencia dictada el pasado 7 de marzo.

La Cámara destacó que la ejecución de pagarés y otros títulos nacidos de contratos de crédito entre empresas e individuos debe respetar el régimen especial que establece la Ley de Defensa del Consumidor, como un modo de compensar la desigualdad a la que queda sometido el tomador del préstamo en ese tipo de relaciones contractuales.

El pronunciamiento de la Cámara hizo lugar a la apelación de un hombre del Valle Medio, quien había sufrido un embargo producto de la ejecución de un pagaré por parte de la empresa «Patagonia Servicios Financieros S.A.».

Aquel documento que se presentó como base para la demanda hubiese resultado título suficiente para otro tipo de situaciones. Sin embargo, por tratarse en este caso de una «relación de consumo» entre la compañía y el tomador del crédito, la Ley de Defensa del Consumidor exige que el pagaré cumpla una estricta serie de requisitos, para evitar ejecuciones arbitrarias o reclamos abusivos.

Con voto rector del juez Gustavo Martínez y adhesión de su par Víctor Soto, la sentencia ratificó que «para esta Cámara no es admisible la ejecución con base en pagarés que no cumplan las exigencias del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor» (*).

El Tribunal sostuvo que, en caso de resultar insuficiente la información volcada en el pagaré, la misma al menos debe surgir detallada de «otra documentación válida» que tenga la firma del cliente y que haya sido debidamente presentada al expediente por la empresa que pretende llevar adelante la ejecución. Según encomendó la Cámara a los tribunales inferiores, si no están dados esos requisitos, éstos no deberán habilitar la vía ejecutiva.

Así, la Cámara concluyó que no debe dictarse «la sentencia monitoria -y mucho menos aún disponer embargos y demás medidas contra el ejecutado-, sin previamente requerirle al ejecutante (empresa) que allegue el contrato y la documentación acreditante del negocio por el que se libró el pagaré cuya ejecución se pretende, a fin de verificar que éste no infracciona el régimen de protección de los consumidores frente a tal tipo de operaciones».

Requisito fiscal

La presentación de demandas ejecutivas por parte de compañías financieras y casas de crédito es cada vez más habitual en los Tribunales provinciales.

La Cámara recordó que además, para ser válidos en el proceso, tanto los pagarés (u otros títulos) como los contratos mismos (en este caso el contrato de crédito o mutuo) deben tener acreditado el pago del impuesto de sellos, en cumplimiento del régimen fiscal rionegrino. En el caso analizado, no se cumplía el tributo por el contrato.

Sobre el requisito fiscal, la Cámara recordó que el Código Fiscal de la provincia (Ley I 2686) considera como «infracción» el hecho de «invocar en juicio la existencia de un contrato escrito sin comprobar que tributó el impuesto, tasa o contribución correspondiente».

El Tribunal fundamentó que se trata de «normas de orden público», por lo que corresponde «actuar de oficio dando cuenta de la situación a la Agencia de Recaudación Tributaria, así como también encomendando a los Juzgados de Primera Instancia que actúen conforme los lineamientos aquí dados».

La Cámara aclaró que se dispuso la comunicación a la Agencia de Recaudación «ante la posibilidad -que aparece como muy probable-, que no se esté tributando en general, apelado a esta extraña forma de contratación como un modo de intentar eludir la carga fiscal, lo que sería un hecho grave que podría hasta eventualmente constituir delito».

Qué dice la Ley

El artículo 36 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor establece los requisitos para las «operaciones de venta de créditos» y dice: «En las operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios deberá consignarse, bajo pena de nulidad: El precio de contado, el saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y monto total financiado a pagar».

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Judiciales

Detienen en Bariloche a un sospechoso de un homicidio ocurrido en Roca

El hecho sucedió el 25 de diciembre del año pasado en Alta Barda. El sujeto tenía pedido de captura.

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Una tarea de investigación que se extendió durante varias jornadas concluyó de manera positiva con la detención de un individuo vinculado a un homicidio ocurrido el 25 de diciembre de 2023 en General Roca. La víctima fue Daniel Alberto Chanqueo, quien residía en el barrio Alta Barda.

La pesquisa estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la locaidad, que determinó el paradero laboral del sospechoso y con la colaboración de personal uniformado de la Subcomisaría 80º procedió a su captura tras la orden emitida por la Fiscalía N° 5.

El detenido, de 24 años, está sospechado de ser el autor material del homicidio de un hombre, que fue ultimado de varios disparos provocados con un arma de fuego.

A partir de las averiguaciones que realizó la fuerza policial –de forma coordinada entre los cuerpos de investigaciones de Roca y Bariloche– se pudo establecer que el individuo se desempeñaba laboralmente como obrero en una construcción de calle Bacacay al 3000, en el extremo sur del barrio Las Victorias.

Cuando los efectivos detectaron su presencia en la vía pública, cerca de la obra mencionada, procedieron a identificarlo aunque estaba indocumentado y al ser consultado aportó datos falsos sobre su identidad. Sin embargo a partir de rasgos característicos distintivos, el personal actuante determinó que se trataba del sospechoso, quien estaba prófugo de la Justicia desde el momento del crimen.

La unidad especial anotició a la Fiscalía local sobre la detención y realizó las consultas pertinentes con la unidad del Ministerio Público Fiscal que ordenó su captura, logrando el aval para continuar con el procedimiento. El detenido fue trasladado a la unidad policial de la jurisdicción, donde se inició el expediente judicial pertinente.

En este sentido, este mediodía (27/03) el Ministerio Público Fiscal imputó al hombre, quien quedará en prisión preventiva por los próximos cuatro meses.

Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido el día de navidad alrededor de las 21.30, en la esquina de Las Camelias y Los Claveles, oportunidad en que la víctima fue sorprendida por el imputado, quien le habría disparado con un arma de fuego que portaba sin la debida autorización legal. Luego de haber efectuado los disparos, el sujeto se dio a la fuga a bordo de una moto.

«La víctima fue trasladada por un vecino al hospital donde se produjo su fallecimiento por un paro cardiorespiratorio», agregó la acusación.

La calificación legal por la que quedó imputado el hombre es la «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización».

Como sustento probatorio la Fiscalía mencionó que cuenta con el acta de procedimiento policial confeccionada por personal de la Comisaría 47° de J.J. Gómez, un croquis del lugar del hecho, certificados médicos y reportes preliminares del Gabinete de Criminalística luego de las primeras medidas de investigación, entre diversa evidencia.

La Brigada de Investigaciones había iniciado la búsqueda del hombre durante la jornada de navidad, luego de que la Fiscalía evaluara las primeras evidencias recolectadas entre ella testimonios que lo ubicaban en el lugar en el que la víctima recibió el disparo. No obstante, encontrar testigos constituyó una gran dificultad debido al temor que manifestaban los vecinos.

El hombre fue encontrado junto a otras dos personas en una obra en construcción de la ciudad andina donde dio un nombre falso en momentos en que la Policía intentaba identificarlo.

En el marco de la investigación penal preparatoria que hoy se abre, toda vez que el juez tuvo por formulados los cargos, se realizarán medidas pendientes entre la que se cuenta la declaración de testigos que no habían declarado por temor. Fue este uno de los argumentos que sostuvo la fiscal al momento de requerir la prisión preventiva del acusado que le fue otorgada por el mismo tiempo durante el cual se extenderá la investigación.

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Padre tiene que pagar cuota alimentaria aunque no tenga bienes registrados a su nombre

Incluso AFIP informó que el ciudadano no registra aportes previsionales y no se registra inscripto en dicho organismo.

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El padre de dos niñas que viven en Cipolletti tendrá que abonar la cuota alimentaria a pesar de no haber contestado la demanda. Sin mayores datos sobre él, el fuero de Familia realizó una búsqueda por organismos públicos y no cuenta con trabajo ni bienes registrados. El fallo admitió que por su edad y condiciones físicas se encuentra en condiciones de realizar una profesión y actividad. También lo conminó a pagar el monto que debe en concepto de alimentos.

La madre de las niñas se presentó con el acompañamiento de la defensa pública y solicitó que se fijará una cuota alimentaria porque está sin trabajo. Sus hijas tienen 10 y 12 años, viven con ella y van a la escuela. En consecuencia se consideraron además de los gastos de alimentación, los de salud, vestimenta y educación.

La mujer también aseguró que el papá se desentendió totalmente de sus obligaciones parentales, que no cumple con la cuota alimentaria y que es ella quien se encarga de manera exclusiva de las tareas de cuidado de sus hijas y satisfacer sus necesidades materiales.

El hombre, a pesar de haber sido notificado de la demanda, no se presentó al juicio. El fuero de Familia realizó una búsqueda por los registros públicos para conocer las actividades laborales o los bienes que posee el padre. Ninguna de esas averiguaciones arrojó resultados: Anses emitió una certificación negativa, AFIP informó que el ciudadano no registra aportes previsionales y no se registra inscripto en dicho organismo.

De los informes expedidos por los registros del automotor y de la propiedad inmueble de Río Negro y Neuquén surge que el demandado no se encuentra registrado como titular registral en ninguno de los organismos.

En consecuencia, a pesar de no contar con trabajo ni bienes registrados el fallo consideró que el padre “se halla en edad y condiciones físicas para desarrollar una profesión o actividad aunque no se obtenga prueba directa de sus ganancias, cabe presumir que cuenta con ingresos suficientes provenientes de su actividad habitual o que también está en aptitud para procurarlos».

Por ello se fijó una cuota alimentaria para sus hijas y se habilitó a la madre a cobrar el retroactivo desde que interpuso la demanda.

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Estafa al IPROSS: Cuatro farmacéuticos fueron declarados culpables

Deberán presentarse lunes por medio ante Justicia, no podrán salir del país y se les mantendrá la inhibición de sus bienes.

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Las cuatro personas imputadas en la investigación por fraude a la obra social IPROSS fueron condenadas este mediodía (22/03) en Roca. Los farmacéuticos Fabio Adrián Caffaratti, Raúl Eduardo Mascaró y Rodolfo Eduardo Mastandrea y la ex auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, Sandra Fasano, fueron declarados penalmente responsables del delito de «estafas reiteradas agravadas por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública». El veredicto fue unánime del Tribunal de Juicio integrado por Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido.

En la audiencia se expusieron oralmente los fundamentos centrales del veredicto. La próxima instancia será el juicio de cesura, en el que se discutirá y definirá el monto de la pena que corresponderá a cada uno, en función de los hechos acreditados.

Por los mismos delitos y ante otro Tribunal, en 2022, fueron condenadas dos farmacéuticas en el marco de un juicio abreviado en el que aceptaron la culpabilidad y una pena de tres años de prisión condicional.

Hoy, al finalizar la exposición del veredicto, el equipo del Ministerio Público Fiscal y el abogado querellante que representa al Estado Provincial como víctima solicitaron que se mantengan todas las medidas cautelares que pesan sobre las cuatro personas. El Tribunal admitió el planteo por unanimidad. Definió que deberán presentarse lunes por medio ante la fiscalía para acreditar que permanecen a disposición de la Justicia, que ninguno podrá salir del país y que se mantendrán legalmente inhibidos para disponer de sus bienes.

Además, se mantuvo bajo embargo el dinero de la última partida que IPROSS depositó a los farmacéuticos en el marco de la estafa pero que éstos no alcanzaron a cobrar por el bloqueo que impuso la investigación judicial.

Coautoría en duplas

El veredicto puso en un rol central a la ex auditora del Colegio y determinó que cada uno de los farmacéuticos imputados fue «coautor» con ella de cada uno de los delitos cometidos. Si bien el Tribunal destacó el vínculo y el conocimiento que todos tenían entre sí, precisó que cada uno era independiente en su posibilidad de continuar o no con las maniobras en connivencia con la auditora.

Los hechos de la acusación se organizaron en cuatro modalidades (en el juicio se las identificó como Hechos 1A, Hechos 1B, Hechos 2 y Hechos 3). Cada modalidad explica una maniobra distinta para simular ventas de medicamentos supuestamente recetados a afiliados de IPROSS.

Se trataba de remedios para enfermedades como epilepsia y diabetes, que tenían cobertura al 100% de la obra social. En los sistemas informáticos que compartían las farmacias de los acusados y el Colegio de Farmacéuticos se cargaron, validaron y facturaron medicamentos que no figuraban en las recetas, o se agregaron cantidades o medicamentos extra a recetas que ya estaban validadas o directamente se crearon recetas ficticias.

El Tribunal explicó en su fundamentación que «usaron al Colegio de Farmacéuticos para lograr el pago viciado del IPROSS». Lo hicieron presentando a la obra social rendiciones quincenales de recetas que habían sido adulteradas manual o digitalmente. Los delitos fueron cometidos entre diciembre de 2013 y abril de 2019.

El delito de estafa se configuró, según explicó el Tribunal, porque se dieron los tres elementos básicos de esa figura delictiva. Uno es el «engaño» intencional de los imputados al IPROSS, a través de la manipulación de los sistemas informáticos y del conocimiento que tenían sobre los circuitos administrativos y de control, aprovechándose de un convenio con la obra social que les asignaba las principales tareas de auditoría al propio Colegio.

Otro es el «error» en el que efectivamente cayó a la obra social, como consumación del engaño, que llevó a la entidad estatal a pagar por remedios inexistentes. Y el tercero es la «disposición patrimonial», es decir, las transferencias millonarias de dinero que Ipross hizo a los farmacéuticos por la cobertura de medicamentos que ellos jamás habían vendido. Allí radica el perjuicio económico al Estado, que en 2019, al inicio de la investigación, se calculó en 66 millones de pesos. Según el veredicto de hoy, ese valor actualizado a diciembre de 2023 arroja un total de 2.400 millones de pesos.

Más de 570 estafas

Para el Tribunal, cada rendición quincenal de recetas al Ipross fue una estafa independiente. No se trató, como alegó una de las defensas, de un único delito continuado a lo largo de los años.

El veredicto explicó que en cada envío, la ex auditora y cada farmacéutico compartieron el «dominio funcional» del hecho y tuvieron una intervención esencial. Para cada hecho hubo entre ambos «un plan común» y un reparto de beneficios.

En ese sentido, Fasano fue declarada responsable de un total de 574 estafas, distribuidas en las cuatro modalidades clasificadas por la acusación. En su mayoría son hechos cometidos en coautoría con alguno de los tres farmacéuticos, en tanto que otros corresponden a la farmacia involucrada en la condena de 2022 y a la farmacia de un familiar fallecido de la imputada.

Caffaratti fue declarado penalmente responsable de 249 estafas en coautoría con Fasano, en las cuatro modalidades. Mastandrea fue condenado por 122 hechos en todas las modalidades, siempre en coautoría con Fasano, y finalmente Mascaró fue declarado culpable de 107 estafas en tres modalidades distintas, como coautor con la ex auditora.

En tanto que tres de los imputados fueron absueltos por algunos pocos hechos de la modalidad 3, al no haberse acreditado si se trató de ventas de medicamentos reales o ficticias.

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