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Quedó libre la madre de la niña que abandonaron golpeada en el Hospital

Fue imputada por «participación por omisión», mientras que su pareja, que continuará detenido, por «lesiones leves agravadas por ensañamiento».

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La Justicia de los fueros Penal y de Familia realizó el mediodía del martes, las audiencias relativas al caso de la niña que fue asistida en el Hospital Francisco López Lima de General Roca el pasado sábado por la tarde.

En primer término la jueza de Familia Andrea Tormena, junto con la Defensora de Menores Elizabeth Quesada; la asesora legal del Organismo Proteccional de Desarrollo Social, Lorena Marín, y los Defensores de Pobres y Ausentes Diego Suárez e Irene Peruzzi, participaron de las audiencias -por separado- con la mamá de la niña y luego con su pareja. Esas audiencias se realizaron en el marco de la Medida Excepcional de Protección de Derechos dispuesta por el Organismo Proteccional SPIDNNA (Subsecretaría de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes), regida por Ley 26.061, que alcanza tanto a la niña internada como a sus dos hermanos mellizos, de 4 meses.

La mencionada ley establece que al detectarse la situación de vulnerabilidad de un niño/a, el SPIDNAA debe emitir el acto administrativo de protección y definir un lugar de alojamiento para los niños por un lapso determinado (en este caso se dispuso el máximo legal de 90 días, prorrogable a 180), para permitir el restablecimiento de sus derechos. Ese lugar puede ser -según la evaluación interdisciplinaria que realice el organismo- junto a su familia extensa o, como en este caso, en una institución pública.

El procedimiento indica que la Defensora Quesada deberá emitir en las próximas horas su opinión sobre la legalidad de la medida administrativa de protección. Una vez evaluado ese dictamen la jueza Tormena resolverá si corresponde la legalización de lo decidido por el SPIDNNA, dentro del plazo máximo de 72 horas que prevé la normativa.

Tras las audiencias en el Juzgado de Familia, la Jueza y la Defensora de Menores aseguraron que el resguardo de los tres niños está debidamente garantizado mediante el actuar conjunto del SPIDNNA, Salud Pública y el Poder Judicial. El Organismo Proteccional, además, tomará a su cargo la inscripción de los mellizos en el Registro Civil y de Capacidad de las Personas.

Luego, fue el turno de la declaración indagatoria en el fuero Penal a los dos imputados: la madre de la niña y su pareja. Encabezó la audiencia la jueza de Instrucción Natalia González, titular del Juzgado N° 4, en tanto que la acusación fue formulada por la Fiscal de Delitos contra las Personas Teresa Giuffrida. Intervino también la Defensora de Menores Estela Aroca en resguardo de los intereses de la víctima, mientras que la defensa de los dos imputados estuvo a cargo del Defensor Oficial Gustavo Viecens.

La Fiscalía imputó al hombre la presunta comisión del delito de «lesiones leves agravadas por ensañamiento» y a la mujer la «participación por omisión» en el mismo delito.

Cabe señalar que esta calificación legal es provisoria y que el carácter «leve» de las lesiones es el dictaminado en su primera intervención por el Cuerpo Médico Forense. Según establece el Código Penal, las lesiones se consideran «leves» -sin perjuicio de la gravedad del caso en análisis- cuando su tiempo estimado de curación es inferior a 30 días.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, la jueza González dispuso que el hombre permanezca detenido hasta la resolución de su situación procesal, la cual se definirá dentro del plazo legal de 10 días hábiles. En cuanto a la madre de la niña, se ordenó su libertad con prohibición de acercamiento a la víctima. La mujer quedó sujeta a proceso y dentro del mismo plazo también se resolverá su situación procesal.

La audiencia se realizó a puertas cerradas por tratarse la víctima de una menor de edad. Por el mismo motivo las autoridades judiciales anticiparon que mantendrán estricta reserva de los pormenores del caso.

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Por trágico incendio en una celda deberán indemnizar a un sobreviviente y a la familia de un hombre fallecido

Todo comenzó porque un interno prendió fuego un colchón. La familia del preso fallecido cobrará más de 6 millones de pesos de indemnización, mientras que la del sobreviviente casi 3 millones.

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Tres hombres estaban detenidos en un lugar que, según la sentencia de una jueza Civil de Roca, “no era humanamente apto” en el Penal 2 de Roca. “A modo de reclamo”, según admitieron las autoridades penitenciarias, uno de ellos prendió fuego un colchón y murió por la inhalación del humo y las tardías maniobras para apagar el incendio. Otro sobrevivió a quemaduras en el 90% de su cuerpo: pasó dos semanas en terapia intensiva, se sometió a 43 operaciones de reconstrucción de piel y vías respiratorias y quedó con un 85% de incapacidad irreversible y con graves secuelas psicológicas. El tercero sufrió importantes lesiones.

El primero de los hombres tenía 32 años, estaba casado y tenía cinco hijos. Cumplía una pena por un delito contra la integridad sexual. Su viuda dijo en la demanda que había sido trasladado al “locutorio” del Pabellón 11 “a modo de castigo”, por “tener mala relación con sus celadores”. El Estado provincial, al contestar la demanda, dijo que los tres hombres estaban allí porque “registraban problemas de convivencia con otros internos”.

Un fallo del Juzgado Civil N° 3 de Roca definió que la muerte del primero y las gravísimas secuelas del segundo fueron responsabilidad del Estado Provincial, por haber incumplido “uno de sus deberes primarios” previstos en la Constitución: “que las cárceles y/o lugares de detención tienen el propósito fundamental de seguridad de los detenidos”. La sentencia no está firme, porque las partes aún pueden apelar.

La jueza tuvo por acreditado que “el incendio se produjo en un locutorio de visitas dentro del cual estaban alojados” que “siguiera era una celda”; que los colchones no eran ignífugos; que adentro había un encendedor, por lo que también se “incumplió su obligación de requisar el lugar” y que “el comienzo del fuego no fue apagado con la premura que exigía el contexto”. También se probó que “desde días previos sucedían hechos de violencia” en el Penal y que “la situación era de sumo riesgo para las personas detenidas”, según se había reflejado en varios informes y denuncias presentados entre febrero y marzo de 2013. De hecho, el último pedido de la Oficina de Asistencia al Detenido y Condenado, que solicitaba la reubicación de los tres hombres “con carácter urgente” se presentó a las 11.40. El incendio fue alrededor de las 18.30.

La jueza destacó una “grave naturalización de la violencia por parte del propio Estado y dentro del Establecimiento, por cuanto los incendios provocados por los internos son considerados como medio de reclamo”.

Citando precedentes de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza destacó la “posición especial de garante” tiene el Estado por la seguridad de las personas por él mismo detenidas, “toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia”.

Señaló el fallo que el Estado tiene “por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”. “La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de las personas frente a la delincuencia sino también (…) de las propias penadas, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario”, afirmó.

La sentencia distribuyó indemnizaciones por daño material y daño moral a la viuda, los cinco hijos, la madre y el padre del hombre fallecido por un total superior a los 6 millones de pesos, a los que deben sumarse los intereses acumulados desde 2013.

En tanto que al sobreviviente, que tenía 30 años al momento del incendio, le asignó una indemnización de 2,7 millones de pesos por la incapacidad física irreversible y el daño moral, a los que deben sumarse los intereses desde el día del incendio.

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Sustrajo combustible de la empresa para la que trabajaba, lo vendió y fue despedido con causa

Los jueces consideraron que había suficientes causas como para confirmar la extinción del vínculo laboral.

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El chofer de una empresa de servicios de la zona del Alto Valle fue despedido por vender combustible sin autorización. En el juicio laboral, dos compañeros de trabajo confesaron la maniobra y, enseguida, el Tribunal se comunicó con el fiscal de turno para denunciar el ilícito. Le achacaron además conflictos con sus superiores, exceso de velocidad y descuidos en el mantenimiento de los vehículos.

El trabajador inició un juicio laboral para reclamar lo que él consideró un despido “poco serio” e injustificado. Se desempeñó para la empresa de servicios durante un año y cinco meses. Y cuando el supervisor descubrió que faltaba combustible le enviaron una carta documento para notificarlo del despido con causa.

Entre las razones, además de la sustracción de gasoil y posterior venta sin autorización, le recriminaron malos tratos con sus compañeros de trabajo, con sus superiores y hasta con el dueño de la empresa. También incumplimiento de horarios, falta de conocimientos conductivos y descuido de los vehículos a su cargo (además de un choque, los rompía con frecuencia).

El día que la Cámara Laboral de Cipolletti realizó la audiencia de vista de causa para escuchar los testimonios, dos compañeros de trabajo admitieron su participación en la sustracción y venta ilegal de gasoil. Afirmaron que el hombre despedido era el que conseguía los clientes. Ante esa situación, el Tribunal se comunicó con la Fiscalía de turno y denunció el ilícito. Con todas esas pruebas, los jueces consideraron que había suficientes causas como para confirmar la extinción del vínculo laboral.

La empresa solo deberá entregar al ex empleado su Certificado de Trabajo y el Certificado de Servicios y Remuneraciones. La firma también tendrá que abonar el 5% de los gastos del juicio. El restante 95% de las costas corren por cuenta del hombre despedido.

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SITRAJUR alerta por «intentos de modificar» el horario laboral de los judiciales

Por acuerdo paritario la jornada es de 7.30 a 13.30. «Los turnos son garantizados por trabajadores judiciales en vez de funcionarios que son quienes no tienen limite de jornada», indicaron desde el sindicato.

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El gremio SITRAJUR emitió un comunicado de prensa donde advierte que rechaza «los intentos de justificación de modificación de una jornada laboral que, por acuerdo paritario, es de 7.30 a 13.30 horas.

«La jornada laboral es el gran tema que no permite contar con el definitivo convenio colectivo por los insistentes intentos de desbaratar la misma, y eso es lo que se verificó en estos días en el marco del funcionamiento del Consejo de la Magistratura en la ciudad de Cipolletti. Reiteramos desde el SITRAJUR que no existe justificación alguna para establecer turnos vespertinos de trabajo administrativo por diversas razones, siendo la principal que el resto de la administración pública y con la que se interactúa permanentemente no lo tiene», indicaron.

El sindicato que conduce Emiliano Sanhueza -que fue ratificado al frente del mismo en las últimas elecciones-, denunció que «se intenta argumentar que la ‘Justicia’ debe estar disponible las 24 horas por la ocurrencia permanente de hechos que merecen la intervención del Poder Judicial, pero lo que no se dice es que eso existe desde siempre y que se ha ampliado través de los turnos en los distintos fueros. Lo que sí sucede es que muchas veces quienes garantizan los turnos son trabajadores y trabajadoras judiciales en vez de los funcionarios que son quienes tienen la obligación de estar y quienes no tienen limite de jornada».

«Es por ello que desde el SITRAJUR repudiamos los intentos de justificación de modificación de una jornada que por acuerdo paritario del 17 de octubre de 2016 se estableció que es de 7.30 a 13.30 hs. Instamos a las máximas autoridades del Poder Judicial a aportar claridad en este punto y que no se desbarate ni la jornada ni los acuerdos celebrados en el marco de la Ley 5.009», exigieron.

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