Judiciales
Confirmaron la condena contra el homicida de Montesino
Por un homicidio ocurrido en 2015 en la zona norte de General Roca, el Superior Tribunal de Justicia avaló la pena de 10 años y 8 meses de prisión que había impuesto la Cámara Criminal Primera.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena contra un hombre de General Roca por un homicidio ocurrido en 2015 en la zona norte de esta ciudad. En mayo de 2016 la Cámara Criminal Primera de Roca condenó al imputado Juan Carlos Colicheo a la pena de 10 años y 8 meses de prisión, más inhabilitación especial para tener y/o portar armas de fuego por el doble tiempo, tras declararlo autor penalmente responsable de los delitos de «homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal».
El hecho investigado ocurrió la noche del 12 de abril de 2015 en la esquina de las calles Islas Orcadas y Picaflor, donde se produjo una discusión entre Colicheo y la víctima, Ricardo Adrián Montesino. Según la acusación, desde su terreno el imputado disparó hacia Montesino con una carabina, provocándole lesiones internas que ocasionaron su muerte esa misma noche en el hospital local. Al momento de ser alcanzado por el disparo, la víctima y un familiar presuntamente se encontraban lanzando piedras hacia la vivienda del imputado.
Los defensores particulares Guillermo Leskovar Garrigós y Jorge Crespo interpusieron un recurso de casación, afirmando que se trató de un «homicidio preterintencional», pues «la intención final de Colicheo no fue la de dar muerte al joven Montesino, sino que su voluntad era la de lesionar(lo)». Alegaron que siendo el imputado un hombre «diestro en el manejo de armas», dirigió el disparo «a una parte del cuerpo que normalmente no podía o debía causar la muerte» -los pies- pero la bala impactó en una zona vital porque justo en ese instante la víctima se agachó a recoger una piedra.
Con voto rector del juez Enrique Mansilla y adhesión de sus pares Adriana Zaratiegui y Sergio Barotto, el STJ desestimó los argumentos de la casación y avaló los fundamentos que había desarrollado la Cámara al dictar la condena.
«Si en hipótesis consideramos que el fallecido estaba en tal pretendida postura corporal, los fundamentos desarrollados en la sentencia en crisis se mantienen incólumes, pues también es inaceptable considerar que ese movimiento (el de agacharse) pudiera haberse realizado más rápido que el disparo de arma de fuego», evaluó el STJ.
«En definitiva, asiste razón al sentenciante (la Cámara de Roca) en cuanto a que se trató de un homicidio cometido con dolo eventual. El imputado era el tenedor ilegítimo del arma de fuego (…); la conocía porque solía cazar con ella y sabía con qué proyectiles estaba cargada; efectuó el disparo con buena visibilidad, a una distancia relativamente corta -en relación con la potencia del instrumento- y hacia el cuerpo de la víctima. Este conjunto de circunstancias determina que Juan Carlos Colicheo pudo prever adecuadamente el peligro muerte que entrañaba su accionar y, no obstante ello, igualmente actuó, siendo indiferente ante la posibilidad que el mismo acaeciera. Al disparar en esas condiciones creó un riesgo o peligro prohibido, produciéndose el resultado muerte, como directa, razonable y lógica derivación del peligro creado», concluyó el STJ.
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Condenaron a un roquense de 32 años por tenencia y facilitación de material de contenido de abuso sexual infantil
Deberá cumplir 4 años en prisión.
En el marco de un acuerdo pleno al que arribaron la Fiscalía y la defensa particular, se condenó a un hombre de 32 años por hechos investigados a raíz de un reporte internacional que dio cuenta del posible tráfico de imágenes de contenido de abuso sexual infantil.
Según el acuerdo homologado por el Tribunal de Juicio, en la sentencia se indica que el hombre deberá cumplir 4 años de prisión.
Tras ser consultado por el presidente del Tribunal interviniente, el imputado se declaró autor y responsable de lo descrito por la acusación fiscal, y aceptó la pena.
Las partes renunciaron a los plazos procesales, razón por la cual la condena comenzó a ser cumplida de manera inmediata y el hombre quedó detenido en el marco de la audiencia.
Los delitos que se le imputaron como autor, y por los cuales fue condenado se califican como «tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada en concurso ideal con facilitación de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menor de 13 años de edad reiterado (por los hechos del período I), ello en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada (por los hechos del período II)», según los Artículos 45 , 54, 55 y 128, 1°, 2° y 5° párrafo del Código Penal.
Entre el sustento probatorio mencionado por el fiscal del caso, se encuentran: los reportes de Cybertipline, el acta de allanamiento en el domicilio del imputado, el secuestro de un celular y una notebook. Se agregaron los informes técnicos de extracción forense, el informe de la empresa prestadora del servicio de telefonía celular, la pericia del Cuerpo de Investigación Forense, entre más evidencia.
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Condenaron a 3 años de prisión condicional al ex policía Muñoz por tomar la Regional Segunda
No irá preso pero no deberá cometer delitos, ni abusar de bebidas alcohólicas ni estupefacientes.
En el marco de un acuerdo pleno al que arribaron la Fiscalía y la defensa, y para lo cual prestaron conformidad las víctimas, se condenó hoy (16/04) a la mañana al ex policía Rubén Muñoz por los hechos ocurridos el 20 de abril del año pasado en la Regional Segunda ubicada en calle Tucumán y Córdoba en General Roca.
Según el acuerdo homologado por el juez interviniente, en la sentencia se indica que Muñoz deberá cumplir 3 años de prisión condicional y además durante 2 años fijar y mantener domicilio, presentarse en el Instituto de Presos y Condenados, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas tampoco consumir estupefacientes, no cometer nuevos delitos.
Rige sobre el sujeto una prohibición de acercamiento a las unidades policiales de la provincia de Rio Negro, salvo necesidad o urgencia de asistencia de seguridad y/o trámites personales.
«Se le prohibe la incitación a cometer delitos o alterar el orden público, esto por cualquier vía y medio. Todo bajo apercibimiento de revocarle la condena condicional», solicitó la fiscal jefa interviniente en este legajo, y el juez resolvió en ese sentido.
Tras ser consultado por el juez interviniente, el imputado se declaró autor y responsable del hecho, y aceptó la pena y las reglas de conducta a cumplir.
Las partes renunciaron a los plazos procesales, razón por la cual la condena comenzó a ser cumplida desde hoy por los delitos de «coacción, turbación de la tenencia, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real», según los Artículos 45, 55, 149 bis 2do párr., el 181 inc 3, 209 y el 241 inc 1, última parte.
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Lo habían condenado por lesiones y amenazas pero la Fiscalía apeló y ahora puede ir preso por tentativa de femicidio
La pena que había interpuesto un Tribunal de Roca era de 2 años de prisión condicional. El hecho sucedió en 2022 en Huergo.
El Tribunal de Impugnación (TI) admitió un recurso de la Fiscalía y condenó por tentativa de femicidio a un hombre que, en primera instancia, había sido condenado por lesiones y amenazas agravadas contra su pareja.
En diciembre pasado, tras analizar las pruebas del debate, un Tribunal de Juicio de Roca tuvo por demostrado que la agresión hacia la mujer existió y fue grave, pero no encontró pruebas de que el acusado efectivamente hubiese «comenzado» a cometer el intento de femicidio. El Tribunal local lo condenó por «amenazas con armas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haberse cometido mediando violencia de género» y le impuso 2 años de prisión condicional.
La Fiscalía planteó una impugnación y el Tribunal examinó la sentencia. Puso especial enfoque en el «contexto de violencia» previo y en la declaración de la víctima. Así, concluyó que el hombre sí comenzó a ejecutar el femicidio y que no lo logró por razones ajenas a su voluntad: la resistencia «cuerpo a cuerpo» de la mujer y la ayuda de varias personas que intervinieron para impedirlo.
El nuevo fallo condenó al hombre como autor de los delitos de «homicidio agravado por el vínculo y por haber sido de un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en grado de tentativa; lesiones leves y amenazas con armas». El siguiente paso será fijar la audiencia de cesura ante el Tribunal de Roca para que defina el monto de la pena, a la luz de la nueva calificación legal.
El hecho ocurrió en septiembre de 2022 en Ingeniero Huergo. El hombre atacó a la mujer con un cuchillo y, a pesar de que no le causó heridas con el arma, la golpeó reiteradamente mientras la sujetaba y le anunciaba la iba a degollar. Una familiar y dos vecinos de la víctima intervinieron para arrebatarle el cuchillo y lograron sujetarlo hasta que llegó la policía.
El primer Tribunal valoró que la «intención homicida» del acusado no había sido plenamente demostrada. Afirmó que, en concreto, «no se acreditó que el imputado arrojara al menos un puntazo contra su pareja» por lo que «técnicamente, no hubo inicio de la ejecución del acto homicida». Destacó que la ventaja física le habría permitido al hombre apuñalarla en cualquier momento. Así, la condena se dictó por los golpes y las amenazas.
En contraposición, el Tribunal de Impugnación dijo que el femicidio sí comenzó a ejecutarse. «La afirmación de que no hay tentativa (de femicidio) porque no hay ni siquiera un ‘puntazo’ se corresponde con un sesgo de valoración, porque de haberse producido la lesión pasaría directamente a configurar un femicidio», indicó el fallo.
También valoró la percepción de la mujer durante el ataque: ella «percibió su muerte» y cuando ya no pudo resistirse «se resignó al punto de pedirle que no lo hiciera dentro de la vivienda porque estaba su hijo, sino que la ejecutara afuera».
«Bajo la mirada de género, el contexto de los hechos y el criterio de relevancia en el análisis de la prueba, se concluye que C. quería matar a M., pero no pudo hacerlo porque los testigos presentes hicieron todo lo posible para evitarlo», dijo el Tribunal.
La conclusión fue que el hombre «inició la ejecución» del femicidio «cuando regresó a su vivienda, buscó un cuchillo de dimensiones capaces de consumar una lesión vital en el cuerpo de una persona, e ingresó a la vivienda de la abuela de su pareja por la fuerza, la tomó de los pelos con una mano y con el cuchillo en la otra le dijo que iba a degollarla. Ella sintió tan concreta esa disposición del imputado que cuando no pudo reducir a su agresor (ayudada por su abuela), le pidió que la matara fuera de la vivienda a fin de que su hijo no viera. Esto es un acto preparatorio que da pie al inicio de la ejecución de la conducta criminal tipificada, poniendo en peligro el bien jurídico protegido, la vida humana».
