Río Negro
Buscan declarar la emergencia en el sistema de salud rionegrino
Los legisladores progresistas Ocampos y Agostino piden declarar la emergencia, por el término de 12 meses, en todos los Hospitales de la provincia.
Los legisladores del Frente Progresista presentaron un proyecto de ley que busca declarar la emergencia del sistema de salud rionegrino, por el término de 12 meses. Jorge Ocampos y Daniela Agostino, autores de la iniciativa, aludieron al contexto de la Emergencia Económico-Financiera del sector público provincial declarada por Ley N° 5186, y recordaron que el Poder Ejecutivo provincial emitió a fines de enero un Decreto N° 58 en el que se determina aplicar un ajuste sobre el esquema de gastos de la administración pública provincial. Y aseguraron “dichas restricciones han tomado cuerpo rápidamente sobre el normal funcionamiento de distintas áreas del Estado provincial con mayor o menor impacto sobre la sociedad rionegrina”.
Ocampos indicó que “el recorte del 25% planteado en dicho Decreto, afectó las guardias médicas y las horas extras que se prestan en los distintos centros de salud provinciales”. Agregó que “es permanente noticia en los medios y en los mismos ámbitos hospitalarios donde ha impactado fuertemente en la adecuada prestación del servicio de salud pública que los rionegrinos reclaman diariamente”.
“De igual manera se puede visualizar que la unidireccionalidad de la decisión tomada sin consulta a los directos prestadores del servicio y directores responsables de los hospitales de la provincia, ha conllevado a una crisis de conducción y manejo técnico-administrativo en los mismos, que se ha cristalizado con la acefalía total en algún caso y la falta de jefes de área en otros, sumado al desgano generalizado y la saturación de los servicios de atención”, señaló el legislador.
“Nadie escapa que desde hace tiempo, el sistema de la salud pública estatal de Río Negro no posee las condiciones óptimas que requiere el brindar atención sanitaria para los miles de rionegrinos que dependen exclusivamente de los hospitales y centros de salud gestionados por el Estado provincial” aseguró Ocampos. Añadió que “crisis financieras, desequilibrios presupuestarios, escasez de profesionales y dificultades de abastecimiento de medicamentos e insumos son, entre otras, las causas de esta problemática”.
El legislador asegura en los fundamentos de la norma que “la instalación reiterada de la misma surge en esta oportunidad de la grave situación económica por la que atraviesa la provincia y entendemos también, la falta de una mirada más amplia y abierta en base a la forma de salir de ella”.
Señaló que “debemos dar una discusión mayor en función de definir una Política de Estado en torno al sistema de Salud Pública, su personal, sus prestaciones, su cobertura, su infraestructura, su organización y descentralización entre otros aspectos”.
Los legisladores del progresismo aseguran que para esta discusión “debe existir en primer lugar una decisión política del Estado Provincial a través de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo y la suficiente amplitud de criterio para convocar a los actores directos a debatir y construir al respecto”.
Finalmente indicaron que “las organizaciones sanitarias dependientes del Estado son organizaciones que prestan servicios en lo que se suele llamar el campo de la salud, son múltiples y variados. No sólo tienen que ver con atención o cuidado de las personas, sino también con la provisión de bienes insumos, la regulación del sistema de salud en general, la prevención de enfermedades, el control sobre factores que pueden afectar la salud, la capacitación del personal de salud, por eso debemos dar pronta respuesta a esta situación”.
Política
Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas 22 y 151
Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.
El gobernador Alberto Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas N° 22 y N° 151 para poder generar el mantenimiento y las mejoras requeridas mediante fondos de inversión privados. Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.
Las vías que conforman la entrada y la salida de Vaca Muerta muestran un enorme deterioro y abandono por parte del gobierno del presidente Javier Milei. «Hace más de 20 años que los gobiernos nacionales, no importa el signo político o partidario, no pueden terminar la ruta. El nivel de mantenimiento es lamentable, basta de dar vueltas, necesitamos una solución definitiva», sostuvo.
Esta mañana (22/04) en Carmen de Patagones, Weretilneck participó del acto central del 45° aniversario de la comarca Viedma-Patagones, y en diálogo con los medios de prensa, aseguró que trabaja junto a su par neuquino Rolando Figueroa en toda la documentación para solicitar el traspaso de las Rutas 22 y 151.
«Apenas tengamos la propuesta consensuada entre las dos provincias la transmitiremos al gobierno nacional», adelantó Weretilneck.
El gobernador de Río Negro habló sobre una gestión mixta público-privada con financiamiento a través de la concesión de obra pública, en otros casos a través del sistema de peajes, «esencialmente financiado y pagado por quienes usan las rutas y no son habitantes de Río Negro ni de Neuquén».
«Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención».
La ampliación de la Ruta Nacional 22 es un trastorno para los habitantes de la región norpatagónica. Pasaron cuatro presidencias desde que empezó a transformarse en autovía desde Chichinales (Río Negro) hasta Arroyito (Neuquén): Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y tampoco hay avances con Javier Milei.
La parálisis y abandono acarrean el inevitable deterioro en diversos tramos que la tornan intransitable y un peligro para los 50.000 vehículos diarios que la circulan, sobre todo para el porcentaje que lo hace entre General Roca y Cipolletti.
Política
Proponen que se realicen estudios de rinoscopía obligatoria a funcionarios y policías de Río Negro
Se busca así desestimar la adicción a drogas ilegales.
La legisladora del bloque de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, presentó un proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la realización de estudios médicos anuales que genere la obtención de un certificado psicofísico para los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de director y miembros de la Policía de Rio Negro hasta el rango de subcomisario; funcionarios del Poder Legislativo hasta la categoría de director y legisladores provinciales para desestimar la adicción a drogas ilegales.
Según el proyecto, se establece que los estudios se realizarán una vez al año, dando cumplimiento a la realización de diferentes exámenes como psiquiátrico, rinoscopía, y análisis de orina y sangre completo, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro.
La doctora Mansilla en sus fundamentos señaló que «se trata de ampliar los alcances de la Ley N° 3550 de Ética Pública que establece que los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, dignidad e independencia, e incorporando en este caso a miembros de la Policía de la provincia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública actuando en el cuidado y resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos».
Mencionó la legisladora que «de ninguna manera la iniciativa tiene que ver con valorar los derechos individuales independientes, pero si contrarrestar consecuencias perjudiciales a terceros, e incluso dispone absoluta confidencialidad y programas de rehabilitación en caso de ser necesarios».
El proyecto invita a adherir al Poder Judicial, al Ministerio Público y los municipios
Policiales
Presentaron un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles rionegrinas
Los internos podrían realizar llamadas -a través de teléfonos fijos- entre las 8 y 19 horas, pero con una duración de 5 minutos cada una.
Los legisladores provinciales Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y César Domínguez, del bloque La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de modificación de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles.
El proyecto presentado esta semana en la Legislatura tiene como finalidad proporcionar «herramientas de acción a los actores judiciales para contener y desarticular los delitos que se cometen utilizando herramientas de comunicación desde los complejos carcelarios».
En Río Negro, el 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un Protocolo de utilización de telefonía celular dentro de las cárceles. «A pesar de que estipula ‘establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento’, la realidad demuestra que la norma permite la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos», detalla el proyecto.
Los delitos de estafa telefónica son una constante que ha ido en aumento con el paso de los años. La modificación de la Ley Provincial S Nº 3008 busca prohibir las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles de cualquier tipo, así como el acceso a redes sociales e internet.
El sistema que buscan implementar sería de llamadas telefónicas realizadas en el horario de 8 a 19 horas, con una duración máxima de 5 minutos cada una. Las comunicaciones se realizarán a través de teléfonos fijos conectados a un conmutador y serían suspendidas en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito.
