Seguinos

Río Negro

El STJ confirmó condenas a hermanos acusados de cobrar «peaje» a porteros de Roca

El abogado de Miriam y Pablo Quintreman había apelado el fallo de la Cámara Criminal Segunda de Roca de octubre pasado, pero el máximo órgano judicial de la provincia ratificó el mismo.

el

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena de tres años de prisión en suspenso y una multa de $50.000 que la Cámara Criminal Segunda de Roca había impuesto en octubre pasado a dos personas como coautoras de los delitos de «exacciones ilegales agravadas, cuatro hechos en concurso real». Con voto rector del Dr. Sergio Barotto y adhesión de sus pares Dres. Ricardo Apcarian y Enrique Mansilla, el máximo tribunal provincial declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados Miriam Graciela Quintreman y Roberto Pablo Quintreman y confirmó además, respecto del segundo, la inhabilitación absoluta perpetua que había impuesto la Cámara.

En la sentencia se tuvo por acreditado que «entre los años 2009 y 2010, siendo Miriam Quintreman encargada del área del personal no docente (porteros) de la Delegación de Educación del Alto Valle Este y su hermano empleado del Departamento Unidad de Gestión y del área de Salud de la misma Delegación, condicionaron el ingreso, permanencia y rotación de porteros escolares al pago injustificado de sumas de dinero por parte de éstos».

«En su condición de agentes públicos y abusando sistemáticamente de los cargos como de los roles confiados, violaron los deberes inherentes a sus funciones en tanto les exigieron a las víctimas la entrega de varias contribuciones indebidas. Se aprovecharon así de las necesidades de aquellas respecto del acceso a servicios temporarios en el Estado o su renovación y les impusieron pagar en su beneficio distintas sumas de dinero», indica el fallo.

Tras evaluar la sentencia de Cámara, el juez Barotto coincidió en que se acreditó, «más allá de toda duda razonable», que «los imputados, funcionarios públicos, en coautoría y abusando de su cargo, exigieron de modo arbitrario y violentamente a cuatro víctimas la entrega de dinero para ellos, como condición para obtener empleo público o lograr que no se rescindieran sus contratos».

La discusión técnica del fallo

En la casación, el defensor particular Dr. Jorge Crespo cuestionó el rechazo a su planteo de «atipicidad», con el cual había sostenido en el juicio que la conducta de los imputados no encuadraba técnicamente en ningún delito tipificado en el Código Penal. También reprochó la aplicación de la figura de «exacciones ilegales agravadas», considerándolo un delito de naturaleza distinta al delito de «concusión» reclamado por la Fiscalía.

Tras realizar un análisis minucioso de los «tipos penales» mencionados en el caso, el fallo del STJ concluyó que corresponde aplicar la figura de «concusión» cuando el provecho (sea dinero u otra dádiva) es para el funcionario que lo pidió o para otro particular, y que se trata del delito básico de «exacciones» cuando la destinataria de la suma indebida es la propia Administración Pública. Con ese posicionamiento, el STJ modificó y precisó el criterio de

tipificación que venía sosteniendo el STJ en sus fallos desde el año 2005.Se concluyó así que el delito «básico» de exacciones está previsto en el artículo 266 del Código Penal, que sanciona con prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años al «funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden». Luego el artículo 267 agrava el delito «si se empleare intimidación o se invocare

orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima».Y finalmente el artículo 268, que específicamente se refiere al delito de «concusión», define un segundo agravante elevando la pena de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para «el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores».

En el caso juzgado fueron aplicados los tres artículos, utilizándose como equivalentes los términos «exacciones ilegales agravadas» y «concusión». Es por eso que la Cámara de Roca, al fundamentar su elección del tipo penal, señaló que el artículo 266 «contiene varios supuestos de exacciones ilegales, entre ellos la concusión, delito por el que han de responder los acusados en calidad de coautores».

Conforme el voto rector siempre se trató de un pedido ilegal de dinero en provecho propio; por tanto se trataba de una concusión ubicada en el artículo 268 del Código Penal, que debe remitirse al criterio general del 266 del mismo Código, en tanto éste último menciona las exacciones.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Gremios

Río Negro pagará salarios entre el 2 y 8 de diciembre

Respecto a los reclamos por una supuesta mala liquidación del 10% de incremento, desde el Gobierno aseguraron que no hubo mala liquidación.

el

El próximo viernes 2 de diciembre comenzará el pago de los salarios para el todo el personal estatal con el depósito al sector de salud, incluidas las horas extras y las guardias.

El sábado (3/12) se abonarán los salarios del personal policial y penitenciario, mientras que el martes (6/12) será el turno de los docentes y porteros.

En tanto, el miércoles (7/12) se depositarán los salarios del personal de la Ley 1844, de Vialidad Rionegrina y las pensiones de Bomberos Voluntarios. El cronograma finalizará el jueves (8/12) con los agentes de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos de control.

Por otro lado, el Gobierno de Río Negro, luego de la preocupación planteada por los gremios y habiendo analizado la liquidación del adelanto acordado en la última paritaria, aclaró que no hubo errores en la liquidación del pago del 10% correspondiente a la revisión del tercer trimestre.

De esta forma, desde el Ejecutivo desmintieron versiones que indican que hubo fallas en los montos que fueron depositados a los más de 53.000 trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo provincial.

«Quienes tengan dudas sobre la liquidación del adelanto, podrán comunicarse con las áreas de Recursos Humanos de sus respectivos organismos, donde serán asesorados, así como la Secretaría de la Función Pública se encuentra a disposición de los sindicatos que tengan inquietudes vinculadas con este tema. Vale aclarar que las diferencias detectadas tienen que ver con descuentos específicos según la realidad de cada trabajador», explicaron.

Continuar leyendo

Río Negro

La Provincia quiere regular el uso de cámaras de vigilancia

El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

el

El Ejecutivo Provincial busca regular la instalación y utilización de las cámaras de vigilancia instaladas en lugares públicos o privados de acceso público, con fines exclusivos de seguridad pública. El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

A través de un proyecto de ley, presentado por la gobernadora Arabela Carreras con Acuerdo de Ministros, se propone regular la utilización de los sistemas de videovigilancia en 18 localidades (serán 21 con las obras que se encuentran en ejecución) con 15 centros de monitoreo locales, bajo la coordinación del Centro de Monitoreo General de Viedma.

A través de esta iniciativa, se busca conformar un marco adecuado para regular el sistema a partir de la propia experiencia y de los conocimientos generados en otras provincias y países.

En la elaboración del proyecto de ley, los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia tuvieron en consideración la existencia de numerosas cámaras privadas que, atendiendo a propósitos de seguridad personal o comercial, captan imágenes de ámbitos públicos y privados. Es preciso que estas cámaras también queden sujetas a cierta regulación en cuanto a la captación y grabación de imágenes de la vía pública.

Por otro lado, el proyecto también busca regular cualquier sistema de captación de imágenes que porten las fuerzas de seguridad de la provincia, tales como las cámaras corporales y los drones.

Los principales puntos del proyecto

Busca regular la utilización de las cámaras de vigilancia que se utilizan con fines exclusivos de seguridad pública. Se establece que las videocámaras solo podrán utilizarse para la preservación de la seguridad pública y la atención de emergencias, respetando el procedimiento indicado para su autorización y colocación, como también que la existencia de videocámaras debe comunicarse a la ciudadanía mediante cartelería adecuada.

Los principios que regirán la utilización de esta tecnología son los de proporcionalidad y razonabilidad, y los de intimidad y privacidad, y se establecen, además, límites en los lugares de colocación de las cámaras y en la captación de sonidos.

Con respecto a las grabaciones obtenidas, se establece la absoluta confidencialidad de las imágenes, y las sanciones que acarrea el incumplimiento de tal confidencialidad por parte de las personas con acceso a las grabaciones, como también los supuestos especiales que exigen la destrucción de las grabaciones.

Se regulan también cuestiones que hacen a un mejor funcionamiento del sistema de video vigilancia. Se indica que el Ministerio de Seguridad y Justicia, como autoridad de aplicación, establecerá el procedimiento de tramitación de autorización para la colocación de cámaras, indicando los criterios de colocación, pudiendo asimismo dictar las normas complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la ley.

Para decidir la instalación de nuevas videocámaras, el Ministerio deberá observar cuestiones como la participación ciudadana (requerimientos de la ciudadanía); datos estadísticos (índices delictuales y densidad poblacional) y necesidades especiales con respecto a la seguridad (como las de ciertos grupos poblacionales o lugares estratégicos).

Continuar leyendo

Policiales

Tenencia ilegal: Recuperaron 34 aves de distintas especies

Entre ellas, tenían un Cardenal amarillo, una especie en peligro de extinción debido a la captura ilegal como mascota.

el

Efectivos de la Policía de Río Negro, pertenecientes a la Comisaría 40° de Chichinales, junto a Guardafaunas de la Dirección de Fauna Silvestre, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, llevaron adelante un allanamiento en esa localidad, por tenencia ilegal de aves silvestres, que para la Ley Nacional N° 22.421 representa un delito.

Los Guardafaunas provinciales recuperaron unas 34 aves de distintas especies, entre ellas un Cardenal amarillo -especie en peligro de extinción debido a la captura ilegal como mascota-, Cardenales de copete rojo, Pepiteros de collar, Corbatitas, Monteritas, Jilgueros y Mistos entre otras especies.

Las aves quedaron a resguardo en el Centro de Cuarentena y Rehabilitación de los Guardafaunas Honorarios de Rio Negro, donde luego de recuperar su musculatura de vuelo, serán liberadas en el ambiente natural.

El operativo se activó luego de que el juez interviniente ordenara un allanamiento debido a una presentación penal realizada en el Ministerio Publico Fiscal de Villa Regina por parte de personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, previo realizar una investigación originada a partir de una denuncia anónima.

“Cabe aclarar que existe un importante riesgo sanitario asociado a las aves silvestres en cautiverio, ya que estas se estresan y liberan una bacteria causante de la enfermedad conocida como Psitacosis, que puede ser mortal para las personas” indicó Fabian Llanos, Subsecretario de Biodiversidad y Cambio Climático.

Por otra parte, autoridades de la Dirección de Fauna Silvestre recordaron que la tenencia de animales silvestres en cautiverio es una infracción a la ley provincial de fauna N° 2.056 y un delito para la Ley Nacional N° 22.421.

Cualquier ciudadano puede realizar una denuncia anónima al teléfono 2920612000 o en privado en las redes sociales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

Continuar leyendo
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement