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Opinión

Carta a la Superintendencia de Servicios de Salud por el cobro de plus

Por Mario Álvarez, concejal de General Roca.

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A la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

ASUNTO: FEDERACIÓN MÉDICA DE RIO NEGRO Y SU INTENTO DE QUERER COBRAR UN “ADICIONAL/PLUS” EN CONCEPTO DE “GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO”.

Mario ALVAREZ (DNI 8.213.479), en mi doble carácter de vecino y Concejal en el Honorable Concejo Deliberante de ésta ciudad de General Roca, ante éste Organismo me presento y digo:

Por éstos días ha trascendido la decisión de la FEDERACIÓN MÉDICA DE RIO NEGRO de querer percibir (cobrar) una especie de “adicional-plus” en concepto de “mantenimiento de consultorio”.

El nuevo costo, que en principio intentaría ser acordado por los médicos con las diversas entidades gremiales y con empresas de medicina prepaga, podría caer finalmente sobre las espaldas de los consumidores, recibiendo en tal caso una factura o constancia de su cancelación, para posteriormente tramitar el reintegro de dicha suma por ante su respectiva Obra Social.

Dejando traslucir la férrea intención de percibir éste nuevo “plus” (que se sumaría al que tradicionalmente le cobran los médicos a sus pacientes dando forma así a un procedimiento teñido de ilegalidades por donde se lo mire), y desoyendo las críticas que tal decisión rápidamente ha generado en diferentes sectores de la sociedad, el Presidente de la Federación Médica de Río Negro, Dr. Juan Carlos Gómez aseguró que la medida se comenzará a implementar “cueste lo que cueste”, aclarando que la nueva metodología no alcanzará, en principio, a los afiliados del PAMI ni del IPROSS.

El titular de la Federación declaró a diferentes medios locales que “…queremos hablar con los gremios estatales, que son los que tienen que absorber este costo”, sincerando de tal manera la “letra chica” de éste engendro, que indica claramente que buscan transferirle al Estado las diversas comodidades que sus respectivos consultorios les ofrecen a los ciudadanos.

Conforme lo publicado por el Diario RIO NEGRO en su edición del día de la fecha, se han llevado a cabo diversas reuniones entre representantes de la Federación Médica y algunas empresas de medicina prepaga en Buenos Aires, y si bien todavía no hubo “ni un sí, ni un no” se habría logrado presentar la propuesta.

Lo expresado significaría, lisa y llanamente, que ya no va a ser suficiente con “la orden” de la obra social, mutual o prepaga para obtener atención médica en un consultorio + el “plus” que en la mayoría de los consultorios se le exige al paciente para poder ser atendido, sino que ahora, además, se prevé cobrar un nuevo ítem que girará en torno a los “150 o 200 pesos” para atender, ridículamente, “los gastos de mantenimiento del consultorio”. Un despropósito por donde se lo mire.

De acuerdo a la información dada a conocer por el medio antes mencionado, el proyecto en cuestión fue sesudamente elaborado por la Federación Médica provincial que agrupa a los colegios de profesionales de la mayoría de las ciudades rionegrinas, para compensar los gastos que ocasiona brindar atención médica en consultorios particulares, como si dichos costos, propios de cualquier otra actividad indiscutiblemente particular, pudiera ser “descargada” con tanta liviandad y desaprensión sobre las flacas economías (ya bastante maltratadas en los tiempos actuales) de los consumidores/pacientes/clientes.

Según el propio Presidente de la Federación Médica, han recibido (como es lógico) distintos tipos de reacciones, pero a ellos les ha servido “para generar el debate”. “Hasta ahora no obtuvimos un ‘no rotundo’ a lo que planteamos y vamos a esperar respuestas. Ya nos reunimos con Aca Salud, Medicus, Galeno y Sancor Salud, presentamos nuestro proyecto que queremos extender a otras federaciones del país, y ahora nos vamos a sentar con las obras sociales sindicales”, señaló el Dr. Gómez al respecto.

O sea: para la Federación Médica, “generar el debate” implica, ni más ni menos, que instalar el temor entre los pacientes/clientes de sus consultorios, porque si acaso las entidades mencionadas por el Dr. GÓMEZ (prepagas, obras sociales, etc. etc.) no se avinieran a soportar ése nuevo costo ridículamente diseñado por los médicos, serían los ciudadanos de a pie los que tendrían que hacerse cargo de abonarlo, para después tener que iniciar un largo peregrinar ante su Obra Social a fin de que le devuelvan la plata. Así de simple.

Resulta desaprensivamente violento el accionar de los profesionales de la salud enrolados en la Federación, acentuando la preocupación natural de un paciente que acude a la consulta para interiorizarse de alguna dolencia/enfermedad que lo perturba y lo preocupa, estado anímico al que ahora deberá agregarle una sobrecarga económica de la mano de éste engendro tarifario que pretende trasladarle a toda la sociedad los costos de un negocio particular.

En su nota del día de ayer (18/05), el diario Rio Negro expone que “La entidad médica ha planteado que los costos para los profesionales están en alza y pretenden que quienes se hagan cargo sean los financiadores, empresas de medicina prepaga y obras sociales…”, aclarando que “si éstas no acceden a abonar este costo, se trasladará “al afiliado, contra factura”. Es decir, el paciente deberá presentar su obra social o prepaga, pagar el nuevo ítem y solicitar un reintegro. Gómez explicó que no se pretende trasladar el gasto a los pacientes pero “es necesario explicitar esta situación en las organizaciones médicas y evaluar alternativas de solución”.

Reitero: la preocupación que éste intento de la Federación ha causado en la sociedad toda, es claramente detectable en la calle, en los comentarios de los vecinos, en los mensajes que éstos cursan a los medios de prensa, haciendo oir su voz de disconformidad, impregnada de indisimulable (y justificable) enojo.

Deviene necesario, entonces, que el Organismo a su cargo, haciendo pesar las normas que regulan su ejercicio, convoque INMEDIATAMENTE a los representantes de la FEDERACIÓN MÉDICA DE RIO NEGRO a fin de que brinden las explicaciones del caso, adoptando las medidas que resulten pertinentes para resguardar el interés de los ciudadanos, visiblemente agraviado por la decisión que vengo denunciando.

Asimismo, solicito se le dé inmediata intervención al MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA, a los fines pertinentes, requiriéndole a la FEDERACIÓN MÉDICA DE RIO NEGRO toda la documentación necesaria que acredite la implementación de ésta medida, actuando así en salvaguarda de los intereses de toda la comunidad rionegrina.

Ante la eventualidad de que no prospere lo aquí peticionado, dejo formulada la RESERVA expresa de acudir ante el órgano judicial que corresponda en resguardo de los intereses de toda la ciudadanía afectada por ésta medida, a fin de que ejerza el debido control legal y revise la alteración contractual que implica la pretensión de los médicos enrolados en la FEDERACIÓN MÉDICA DE RIO NEGRO, por entender que la misma no sólo resulta improcedente y abiertamente inconstitucional, sino que además desvirtúa de manera innegable la buena fe que es dable exigir en éste tipo de prestaciones.

Sin otro particular, y a la espera de una URGENTE intervención del Organismo a su cargo, aprovecho para saludarlo con mi mayor consideración.

 

Mario Álvarez.
Concejal de General Roca.

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Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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