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Solicitaron 13 años para un imputado de homicidio en Chimpay

El hecho ocurrió en plena vía pública el 28 de febrero del año pasado. El imputado tiene antecedentes.

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Se llevó a cabo la audiencia de alegatos en el juicio oral y público iniciado contra un hombre acusado de provocar la muerte de Adrián Gordillo. El Fiscal de Cámara, Andrés Nelli, calificó el hecho como “homicidio simple” y solicitó la pena de 13 años, fundada en los antecedentes penales que el imputado tenía por otro hecho doloso al momento de cometer el delito y por el que cumplió prisión efectiva, además solicitó a la Cámara Segunda que se declarara la reincidencia del acusado.

La Fiscalía ratificó la prueba presentada por la querella y sostuvo que “se evidenció la conducta mentirosa del imputado, en su intento de colocarse en la postura de legítima defensa, pero los indicios probatorios dicen lo contrario”. Y agregó que “los mismos testigos propuestos por la Defensa demostraron que los hechos no ocurrieron como los relató Jara en su indagatoria, sino que fue él quien entró a su domicilio, se armó con un cuchillo y salió a enfrentar a Gordillo, que estaba desarmado, y lo apuñaló”. Asimismo, Nelli solicitó que se mantenga sobre el acusado el dictado de la prisión preventiva.

Por su parte, la querella, representada por Marcelo Herzig Gorriaran, enfatizó la descripción de uno de los testigos que sostuvo haber visto el momento en que el acusado sujetó a Gordillo, “lo giró hacia sí y le dio el golpe con el arma blanca”.

Tanto la Fiscalía como la querella concluyeron que uno de los testigos vio “correr desesperadamente” a la víctima. “Cuando alguien huye de una pelea es porque la pelea está terminada. El agresor no tenía ninguna necesidad de matarlo”.

Herzig Gorriaran solicitó una condena de 15 años por “homicidio simple” y valoró como agravante la forma de comisión del delito.

La Defensa Pública, a cargo de Miguel Salomón, pidió la absolución y subsidiariamente que se califique el hecho como “homicidio por exceso de legítima defensa”. Agregó que en caso de que se lo condene por el delito mencionado, se le compute a su condena el tiempo que lleva detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 horas del 28 de febrero de 2016 en la vía pública, en la localidad de Chimpay, frente al monumento conocido como «Las Manos».

La lectura de sentencia será el miércoles 31 de mayo a las 12, y estará a cargo de los integrantes de la Cámara Segunda en lo Criminal, Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Oscar Gatti.

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Un policía escuchó ruidos sospechosos, corrió, se lesionó y la ART deberá resarcirlo con más de 1 millón y medio de pesos

El uniformado cumplía tareas de vigilancia, saltó, cayó mal y sufrió el desgarro del menisco interno de la rodilla.

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Un policía cumplía tareas de vigilancia en el ingreso al barrio Lavalle de Viedma cuando escuchó ruidos extraños. Inmediatamente saltó, cayó mal y apoyó de manera defectuosa el pie, lo que provocó que sufriera una lesión en la rodilla derecha.

Se hizo la denuncia a la ART, que lo derivó para su atención a la Clínica Viedma. Allí se le realizó una resonancia magnética nuclear con diagnóstico de desgarro de menisco interno de rodilla derecha. Posteriormente se le realizó una videoartroscopía y luego recibió sesiones de kinesiología hasta que se le otorgó el alta médica. Sin embargo, el policía inició la demanda por estar disconforme con la incapacidad otorgada por la Comisión Médica. Esta cifra guarda relación con la indemnización.

Por su parte, el apoderado de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. se presentó y negó parcialmente los hechos relatados en la demanda.

En el expediente el perito médico explicó las lesiones: “La rodilla derecha se constata fría, tumefacta y anatómicamente engrosada con respecto a la contra lateral, dolor a la movilidad de la misma, marcha sobre talones y en punta de pie con dificultad, y puede realizar cuclillas en forma parcial. Presenta hipotrofia muscular con hipotonía, y secuela de desgarro con área de hundimiento muscular en zona del desgarro”.

Tras analizar la prueba, la Cámara Laboral de Viedma condenó a la ART a abonarle al policía en concepto de indemnización por la incapacidad laboral reconocida e intereses la suma de $1.701.319,33.

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Derecho a la identidad: llevará el apellido de su padre, desaparecido en la dictadura

La madre estaba embarazada de cuatro meses cuando, en 1976, agentes del Ejército secuestraron a su pareja en el Alto Valle.

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Un hombre consiguió ser inscripto como hijo biológico de su padre, desaparecido durante la última dictadura. La madre estaba embarazada de cuatro meses cuando, en 1976, agentes del Ejército secuestraron a su pareja en el Alto Valle. Ella se exilió en Paraguay y formó familia con otra persona. El caso tuvo muchísimas dificultades por la falta de un ADN certero.

El fallo judicial ponderó el derecho a la identidad y buscó poner fin a la incertidumbre respecto a la filiación paterna del hombre que impulsó la demanda. La sentencia es del juzgado Civil 3 de Cipolletti.

En el expediente quedó reconstruida parte de la historia que se inició el 12 de junio de 1976. Ese día las fuerzas militares rodearon el domicilio de la familia y secuestraron al hombre, quien hasta la fecha sigue desaparecido. Su caso se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en uno de los juicios de lesa humanidad.

Tiempo después, la mujer consiguió llegar a Buenos Aires y luego cruzó a Paraguay. Su bebé nació y fue inscripto únicamente con su apellido.

Cuando el hombre que interpuso la demanda tenía ocho años le planteó a la madre el hecho de que solo llevaba el apellido materno y no el de sus hermanos, que tenían otro padre. En ese momento, por cuestiones de seguridad y para evitar represalias, la mujer optó por inscribir al niño con el apellido del padre del resto de sus hijos.

El joven tenía 25 años el día que conoció su verdadera historia y decidió empezar a reconstruir sus vínculos. Por entonces encontró a un hermano de su padre desaparecido. Pero el ADN no fue concluyente para determinar su filiación.

El Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial recomendó un cotejo con los progenitores de su padre, previa exhumación de los cuerpos. Luego de efectuar averiguaciones supo que 2010 los cadáveres habían sido trasladados a un osario común. En esa instancia no contaba ni con el cuerpo de su padre, ni con el de su abuelo y abuela. La prueba de ADN practicada con el tío solo configuraba un indicio. No era concluyente.

La jueza, para resolver, consideró que “el accionante se encuentra en una situación ciertamente delicada, pues en lo que atañe a su identidad; se le ha suprimido el dato de su ascendiente en el documento respectivo”. Por ello tomó como pruebas el informe de la Conadi respecto al caso, el testimonio de la madre y del hombre que le dió el apellido (en ese aspecto hubo un juicio de impugnación de paternidad en Buenos Aires). También la corroboración de la historia que provino por parte de otra mujer que estaba casada legalmente con el desaparecido, el expediente del juicio de lesa humanidad que se hizo en Neuquén y las fotografías obrantes en el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos, que demuestran similitud de algunos rasgos faciales entre el hombre y su presunto tío.

La jueza reconoció que la Ley N° 23.511 le otorgó a la prueba biológica (ADN) el carácter de ineludible, a la par de crearse el Banco Nacional de Datos Genéticos aunque admitió que insistir en la prueba del ADN en relación a los abuelos demostraría un excesivo rigorismo en desatención a otras mandas legislativas.

Ponderó además que en el caso se presentan otros elementos que permiten un abordaje integral de la prueba, sopesando también los bienes y principios comprometidos en el proceso. “Esta postura considero además que es la que mejor se compadece con la justicia como valor y fin, y se traduce en la labor propia y esencial del ejercicio de la función judicial”, escribió en la sentencia.

En función del análisis hizo lugar a la acción de filiación y ordenó al Registro Civil y Capacidad de las Personas que inscribiera al hombre como hijo biológico de su padre desaparecido.

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Trabajadores de la ex empresa 18 de Mayo reclaman el pago de la indemnización

Son 10 empleados que decidieron no sumarse a la Cooperativa y hoy mantienen un juicio con la firma que prestaba el servicio de transporte urbano en Roca.

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Tras el cierre definitivo de la empresa 18 de Mayo, quien históricamente prestó el servicio de transporte urbano de pasajeros en General Roca, la mayoría de la planta de trabajadores se unió y conformaron la Cooperativa 1° de Septiembre, justamente quien hoy está a cargo del recorrido de los colectivos en la ciudad. No obstante, 10 empleados decidieron no sumarme a la cooperativa e iniciar una demanda laboral en reclamo de la correspondiente indemnización laboral.

En este sentido, a más de dos años de la quiebra de 18 de Mayo, los 10 trabajadores aún no tienen novedades sobre una resolución judicial y piden que se aceleren los trámites. «Son más de 20 millones de pesos que nos deben al conjunto de empleados», indicó en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) Rodrigo Navarro, ex chofer.

«Somos 10 demandantes, entre choferes, mecánicos e inspectores. Decidimos no sumarnos a la cooperativa porque sabíamos que iba a demorar mucho tiempo y la incertidumbre de que iba a pasar en el medio nos llevó a tomar esta decisión», agregó.

Sostuvo Navarro que «la empresa empezó a andar mal incluso mucho antes del cierre en 2020. A veces no cobrábamos todo completo, íbamos cobrando de a poco».

Finalmente detalló que trabajó «desde el 2008 hasta el 2020. En los últimos años me tocó el recorrido con mayor demanda, el de Barrio Nuevo. Hoy tengo trabajo en otro tipo de transporte», concluyó.

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