Opinión
El “Plan Castello”: La hipoteca del futuro de los rionegrinos
Por la Comisión Directiva de la CTA de los Trabajadores de Río Negro.
Bajo el nombre de “Plan Gobernador Castello” el gobierno provincial ha presentado una iniciativa que tiene como objetivo teórico llevar adelante una política de Estado que sirva para la “integración y el desarrollo provincial”, Y según el texto del proyecto “seguir con el mandato histórico de Río Negro y del país, que muestran que las grandes inversiones de base, las estratégicas, siempre fueron financiadas por el Estado”.
Sin embargo y más allá de las declaraciones rimbombantes del encabezado y el listado de obras públicas (citas en el anexo del proyecto) a llevar adelante, lo cierto es que, lo que en concreto se pide a la legislatura es que apruebe un permiso de endeudamiento por el equivalente a U$S 580 millones, pudiendo emitirse la deuda en distintas monedas, tanto de forma externa como interna. Con las siguientes características: la amortización se dará en un plazo de seis a diez años, con tasa de interés que puede ser fija o variable (aunque esta debe ubicarse dentro del rango de las tasas promedio del mercado financiero para títulos comparables). A lo que se agrega: que se podrán ceder en garantía del endeudamiento, recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, regalías hidroeléctricas, mineras, de petróleo y/o gas, canon extraordinario de producción y otros recursos de los que disponga la Provincia. Fiestas de endeudamiento. Nación y Provincias con Ingresos corrientes decrecientes y pasivos crecientes.
La presentación del “Plan Castello” se da en un contexto de fuerte crecimiento de la toma de deuda pública tanto nacional como de la mayoría de las administraciones provinciales en el contexto de una economía nacional que cayó 2,5% del PBI en 2016 y que no da señales de revertir la tendencia en 2017. Más allá del muy conocido y creciente endeudamiento nacional, las jurisdicciones provinciales tomaron stock de deuda en 2016 por u$s 8000 millones, al que se les suman en el primer trimestre de este año U$S 2050 millones más, y ello en el marco de una fuerte contracción del mercado interno (70% del PBI) y por ende de una importante reducción de las remesas nacionales correspondientes a la coparticipación federal de ingresos públicos, es decir, nada menos que de la principal fuente de financiamiento de los Estados provinciales. Esta situación aumentará enormemente el peso de las erogaciones financieras sobre presupuestos jurisdiccionales cada vez más débiles, llevándolas a corto plazo a repetir el círculo de endeudamiento, e indefectiblemente al quebranto financiero a mediano plazo, de continuar por mucho más tiempo en esta dinámica.
En esta peligrosa tendencia se inscribe el “Plan Castello”. De hecho durante 2016 Río Negro tomó deuda $1250 millones para cubrir una merma del orden de los $1500 millones de caída interanual en la coparticipación, lo que no evitó que cerrara el año con déficit del orden de los $2900 millones, al que por cierto también aportaron las crisis en los sectores frutícola y petrolero, además de un aumento en los precios de bienes y servicios generales que subieron más que la recaudación (no así los salarios del sector púbico). En este contexto y con una nueva caída estimada para abril del corriente, del orden del 19% interanual en los ingresos por coparticipación, y con un panorama similar en la economía provincial, no se entiende muy bien la lógica del gobierno provincial para buscar emitir un volumen de deuda que prácticamente duplicaría el stock de deuda acumulada por Río Negro hasta el día de hoy. Y muchísimo menos poniendo los derechos de los futuros acreedores por sobre los de los ciudadanos de la provincia, que es lo que implica poner como garantía de la nueva deuda los recursos presentes y futuros de todos los rionegrinos.
Desde ya que siempre es preferible el endeudamiento destinado a obras de infraestructura (en tanto que favorecen a la economía provincial y generan puestos de trabajo), que el que tiene por destino el financiamiento de gastos corrientes. Pero, la capacidad de endeudamiento de una provincia depende fundamentalmente de la capacidad futura de repago. Y en un contexto de fuerte merma de ingresos, duplicar el volumen de deuda (llevando el peso de los pasivos del 30% al 60% aproximadamente de los recursos presupuestarios), implica afectar a fuerza de brutales ajustes fiscales recurrentes los derechos de los ciudadanos de la provincia a la educación, la salud y seguridad garantizadas por ley, por el Estado provincial; política de ajuste que además viene aplicando actualmente el Gobierno Nacional. En este sentido el “Plan Castello” se parece más a una inmediata y pesada hipoteca sobre el futuro de los rionegrinos, que un plan de desarrollo económico. Sería en buena medida, repetir una historia que nuestra provincia han experimentado ya en su historia reciente.
Por ello la CTA de los Trabajadores de Río Negro manifiesta el rechazo a este proyecto de endeudamiento y puesta en peligro de los bienes naturales de nuestro territorio e insta al gobierno de Weretilneck a convocar a un gran consejo del salario y la producción en rio Negro; donde los principales actores sean las distintas organizaciones sindicales, sociales, representantes de la pequeña y mediana empresa, representantes de los trabajadores informales y el gobierno provincial; para delinear políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que generen empleo y estrategias que nos permitan aprovechar la gran variedad de recursos-bienes naturales y las potencialidades con las que cuenta nuestro territorio rionegrino.
Jorge Molina, secretario general; Juan Fuentes y Mario Waldhorn, secretarios adjuntos; y Emiliano Sanhueza, secretario gremial y de organización.
Comisión Directiva de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de los Trabajadores de Río Negro.
Gremios
El estado de situación en el que se encuentra nuestro gremio es un punto límite
Nota de opinión por Patricia Cetera, Hector Roncallo, Lúa Hernández y Marcelo Nervi, de la Lista Unidad Azul Arancibia de UnTER.
El estado de situación en el que se encuentra nuestro gremio es un punto límite. Nunca se vivió ya que siempre como organización gremial y como grupo que nos tocó conducir en varios períodos, apostamos al diálogo primero.
Como Agrupación queremos ser claros, no estamos de acuerdo que no se acate la conciliación por que como lo manifestamos en las asambleas, no sólo es una herramienta de lucha al permitir retrotraer cualquier definición que no nos favorezca. Sabemos que la conciliación dictada es un mamarracho, que es una apretada, consecuencia de un gobierno que para nada le interesa la educación y menos a los trabajadores y trabajadoras. Sólo les interesa captar amigos, y hasta supuestos opositores que disfrazados de lobo se convierten rápidamente en cordero cuando de lugares y oportunidades se trata. Contra este pulpo de la pésima política y del uso indebido del poder, también luchamos, cuando vemos quienes conducen la CTA y nos quieren dar clase de lucha y la gran mayoría son candidatos en los partidos políticos, lo que no está mal, lo que sí está mal es que no se corran en procesos electorales.
Cuando fundamos la CTA lo hicimos bajo la convicción de ir en contra de las malas prácticas sindicales y hoy nos sorprenden al igual que ayer. Somos conscientes que la letra de la legislación no la escribimos los trabajadores, esto es histórico desde hace mucho tiempo, antes de la llamada «conquista del desierto» y de tanto en tanto también reconocemos que algunas escrituras fueron y lo son favorables al pueblo trabajador, pero en estos momentos políticos de derechización casi todos actúan parecido, imponiendo el peso de la ley, aunque esté mal parida y puesta igual.
Como agrupación sabemos cuándo y cómo actuar a fondo, sabemos de antecedentes, por eso expresamos que había que aceptar y si el resultado no nos favorece ir a fondo en un paro indeterminado real.
Lamentablemente primó el esfuerzo opositor hoy con votos consecuencia de las mentiras en las redes, jugando al mejor «lawfare» que utiliza la oposición derechista, que por otra parte es histórico en nuestro país, y así no lograr serios resultados para los trabajadores y trabajadoras, sino con el claro fin de trabar a las conducciones de nuestra agrupación, de cerrarles el camino de la cordura, de logros, que, aunque sean en paso a paso, son logros que van mejorando nuestro estado laboral. De esta manera en la supuesta democracia se definió el todo o nada. Nunca fue así, nunca fue el todo o nada y esto también es histórico. Eso es lo que nos diferencia claramente y respetuosamente con quienes creen que están haciendo la guerra de guerrillas y quienes entendemos que en estas etapas del mundo que nos toca, es ir logrando paso a paso los resultados, sin el sacrificio de los compañeros a través de posibles descuentos, sanciones individuales, sanciones colectivas y gremiales, etc.
Estamos a favor de la participación partidaria y electoral de cada uno de los afiliados, pero no acordamos que utilicen (nadie) la estructura sindical, para hacerse ver en la combatividad.
Queremos dejar en claro por qué no acordamos esta postura de no a la conciliación, porque nunca lo hicimos, siempre primó el resguardo sindical, herramienta básica de defensa de los trabajadores, preservándola en su totalidad y no como algunos supuestos combativos que sólo encararon cuando fueron conducción, la retención de servicio como lo más extremo, y hoy dicen que prefieren un sindicato pequeño, sin jardines maternales, sin obra social, sin beneficios sociales, sin una estructura sindical con trabajadores y trabajadoras, sin centros recreativos, sin hoteles, etc, etc, porque afirman que todo debe ir a la lucha.
Ante semejante irresponsabilidad histórica, nosotros decimos que primero el diálogo y luego agotado, todos a la lucha total, pero siempre defendiendo el sindicato.
No queremos que los compañeros se encuentren perjudicados, no queremos construir en base al discurso del odio, sabemos que en el paso a paso logramos y seguiremos logrando un gremio respetuoso, de lucha y logros sindicales. Por eso insistimos y aunque no estén en acuerdo, dejar en claro nuestra postura: aceptar la conciliación no significa abandonar la lucha, es dar un paso estratégico para seguir luchando con toda la fuerza del sindicato unido.
De esta manera atándole los pies y las manos a una conducción no la dejan conducir y menos representar.
Patricia Cetera, Hector Roncallo, Lúa Hernández y Marcelo Nervi
Lista Unidad Azul Arancibia de UnTER.
Opinión
El Consejo del Salario aplicó un ajustazo con complicidad de la CGT
Nota de opinión por Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto de ATE Nacional.
Tras la reunión del Consejo del Salario en la que se definió una suba del ingreso mínimo de 26,6%, cuotificado en los próximos tres meses, considero que se trata de un ajustazo con la complicidad de la CGT.
El salario mínimo sigue siendo de indigencia y el gobierno perdió una gran oportunidad de empezar a recuperar los ingresos de la población. Este fue el peor aumento otorgado en este ámbito y se pone en riesgo la paz social. Según lo definido, el incremento será del 15,6% en abril, 6% en mayo y 5% en junio, por lo que el próximo mes el monto estará fijado en $80.342, monto similar al de la actual Canasta Básica Alimentaria ($80.483).
La situación se agrava si se compara el ingreso mínimo con la Canasta Básica Total que define la línea de pobreza, la cual se ubica en $177.063 actualmente para una familia tipo. Se derrumban las expectativas puestas en el Consejo del Salario como la herramienta que permitiría mejorar las condiciones de vida de los asalariados y los sectores populares. El nuevo ingreso mínimo es sólo un tercio del que debería ser.
El gobierno sigue cediendo a los empresarios inescrupulosos. Nos siguen explotando por menos dinero del que la propia ley vigente en la Argentina dice que tiene que ser. El salario debe ser una retribución justa que alcance para la vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, recreación, esparcimiento, vacaciones, ahorro y previsión social. Pero en realidad, después de este incremento, no alcanza ni para comer y menos aún para pagar un alquiler.
Cabe destacar algunas prestaciones sociales, como los planes Acompañar y Potenciar Trabajo, definen sus montos a partir del salario mínimo establecido. Durante la reunión, la CTA Autónoma, central obrera que es integrada por ATE, fue la única que rechazó estos números.
Rodolfo Aguiar
Secretario Adjunto de ATE Nacional
Desde Cambia Río Negro repudiamos un nuevo intento de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de avasallar la institucionalidad del país al desobedecer un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Los fallos de la Corte Suprema deben ser acatados, en tanto se trata de la instancia máxima del Poder Judicial de la Nación. Todo lo contrario a lo que creen el kirchnerismo y sus socios que a la desobediencia de un poder del Estado a otro suman una maniobra fraudulenta que cambia las reglas del juego para el beneficio de una persona o un sector político, perjudicando la
República y la división de poderes.
En un nuevo acto de kirchnerismo explícito, el Senador Alberto Weretilneck convalidó con su presencia, con su voto y hasta con un discurso justificatorio de la desobediencia a la Justicia, las maniobras fraudulentas de Cristina Fernandez. Son socios en la trampa y también en el fracaso de la gestión del país.
Este no es más que un nuevo capítulo en la historia del cambio en las reglas de juego que propone el kirchnerismo a nivel nacional, y convalida Weretilneck en el Senado. Al voto en favor de Doñate como Consejero del Consejo de la Magistratura, se le suman la presentación del proyecto para suspender las PASO por parte del Diputado Di Giacomo o la reciente reforma electoral provincial, propiciada también por JSRN.
Para los rionegrinos no hay nada mejor que dirigentes honestos pero sobre todo comprometidos con la institucionalidad, la república y la división de poderes.
Tenemos que decir basta a estas prácticas que buscan someter las instituciones para intentar sacar una ventaja personal o política.
Cambia Río Negro.
