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El STJ confirmó dos condenas por abuso sexual de menores de edad en Roca

En un caso, el máximo tribunal confirmó las condenas de 9 y 8 años de prisión impuestas a un hombre y a una mujer, mientras que en el otro ratificó la pena de 11 años de prisión contra un hombre que abusó de su ahijada durante varios años.

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El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos por los defensores en dos procesos por delitos contra la integridad sexual de menores de edad. En un caso, confirmó las condenas de 9 y 8 años de prisión impuestas a un hombre y a una mujer por los abusos sufridos por la hija de la imputada, mientras que en el otro ratificó la pena de 11 años de prisión contra un hombre que abusó de su ahijada durante varios años.

En el primer caso, la Cámara Criminal Segunda de Roca había condenado al imputado N.E.A. a 9 años de prisión por ser autor de los delitos de «abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización, contra una menor de 18 años de edad, doblemente agravado -por ser la víctima conviviente y ser guardador-, reiterado en un número indeterminado de oportunidades», mientras que la imputada Y.I.R., madre de la víctima y pareja del acusado, había sido condenada a 8 años de prisión como «partícipe necesaria» de los delitos, agravados por el vínculo y por ser la víctima conviviente.

Con voto rector del juez Enrique Mansilla y adhesión de sus pares Sergio Barotto y Adriana Zaratiegui, el STJ declaró «mal concedido» el recurso de casación interpuesto por la defensora oficial Flavia Rojas y confirmó la sentencia de Cámara.

Se tuvo por acreditado que el hombre cometió los abusos entre mayo de 2013 y abril de 2014, cuando la víctima tenía 7 años de edad, en la vivienda que compartían en la zona rural de Roca.

El STJ respaldó el criterio de la Cámara, que reconoció como agravantes contra el hombre la «duración en el tiempo, el número de veces en que ocurrieron los abusos y la clase de sometimiento que implicaba la relación de poder y autoridad de quien se representaba como padre de una niña de la edad referida». En cuanto a la mujer, descartó el argumento defensivo que indicaba que «en tanto la imputada había sido sometida de niña a abusos sexuales, se encontraba incapacitada para ‘ver’ los cometidos contra su hija», produciéndose una «ausencia de conocimiento y voluntad» en cuanto al delito. En ese punto, el STJ recalcó, entre otros fundamentos, que se trató de «conductas que pueden ser conceptuadas como abusivas desde la más común y general comprensión».

Otro caso

En el segundo caso, con voto rector del juez Mansilla y adhesión de Ricardo Apcarian y Adriana Zaratiegui, el STJ rechazó la casación de los defensores particulares Oscar Pineda y Pablo Iribarren y ratificó la condena dictada en septiembre de 2016 por la Cámara Criminal Tercera de Roca.

El imputado J.P. fue condenado a 11 años de prisión como «autor de los delitos de abuso sexual simple, siendo la víctima menor de 13 años, reiterado en un número indeterminado de oportunidades, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, siendo la víctima menor de 13 años, reiterado en un número indeterminado de oportunidades».

Se tuvo por acreditado que entre 2010 y principios de 2012, cuando la víctima tenía entre 11 y 12 años de edad y se encontraba en situación de vulnerabilidad, fue sometida a abusos por parte de su padrino. Los hechos ocurrieron en la casa del imputado, en Roca, y en la vivienda de la víctima, en Cervantes.

La defensa alegó la arbitrariedad de la sentencia condenatoria, cuestionando la valoración de la prueba efectuada por la Cámara y el modo en que se desarrolló el testimonio de la niña en Cámara Gesell. Pero tras analizar cada agravio, el STJ concluyó que la sentencia de primera instancia «ha aplicado adecuadamente las reglas de la sana crítica racional al ponderar el material probatorio reunido y la recurrente no logra demostrar la arbitrariedad ni los demás vicios que alega».

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Un bombero deberá ser indemnizado porque se lesionó combatiendo un incendio

La ART deberá abonarle más de $750.000, en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral e intereses.

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Un hombre que se desempeñaba como bombero sufrió un accidente de trabajo al estar extinguiendo un incendio en un campo cercano a Viedma. Al doblar su cuerpo para clavar una pala, con el fin de construir un corta-fuego, sintió un fuerte dolor en su región lumbar que se irradió hacia la cara posterior del muslo izquierdo.

Luego del incidente al no disponer de un medio de transporte, permaneció en el área de trabajo varias horas hasta que fue trasladado a Viedma.

El hecho fue denunciado ante la ART y la demandada reconoció la contingencia como accidente de trabajo y le indicó que iniciara su tratamiento en la Clínica Viedma, donde recibió atención médica y farmacológica, con antiinflamatorios, y allí le ordenaron reposo. Luego recibió tratamiento de kinesiología de más de 100 sesiones hasta el alta médica definitiva, pero continuó con dolores intensos en la zona afectada.

Por su parte, la Comisión Médica concluyó que no presentaba secuelas generadoras de incapacidad laboral pero para el trabajador si y por ello inició la demanda.

La demandada no contestó la acción en su contra, en consecuencia no pudo controvertir ninguno de los hechos expuestos.

Oportunamente, el perito médico explicó que el trabajador padece “Lumbalgia predominio izquierdo, síntomas y signos de lumbalgia post traumática. Dolor en región lumbar con contractura muscular paravertebral. Marcha punta-talón con dificultad”.

Finalmente la Cámara Laboral de Viedma condenó a Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a abonarle la suma de $773.397,02, en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral e intereses.

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Más de cuatro décadas de matrimonio, pero sin verse: ella no podrá heredar

La Justicia determinó que la herencia solo le corresponde a la única hija del matrimonio.

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No tuvo contacto con su marido por más de 40 años y cuando él falleció quedó excluida de la sucesión por falta de “vocación hereditaria”. La mujer vive en otra provincia y, al ser citada al proceso sucesorio que tramita en Cipolletti, se presentó en carácter de cónyuge. Sin embargo, luego quedó establecido que no tiene derecho sobre los bienes. En este contexto, la herencia solo le corresponde a la única hija del matrimonio.

El proceso sucesorio está contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 2277 establece que la muerte de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. La “vocación hereditaria” es el llamado a concurrir como heredero a la sucesión de la persona fallecida.

Pero el artículo 2437 determina que el divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

Justamente fue el caso de Cipolletti. Aunque la mujer no se había divorciado admitió –audiencias mediante- su separación de hecho de más de 45 años “sin voluntad de unirse”. En consecuencia, con la resolución del fuero Civil que puso fin al conflicto quedó determinado que carecía de vocación hereditaria y que la herencia corresponde en su totalidad a la hija (única y universal heredera).

Durante el último año, el fuero Civil de Río Negro le dio trámite a 9.745 nuevas causas y las sucesiones representan el 25,54 de este total. Hubo 2.489 sucesiones en 2021, entre las que se encuentra el caso de Cipolletti.

Cuando el matrimonio se vuelve un obstáculo

No es la primera vez que en la jurisdicción se tramita una causa con un matrimonio sin contacto. El año pasado, el fuero de Familia advirtió que un hombre quería divorciarse de su esposa pero no podía encontrarla para notificarla. Se recurrió al mecanismo de edictos de citación de personas.

En esos casos lo primero que se realiza es “practicar información sumaria”. Ello significa que cuando alguien pierde el contacto con una persona, se envían oficios a distintos organismos públicos: secretaría electoral, Anses, Afip.

Con la respuesta se obtienen algunos datos, por ejemplo, de domicilios o bienes registrados. Luego se envía una cédula y si el documento regresa “sin diligenciar”, es decir que no se encontró a nadie o esa persona no vive en el domicilio consignado, se publica un edicto de citación.

Después de la publicación de edictos, se notifica al Centro de Atención de la Defensa Pública (Cadep) para la designación en el expediente de un defensor o defensora de ausentes que actúa como parte, en representación de la persona que no fue hallada por ningún medio.

En el fuero de Familia la citación de personas no solo se utiliza para los divorcios, sino en demandas de alimentos, cambios de nombre y adopciones. En el caso de los divorcios en general se trata de parejas sin hijos, que han dejado de convivir y han perdido el contacto.

“A veces la gente pasa mucho tiempo casada y al no tener hijos en común se dejan de ver y después alguno de los cónyuges necesita realizar un trámite y el matrimonio se vuelve un obstáculo. Entonces necesita divorciarse y se recurre al sistema de edictos”, se explicó desde el fuero de Familia. También en las sucesiones, que tramitan en el fuero Civil, se publican edictos para hallar a posibles herederos de la persona fallecida.

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Investigación por femicidio de Casmuz: Se realizó el sorteo del que saldrán los 12 integrantes del jurado popular

Tendrán que determinar la responsabilidad de Gregorio Antonio Colicheo, actualmente detenido por otro crimen, el de Javier Videla.

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La Oficina Judicial Penal de Roca sorteó esta mañana (08/08) a las 90 personas que serán convocadas como potenciales integrantes del jurado popular que intervendrá en el juicio caratulado como femicidio de Claudia Alejandra Casmuz, cuyo cadáver fue encontrado el 4 de marzo de 2021 en el campo “La Perseverancia”, en cercanías de Casa de Piedra.

Las 45 mujeres y los 45 hombres sorteados hoy están radicados en localidades de la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende General Roca, Villa Regina, Choele Choel, Río Colorado, Allen, Cervantes, Chichinales, Chimpay, Pomona, Belisle, Luis Beltrán, Darwin, El Cuy, Gral. E. Godoy, Mainqué, Ingeniero Huergo, Lamarque, Los Menucos, Cerro Policía, Maquinchao y Sierra Colorada.

De esas 90 personas saldrá el jurado imparcial de 12 integrantes que tendrá a su cargo el veredicto. De acuerdo con la programación definida por la Oficina Judicial, las audiencias del juicio se desarrollarán desde el 13 hasta el 20 de septiembre, incluyendo el fin de semana de los días 17 y 18 de ese mes, en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca.

En tanto que el 12 de septiembre, las 90 personas sorteadas hoy serán llamadas a la audiencia de selección de jurados, de la que surgirán las 12 personas que integrarán el tribunal popular en carácter de titulares y las cuatro personas que serán suplentes.

El juez profesional que tendrá la responsabilidad de dirigir el juicio por jurados será Emilio Stadler. La defensa del imputado, Gregorio Antonio Colicheo -actualmente detenido-, será ejercida por un equipo de la Defensa Pública a cargo de Juan Pablo Piombo, en tanto que la acusación será sostenida por un equipo del Ministerio Público Fiscal encabezado por el fiscal jefe Andrés Nelli. En representación de la familia de la víctima, constituida en parte querellante, intervendrán los abogados Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena.

Notificaciones seguras

A partir de hoy la Oficina Judicial Penal comenzará a notificar personalmente a las 90 personas sorteadas. El organismo estableció un sistema de comunicaciones seguras, con personal debidamente identificado, y cuenta con un equipo de trabajo especializado para evacuar todo tipo de consultas que puedan tener las personas convocadas.

Las personas recibirán una comunicación telefónica y/o por correo electrónico, en la que recibirán toda la información pertinente.

La Oficina Judicial enfatizó, además, que de ninguna manera se les solicitará información relacionada con números de cuentas bancarias, CBU, alias o claves electrónicas de servicios bancarios.

Cualquier consulta puede realizarse al mail [email protected] o al teléfono (0298) 4292050 internos 583 o 561 (Oficina de Juicio por Jurados de Roca) y 550 o 535 (Mesa de Entradas de la Oficina Judicial Penal de Roca).

Padrón electoral

En abril de 2021 el Tribunal Electoral de Río Negro realizó el sorteo inicial de ciudadanas y ciudadanos que podrían ser convocados a integrar los Jurados Populares de los juicios que se realicen con esa modalidad en 2022 y 2023. En aquella ocasión fueron sorteadas del padrón electoral un total de 2.300 personas de toda la provincia.

Para la Segunda Circunscripción se sortearon 400 mujeres y 400 hombres. Esos listados fueron luego depurados por la Oficina Judicial de Roca, que eliminó de las listas a todas las personas que presentan incompatibilidades legales para integrar un jurado. El listado depurado dejó 202 mujeres y 175 hombres con domicilio en la Circunscripción en condiciones de ser llamados a integrar un jurado. De esas dos nóminas salieron hoy las 45 personas del padrón masculino y las 45 del padrón femenino que serán llamadas a la audiencia de selección del 12 de septiembre.

El sorteo se realizó mediante una aplicación informática, bajo el control de la Fiscalía, la Defensa y la parte querellante, y que quedó videograbado en el legajo. Estuvo a cargo del Director y la Subdirectora de la Oficina Judicial Penal de Roca, Juan Manuel Tartaglia y Claudia Lemunao.

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