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¿En qué consiste un criterio de oportunidad?

El Código Procesal Penal sancionado por la Ley Provincial N° 5.020 cambia el paradigma de la persecución penal, postulando como objetivo la solución del conflicto primario.

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Uno de los cambios más importantes del Código Procesal Penal, sancionado por la Ley Provincial N° 5.020, es el cambio el paradigma de la persecución penal, postulando como objetivo la solución del conflicto primario “a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”. Actualmente, la legislación vigente entiende que la persecución penal debe buscar “el descubrimiento de la verdad real de lo ocurrido».

¿En qué consiste un criterio de oportunidad?

Las distintas modificaciones que ha sufrido el Código Penal de la Nación y el Código de Procedimiento de la provincia han incorporado a lo largo de su historia distintos métodos alternativos para evitar la realización de un juicio formal y su posterior respuesta punitiva. Así, se implementó la prisión en suspenso para penas menores a tres años, la suspensión de juicio a prueba, más conocida como probation, y el criterio de oportunidad.

El criterio de oportunidad es considerado un método alternativo de resolución de conflictos, es decir, constituye una forma distinta de administrar justicia. Sólo el fiscal tiene la facultad para poner fin a un proceso de manera compositiva, a partir de la aplicación de un principio de oportunidad.

Este resorte procesal no puede utilizarse en todos los casos (ver apartado siguiente) y se encuentra reglamentado en el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal vigente. El efecto que tiene la implementación de un Criterio de oportunidad es la extinción de la acción penal, es decir, que no se computarán antecedentes penales para el imputado, pero fundamentalmente procura que la víctima también recibe una respuesta adecuada a su denuncia.

Si bien no existe una limitación legal a la cantidad de veces que se puede aplicar criterios de oportunidad respecto de un mismo imputado, habitualmente se procura que una misma persona no se vea beneficiada en más de una oportunidad por este Método alternativo de Resolución de Conflictos.

Para esto, desde las distintas fiscalías se han confeccionados distintas bases de datos para evitar superposiciones en la aplicación de este beneficio.

¿Cuándo se puede aplicar un Criterio de Oportunidad?

El artículo 172 del Código de Procedimiento detalla en que tipos de casos se puede aplicar el criterio de oportunidad.

Se cuentan entre ellos la resolución de los hechos “que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público”. Además, este beneficio puede aplicarse en delitos culposos cuando el imputado haya sufrido un daño físico o moral grave que torne innecesaria la aplicación de la pena o cuando se haya concluido un proceso de mediación exitoso.

La mediación exitosa también puede aplicarse en los delitos contra la propiedad que hayan sido cometidos sin violencia o intimidación en la víctima. También puede aplicarse en aquellos delitos cuya pena máxima sea menor a 15 años de prisión, siempre y cuando la víctima o sus herederos consientan expresamente la extinción de la acción. Este último punto, tiene una limitación ya que no podrá aplicarse en ningún caso los delitos de instancia privada cuando el damnificado sea menor de 16 años.

¿Qué opinan los fiscales?

“Muchas veces los damnificados en causas de menor gravedad pretenden un simple pedido de disculpas o una reparación económica y no esperan ni desean una condena penal”, señaló la fiscal Eugenia Vallejos.

Además, agregó que lo importante de las salidas alternativas a los conflictos penales, es que permiten agilizar la resolución y progreso de las causas, abordando la situación de forma rápida desde el momento en que ocurrió y evitando un trámite excesivo.

Gustavo Herera, fiscal de Coordinador de la IV Circunscripción, destacó que permite una resolución del conflicto de forma compositiva permitiendo la intervención de la víctima de manera activa en búsqueda de una solución que la satisfaga. Además, prevé una solución rápida generando condiciones para el desarrollo de una política criminal eficaz y eficiente, teniendo en cuenta que ante la rápida resolución del problema se pueden destinar los recursos humanos y técnicos a los casos más complejos y que afectan en mayor medida el interés social.

¿Qué opinan los defensores?

Los defensores oficiales del fuero penal, opinaron que la aplicación de un criterio de oportunidad, era una salida positiva para determinados conflictos.

La defensora pública, Silvana Ayenao, explicó que muchas veces es necesario analizar, informar y consultar a la víctima, sobre los intereses que presenta en el proceso penal. “En este tipo de audiencias se escucha a las partes y muchas veces se resuelven las situaciones conflictivas evitando mayores problemas a futuros”, explicó.

En consonancia con lo anterior, el defensor oficial Juan Pablo Laurence, sostuvo que «la aplicación del principio de oportunidad apunta a solucionar conflictos fuera del ámbito de la justicia regulando las tensiones sociales y pretendiendo además generar la revinculación de ciudadanos, pensando en la posibilidad de cicatrizar heridas”. La anterior afirmación se relaciona con el concepto de Justicia Restaurativa la cual pretende que se consideren primero los intereses de la víctima, sus necesidades y expectativas sobre la justicia para después centrarse en el binomio delito-pena.

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Le dijo a su cocinera «Andate, no me servís más»: tendrá que pagar indemnización y multa

La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad.

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Una mujer que se desempeñaba en una confitería de Cipolletti promovió un juicio por todas las irregularidades del vínculo laboral. El día que la despidieron le dijeron: “Andate, no me servís más” y no le pagaron lo que correspondía. La sentencia no solo le dio la razón a la cocinera sino que notificó a los organismos de control al advertir trabajo no registrado.

El caso tramitó ante la Cámara Laboral de Cipolletti pero la parte demandada nunca se presentó al juicio ni a la instancia de conciliación. La mujer probó que trabajó en la confitería por más de tres años. Sus tareas eran la de cocinera y bachera. El local funciona en el centro de Cipolletti bajo la denominación de Galo Gastronomía S.R.L.

El día que la despidieron le pagaron una indemnización menor a la que le correspondía por ley y en tres cuotas. La cocinera y sus compañeros de tareas trabajaban en la informalidad, es decir que no estaban debidamente registrados.

La Cámara Laboral fijó una indemnización por la suma de $661.756,11 más intereses. La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad. Además le aplicaron a la empleadora tres multas por empleo no registrado y por no abonar la indemnización en tiempo y forma. Una de las multas dispone el incremento del cincuenta por ciento calculado sobre las indemnizaciones.

Durante el juicio, se presentaron a declarar dos compañeros de trabajo de la mujer. Ambos acreditaron las circunstancias del despido y afirmaron que ellos tampoco estaban debidamente registrados.

El fallo consideró que, como se advirtió empleo no registrado, la sentencia debía ser notificada a los organismos de control: AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria, Secretaría de Estado de Trabajo y Sindicato de Gastronómicos en su sede local “toda vez que dicho comercio continúa en funcionamiento, en el mismo rubro”.

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Habrá salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Los espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y “el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo”.

“Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal”, dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Llamaba al trabajo de su ex para denigrarla: La Justicia determinó que esa conducta también es violencia de género

El sujeto anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal.

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Una medida cautelar del fuero de Familia de Cipolletti dispuso la prohibición de acercamiento de un hombre a la madre de sus hijas. Se probó en el proceso que él llamó al área de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja la mujer para hablar mal de ella. Anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal. Desde el Juzgado se hizo un serio llamado de atención al demandado.

En un contexto de conflicto familiar permanente, la mujer denunció en el Juzgado de Familia que su ex había llamado a la empresa en la que ella trabaja. En esa comunicación hizo referencias a su vida personal y cuestionó su rol como madre.

En su descargo, el denunciado admitió el llamado telefónico, pero dijo que pretendía conseguir autorización para que la mujer asistiera a una mediación. Cuestionó que con los “dichos y expresiones falaces” de la denunciante se adoptara una medida cautelar como la prohibición de acercamiento.

El Juzgado de Familia no estuvo de acuerdo con el planteo de la defensa. Consideró que no se requieren pruebas materiales para hacer una denuncia de violencia de género porque tal situación “llevaría al extremo de delimitar la violencia a cuestiones físicas, probándolos con un certificado médico, cuando se sabe que los hechos de violencia no son solo físicos sino también psicológico, económico, moral y tantos otros modos de violencia que la ley incluso no los enumera de manera taxativa”. En esos mismos términos se había expresado la abogada que representa a la víctima.

La resolución también tuvo en cuenta que los llamados al área de Recursos Humanos ponían en riesgo la fuente laboral de la mujer, quien además es el único sustento de sus hijas puesto que el padre no paga la cuota alimentaria.

En el fuero de Familia se concluyó que la conducta del hombre denunciado configura un claro acto de hostigamiento hacia la mujer. Se observó además que la víctima viene sufriendo y padeciendo violencia psicológica desde hace años, sobre todo con la publicación que el hombre protagonizó en un medio local en el que denigraba a la madre de sus hijas.

Con esos argumentos, la conducta del denunciado fue considerada como un acto de violencia de género y por ello se justificó la medida cautelar de prohibición de acercamiento. Además, desde el juzgado se hizo un serio llamado de atención respecto del modo en el que el hombre había ejercido su defensa. Y pidió que el caso se abordara sin afirmaciones “improponibles por vejatorias, retrógradas, temerarias y alejadas totalmente de una necesaria mirada de género”.

¿Qué dice la ley provincial sobre violencia de género?

La Ley N° 4241 de Protección Integral contra la Violencia en el Ámbito de las Relaciones Familiares otorga un amplio margen al momento de adoptar las medidas de protección en beneficio de las víctimas.

Se parte de la base de la “verosimilitud de la denuncia” y, como persigue la prevención, se pueden adoptar medidas urgentes incluso ante la mera sospecha de la existencia de violencia, sin necesidad de intervención de la parte denunciada.

El procedimiento está instrumentado como un proceso urgente en el que se prioriza el principio de celeridad por sobre el principio de bilateralidad y genera un contexto de protección para luego poder avanzar en el expediente hacia un análisis más profundo de la problemática planteada.

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