En relación a una necesidad planteada por un sector de la administración púbica provincial, y en el marco del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que impulsa la provincia de Río Negro, se avanza en un esquema de retiros voluntarios de agentes estatales, que brinde las condiciones adecuadas a quienes decidan adherirse.

Se impulsará, en este marco, la readecuación del Régimen General de Desvinculación Voluntaria, previsto en la Ley N° 3135, para que contemple la realidad actual de los agentes públicos. De acuerdo a la propuesta, quienes deseen concretarlo podrán percibir entre 5 y 7 salarios juntos, dependiendo de si cuentan con 10 o más años de antigüedad, además de un 50% del haber habitual, durante un año.

«Se está trabajando para dar respuesta a un porcentaje de agentes que sienten que su pertenencia al Estado se ha terminado, y están buscando alternativas en otros sectores. El Estado ha escuchado este mensaje y ha entendido que tiene que hacer una propuesta bajo el régimen legal vigente actualmente», comentó al programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz.

En este sentido, Lutz afirmó que «no es la filosofía del partido del gobierno el achique de planta de manera indiscriminada. La visión es la de generar una oportunidad a aquellos agentes que entienden que han culminado su carrera administrativa, y la propuesta alternativa es el retiro voluntario, sin que eso implique la pérdida de sus derechos por haber pertenecido tantos años al sistema».

«Si bien la masa de trabajadores es representativa, no creemos que el Estado Rionegrino requiera de un achicamiento, sino de una mayor eficiencia y una transformación en la relación de empleo», sostuvo.

El funcionario indicó que en los próximos días se estará enviando la propuesta para que sea tratada en la Legislatura Provincial, además de realizarse el cálculo de las erogaciones correspondientes.

«El Estado no puede prescindir de todos sus agentes, con lo cual se establecerá un cupo. Buscamos que sea un beneficio mutuo, sin necesidad de perjudicar la dinámica y la operatividad de la administración. Estamos hablando de un número limitado de agentes y no un retiro masivo», dijo.

Todos los Ministerios, organismos y empresas públicas estuvieron representados en una jornada de trabajo que comenzó este lunes (29/04) en Viedma y estuvo encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck. También participaron el vicegobernador Pedro Pesatti y legisladores de distintos signos políticos.

Las actividades constaron de talleres y charlas a cargo de un grupo de politólogos encabezados por el consultor Mario Riorda.

La jornada comenzó con una sincera charla de Weretilneck, quien habló sobre los desafíos de una gestión condicionada por los constantes recortes del Gobierno Nacional y pérdida de recursos, producto de la inflación que el poder central no logra controlar.

Weretilneck hizo eje en la forma en que el gobierno se vincula con los rionegrinos. Pidió más escucha y cercanía, además de hablar de comunicación y de la importancia de avanzar en el proceso de modernización del Estado.

En el encuentro hubo distintas disertaciones que fueron desde la economía o la modernización hasta la política comunicacional o la administración de empresas del estado, como es el caso de Aguas Rionegrinas.

Disertaron el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; Federico Lutz, ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Lucas Ottolini, secretario de Medios; Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente; Javier Iud, titular de ARSA; Marcela Avila, titular del IPROSS; Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Productivo; junto con los titulares de la UPCEFE, Lorena Bacci y Martin Camiña; y la subsecretaria de la Unidad de Enlace Provincial con las Universidades, Daiana Neri.

En otro orden, al comienzo de la jornada Mario Riorda brindó una charla para los equipos de prensa del Poder Ejecutivo, donde se trabajó sobre comunicación política y gestión de crisis.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a partir de las 00 horas del lunes (29/04) y se paralizarán las exportaciones y controles sanitarios en todo el país. «Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado», aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

La medida surge a partir del dictamen de mayoría al proyecto de Ley Bases, firmado este jueves (25/04) en la Cámara de Diputados, el cual «propicia una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el SENASA», indicó Aguiar. Por eso, el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario.

«El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país», sostuvo el referente estatal.

Aguiar indicó que «si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo». Detalló que «pretenden dejar sobre la órbita del SENASA solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana».

«El Gobierno tiene que exceptuar al SENASA de los organismos alcanzados por la ley», concluyó el secretario general de ATE. El sindicato resaltó la importancia de contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional.

Un organismo de alto rendimiento

El SENASA es el organismo encargado de la fiscalización de producción agroalimentaria que cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio para controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países. Es el organismo encargado de otorgar las certificaciones necesarias para el comercio internacional. Es decir, sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo.

«Si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación. También se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más (como por ejemplo, Japón)», informaron desde ATE.

«Además, no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales», agregaron.