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Reforma Procesal Penal: STJ, Procuración, Ministerio de Seguridad y Policía acordaron acciones conjuntas

Desde el 1 de agosto comienza a regir el nuevo paradigma en la provincia de Río Negro.

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El jueves pasado se llevó a cabo un encuentro de trabajo entre el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración, el Ministerio de Seguridad y la Policía para ultimar los detalles de la transición hacia la implementación de la Reforma Procesal Penal, que comenzará a regir el 1 de agosto.

El propósito central del encuentro, que se llevó a cabo en la sala de Acuerdos del STJ, fue coordinar acciones y acordar protocolos de trabajo especialmente entre el Ministerio Público Fiscal -que tendrá la responsabilidad de la investigación en el nuevo paradigma- y la policía como auxiliar clave.

El cónclave contó con la presencia del presidente del STJ, Ricardo Apcarián, los vocales de máximo tribunal, Enrique Mansilla, Sergio Barotto, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, el Ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Esteban, el jefe de la Policía de la Provincia, Daniel Jara y el Director General de Oficinas Judiciales, Fabián Mitidieri.

Se acordó la unificación en toda la provincia de protocolos de actuación y relación entre ambas instituciones, para tener un marco de acción conjunta cuando se produzcan hechos que requieran investigación penal. Además, se abordaron cuestiones importantes a la hora de ponerse en marcha el nuevo código, como la seguridad en las salas de audiencias. La Reforma Procesal Penal implica, por regla general, que las instancias serán públicas y orales, por lo que todas las instancias requerirán resolverse en audiencias. Estas tareas preventivas serán coordinadas junto a las Oficinas Judiciales.

La Policía mostró su predisposición para con el nuevo sistema y se acordó que habrá aún más capacitaciones conjuntas entre la policía y los fiscales. En este marco, se coincidió en que los jefes y subjefes policiales luego hagan de multiplicadores de estas formaciones con el personal a su cargo.

La reunión de trabajo se extendió por una hora y media. Se acordó que el Ministerio Público y la policía mantendrán otro encuentro mañana, de carácter exclusivamente operativo. Además, se convino la realización de reuniones por circunscripción entre fiscales y comisarías, aunque con la necesidad de tener una mirada uniforme en todo el territorio provincial.

El STJ expuso la flamante Acordada firmada por los jueces del máximo tribunal y la Procuración donde se conviene la distribución del personal necesario y los plazos y condiciones del traspaso de expedientes, con fechas precisas. Todas las partes intervinientes calificaron la reunión como “muy provechosa”, ya que permitió un diálogo directo las inquietudes existentes y hubo una unánime coincidencia sobre la coordinación de las acciones futuras.

Se abordaron cuestiones de acción concreta que deberán afrontar, como los casos de delitos en flagrancia, los oficios que saldrán desde la Oficina Judicial y las notificaciones a domicilios.

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Incrementan multa por ignorar los reclamos de una cliente

La clienta percibirá más de 230.000 pesos.

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Una mujer de Cipolletti que compró una notebook con fallas de fábrica consiguió un incremento en el monto de la indemnización. Después de presentar la demanda, obtuvo un fallo favorable aunque apeló los montos. Ahora, una nueva decisión aumentó el alcance de la multa civil.

La clienta adquirió en Fravega una computadora marca Acer, Modelo E5-573-3268 I3. En ese momento también abonó una extensión de la garantía original. Es decir, en total se llevó la notebook con dos años de garantía, uno por la fábrica y el otro por la aseguradora Assurant.

La computadora presentó fallas luego de los primeros tres meses de uso. En consecuencia la mujer envió el aparato al servicio técnico oficial, que le hizo un recambio de teclado. Sin embargo, los problemas continuaron.

En esa instancia, nadie se hizo cargo de las reparaciones. El comercio adujo que su garantía estaba vencida con los primeros seis meses de uso y que los otros seis meses le correspondían a la fábrica. La compañía de seguros, en tanto, informó que su vigencia comenzaba recién luego del primer de año.

Por ello la clienta impulsó una demanda civil. El fallo de primera instancia concluyó que hubo una infracción al deber de información y trato digno de la Ley de Defensa del Consumidor. Y que la responsabilidad por los daños a la consumidora era de las codemandadas, tanto de la cadena de electrodomésticos como de la aseguradora contratada en el mismo local comercial.

El monto inicial de la indemnización fue fijado en la suma de $81.752 pero la clienta apeló. En la revisión, el tribunal aplicó intereses en el rubro daño material y también incrementó en $200.000 el daño punitivo, que es una multa civil. En total, la mujer percibirá $231.367,18.

En la segunda instancia, la Cámara Civil de Cipolletti consideró que la multa inicial no satisfacía las finalidades punitorias por el desaprensivo accionar desplegado y menos aún los objetivos “preventivos” tendientes a instar a las demandadas a no repetir comportamientos lesivos e incumplimientos obligacionales.

El efecto disuasivo, surge del fallo, pretende evitar que se instale como práctica la metodología de “ignorar” al cliente que reclama por defectos del producto, ni se especule sobre si el consumidor acudirá, o no, a las vías judiciales.

La actividad civil, en números

En lo que va del año, las cuatro Cámara Civiles de la provincia registraron 799 nuevos expedientes. El número se compone de 91 expedientes ingresados directamente a las Cámaras (competencia originaria) y de 708 causas de apelación.

Los procesos más frecuentes son los recursos de queja, las acciones de amparo, apelaciones, medidas cautelares y los trámites del fuero Contencioso Administrativo.

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Sobreseyeron al abogado que habían detenido por tener supuesta droga sintética

La sustancia hallada en el estudio jurídico dio negativo a las pruebas realizadas y la Justicia le dio la razón a Daniel Arce.

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El juez Federal Hugo Greca sobreseyó al abogado Daniel Arce, a quien le habían iniciado una causa en el marco de la Ley de Estupefacientes. Todos los test realizados a la sustancia encontrada dieron negativos.

Todo sucedió el pasado 19 de agosto cuando en el marco de la causa que investiga el asesinato de Sofía Vera, la Policía rionegrina desplegó un importante operativo en Roca en el que se efectuaron 5 allanamientos autorizados por la Justicia, y que culminaron con dos personas detenidas; una de ellas era justamente el letrado que defiende a Emanuel Kaigar -único sospechoso que tiene el caso y que se encuentra prófugo-.

La Policía había asegurado que en el allanamiento al estudio jurídico de Arce detectaron cerca de un kilo de droga sintética. Las pericias de las mismas para establecer la composición y el origen estuvieron a cargo de Prefectura Naval Argentina, en la provincia de Neuquén, y finalmente dieron negativo. No obstante, el abogado quedó detenido 24 horas por infracción a la Ley N° 23.737 por solicitud del propio juez Greca.

Finalmente, luego de un mes y medio de ocurrido el hecho y varias pruebas que fueron demostrando lo que Arce aseguraba, el magistrado federal resolvió su sobreseimiento.

Además, la Justicia deberá reintegrarle la suma de $300.000 que el letrado puso como caución al quedar en libertad.

Arce había sostenido su inocencia desde el primer momento, manifestando que la sustancia encontrada era parte de los materiales a utilizarse para una remodelación del lugar.

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Botón del arrepentido: no le avisaron que podía desuscribirse y tendrán que devolverle el dinero

La víctima pretendía un plan de pago para comprar un automóvil, hizo la contratación por WhatsApp y tiempo después advirtió que estaba en un círculo de ahorro.

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Pretendía un plan de pago para comprar un cero kilómetro en Cipolletti, hizo la contratación por WhatsApp y tiempo después advirtió que estaba en un círculo de ahorro. Intentó irse pero no lo logró. Presentó una demanda por menor cuantía en el Juzgado de Paz y ahora tendrán que devolverle el dinero invertido.

El fallo condenó a dos sociedades a pagarle a la clienta la suma de $81.591,50 por el monto de las tres cuotas debitadas. Ella quería comprar una Fiat Strada Endurance.

La sentencia sostiene que no se cumplió con el deber de información previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. La mujer pretendía un plan de pago y terminó dentro de un círculo de ahorro, junto con otras personas que pagaban el vehículo en 84 cuotas.

Cuando advirtió esa situación quiso retirarse de la modalidad. Y en ese aspecto el fallo consideró que las proveedoras tenían la obligación legal de extender la información por escrito o a través de medios electrónicos u otra tecnología similar. En el caso la contratación fue ciento por ciento telefónica. También se resolvió que la clienta poseía el derecho a revocar la suscripción. La ley establece que las empresas tienen el deber de informar lo que se conoce como “botón del arrepentido”. En esos casos, las y los clientes pueden – en el plazo de diez días desde la entrega del bien o desde la firma del contrato – anular la compra. Esa circunstancia surge tanto del artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor como del artículo 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Se afirmó además que se trataba de una venta vía telefónica, es decir que hubo una contratación a distancia y por eso la consumidora asumió un riesgo distinto. Esta situación tiene un tratamiento legal especial. Por eso, en cuanto a la prueba las firmas demandadas tuvieron la carga de aportar al proceso todos los elementos en su poder y el deber de colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio. Se advirtió que hubo una actividad probatoria deficiente.

En función de los argumentos, el fallo condenó a Pinerolo S.A y a FCA S.A de Ahorros para Fines Determinados a devolverle el dinero a la clienta.

La menor cuantía es uno de los procesos más frecuentes en los juzgados de Paz. En números, durante el primer semestre del año 2022 ingresaron a los 49 juzgados de Paz de Río Negro 22.573 expedientes. Se realizaron, en el mismo periodo, 13.734 audiencias. Hubo además 805 acciones de menor cuantía en toda la provincia.

¿Qué es el botón de arrepentimiento?

Es un link que deben incluir las páginas web que venden productos o servicios para que se pueda revocar fácilmente la compra. El “botón de arrepentimiento” debe ser de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de internet. Debe estar en un lugar destacado y visible. Las y los clientes poseen además el derecho a ser informados respecto del procedimiento para anular la compra o la contratación.

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