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Nuevo Código Procesal: Crean unidades fiscales contra delitos de violencia de género y flagrancia

El nuevo sistema acusatorio ubicará a los fiscales como únicos garantes y responsables de la investigación de delitos.

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La inminencia del nuevo sistema acusatorio ubicará a los fiscales como únicos garantes y responsables de la investigación de delitos, lo que requerirá que sean exhaustivamente perseguidos los casos de mayor gravedad para ser llevados a juicio y que la Justicia encuentre, a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, otras formas de satisfacer el interés de la víctima y la sociedad que se vio perjudicada.

Así, atendiendo a las problemáticas más preocupantes en la actualidad, la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, realizó una serie de reuniones con los integrantes del Ministerio Público Fiscal en las que se consensuó la especialización de la investigación penal a partir de la creación de nuevas unidades fiscales como aquellas de violencia de género y doméstica, violencia institucional y delitos contra la integridad sexual. Estas unidades implicarán una reorganización de los fiscales que hoy forman parte del organismo, que se definirá en cada una de las circunscripciones judiciales en función de los perfiles de sus responsables.

«Lo que se pretende con este esquema es una distribución de trabajo equitativa entre los fiscales y dar respuestas adecuadas en tiempo oportuno», expresó Baquero Lazcano.

Estas determinaciones se plasmaron en una Resolución suscripta en el día de ayer por la titular del Ministerio Público que dispuso, además, la creación de una oficina de flagrancia y gestión rápida que buscará brindar una solución ágil y concluyente a aquellos delitos cuyo responsable fue atrapado en el lugar de los hechos y otros que implican una investigación sencilla.

El documento formaliza una nueva estructura que, tal como expresó la Procuradora, «será de implementación gradual, fortalece el trabajo en equipos y pone el eje en aquellas temáticas que más preocupan a la sociedad». Además dispone la creación de una oficina de admisión y análisis de casos, que será el eje vertebrador del nuevo sistema toda vez que este impone definir cuidadosamente qué causas llegarán a la instancia de juicio y en cuáles se buscarán soluciones alternativas.

La víctima ocupará ahora un rol aún más protagónico en el proceso penal, por lo cual “se reforzarán y revalorizaran notablemente los equipos técnicos de las oficinas de atención a la victima porque es a ella a quien debe proteger y representar el Ministerio Publico Fiscal. Por ello se prevé trasladar estos equipos a todos aquellos lugares donde existan organismos descentralizados del Ministerio Publico Fiscal”.

Además, se dispuso una organización que releve a los fiscales de tareas administrativas y los deje exclusivamente avocados a la investigación desde el inicio hasta su conclusión, jerarquizando las áreas de apoyo y la función de sus responsables dotándolos de mayores responsabilidades que deberán ser debidamente reconocidas.

Finalmente, y para el tratamiento de las causas que se encuentran actualmente en trámite, se conformarán equipos de trabajo procurando la finalización del proceso de revisión integral de expedientes, instando medidas que agilicen la resolución de cada uno de los casos.

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Gendarmería rescató otra víctima de trata de personas

El operativo comenzó el martes luego de una denuncia que fue abordada por el Juzgado Federal de Roca.

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El personal de Gendarmería Nacional rescató otra víctima de trata de personas. Se trata de un hombre de entre unos 40 años que era sometido a explotación laboral.

Según informó la Agencia de Noticias Roca (ANR) fue otra denuncia por trata de persona la que puso en marcha el operativo. El martes (04/10), cerca del mediodía, el personal de Gendarmería inició el allanamiento en la localidad de Cervantes.

Allí, el resultado fue positivo, ya que rescataron a un hombre que se encontraba sometido a una situación de explotación laboral.

Cabe recordar que el lunes se llevaron a cabo tres allanamientos: uno en Fernández Oro y dos en Neuquén capital. En estas circunstancias rescataron a dos mujeres oriundas de Río Negro, quienes también se encontraban trabajando bajo condición de trata de persona.

Estos fueron en una asociación benéfica conocida como REMAR, que se desempeña como un centro de rehabilitación de adicciones. En esta causa hubo dos personas detenidas, un hombre y una mujer.

La noticia sorprendió ya que la asociación constantemente realiza campañas de recolección de fondos, además de pedir colaboraciones puerta a puerta o en las calles. Venden desde condimentos hasta bolsas de residuos con las personas que están en rehabilitación en dicho centro.

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Desobedeció la prohibición de acercamiento: Tendrá que hacer un curso de masculinidad

El sujeto incumplió la Ley y le cruzó el camión a su ex pareja y le recriminó que no le permitía visitar a sus hijos.

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Un hombre de profesión camionero fue condenado por desobedecer una prohibición de acercamiento en perjuicio de su ex pareja y de sus hijos. Estaba acusado en el Fuero de Familia por ejercer actos de violencia de género y en ese contexto no respetó la perimetral. Por falta de antecedentes recibió una pena en suspenso pero deberá realizar un curso de masculinidades ante el Municipio de su ciudad.

En el legajo del Fuero Penal se probó que el día del episodio observó a su ex pareja en la calle. En esas circunstancias, le cruzó el camión a la mujer y le recriminó que no le permitía visitar a sus hijos. La prohibición de acercamiento había sido dispuesta por el juez de Paz local y ratificada por una jueza de Familia de Cipolletti. La medida le impedía acercarse a su ex pareja y a sus hijos a menos de 500 metros por hechos de violencia de género. Ocurrió en una localidad del Alto Valle aunque la ciudad no se consigna aquí para evitar la identificación del grupo familiar.

En el juicio penal, la Fiscalía acusó al hombre por el delito de desobediencia a una orden judicial, en contexto de violencia de género. Como el imputado no tenía antecedentes, las partes acordaron una pena de tres meses de prisión de ejecución condicional. Pero entre las pautas de conducta se estableció que el condenado deberá someterse a un examen tendiente a determinar si es necesario un tratamiento psicológico para el control de impulsos y en su caso completarlo. También tendrá que cumplir con un curso de masculinidad por intermedio del municipio de su ciudad. Se renovó, además, la prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros. El incumplimiento de cualquiera de esas pautas tendrá como consecuencia la revocación de la condicionalidad de la pena, que devendrá en cumplimiento de cárcel efectiva.

La violencia de género en números

En lo que va del año los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de la provincia de Río Negro recibieron 9.153 nuevas causas y el 58% de esos ingresos (5.352 expedientes) corresponden a violencia familiar y de género. Entre los procesos más frecuentes, le siguen los divorcios y los reclamos por prestación alimentaria.

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Incrementan multa por ignorar los reclamos de una cliente

La clienta percibirá más de 230.000 pesos.

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Una mujer de Cipolletti que compró una notebook con fallas de fábrica consiguió un incremento en el monto de la indemnización. Después de presentar la demanda, obtuvo un fallo favorable aunque apeló los montos. Ahora, una nueva decisión aumentó el alcance de la multa civil.

La clienta adquirió en Fravega una computadora marca Acer, Modelo E5-573-3268 I3. En ese momento también abonó una extensión de la garantía original. Es decir, en total se llevó la notebook con dos años de garantía, uno por la fábrica y el otro por la aseguradora Assurant.

La computadora presentó fallas luego de los primeros tres meses de uso. En consecuencia la mujer envió el aparato al servicio técnico oficial, que le hizo un recambio de teclado. Sin embargo, los problemas continuaron.

En esa instancia, nadie se hizo cargo de las reparaciones. El comercio adujo que su garantía estaba vencida con los primeros seis meses de uso y que los otros seis meses le correspondían a la fábrica. La compañía de seguros, en tanto, informó que su vigencia comenzaba recién luego del primer de año.

Por ello la clienta impulsó una demanda civil. El fallo de primera instancia concluyó que hubo una infracción al deber de información y trato digno de la Ley de Defensa del Consumidor. Y que la responsabilidad por los daños a la consumidora era de las codemandadas, tanto de la cadena de electrodomésticos como de la aseguradora contratada en el mismo local comercial.

El monto inicial de la indemnización fue fijado en la suma de $81.752 pero la clienta apeló. En la revisión, el tribunal aplicó intereses en el rubro daño material y también incrementó en $200.000 el daño punitivo, que es una multa civil. En total, la mujer percibirá $231.367,18.

En la segunda instancia, la Cámara Civil de Cipolletti consideró que la multa inicial no satisfacía las finalidades punitorias por el desaprensivo accionar desplegado y menos aún los objetivos “preventivos” tendientes a instar a las demandadas a no repetir comportamientos lesivos e incumplimientos obligacionales.

El efecto disuasivo, surge del fallo, pretende evitar que se instale como práctica la metodología de “ignorar” al cliente que reclama por defectos del producto, ni se especule sobre si el consumidor acudirá, o no, a las vías judiciales.

La actividad civil, en números

En lo que va del año, las cuatro Cámara Civiles de la provincia registraron 799 nuevos expedientes. El número se compone de 91 expedientes ingresados directamente a las Cámaras (competencia originaria) y de 708 causas de apelación.

Los procesos más frecuentes son los recursos de queja, las acciones de amparo, apelaciones, medidas cautelares y los trámites del fuero Contencioso Administrativo.

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