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Opinión

Algo huele mal en Dinamarca

Por Mario Álvarez, concejal vecinalista de General Roca.

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Seguramente todos recordarán los episodios que se vivieron en El Bolsón el año pasado, a raiz de aquella cesión y transmisión de los derechos de explotación y dominio que dispusiera la Provincia de Rio Negro por Ley 4335, en el marco de lo que dio en llamarse «Desarrollo Integral del Cerro Perito Moreno».

Por aquellos días hablamos de «extranjerización de tierras». De «negocios inmobiliarios». De «reservas naturales protegidas». De «Tierras incluídas en la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica de la UNESCO». Del Intendente de El Bolsón, Bruno POGLIANO, ex titular del Estudio Contable de «Proyecto LADERAS». De un emprendimiento turístico-inmobiliario en ésa zona con dineros del magnate inglés Joseph «Joe» LEWIS. De Nicolás VAN DITMAR (Gerente de LEWIS), cuando en el 2011 llamaba a «defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura…con sangre si hace falta». De MACRI (amigo de «Joe» LEWIS), modificando por Decreto (820/16) la Ley de Tierras (26.737) para eliminar restricciones a la venta de campos a extranjeros. De la PRN mirando para cuaquier lado, defendiendo lo impresentable y denostando a los ciudadanos rionegrinos que se manifestaban en contra de todos éstos atropellos.

La discusión pública que se generó en las redes excedió cualquier expectativa.

Se viralizó la bronca de cientos de miles de personas, «calientes» por la extranjerización. Por las mentiras. Por advertir que se estaba consumando una verdadera estafa.

Este jueves, nuevamente vuelve a ser noticia otra cara de un mismo manoseo (Diario RÍO NEGRO – pág. 14 «Otro juicio sin condenas por la venta de tierras»), al quedar absueltos por falta de acusación fiscal el ex Ministro de Produccción de la PRN, Juan ACCATINO y el ex Director de Tierras de la Provincia, Daniel TAIT, partícipes directos de la cesión de aquellas 1500 hectáreas en el Perito Moreno.

El Fiscal TREJO les otorgó «el beneficio de la duda», porque no vio consumado un fraude al Estado ni tampoco pudo definir un incumplimiento de los deberes de funcionamiento público en ambos funcionarios, fundamentalmente porque habían quedado desvinculados (?) del caso los privados que recibieron las tierras en cuestión.
A su turno, el asesor legal del Ministerio, Dr. Martín LEJARRAGA, consideró que la prohibición de reventa (establecida en un plazo mínimo de cinco años) no era aplicable por formar parte de un decreto «en desuso».
Pocas veces se han visto facilismos semejantes.

El único que «puso lo que hay que poner» fue el ex Juez de Instrucción Favio IGOLDI, procesando a ACCATINO y a TAIT por considerar que la adjudicación y venta del bien fiscal se efectuó de manera irregular, contraviniendo la normativa aplicable al caso, con el fin de beneficiar a terceros en perjuicio del erario provincial.

Se acuerdan de IGOLDI? Ya no es más Juez. Hace poco lo echaron como un perro por mal desempeño funcional.

Riquísima Provincia la nuestra, diezmada por la inoperancia entreguista de tantos años y las complicidades políticas de todo calibre, al resguardo de una justicia que da verguenza. Política «de menudeo», como alguna vez la definió Martínez Estrada.

 

Mario Álvarez.
Concejal Vecinalista de General Roca.

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Opinión

Nuestro país y nuestra provincia no necesitan más impuestos

Nota de opinión por Aníbal Tortoriello,
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

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Nuevamente el Gobierno Nacional insiste en ahogar a los productores, empresarios y emprendedores con impuestos y medidas que no generan crecimiento ni desarrollo.

Nuestro país no necesita más impuestos, ni prorrogar muchos de los impuestos temporarios o de emergencia, como planteó el oficialismo, sino que se requiere de generar un marco fiscal y regulatorio que aliente la producción y por tanto, genere nuevos puestos de trabajo genuino.

En la sesión del Congreso de la Nación ayer voté de manera negativa al nuevo consenso fiscal para crear más presión tributaria con la prórroga de Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Lamentablemente los otros diputados rionegrinos acompañaron la medida que afecta a la población que produce, arriesga e invierte. Sería importante que los diputados puedan explicar a los votantes por qué razón están acompañando la suba y creación de impuestos.

Este es uno de los principales temas que me plantean comerciantes, empresario y emprendedores en todas las ciudades de Río Negro. La semana pasada estuve en Bariloche donde los comerciantes manifestaron la necesidad de bajar la presión tributaria que no les permite crecer y evita la creación de nuevos empleos.

No vamos a acompañar la creación de más impuestos a los que producen. Para crecer tenemos que reducir la reducir la burocracia, bajar el gasto público. disminuir la presión tributaria y a poner estímulos para quienes generen trabajo.

Aníbal Tortoriello
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro
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Gremios

Ante las desacertadas declaraciones de Buteler

Nota de opinión por Héctor Roncallo, jubilado docente y ex Secretario General de UnTER.

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Los estudiantxs de Río Negro, los ciudadanos de la Provincia no pueden ser rehenes de las internas de Gobierno al mejor estilo de querer demostrar quien juega mejor en esto de apretar a los docentes y a su organización gremial. El Ministro de Gobierno tiene la clara intención de provocar a los docentes y azuzar la interna sindical o es alguien que no sabe de legislación del trabajo ya que el dictado de la conciliación Obligatoria es para las dos partes, el Gremio y el Gobierno. Esto quiere decir que la conciliación obliga por una parte al gremio, en cesar las medidas, pero también al Gobierno en retrotraer cualquier medida que dio origen a la acción sindical. De no ser así, este señor, que dice ser Ministro de Gobierno, poco  ha leído de legislación Laboral o sólo le interesa actuar desde los medios apretando y actuando al mejor estilo patoteril, en lugar de sentir y decir en sus manifiestos que como Gobierno van a trabajar en las mejores respuestas para garantizar las necesidades de trabajadores y de estudiantes, para sí honrar la Educación Pública que intenta hacer aparecer como que ES el único que la defiende, este señor venido a Ministro de Gobierno.

Son muchos años de atropello, de agachadas y de poca inversión (de la real en salarios y en el funcionamiento acorde del sistema educativo), por eso existen las reacciones naturales y lógicas ante las injusticias y por la desidia manifiesta de no profundizar la preocupación de fondo para el sistema educativo que dicen defender como Gobierno.

Como me gustaría alguna vez que los ministros y gobernantes reconocieran los errores de sus políticas  y que en la realidad no se está haciendo todo lo que debiera hacerse para que la educación en su conjunto contara con los elementos acordes a las necesidades actuales de un mundo diferente, diverso, de escuelas que cada vez más necesitan presupuestos, instrumentos, edificios, tecnología, conectividad real, alimentos para hablar seriamente de comedores escolares y de apoyo a las necesidades de alimentación saludable, además de salarios dignos y de condiciones dignas de trabajo para estudiantes y docentes. Además de todo esto conocer la legislación educativa a fondo para no tener que escuchar aberraciones, apretadas y desconocimiento total del concepto “derecho a la educación” que dice exigir Buteler.

Sr. Ministro, basta de querer aparecer como el ordenador y la autoridad, no le queda bien esa pedagogía en la política, el autoritarismo no va con la educación, mucho menos con la política real y con mayúscula. Es su obligación velar para resolver los problemas no para insultar a los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que siempre se preocupan para que el sistema funciones a pesar del abandono de Gobierno.

Héctor Roncallo
Jubilado Docente – Ex Secretario General de UnTER.

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Opinión

La discapacidad no es gasto público: No a la jibarización de los derechos de las personas con discapacidad

Nota de opinión por Emilio Epulef, Periodista y estudiante de Comunicación Social.

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El actual gobierno Nacional esta llevando a cabo un plan de ajuste para cumplir con los diversos acuerdos firmados por el FMI conocido como Fondo Monetario Internacional, y uno de los requisitos para el cumplimiento casi efectivo de ese acuerdo es el recorte del gasto público, en el cual consiste que el estado Nacional gaste menos con el objetivo de que no haya déficit fiscal y así poder bajar la inflación galopante que atraviesa la economía de la Nación.

Uno de esos ajustes es el recorte en las prestaciones básicas que le corresponden a las persona con discapacidad, para poder realizar diversos tratamientos para poder convivir en sociedad con una mejor calidad de vida, estas prestaciones que hoy ponen en jaque, no solo a este colectivo, sino también a los tutores, familias, y personas que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de estas personas, estas prestaciones están garantizadas no solo por la Ley N° 22.431 en su artículo número 4, sino también por la Ley N° 24.901 en su artículo N° 1 y 2, promulgada de facto el 2 de diciembre de 1997, además también por el articulo 7 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006, e implementada en nuestra Nación en el año 2008, mediante la Ley N° 26.378 y en el año 2014 este documento cuenta con jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.

El Gobierno Nacional no solo pretende jibarizar el acceso a la salud, mediante el recorte presupuestario, sino que también busca la reducción de puestos de trabajo en el ámbito mencionado ut supra. El Gobierno Nacional no solo aquí se encuentra violando leyes establecidas, sino que además pretende excluir a la discapacidad de las obras sociales, y ponerlas en manos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), delegando la responsabilidad a ese organismo, y obviando la obligación que tienen el Estado Nacional hacia este sector social.

Con este ajuste lo que la política pretende es no solo reducir el déficit fiscal mediante la jibarización de los derechos de este colectivo social, sino también los derechos que gozan las personas que ejercen la medicina y diferentes trabajos para las personas con discapacidad.

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