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Desde abril, se intensificaron visitas de la Justicia a parajes y pequeñas localidades

El Programa Territorial de Defensa Pública busca acercar la Justicia a los ciudadanos rionegrinos que están alejados de los centros urbanos.

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La amplia extensión territorial de la provincia de Río Negro produce en muchos casos que los habitantes de parajes y localidades pequeñas, alejados de los centros urbanos, encuentren dificultades para un real acceso al servicio de justicia. Para revertir esta situación, el Ministerio Público lleva adelante el Programa de Defensa Pública Territorial que prevé que los defensores oficiales se trasladen hasta esos lugares generando las condiciones que garanticen la accesibilidad y difundiendo los derechos que asisten a sus habitantes.

A partir del mes de abril de este año las visitas se han intensificado y, por semestre, se han generado compromisos detallados en sendas resoluciones suscriptas por la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano. Dichos documentos enmarca este Programa en los términos de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y el Artículo 219 de la Constitución Provincial que prevé que los funcionarios del Ministerio Público visiten regularmente parajes y ciudades alejados para asistir legalmente a los menores y a las personas necesitadas.

Durante el primer semestre del año se concretaron 78 visitas a distintos pueblos, en las cuales se atendió a más de 450 personas. Entre las actividades llevadas a cabo durante estos encuentros, se encuentran la recepción y explicación de consultas de derecho civil y de familia, la realización de audiencias, la recepción de documentación para iniciar demandas, entre otras.

Entre las temáticas que más interesaron a los consultantes, se destacan principalmente los temas relacionados al derecho de familia, particularmente lo que tiene que ver con los temas que se derivan tras la disolución de una pareja: régimen de comunicación y de cuidado de los hijos, el pago del concepto de alimentos, la atribución de la vivienda conyugal.

Los defensores coinciden que este tipo de visitas les permiten hacer relevamientos de las problemáticas de cada zona y que resultan muy importantes para darle continuidad a los procesos de sus asistidos que muchas veces abandonan sus casos por no poder trasladarse hasta las ciudades que cuentan con oficinas judiciales.

Además destacaron la predisposición de los titulares de los Juzgados de Paz, Casas de Justicia, centros educativos, centros de salud y centros comunitarios que ceden sus oficinas para que los funcionarios puedan tener un lugar cómodo para atender.

A fines del mes de junio, se suscribió el cronograma de actividades previsto para el segundo semestre del año, que iniciará los primeros días de agosto y se extenderá hasta fin de año.

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Judiciales

Desobedeció la prohibición de acercamiento: Tendrá que hacer un curso de masculinidad

El sujeto incumplió la Ley y le cruzó el camión a su ex pareja y le recriminó que no le permitía visitar a sus hijos.

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Un hombre de profesión camionero fue condenado por desobedecer una prohibición de acercamiento en perjuicio de su ex pareja y de sus hijos. Estaba acusado en el Fuero de Familia por ejercer actos de violencia de género y en ese contexto no respetó la perimetral. Por falta de antecedentes recibió una pena en suspenso pero deberá realizar un curso de masculinidades ante el Municipio de su ciudad.

En el legajo del Fuero Penal se probó que el día del episodio observó a su ex pareja en la calle. En esas circunstancias, le cruzó el camión a la mujer y le recriminó que no le permitía visitar a sus hijos. La prohibición de acercamiento había sido dispuesta por el juez de Paz local y ratificada por una jueza de Familia de Cipolletti. La medida le impedía acercarse a su ex pareja y a sus hijos a menos de 500 metros por hechos de violencia de género. Ocurrió en una localidad del Alto Valle aunque la ciudad no se consigna aquí para evitar la identificación del grupo familiar.

En el juicio penal, la Fiscalía acusó al hombre por el delito de desobediencia a una orden judicial, en contexto de violencia de género. Como el imputado no tenía antecedentes, las partes acordaron una pena de tres meses de prisión de ejecución condicional. Pero entre las pautas de conducta se estableció que el condenado deberá someterse a un examen tendiente a determinar si es necesario un tratamiento psicológico para el control de impulsos y en su caso completarlo. También tendrá que cumplir con un curso de masculinidad por intermedio del municipio de su ciudad. Se renovó, además, la prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros. El incumplimiento de cualquiera de esas pautas tendrá como consecuencia la revocación de la condicionalidad de la pena, que devendrá en cumplimiento de cárcel efectiva.

La violencia de género en números

En lo que va del año los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de la provincia de Río Negro recibieron 9.153 nuevas causas y el 58% de esos ingresos (5.352 expedientes) corresponden a violencia familiar y de género. Entre los procesos más frecuentes, le siguen los divorcios y los reclamos por prestación alimentaria.

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Incrementan multa por ignorar los reclamos de una cliente

La clienta percibirá más de 230.000 pesos.

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Una mujer de Cipolletti que compró una notebook con fallas de fábrica consiguió un incremento en el monto de la indemnización. Después de presentar la demanda, obtuvo un fallo favorable aunque apeló los montos. Ahora, una nueva decisión aumentó el alcance de la multa civil.

La clienta adquirió en Fravega una computadora marca Acer, Modelo E5-573-3268 I3. En ese momento también abonó una extensión de la garantía original. Es decir, en total se llevó la notebook con dos años de garantía, uno por la fábrica y el otro por la aseguradora Assurant.

La computadora presentó fallas luego de los primeros tres meses de uso. En consecuencia la mujer envió el aparato al servicio técnico oficial, que le hizo un recambio de teclado. Sin embargo, los problemas continuaron.

En esa instancia, nadie se hizo cargo de las reparaciones. El comercio adujo que su garantía estaba vencida con los primeros seis meses de uso y que los otros seis meses le correspondían a la fábrica. La compañía de seguros, en tanto, informó que su vigencia comenzaba recién luego del primer de año.

Por ello la clienta impulsó una demanda civil. El fallo de primera instancia concluyó que hubo una infracción al deber de información y trato digno de la Ley de Defensa del Consumidor. Y que la responsabilidad por los daños a la consumidora era de las codemandadas, tanto de la cadena de electrodomésticos como de la aseguradora contratada en el mismo local comercial.

El monto inicial de la indemnización fue fijado en la suma de $81.752 pero la clienta apeló. En la revisión, el tribunal aplicó intereses en el rubro daño material y también incrementó en $200.000 el daño punitivo, que es una multa civil. En total, la mujer percibirá $231.367,18.

En la segunda instancia, la Cámara Civil de Cipolletti consideró que la multa inicial no satisfacía las finalidades punitorias por el desaprensivo accionar desplegado y menos aún los objetivos “preventivos” tendientes a instar a las demandadas a no repetir comportamientos lesivos e incumplimientos obligacionales.

El efecto disuasivo, surge del fallo, pretende evitar que se instale como práctica la metodología de “ignorar” al cliente que reclama por defectos del producto, ni se especule sobre si el consumidor acudirá, o no, a las vías judiciales.

La actividad civil, en números

En lo que va del año, las cuatro Cámara Civiles de la provincia registraron 799 nuevos expedientes. El número se compone de 91 expedientes ingresados directamente a las Cámaras (competencia originaria) y de 708 causas de apelación.

Los procesos más frecuentes son los recursos de queja, las acciones de amparo, apelaciones, medidas cautelares y los trámites del fuero Contencioso Administrativo.

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Sobreseyeron al abogado que habían detenido por tener supuesta droga sintética

La sustancia hallada en el estudio jurídico dio negativo a las pruebas realizadas y la Justicia le dio la razón a Daniel Arce.

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El juez Federal Hugo Greca sobreseyó al abogado Daniel Arce, a quien le habían iniciado una causa en el marco de la Ley de Estupefacientes. Todos los test realizados a la sustancia encontrada dieron negativos.

Todo sucedió el pasado 19 de agosto cuando en el marco de la causa que investiga el asesinato de Sofía Vera, la Policía rionegrina desplegó un importante operativo en Roca en el que se efectuaron 5 allanamientos autorizados por la Justicia, y que culminaron con dos personas detenidas; una de ellas era justamente el letrado que defiende a Emanuel Kaigar -único sospechoso que tiene el caso y que se encuentra prófugo-.

La Policía había asegurado que en el allanamiento al estudio jurídico de Arce detectaron cerca de un kilo de droga sintética. Las pericias de las mismas para establecer la composición y el origen estuvieron a cargo de Prefectura Naval Argentina, en la provincia de Neuquén, y finalmente dieron negativo. No obstante, el abogado quedó detenido 24 horas por infracción a la Ley N° 23.737 por solicitud del propio juez Greca.

Finalmente, luego de un mes y medio de ocurrido el hecho y varias pruebas que fueron demostrando lo que Arce aseguraba, el magistrado federal resolvió su sobreseimiento.

Además, la Justicia deberá reintegrarle la suma de $300.000 que el letrado puso como caución al quedar en libertad.

Arce había sostenido su inocencia desde el primer momento, manifestando que la sustancia encontrada era parte de los materiales a utilizarse para una remodelación del lugar.

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