Judiciales
Desde hoy, rige la Reforma Procesal Penal en toda la provincia
En los últimos días se realizaron pruebas de compatibilidad entre los sistemas informáticos específicos para la reforma de la Judicatura y del Ministerio Público, de manera que estén integrados. Las pruebas fueron satisfactorias.
Más de 20 salas de audiencias y 6 salas de reconocimiento en igual cantidad de ciudades de la provincia ya están disponibles, con la tecnología necesaria, para dar comienzo a la Reforma Procesal Penal. Así lo destacó ayer el presidente del STJ, Ricardo Apcarián, al ser consultado sobre los cambios edilicios y tecnológicos. En los últimos 15 días se trabajó en los ajustes operativos de las cámaras de video y pruebas de sonido, además de los ajustes que requirió el software de dichas salas. El trabajo se realizó desde el área de Informatización de la Gestión Judicial, junto a la Oficina Judicial y a los operadores.
A partir de estos cambios tecnológicos, las ruedas de reconocimiento se filman y tienen interconexión de audio. En total son seis salas en la provincia, ubicadas en las ciudades de Viedma, Bariloche, Roca, Cipolletti, Villa Regina y Choele Choel.
En los últimos días, además, se realizaron las pruebas de compatibilidad entre los sistemas informáticos específicos para la reforma de la Judicatura y del Ministerio Público, de manera que estén integrados. Las pruebas resultaron satisfactorias.
En cuanto a las cuestiones edilicias, en Viedma terminaron todas las obras previstas. Se reformaron 5 salas de audiencias, incluida la reconversión del auditorio. Se sumaron dos edificios nuevos, uno para Fiscalía y otros para las Oficinas Judiciales y el Foro de Jueces. Los sistemas de conexión también terminados. En Roca están terminadas las obras de reacondicionamiento en la ciudad judicial. Tiene 6 salas de audiencias, la Oficina Judicial y el Foro de Jueces. Culminó la mudanza el fin de semana. Mientras tanto en Cipolletti está culminada la oficina judicial, el edificio de las Fiscalías y tiene 4 salas de audiencias operativas. Se trabaja en una quinta sala.
Por su parte, en Bariloche se cuenta dos salas de audiencias operativas más una en condiciones de ser utilizada. La sala de reconocimiento fue equipada de manera completa con la nueva tecnología. La Oficina Judicial cuenta la mesa de entradas operativa, mientras se trabaja en la parte edilicia para su localización definitiva. El Foro de jueces ya está emplazado en su lugar definitivo. Se inauguró un edificio para la Procuración. Justamente las Fiscalías fueron priorizadas dado su rol determinante en la investigación. La mudanza permitió comenzar las obras en el Pilmaiquén, donde se invertirán 12 millones de pesos para mejorar distintos fueros. Las labores se extenderán hasta noviembre.
Asimismo, en Villa Regina se culminó el inmueble de las Fiscalías, la sala de audiencias, la sala de reconocimiento y la Oficina Judicial y en Choele Choel se readecuó el inmueble original y se hizo una sala de audiencias completamente nueva.
Además, durante la feria se trabajó en las mudanzas y el traspaso de personal, que requirió de una coordinación específica para alterar lo menos posible el servicio de justicia que se presta diariamente. Ya se completó el grueso y restan escasos movimientos. 51 personas pasaron al Ministerio Público, además de los secretarios de Roca, Villa Regina y Choele. Este traspaso se dio de manera ordenada mediante una acordada firmada por los jueces del STJ y la Procuración.
En cuanto a los expedientes, se trabajó todo el año, pero a partir del 3 de julio, por Acordada del STJ, comenzó el traspaso final a las Fiscalías. Al día de hoy, aproximadamente 10 mil fueron remitidos tras el trabajo conjunto.
Apcarián dijo en este sentido que que “el personal de la Oficina Judicial estuvo estimado por defecto, no por exceso. Nosotros tomamos la media de todos los Poderes Judiciales que están con este sistema y lo calculamos en menos, así que creemos que con menos de esa gente no se puede trabajar”.
Luego resaltó “la complejidad de la Oficina Judicial que tiene inclusive una unidad de transición, tiene el control de la probation también, no sólo el manejo de la agenda”. Destacó que es el corazón del nuevo sistema.
También destacó que “el Poder Judicial ha incorporado muchísima tecnología para videofilmar y grabar todas las audiencias, tenemos cámaras que graban en 360°, también se han completado seis salas de reconocimiento de personas que van a ser con sistema de grabación a lo largo y ancho de toda provincia. La inversión es de más de 40.000.000 de pesos y hemos desarrollado un sistema propio con nuestra gerencia de sistema y creemos que es superador de lo que hay en el país en cuanto a la tecnología y a las posibilidades de desarrollo que aún tiene para adelante”.
Luego anticipó que ya están “las notas de los Jurados para los Jueces de Juicio y garantía que están pendientes de designación, estimamos que la primera quincena de agosto o hasta el 20 vamos a estar terminando las designaciones de todos los jueces de garantías necesarios para hacer el proceso sin sobresaltos”.
También se refirió a los amplios programas de capacitación que se ejecutaron en el último año y medio. Finalmente, agregó que “el Poder Judicial está preparado, hemos trabajado a conciencia, nuestro personal se ha esforzado muchísimo, ha trabajado fines de semana completos para evitar todo lo posible que haya errores o fallas en el sistema. Obviamente puede haber fallas, porque me parece un acto de soberbia decir que no puede haber errores o fallas con un sistema totalmente nuevo”.
Judiciales
Un ex juez acusado de abuso sexual sufrió dos ACV y por ahora no irá a juicio
Se trata de Daniel Tobares, imputado en un caso de abuso sexual con acceso carnal. Su estado de salud es delicado.
Daniel Tobares, el ex juez de General Roca imputado por abuso sexual con acceso carnal, sufrió dos accidentes cerebrovasculares que impiden, hasta el momento, la elevación a juicio de la causa.
Según informó la Agencia de Noticias Roca (ANR), en un plazo de cuatro meses volverá a ser examinado por el cuerpo médico forense, para determinar su estado físico y psíquico. La causa pasó el control de acusación a fines del 2021 y debía haber sido sometida a debate a mediados del año pasado.
El ex magistrado, de larga trayectoria en los Tribunales de la Segunda Circunscripción con sede en Roca, fue acusado de abuso sexual con acceso carnal, un delito por el que podría recibir una condena de entre 8 y 15 años de prisión.
En las últimas horas, Tobares debió ser sometido a una delicada intervención quirúrgica por un tumor en la zona cerebral y su estado actual es muy delicado.
La denuncia que inició la causa fue realizada por una joven estudiante de Derecho, quien la presentó en la Comisaría Tercera de Roca. La investigación estuvo a cargo de los fiscales de la Cuarta Circunscripción, con sede en Cipolletti, para evitar cualquier posible «contaminación» por los años de actuación del acusado.
El Ministerio Público aseveró que el 10 de abril de 2021, entre las 1.30 y las 4 de la madrugada, Tobares se encontró con la joven en una confitería céntrica. Allí compartieron un rato y luego se ofreció a llevarla a su domicilio. En realidad, la traslado a su propia vivienda y aprovechando que la víctima no estaba en condiciones de defenderse, abusó de ella.
Entre otros elementos de prueba, sumaron la historia clínica de la joven en el Hospital López Lima; datos planimétricos del lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos; la pericia psicológica realizada a la víctima; más fotos y conversaciones telefónicas recabadas por la Oficina Judicial de Intervenciones Telefónicas.
La defensa de Tobares, por su parte, se concentró en desestimar los cargos y afirmar que las pruebas presentadas no demostraban los hechos denunciados. Esta no fue la primera denuncia que se presentó contra el ex juez: hubo una anterior, que finalmente no prosperó por decisión personal de la denunciante y su familia.
Judiciales
Sufrió fobia social: La empresa nunca le readecuó sus tareas y se consideró despedido
Ahora deberán indemnizarlo.
Un viajante de Cipolletti sufrió fobia social y, como resultado del tratamiento, su médico le prescribió no volver a tener contacto con clientes. Primero tomó una licencia pero cuando se le venció el periodo solicitó a la empresa la readecuación de tareas. Como la firma no lo hizo se consideró despedido. La Cámara Laboral determinó una indemnización a su favor.
El hombre se desempeñaba como viajante de una empresa de alarmas y su tarea consistía en vender productos y servicios del rubro. Cuando comenzó con síntomas de ansiedad, depresión y fobia social accedió a una licencia por enfermedad inculpable.
Después de un tiempo la empresa lo notificó del vencimiento del plazo de licencia y del inicio del periodo de reserva de puesto por un año, sin percepción de haberes. En esa instancia, el trabajador contestó que ya contaba con el alta aunque, por prescripción médica, debía acceder a una readecuación de tareas.
La firma le informó que lo sometería a una junta médica para corroborar las circunstancias pero ese anuncio no se concretó. Finalmente el trabajador se consideró despedido porque la empresa no cumplió con la readecuación, ni con el control médico de su diagnóstico, ni con el pago del salario correspondiente a ese mes.
El fallo de la Cámara Laboral condenó a ADT Security Services a abonarle al trabajador una indemnización por salarios adeudados, antigüedad, preaviso, proporcional de sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas e indemnización por clientela. Esta última está prevista en el estatuto de trabajo del viajante de comercio e implica un 25% más del dinero previsto por los otros rubros. También se aplicó la multa de la Ley N° 25.323 que incrementa en un 50% las indemnizaciones no abonadas en el tiempo oportuno.
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Incrementan multa civil para contrarrestar los efectos del proceso inflacionario
Inicialmente se había fijado en 150 mil pesos y se incrementó en 10 veces con el objetivo de hacerle frente a la pérdida de poder adquisitivo.
Una multa civil que inicialmente se había fijado en $150.000 se incrementó en diez veces con el objetivo de hacerle frente a la pérdida de poder adquisitivo. El primer fallo condenó a la agencia a devolver el dinero abonado por la frustrada compra de un BMW, más una indemnización por daño moral y punitivo. En la apelación, el tribunal aumentó los montos.
El cliente consignó en la demanda que la Agencia BMW Rhein Motors S.A., promocionaba en periódicos y redes sociales la venta de automóviles con la asistencia de agentes de venta, por lo que recibió en su domicilio la visita de un vendedor, con quien suscribió una oferta de compra de un vehículo y entregó $40.000. En los meses siguientes continuó depositando sumas de dinero en pesos que eran convertidas al equivalente en dólares. Pretendía adquirir un BMW modelo 328 Luxury cero kilómetro.
El cliente abonó un total de seis cuotas. En total llegó a pagar 42.469 dólares, hasta que el Estado cambió el régimen en la alícuota aplicable y la operación se complejizó. El vehículo nunca se entregó y el contrato terminó disuelto.
El fallo de primera instancia condenó a la agencia a devolverle al cliente los 42.469 dólares o su equivalente en pesos al tipo de cambio. También fijó $20.000 por daño moral, que representan las afectaciones espirituales que le implicó la frustración del negocio, y una multa civil por daño punitivo de $150.000 por el incumplimiento de la ley de Defensa del Consumidor, puntualmente el deber de información.
En la apelación, se consideró que la firma no había devuelto hasta ese momento los 42.469 dólares y por eso se aplicaron intereses a ese rubro y al daño moral. Respecto de la multa civil se incrementó en $1.500.000. Se consideró «el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, que ha sido indicado, consistente en la retención inmotivada de importantes valores dinerarios, que además han sido signados por el proceso inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo, amén de la impronta disvaliosa de las ahora múltiples cotizaciones de la divisa».
Por la disolución del contrato, se consideró que se trataba de un caso fortuito o de fuerza mayor ya que nada tuvieron que ver las partes – tanto la agencia como el cliente – en el cambio del régimen de la alícuota por parte del Estado.
