Judiciales
Confirmaron prisión preventiva al ex juez Bernardi
El magistrado viedmense está condenado -con sentencia no firme- a la pena de 5 años de prisión efectiva como autor del delito de «promoción de la corrupción de menores».
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la prisión preventiva dispuesta por la Sala A de la Cámara Criminal de Viedma respecto del ex juez Juan Antonio Bernardi, condenado -con sentencia no firme- a la pena de 5 años de prisión efectiva como autor del delito de «promoción de la corrupción de menores».
El pasado 29 de marzo la Cámara viedmense había denegado el beneficio de excarcelación solicitado por la defensa particular del imputado y esa decisión fue ratificada ahora por el STJ, en una sentencia que tiene el voto rector del juez Sergio Barotto y la adhesión de sus pares Ricardo Apcarian y Liliana Piccinini, que declaró «mal concedido» el recurso de casación de los defensores.
Con variados argumentos, la defensa consideró «arbitraria» la decisión de mantener la detención de Bernardi, afirmando que la «existencia de riesgo o peligro de fuga» declarada por la Cámara se basa en «un mero juicio de probabilidad y no de certeza».
Al iniciar su voto, el juez Barotto aclaró que el tema analizado en este recurso es exclusivamente «dilucidar si fue ajustada a derecho la denegatoria de la excarcelación del imputado», sin que corresponda decidir en esta instancia lo relacionado con el «fondo» del caso (es decir, los argumentos que sustentaron la condena) ni la decisión del Consejo de la Magistratura que dispuso la destitución de Bernardi del cargo de magistrado.
La resolución precisa que el imputado se encuentra detenido «desde el 27 de marzo de 2017 a las 23,29 horas», fecha en que la Cámara «hizo lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal, que ese día solicitó su prisión preventiva luego de la lectura de la sentencia condenatoria».
El STJ convalidó los argumentos de la prisión preventiva señalando que «en resumidas cuentas (la Cámara) sustentó el peligro de fuga en la combinación de diversos parámetros, entre los cuales destacó que, a partir de la sentencia condenatoria no firme (…), existe una amenaza de pena que excede el límite para su cumplimiento condicional». La Cámara consideró la condena como «un punto de inflexión» y un «un indicio de peligro procesal concreto de magnitud y entidad suficiente» para justificar el encarcelamiento preventivo en este caso. En definitiva, a los fines de asegurar el cumplimiento de la pena, la Cámara sostuvo que no existe aquí «una medida cautelar menos gravosa que cuente con la misma idoneidad».
La Cámara evaluó, entre otros elementos, los «aceitados contactos y vínculos» construidos por el imputado en su extensa trayectoria judicial, sus medios económicos, la gravedad del delito y la magnitud de la pena. También aludió a las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y a la obligación de adoptar medidas acordes a sus necesidades.
El STJ valoró que la condena dictada en marzo «hizo que se diluyeran las expectativas» que pudo haber tenido Bernardi de ser absuelto o de recibir una pena de cumplimiento condicional. «Ese dato, que la defensa no logra rebatir, ha sido ponderado con otros ya reseñados, cuyo conjunto demuestra que la decisión de mantener la medida cautelar restrictiva de la libertad ambulatoria del señor J.A.B. se encuentra adecuadamente fundada, con sustento tanto en las circunstancias particulares del caso como en la normativa legal, constitucional y convencional y la doctrina legal aplicable», sostuvo el voto rector.
Por otra parte, el fallo del STJ destaca que el delito atribuido al imputado «constituye un acto de violencia contra la mujer», y «además, la víctima es menor de edad, por lo que se encontraba en una situación que la hacía merecedora de especial protección». «Frente a ello resulta claro que el a quo (la Cámara), como parte de uno de los poderes del Estado, al denegar la excarcelación (…) adoptó la medida cautelar que estimó idónea para no frustrar la finalidad de sancionar, en caso de adquirir firmeza, tal conducta de violencia contra la mujer, actuando así con la debida diligencia que esa situación ameritaba, todo ello en conformidad con los términos exigidos por la Convención de Belém do Pará».
Finalmente, la decisión del STJ invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio Superior Tribunal rionegrino que «ha reconocido la necesidad de armonizar las prerrogativas constitucionales del imputado con las de las víctimas y la sociedad».
Judiciales
Detienen a uno de los presuntos autores del robo a Zetone
Se realizaron cuatro allanamientos, donde se recuperaron más de 150 botellas de agroquímicos que habían sido robadas.
El Ministerio Público Fiscal requirió la detención de un hombre de 34 años y en el transcurso de mañana martes (21/03) se le formularán cargos. El detenido fue identificado como uno de los presuntos autores del robo de los agroquímicos de la empresa Zetone, hecho perpetrado en la madrugada del domingo 12 de marzo.
Durante la jornada del viernes pasado, la Fiscalía había encabezado junto a la Brigada de Investigación cuatro allanamientos en los que se había podido recuperar parte del botín sustraído, entre ello las más de 150 botellas de agroquímicos denunciadas por el damnificado.
Tras la identificación de rastros papilares hallados en el vehículo abandonado, y robado a uno de los serenos de la empresa, el Ministerio Público solicitó al Gabinete de Criminalística de la Policía de Rio Negro el cotejo de las fichas biométricas del hombre y resultó que tenían correspondencia.
El hombre permanece detenido a disposición de la Fiscalía, que ya solicitó la audiencia de formulación de cargos.
Mientras tanto la investigación continúa con diversas medidas, entre ellas el análisis de dispositivos móviles por parte de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTel) dependiente del Ministerio Público, también la visualización de imágenes obtenidos de cámaras de seguridad, entre otras diligencias tendientes a dar con las demás personas que podrían estar involucradas en el hecho.
Judiciales
Docente universitaria compró una notebook para dar clases en la pandemia: Nunca se la enviaron
La Justicia dictaminó que deberán indemnizarla con más de 1 millón de pesos.
Una docente universitaria de la región compró una notebook apenas iniciada la pandemia. Lo hizo de manera online en Falabella, en 12 cuotas y con envío a domicilio. Pero, la computadora nunca llegó y la damnificada inició una demanda.
La mujer compró una notebook marca HP el 21 de abril del 2020 en Falabella. Siendo profesora regular universitaria y atento la implementación de las clases virtuales a través de Zoom y/o servicios informáticos similares, era sumamente imperioso contar con una computadora que le permitiera desarrollar sus clases y demás tareas académicas. Tras haber realizado la compra y esperar el tiempo razonable de entrega, al ingresar a la web de Falabella para observar el seguimiento del envío, observó que el 22 de abril, la firma internacional había cancelado «de manera unilateral e intempestivamente» el acuerdo entre las partes. Consta en la denuncia que «tuvo que activar una serie desgastante y engorrosa de reclamos los que en todo momento fueron desoídos, sumado a la ardua, dificultosa e infructuosa posibilidad de comunicarse con Falabella a través de otros medios electrónicos».
Y aunque la empresa le realizó una nota de crédito por el monto de $ 74.858 -ya que la tarjeta le descontaría las 12 cuotas-, nunca le fue depositado ese reintegro. En octubre del 2020, cansada de no obtener respuestas, se presentó en la Justicia.
No obstante, la defensa de Falabella aseguró que «la actora tuvo la mala fortuna de intentar llevar adelante una operación de compra en uno de los momentos más dramáticos vividos por la humanidad con motivo de la pandemia COVID-19. A cada persona le ha tocado sufrir algún tipo de restricción y/o situación complicada, más allá de los inconvenientes médicos. Que durante esos meses se cerraron comercios, fábricas y centros de distribución, tal como fue el caso de Falabella S.A. Nadie sabía nada, había una incomprensión total sobre la situación que se estaba viviendo y claramente resultaba imposible poder abastecer normalmente con los productos que comercializaban hasta entonces. Tras cortarse directamente la cadena de provisión, lamentablemente se demoraron todas las entregas de muchos productos. Ya sea por inconvenientes en los fabricantes, y/o los depósitos, y/o en los transportes, y con razón, decidió cancelar la compra», indicaron. Asimismo afirmaron que para junio ya habían reintegrado el dinero a la cuenta de la tarjeta con la que la docente universitaria había comprado la notebook.
Finalmente, el juez de primera instancia del fuero Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones para General Roca, José María Iturburu, condenó a Falabella a abonar a la damnificada la suma de $1.100.229,98, más intereses. La profesora fue representada por el Dr. Francisco Moreno del Hierro.
Judiciales
Reforma laboral: Aprueban en Río Negro una ley única en el país
La consagración del expediente digital íntegramente electrónico y los procesos especiales como los de la violencia y el acoso implican una actualización renovada que impactará en los modos de litigación.
La reforma de la Ley N° 1.504 de procedimiento laboral, vigente desde 1981, se sancionó en la Legislatura rionegrina con cambios trascendentales que la hacen única en el país. La consagración del expediente digital íntegramente electrónico y los procesos especiales como los de la violencia y el acoso implican una actualización renovada que impactará en los modos de litigación.
Desde la década del 80 en adelante la ley había sido sometida a reformas parciales hasta que finalmente una comisión interpoderes trabajó en la reforma íntegra.
Finalmente la Legislatura rionegrina aprobó el pasado jueves (16/03) el proyecto en segunda vuelta y lo convirtió en ley. Entre los cambios de mayor importancia se destaca la agilización y simplificación de los procedimientos; se reduce la institución de la ampliación de los plazos en razón de la distancia; la digitalización y despapelización total del expediente, la eliminación del domicilio físico constituido y de cédulas. En este contexto se produjo una consagración legislativa del expediente digital íntegramente electrónico que se administra por la plataforma Puma. El domicilio electrónico ahora está en el propio sistema.
La ley permite litigar en forma remota, incorpora las audiencias virtuales, presenciales y mixtas y algunos capítulos especiales en materia de violencia y acoso laboral, la acción especial ejecutiva para los despidos no controvertidos y el juicio sumarísimo para las prestaciones dinerarias de pago mensual por parte de las aseguradoras de riesgo del trabajo.
La comisión interpoderes estuvo presidida por el legislador Lucas Pica e integrada por representantes de los cuatro colegios de Abogados y Abogadas de la provincia, jueces y juezas de las cuatro Cámaras Laborales, legisladores y miembros del Poder Judicial.
Herramientas contra el acoso y la violencia
El capítulo especial para otorgarle un procedimiento provincial a la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es único en el país.
El artículo 22 de esa norma establece respecto de la competencia que «entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate. Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente».
Para los casos de violencia o acoso laboral la competencia recae ante las Cámaras del Trabajo. En ese aspecto la nueva ley incorpora la forma de abordar esos procesos a nivel provincial.
