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Importante avance informático para agilizar la investigación de delitos

La Procuración General se sumó al GENis, un nuevo software que permitirá el almacenamiento y comparación de perfiles de ADN.

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La provincia de Río Negro, a partir del trabajo de la Procuración General, suscribió ayer su adhesión al GENis, un nuevo software que permitirá el almacenamiento y comparación de perfiles de ADN posibilitando una rápida identificación de personas buscadas y fortaleciendo así las investigaciones penales. El sistema fue creado por la Fundación Sadosky del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

Río Negro, a partir de un trabajo de la Procuración General en el marco del Consejo de Procuradores de la Nación, suscribió el convenio convirtiéndose en una de las 18 provincias que contará con este sistema. Se iniciará, a partir de la firma por parte del Fiscal General, Marcelo Alvarez, la instancia de instalación y capacitación en la sede del Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche que gestionará este sistema.

GENis posibilitará el cotejo de evidencias genéticas levantadas de distintas escenas del crimen, para la identificación temprana de autores de delitos seriales y de reincidentes. También posibilita la comparación de perfiles de familiares en casos de pérdidas de paradero. Además, a partir de la implementación del software, se propondrá al Congreso de la Nación, la creación del primer Registro Nacional de Datos Genéticos Forenses.

El Procurador General, Jorge Crespo enfatizó en “la importancia que este convenio detenta para el avance y la rápida resolución de las investigaciones penales en la provincia a través de la incorporación de tecnología de última generación, en este caso pensada y desarrollada por un equipo amplio de profesionales, entre ellos importantes genetistas, a partir de los requerimientos que surgían de las Fiscalías de todo el país”.

Valoró que este sistema sea “producto de un trabajo mancomunado del Estado nacional, los Ministerios Públicos provinciales, organizaciones intermedias y el sector privado” y enfatizó en “el dinamismo que este software de almacenamiento y comparación de perfiles de ADN brindará no sólo en las causas de investigación de delitos sino también en la búsqueda de personas desaparecidas”.

Entre sus atributos esenciales sobresale el diseño basado en tecnología de código abierto, lo que la hace una herramienta adaptable, escalable y segura. En su desarrollo participaron miembros del sistema científico-tecnológico, entre ellos investigadores de CONICET, de la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF), de la Universidad de Buenos Aires (UBA), del Instituto Leloir y otros centros especializados.

¿Qué es Genis?

Con la evidencia de que la genética forense brinda un aporte fundamental al esclarecimiento de delitos, el software GENis fue diseñado como una herramienta informática que permite contrastar perfiles genéticos provenientes de muestras biológicas obtenidas en distintas escenas de crimen, vinculando así eventos ocurridos en diferente tiempo y lugar, y aumentando las probabilidades de individualización de los delincuentes. Es importante destacar que el software fue configurado para atender las necesidades investigativas de todo tipo de delito y no solo los vinculados a la integridad sexual. El software GENis cuenta con código abierto, lo que significa que es una herramienta escalable, perfeccionable y adaptable a las recomendaciones de los usuarios finales. Es flexible y configurable tanto en la definición de kits de amplificación y marcadores como en las reglas para el cotejamiento y para la transferencia de perfiles genéticos.

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Se desprendió un kayak de otro vehículo en plena ruta y lo lesionó: Será indemnizado con más de 2 millones

La víctima iba a un encuentro de motoqueros a Neuquén. Ocurrió en la Ruta 22, a la altura de Allen.

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Un motoquero que asistía a un encuentro de Neuquén no pudo participar del evento por el incidente vial que protagonizó en la Ruta Nacional N° 22, cerca de Allen. Por el carril contrario circulaba una camioneta que llevaba nueve kayaks en un trailer. Las embarcaciones se desprendieron y lesionaron al joven de 19 años. Tendrán que indemnizarlo por una suma cercana a los dos millones.

El caso tuvo una resolución en el fuero Civil de Cipolletti con un fallo de primera instancia que todavía no está firme porque puede ser apelado. El motociclista quedó tirado en la Ruta 22 a raíz del impacto de uno de los kayak. En la demanda sostuvo que el golpe le partió el casco en dos. Sufrió politraumatismos y debió ser derivado a un centro de salud en ambulancia. La pericia médica acreditó un porcentaje de incapacidad laboral y en función de ese resultado la sentencia fijó la indemnización.

Le reconocieron, además, los gastos médicos y de farmacia, la reparación de su moto y una suma de dinero en concepto de daño moral. La condena por $1.993.810 más intereses alcanza a la propietaria de la camioneta Fiat Ducato que llevaba el trailer, a la propietaria de ese remolque y a las compañías de seguros.

En otro reclamo civil que tramitó con anterioridad a esta demanda, un fallo fijó indemnización para el conductor de una Isuzu modelo 98, que iba delante del motociclista como sistema de apoyo. Ese hombre también sufrió el impacto de los kayaks que eran transportados hasta Viedma. Los $85.000 de indemnización que se fijaron en ese expediente consideraron la reparación y los repuestos de la camioneta, la privación de uso por el tiempo que estuvo en el taller y la desvalorización que sufrió la Isuzu a raíz de los arreglos.

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Derecho a la identidad: Permiten a cuatro hermanos adoptados mantener su apellido de origen

La adopción se realizó en dos procesos separados, en un primer trámite fueron adoptados los dos hermanos mayores y posteriormente a los más pequeños.

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Cuatro hermanos que fueron adoptados juntos pidieron llevar el propio apellido además del de la pareja que los adoptó. Este pedido fue legalmente patrocinado por la Defensa Pública en función de atender los estándares del interés superior del niño en cuanto a su derecho a vivir en familia y juntos, haciéndose eco del deseo manifestado por ellos.

La adopción se realizó en dos procesos separados, en un primer trámite fueron adoptados los dos hermanos mayores y posteriormente a los más pequeños. Ambos expedientes fueron gestionados por la Defensoría N° 2 de Familia y la Defensoría de Menores de la localidad de El Bolsón ante el Juzgado Multifueros.

El apellido se relaciona con el derecho a la identidad, cuya tutela ha sido consagrada en diversos instrumentos internacionales de jerarquía constitucional entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 7º y 8º). A nivel nacional la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes regula el derecho a la identidad en su artículo 11.

La sentencia resultante de este trámite menciona en sus argumentos a la autora Matilde Zavala de González que afirma que «entre las numerosas manifestaciones del derecho a la identidad personal, se señalan el derecho a una identificación, al conocimiento de la identidad biológica y a gozar de un emplazamiento familiar. Se agregan a estos, el derecho a una sana y libre formación de la identidad personal y a transformarla».

En el caso, se ponderó la opinión de los adoptados luego de escucharlos (conforme lo ordena el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño) y la circunstancia de otorgar un plus a las vulneraciones de sus derechos a estos adolescentes, ya que desde el Derecho de Familia se tiende a sumar derechos y no a restarlos.

El proceso de adopción está contemplado en el Código Civil y Comercial en sus artículos 619 a 633 y en el Código Procesal de Familia en sus arts. 178 a 183. Consiste en la culminación de varios trámites previos tanto por quienes son dados en adopción como por quienes pretenden adoptar. Cuando se trate de la adopción de mayores de diez años, se exige la conformidad expresa del niño, niña o adolescente.

Cabe recordar que existen tres tipos de adopción: la plena, donde quien es adoptado es un hijo/a más y es irrevocable. La adopción simple que declara el estado de hijo/a del adoptado/a pero no confiere vínculos jurídicos con parientes del adoptante, salvo excepciones determinadas y es revocable. Y por último, la de Integración que es la adopción del hijo o hija del cónyuge o conviviente y mantiene los vínculos filiatorios para con la familia de origen. Es una declaración de estado de una situación preexistente y se puede revocar.

En nuestro país no pueden adoptar aquellas personas menores de 25 años de edad, salvo que su cónyuge o conviviente sea mayor; los ascendientes a su descendiente (abuelos a nietos) o un hermano a su hermano de padre o madre o a su hermano unilateral (sólo de padre o sólo de madre).

Las personas casadas o convivientes deben adoptar ambos, salvo que estén separados de hecho o uno de ellos tenga declaración de incapacidad o de restricción de su capacidad. Concluido el proyecto de vida en común, los adultos que mantuvieron estado de madre o de padre para con una persona menor de edad, pueden adoptarla.

Finalmente se puede adoptar a menores de edad que estén en condiciones jurídicas para ello y en el caso de mayores de edad, cuando se trate del hijo/a del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar.

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Condenan a un portero por el delito de grooming

El imputado reconoció haber intercambiado mensajes por redes sociales con una adolescente que asistía a la escuela en la que él trabajaba.

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Foto: Archivo.

En la mañana de hoy (07/02) se condenó a un hombre a seis meses de prisión y se le impusieron pautas de conducta por el término de dos años luego de que éste reconociera haber intercambiado mensajes por redes sociales con una adolescente que asistía a la escuela en la que él se desempañaba como portero.

La progenitora de la menor fue consultada previamente a la celebración de este juicio abreviado y manifestó su conformidad a la consecución del mismo que evitará que la adolescente deba ser protagonista de un debate oral y público con la consecuente revictimización que ello implica.

La condena requerida por el Ministerio Público Fiscal y convenida con el defensor particular del acusado, incluye pautas de conducta por el término de dos años que implican además de fijar domicilio, la prohibición de mantener contacto con la víctima de manera personal, por cualquier medio e incluso a través de terceras personas y la obligación de realizar un tratamiento psicológico.

En cuanto a su labor en la institución educativa, cuyas autoridades anoticiaron del caso al Consejo Escolar de forma inmediata y prestaron declaración en el marco de la investigación preliminar, el imputado fue inmediatamente suspendido de su labor y la cartera educativa inició un sumario por los hechos. La condena judicial, una vez notificada la sentencia, será remitida a la Junta de evaluación correspondiente para la continuidad de dicho trámite.

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