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Política

María Emilia Soria le pidió a Nación que agilice soluciones para la fruticultura y el Turismo de Río Negro

El petitorio que entregó la diputada fue recibido por el titular de la AFIP, Alberto Abad.

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La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, formalizó un pedido al gobierno nacional para dar solución a problemas puntuales que aquejan a la fruticultura y al turismo en la provincia de Río Negro.

Respecto de la actividad frutícola, la solicitud se centralizó en la aplicación de la Ley 27.354 -denominada “De Emergencia Frutícola”-, destacando que «si bien desde el punto vista legislativo, se trató de incluir a la mayor cantidad de agentes económicos afectados por la crisis; desde el accionar del Poder Ejecutivo Nacional se han incorporado burocráticos procesos administrativos que limitan el acceso a este beneficio».

Por ello, Soria requirió «retrotraer las acciones judiciales y medidas cautelares aplicadas durante el plazo de vigencia de la emergencia e incorporar dentro de la Resolución General 4.208/2018 de la AFIP, los beneficios establecidos por el Art. 2 quárter de la Ley 27.354 y sus modificatorias, para que los contribuyentes que mantenían deudas por periodos no prescriptos tengan la posibilidad de incorporar estos periodos en el marco de la emergencia».

A su vez, «eliminar todo proceso de certificación (de contador público y otro expedido por la autoridad provincial competente) a los efectos de obtener el beneficio de esta Ley y reconocer la inclusión de los Consorcios de Riego en los beneficios otorgados por dicha ley, ya que ésta es una institución conformada por productores y cuyos beneficiarios son los propios productores».

Asimismo, la diputada exigió «prorrogar la vigencia de la emergencia tal lo establece el Art. 3 de la Ley 27.354 y eliminar el bloqueo por ingresos de divisas como condición para el cobro de reintegros de la exportación oficializadas antes del 11/11/2017».

También «agilizar la devolución de los montos en conceptos de recuperos de IVA y reintegros a las exportaciones y conformar una agenda de trabajo con la AFIP para lograr un mecanismo de acción que permita solucionar definitivamente el grave endeudamiento que atraviesa el sector frutícola con este organismo recaudador».

Por otra parte, la diputada Soria planteó la «preocupante situación que atraviesa la otra gran economía rionegrina, que es el turismo». Señaló que «los factores que influyen negativamente en esta actividad son el sostenido aumento de costos como consecuencia del proceso inflacionario; la pérdida de competitividad de los servicios turísticos producto del retraso cambiario; y el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores nacionales que reducen su presupuesto destinado a vacaciones».

En este sentido, expresó que «la combinación de estos tres factores, sumado a la carga impositiva imperante (impacto del consenso fiscal e ingresos brutos) provocará serias dificultades en el cumplimiento impositivo, problema que de no contemplarse a tiempo sumará a la emergencia frutícola, una emergencia económica de toda la provincia».

El petitorio fue recibido por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Dr. Alberto Abad, quien lo calificó como «a priori razonable» y manifestó voluntad para analizarlo en profundidad y articular con el Ministerio de la Producción para hacer más efectiva la aplicación de la Ley.

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Política

Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas 22 y 151

Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

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El gobernador Alberto Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas N° 22 y N° 151 para poder generar el mantenimiento y las mejoras requeridas mediante fondos de inversión privados. Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.

Las vías que conforman la entrada y la salida de Vaca Muerta muestran un enorme deterioro y abandono por parte del gobierno del presidente Javier Milei. «Hace más de 20 años que los gobiernos nacionales, no importa el signo político o partidario, no pueden terminar la ruta. El nivel de mantenimiento es lamentable, basta de dar vueltas, necesitamos una solución definitiva», sostuvo.

Esta mañana (22/04) en Carmen de Patagones, Weretilneck participó del acto central del 45° aniversario de la comarca Viedma-Patagones, y en diálogo con los medios de prensa, aseguró que trabaja junto a su par neuquino Rolando Figueroa en toda la documentación para solicitar el traspaso de las Rutas 22 y 151.

«Apenas tengamos la propuesta consensuada entre las dos provincias la transmitiremos al gobierno nacional», adelantó Weretilneck.

El gobernador de Río Negro habló sobre una gestión mixta público-privada con financiamiento a través de la concesión de obra pública, en otros casos a través del sistema de peajes, «esencialmente financiado y pagado por quienes usan las rutas y no son habitantes de Río Negro ni de Neuquén».

«Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención».

La ampliación de la Ruta Nacional 22 es un trastorno para los habitantes de la región norpatagónica. Pasaron cuatro presidencias desde que empezó a transformarse en autovía desde Chichinales (Río Negro) hasta Arroyito (Neuquén): Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y tampoco hay avances con Javier Milei.

La parálisis y abandono acarrean el inevitable deterioro en diversos tramos que la tornan intransitable y un peligro para los 50.000 vehículos diarios que la circulan, sobre todo para el porcentaje que lo hace entre General Roca y Cipolletti.

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Política

Proponen que se realicen estudios de rinoscopía obligatoria a funcionarios y policías de Río Negro

Se busca así desestimar la adicción a drogas ilegales.

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La legisladora del bloque de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, presentó un proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la realización de estudios médicos anuales que genere la obtención de un certificado psicofísico para los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de director y miembros de la Policía de Rio Negro hasta el rango de subcomisario; funcionarios del Poder Legislativo hasta la categoría de director y legisladores provinciales para desestimar la adicción a drogas ilegales.

Según el proyecto, se establece que los estudios se realizarán una vez al año, dando cumplimiento a la realización de diferentes exámenes como psiquiátrico, rinoscopía, y análisis de orina y sangre completo, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro.

La doctora Mansilla en sus fundamentos señaló que «se trata de ampliar los alcances de la Ley N° 3550 de Ética Pública que establece que los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, dignidad e independencia, e incorporando en este caso a miembros de la Policía de la provincia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública actuando en el cuidado y resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos».

Mencionó la legisladora que «de ninguna manera la iniciativa tiene que ver con valorar los derechos individuales independientes, pero si contrarrestar consecuencias perjudiciales a terceros, e incluso dispone absoluta confidencialidad y programas de rehabilitación en caso de ser necesarios».

El proyecto invita a adherir al Poder Judicial, al Ministerio Público y los municipios

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Policiales

Presentaron un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles rionegrinas

Los internos podrían realizar llamadas -a través de teléfonos fijos- entre las 8 y 19 horas, pero con una duración de 5 minutos cada una.

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Los legisladores provinciales Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y César Domínguez, del bloque La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de modificación de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles.

El proyecto presentado esta semana en la Legislatura tiene como finalidad proporcionar «herramientas de acción a los actores judiciales para contener y desarticular los delitos que se cometen utilizando herramientas de comunicación desde los complejos carcelarios».

En Río Negro, el 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un Protocolo de utilización de telefonía celular dentro de las cárceles. «A pesar de que estipula ‘establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento’, la realidad demuestra que la norma permite la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos», detalla el proyecto.

Los delitos de estafa telefónica son una constante que ha ido en aumento con el paso de los años. La modificación de la Ley Provincial S Nº 3008 busca prohibir las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles de cualquier tipo, así como el acceso a redes sociales e internet.

El sistema que buscan implementar sería de llamadas telefónicas realizadas en el horario de 8 a 19 horas, con una duración máxima de 5 minutos cada una. Las comunicaciones se realizarán a través de teléfonos fijos conectados a un conmutador y serían suspendidas en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito.

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