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Caso De Piano: Con más testimonios continúa hoy el juicio en Roca

Está prevista la declaración de cuatro testigos aportados por la defensa del acusado.

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El juicio oral y público por el siniestro vial ocurrido en Roca, hecho que tiene como imputado al ciudadano Oscar de Piano y tuvo como víctima fatal a la ciudadana Claudia Segura, continuará esta tarde en la Ciudad Judicial.

Para la jornada de este jueves, que comienza a las 17, está prevista la declaración de cuatro testigos aportados por la defensa. De no producirse reprogramaciones, la continuación del debate está pautada para el próximo 21 de marzo a las 8.30, con la citación de otros cinco testigos que también ofrecieron los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren.

El juicio oral y público se desarrolla bajo las pautas del anterior Código Procesal Penal, puesto que el hecho analizado ocurrió el 17 de enero de 2017. De Piano llega a esta instancia procesado y con prisión preventiva bajo la calificación de «homicidio simple con dolo eventual».

El Tribunal de juicio está integrado por los jueces Alejandro Pellizzón, Emilio Stadler y Daniel Tobares. La acusación pública está a cargo del Fiscal Jefe Andrés José Nelli y la privada a cargo del abogado por la parte querellante, Marcelo Hertzriken Velasco. La defensa particular del imputado es ejercida por los abogados Pineda e Iribarren.

Resumen del proceso

El siniestro vial ocurrió el 17 de enero de 2017 y el 20 de enero se recibió al conductor la declaración indagatoria en el ex Juzgado de Instrucción N° 2 de Roca.

El 10 de febrero el entonces juez de Instrucción Rubén Norry dictó el procesamiento y la prisión preventiva del imputado, aceptando la calificación legal que había sostenido la fiscalía en la imputación: “homicidio simple con dolo eventual”. La Defensa apeló ambas medidas y el 17 de marzo de 2017 la Cámara Criminal Segunda las ratificó.

La Defensa entonces planteó un recurso de casación contra las dos definiciones (el procesamiento por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” y la medida cautelar de prisión preventiva) y la Cámara sólo habilitó elevar en casación al Superior Tribunal de Justicia el planteo sobre la detención cautelar. Mediante un recurso de queja (contra la porción de la casación que había sido denegada por la Cámara roquense) la Defensa llevó al STJ su cuestionamiento sobre la calificación legal. Ambos recursos (la casación de la prisión preventiva y la queja por la calificación legal) fueron rechazados por el Superior Tribunal de Justicia en sendos fallos dictados el 14 de junio de 2017. Sin embargo, cabe señalar que el máximo tribunal provincial no se pronunció en aquella oportunidad sobre si era correcta o no la calificación legal de “homicidio simple con dolo eventual”, ya que rechazó el recurso por razones eminentemente formales. Eso se debió a que la discusión sobre la calificación legal no es “materia de casación”, pues la misma puede discutirse hasta el último instante del proceso. Así, el STJ confirmó la prisión preventiva del imputado por considerar acreditado el peligro de fuga, pero “independientemente de la figura penal aplicable que finalmente se dilucide” en el juicio oral y público que se desarrolla por estos días en Roca.

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Se desprendió un kayak de otro vehículo en plena ruta y lo lesionó: Será indemnizado con más de 2 millones

La víctima iba a un encuentro de motoqueros a Neuquén. Ocurrió en la Ruta 22, a la altura de Allen.

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Un motoquero que asistía a un encuentro de Neuquén no pudo participar del evento por el incidente vial que protagonizó en la Ruta Nacional N° 22, cerca de Allen. Por el carril contrario circulaba una camioneta que llevaba nueve kayaks en un trailer. Las embarcaciones se desprendieron y lesionaron al joven de 19 años. Tendrán que indemnizarlo por una suma cercana a los dos millones.

El caso tuvo una resolución en el fuero Civil de Cipolletti con un fallo de primera instancia que todavía no está firme porque puede ser apelado. El motociclista quedó tirado en la Ruta 22 a raíz del impacto de uno de los kayak. En la demanda sostuvo que el golpe le partió el casco en dos. Sufrió politraumatismos y debió ser derivado a un centro de salud en ambulancia. La pericia médica acreditó un porcentaje de incapacidad laboral y en función de ese resultado la sentencia fijó la indemnización.

Le reconocieron, además, los gastos médicos y de farmacia, la reparación de su moto y una suma de dinero en concepto de daño moral. La condena por $1.993.810 más intereses alcanza a la propietaria de la camioneta Fiat Ducato que llevaba el trailer, a la propietaria de ese remolque y a las compañías de seguros.

En otro reclamo civil que tramitó con anterioridad a esta demanda, un fallo fijó indemnización para el conductor de una Isuzu modelo 98, que iba delante del motociclista como sistema de apoyo. Ese hombre también sufrió el impacto de los kayaks que eran transportados hasta Viedma. Los $85.000 de indemnización que se fijaron en ese expediente consideraron la reparación y los repuestos de la camioneta, la privación de uso por el tiempo que estuvo en el taller y la desvalorización que sufrió la Isuzu a raíz de los arreglos.

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Derecho a la identidad: Permiten a cuatro hermanos adoptados mantener su apellido de origen

La adopción se realizó en dos procesos separados, en un primer trámite fueron adoptados los dos hermanos mayores y posteriormente a los más pequeños.

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Cuatro hermanos que fueron adoptados juntos pidieron llevar el propio apellido además del de la pareja que los adoptó. Este pedido fue legalmente patrocinado por la Defensa Pública en función de atender los estándares del interés superior del niño en cuanto a su derecho a vivir en familia y juntos, haciéndose eco del deseo manifestado por ellos.

La adopción se realizó en dos procesos separados, en un primer trámite fueron adoptados los dos hermanos mayores y posteriormente a los más pequeños. Ambos expedientes fueron gestionados por la Defensoría N° 2 de Familia y la Defensoría de Menores de la localidad de El Bolsón ante el Juzgado Multifueros.

El apellido se relaciona con el derecho a la identidad, cuya tutela ha sido consagrada en diversos instrumentos internacionales de jerarquía constitucional entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 7º y 8º). A nivel nacional la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes regula el derecho a la identidad en su artículo 11.

La sentencia resultante de este trámite menciona en sus argumentos a la autora Matilde Zavala de González que afirma que «entre las numerosas manifestaciones del derecho a la identidad personal, se señalan el derecho a una identificación, al conocimiento de la identidad biológica y a gozar de un emplazamiento familiar. Se agregan a estos, el derecho a una sana y libre formación de la identidad personal y a transformarla».

En el caso, se ponderó la opinión de los adoptados luego de escucharlos (conforme lo ordena el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño) y la circunstancia de otorgar un plus a las vulneraciones de sus derechos a estos adolescentes, ya que desde el Derecho de Familia se tiende a sumar derechos y no a restarlos.

El proceso de adopción está contemplado en el Código Civil y Comercial en sus artículos 619 a 633 y en el Código Procesal de Familia en sus arts. 178 a 183. Consiste en la culminación de varios trámites previos tanto por quienes son dados en adopción como por quienes pretenden adoptar. Cuando se trate de la adopción de mayores de diez años, se exige la conformidad expresa del niño, niña o adolescente.

Cabe recordar que existen tres tipos de adopción: la plena, donde quien es adoptado es un hijo/a más y es irrevocable. La adopción simple que declara el estado de hijo/a del adoptado/a pero no confiere vínculos jurídicos con parientes del adoptante, salvo excepciones determinadas y es revocable. Y por último, la de Integración que es la adopción del hijo o hija del cónyuge o conviviente y mantiene los vínculos filiatorios para con la familia de origen. Es una declaración de estado de una situación preexistente y se puede revocar.

En nuestro país no pueden adoptar aquellas personas menores de 25 años de edad, salvo que su cónyuge o conviviente sea mayor; los ascendientes a su descendiente (abuelos a nietos) o un hermano a su hermano de padre o madre o a su hermano unilateral (sólo de padre o sólo de madre).

Las personas casadas o convivientes deben adoptar ambos, salvo que estén separados de hecho o uno de ellos tenga declaración de incapacidad o de restricción de su capacidad. Concluido el proyecto de vida en común, los adultos que mantuvieron estado de madre o de padre para con una persona menor de edad, pueden adoptarla.

Finalmente se puede adoptar a menores de edad que estén en condiciones jurídicas para ello y en el caso de mayores de edad, cuando se trate del hijo/a del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar.

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Condenan a un portero por el delito de grooming

El imputado reconoció haber intercambiado mensajes por redes sociales con una adolescente que asistía a la escuela en la que él trabajaba.

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Foto: Archivo.

En la mañana de hoy (07/02) se condenó a un hombre a seis meses de prisión y se le impusieron pautas de conducta por el término de dos años luego de que éste reconociera haber intercambiado mensajes por redes sociales con una adolescente que asistía a la escuela en la que él se desempañaba como portero.

La progenitora de la menor fue consultada previamente a la celebración de este juicio abreviado y manifestó su conformidad a la consecución del mismo que evitará que la adolescente deba ser protagonista de un debate oral y público con la consecuente revictimización que ello implica.

La condena requerida por el Ministerio Público Fiscal y convenida con el defensor particular del acusado, incluye pautas de conducta por el término de dos años que implican además de fijar domicilio, la prohibición de mantener contacto con la víctima de manera personal, por cualquier medio e incluso a través de terceras personas y la obligación de realizar un tratamiento psicológico.

En cuanto a su labor en la institución educativa, cuyas autoridades anoticiaron del caso al Consejo Escolar de forma inmediata y prestaron declaración en el marco de la investigación preliminar, el imputado fue inmediatamente suspendido de su labor y la cartera educativa inició un sumario por los hechos. La condena judicial, una vez notificada la sentencia, será remitida a la Junta de evaluación correspondiente para la continuidad de dicho trámite.

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